Leyes y reglamentos

REGLAMENTO COMITÉ BIOÉTICA

Descargar aquí normativa

COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA 

 Considerando:

1.- Que la Odontología es una ciencia de la salud, así reconocida por el numeral 40 de la Ley n.º 5395 del 30 de octubre de 1973, Ley General de Salud; tratándose de una disciplina en constante evolución, que tal y como ha acontecido con otras áreas de la salud, ha avanzado más en los últimos treinta años que en los últimos treinta siglos y que no escapa a la disyuntiva en cuanto a si todo lo técnicamente posible que afecta al ser humano es éticamente aceptable.

2.- Que en ese contexto es oportuno promover espacios de discusión en orden a los dilemas éticos que surgen en no pocas ocasiones, como consecuencia del ejercicio de la profesión Odontológica.

3.- Que una de las características de los colegios profesionales es la facultad de autorregulación, contenida para el caso del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica en su ley orgánica, numeral 17 inciso a) y que atribuye a la Asamblea General la función de dictar los reglamentos del Colegio, incluido su Código de Ética Profesional.

  1. Que el presente Reglamento fue conocido y aprobado por la Asamblea General del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, órgano que autorizó a la Junta Directiva para proceder con su publicación.

Por tanto, se publica:

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE BIOÉTICA CLÍNICA DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto de la reglamentación. La presente reglamentación tiene como objetivos:

a) Promover espacios consultivos y deliberativos para la resolución de conflictos de bioética clínica, relacionados con el campo del ejercicio de la profesión odontológica.
b) Incentivar la difusión y conocimiento de una bioética que influya dentro de los contextos sociales, culturales e históricos moralmente relevantes y que surgen de los conflictos éticos clínicos.
c) Revisar a la luz de los principios éticos y morales los adelantos científicos y tecnológicos en el campo de la Odontología, para promover la racionalidad consensual como vía para el progreso moral, mediante la fundamentación de vigencia y reconocimiento de la dignidad humana, valores enmarcados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el paradigma de utilidad de los Principios de Justicia, Beneficencia , Autonomía y No-Maleficencia.

Artículo 2. Definiciones:

Atención odontológica: Conjunto de prestaciones que un profesional en odontología incorporado al Colegio Cirujanos Dentistas de Costa Rica brinda a un individuo con el fin de promover, proteger y restaurar su salud oral.

Bioética Clínica: abordaje sistemático e interdisciplinar de las dimensiones morales – incluyendo la visión moral, las conductas y la toma de decisión y de políticas en el ejercicio de los diferentes actores involucrados en el ejercicio de la Odontología.

Lex artis odontológica: conjunto de deberes que imponen las reglas técnicas usuales, normas, reglamentos, protocolos y guías de actuación con los cuales se ejerce la profesión odontológica.

Principio de autonomía: Reconocimiento, respeto y legitimación de la autonomía de todo ser humano para tomar sus decisiones en salud, con base en el ejercicio del libre albedrío, dentro del marco de los principios y valores éticos y morales que pueda sustentar.

Principio de no maleficencia: Referencia a la obligación de no infringir daño intencionadamente. Este principio se inscribe en la tradición de la máxima clásica primum non nocere («lo primero no dañar»), es un principio de mínimos lo cual implica que al menos no se debe hacer daño.

Principio de beneficencia: Este principio vincula a los Cirujanos Dentistas a procurar el mayor bienestar posible para la persona sujeto de atención y a sopesar, en el caso concreto, los beneficios y los riesgos de su actuación profesional, siempre que su aplicación dependa exclusivamente del ámbito propio de su competencia. En virtud de este principio, los Cirujanos Dentistas están llamados a procurar una formación académica, teórica y práctica rigurosa y continuamente actualizada; a mejorar los conocimientos, los procedimientos y las técnicas de su profesión con base en las disposiciones legales y reglamentarias; a no extralimitarse en el ejercicio de sus funciones profesionales; y a cultivar una actitud favorable para la correcta relación con la persona, en el marco de una sana relación Cirujano Dentista-Paciente, a fin de que, con su práctica profesional, no le cause ningún daño.

Principio de justicia: Consiste en «dar a cada uno lo suyo», tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a una persona. Los Cirujanos Dentistas en su ejercicio profesional, deberán adoptar todas las previsiones necesarias para brindar a los pacientes un trato equitativo, de manera que los establecimientos de salud públicos y privados cumplan este principio en la programación de los servicios odontológicos que ofrecen a la población. El ejercicio de la odontología, en cualquiera de sus ámbitos, se debe orientar por el respeto y la armonía de los principios de libertad, dignidad, equidad, igualdad y no discriminación, solidaridad, seguridad y respeto de la diversidad humana.
Los principios contemplados en bioética también abarcan otros principios que los amplían tales como los contemplados en la declaración universal de los derechos humanos y la ética de otras entidades no humanas, así como la biosfera.

Capítulo II

Del Comité de Bioética del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica

Artículo 3. Acerca de su naturaleza. Se proyecta como un órgano de carácter consultivo, pluralista, multidisciplinario y capacitador en materia de bioética, cuyos informes no serían de naturaleza preceptiva. Desarrollará sus funciones, con plena transparencia, sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la práctica odontológica, con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico costarricense, a la Deontología y los preceptos de la Bioética, sin perjuicio de la valoración del Derecho Comparado y documentos de referencia internacional sobre la materia.

Artículo 4: Integración. Estará conformado por siete miembros propietarios y dos suplentes, todos de reconocida honorabilidad y disponibilidad para el cargo. Sus integrantes deberán actuar con absoluta independencia de criterio, evitando en sus decisiones la influencia de intereses políticos y comerciales.

Dos Cirujanos Dentistas, un médico, un miembro de la comunidad, un abogado (bioderecho, administrativista, derechos humanos), un experto en ciencias sociales (sociólogo), un bioeticista o experto en bioética que actúe como asesor en bioética asistencial o de la práctica clínica.

Los suplentes serán un Cirujano Dentista y otro profesional no Cirujano Dentista.

Los miembros serán nombrados por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, órgano al cual están adscritos en función asesora. Los nombramientos serán hasta por dos años y podrán ser reelegidos en forma indefinida. En caso de cese de funciones de alguno de los miembros, por cualquier causa, su sustituto será́ nombrado por el plazo restante del nombramiento del miembro sustituido.

Los miembros no podrán delegar en modo alguno sus derechos y deberes inherentes al cargo, siendo su nombramiento personalísimo.

Artículo 5. Independencia e incompatibilidades. Los miembros del Comité actuarán con independencia de la Junta Directiva que los eligió y los que sean odontólogos no podrán pertenecer a otros órganos o instancias del Colegio, a excepción de la Asamblea General. Gozarán de plena autonomía en el ámbito referido a los asuntos sobre los que se pronuncien; asimismo serán inamovibles durante el tiempo de su elección, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las causas de cese y suspensión establecidas en esta reglamentación.

Artículo 6. Confidencialidad. Los miembros del Comité tienen el deber de guardar reserva sobre las deliberaciones que tengan relación con el contenido de los debates y con las informaciones que les fueran facilitadas con tal carácter o las que así recomiende el propio Comité.

Artículo 7. Del conflicto de intereses. Los miembros del Comité se inhibirán del conocimiento, deliberación y decisión de los asuntos en que pudiera verse comprometida su independencia, imparcialidad u objetividad de criterio y en todo caso, cuando lo establezca la legislación vigente o a solicitud del propio Comité.

Articulo 8.- Causales de cesación: Los miembros del Comité cesarán en sus cargos por cualquiera de las siguientes causas:

a) Vencimiento de su elección.
b) Renuncia a su cargo en cualquier momento, la cual se comunicará al Coordinador y quien la pondrá en conocimiento del Comité.
c) Ausencia a dos sesiones injustificadas consecutivas y tres sesiones alternas injustificadas en un plazo de seis meses calendario, contando a partir de la primera ausencia.
d) Negligencia grave o dolo, debidamente comprobado, en el cumplimiento de los deberes de su cargo.
e) Incumplimiento injustificado de los compromisos y deberes asumidos.
f) Incumplimiento al deber de confidencialidad que debe mediar en los asuntos que se discutan a lo interno del Comité.
g) Incompatibilidad sobrevenida.
h) Ejercer cualquier tipo de persecución, hostigamiento, difamación, desacreditación o discriminación en contra de otros miembros del Comité, de la corporación o sus colaboradores.
i) Corresponde a la Junta de Directiva declarar la cesación del cargo, mediante acto debidamente motivado, para lo cual se deberá garantizar el Debido Proceso al miembro en cuestión.
j) Toda investigación al respecto de una cesación del puesto, implicaría una suplencia del cargo en forma inmediata.

Artículo 9.- Cuórum. El cuórum para sesionar válidamente será de cuatro miembros y los acuerdos serán válidos cuando estos sean tomados por mayoría simple de los miembros presentes. Deberá especificase siempre el asunto sometido a votación y consignarse el resultado de esta, teniendo cada miembro el derecho a que se deje constancia de su voto disidente del acuerdo de mayoría, con la consigna de las razones de su votación.
Los miembros suplentes podrán participar de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité, con voto únicamente en ausencia del titular que sustituyan. Tendrán los mismos deberes de los miembros propietarios.
Los miembros suplentes podrán sustituir en el cargo a cualquier miembro propietario que esté ausente.

Artículo 10.- Invitados especiales. Las sesiones del Comité son privadas, sin embargo, podrán invitarse a participar de las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano colegiado a otras personas invitadas con fines específicos y debidamente motivados, quienes deberán guardar absoluta confidencialidad en los temas que sean puestos a su conocimiento.

Artículo 11.- Provisión de recursos materiales y humanos. El Comité contará con las unidades administrativas y el recurso humano necesario para el cumplimiento de sus funciones. Para dichos efectos la Junta Directiva les asignará los recursos necesarios, previo informe debidamente razonado del Comité, de los requerimientos para el desempeño de sus funciones.
Además, contará con el apoyo económico y logístico del Colegio en temas de capacitación de sus miembros, lo cual será valorado por la Junta Directiva conforme al presupuesto que al efecto el comité debe presentar cada año.

Artículo 12. Normas supletorias: En lo no previsto por el presente Reglamento regirá supletoriamente lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública en materia de órganos colegiados.

Artículo 13. De la elección del Coordinador.

Dentro de un comité de Bioética asistencial, todos sus miembros deben participar en condiciones de «simetría», más allá de estamentos jerárquicos por la función o cargo profesional que cada uno desempeñe, dado que en el seno del comité no hay jerarquías morales. La opinión de cada uno vale lo mismo, sólo cuenta la fuerza de los argumentos.
Sin embargo, por una cuestión de orden en las labores del comité en su primera sesión, los miembros designarán un coordinador, que asumirá la presidencia del órgano colegiado. La votación para tal propuesta será secreta sí así lo solicita cualquier miembro del Comité. En primera votación se requerirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en el caso de igualdad el de mayor edad.
La duración del mandato del coordinador será de dos años, renovable por dos años más, por una sola vez consecutiva.

Artículo 14. De las funciones del Coordinador del Comité.

Corresponde a la coordinación del Comité de Bioética:
a) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día. Se incluirán también en el orden del día los puntos solicitados por al menos cuatro miembros del Comité, siempre que se comuniquen al coordinador con al menos cinco días hábiles de antelación a la celebración de la sesión.
b) Presidir las sesiones del Comité, moderar los debates y suspenderlos por causas justificadas.
c) Dirimir con su voto los empates, si así fuere necesario, al objeto de adoptar acuerdos.
d) Asegurar el cumplimiento de la normativa de aplicación.
e) Suscribir las actas concurrentemente con el secretario.
f) Elaborar el proyecto de informe anual que debe presentarse a la Junta Directiva.
g) Solicitar, cuando se considere necesario y contando con la votación favorable del Comité, la opinión de expertos no pertenecientes a este o de otras personas cuya opinión o declaración pueda resultar útil para los asuntos en los que el Comité tuviese intervención. h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Coordinador del Comité.

Artículo 15. Del Subcoordinador del Comité. – El Comité nombrará un Subcoordinador entre sus miembros, en su primera sesión. La duración en el cargo será de dos años, renovable por dos años más, por una sola vez consecutiva.
El Subcoordinador sustituirá al Coordinador en caso de vacante, ausencia o enfermedad, ejerciendo sus funciones durante dichos periodos.

Artículo 16.- Del Secretario del Comité. En la primera de las sesiones del Comité, este designará entre sus miembros un secretario, quien realizará las siguientes funciones:
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Comité por orden de su Coordinador, debiendo velar por que esta se realice con una antelación suficiente y comprenda el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros del Comité en el mismo plazo de la convocatoria.
b) Ordenar la correspondencia del Comité y presentarla en las sesiones de este.
c) Suscribir la correspondencia del órgano colegiado y suscribir con el Coordinador las actas de las sesiones, en las que dejarán constancia de los asistentes, los temas tratados y acuerdos adoptados, así como de los votos particulares formulados.
d) Archivar y custodiar toda la información y documentación relativa al Comité.
e) Todas aquellas que le sean encomendadas por el Coordinador.

Capítulo III
De las Obligaciones del Comité

Artículo 17.-Responsabilidades: El Comité deberá cumplir con las siguientes obligaciones.

a) Dar seguimiento a sus informes y recomendaciones.
b) Promover la reflexión bioética entre los profesionales en Odontología que se enfrentan a diario con dilemas éticos en la atención clínica y la gestión de los servicios de salud.
c) Fomentar el profesionalismo, la honestidad, la responsabilidad, el altruismo, la rectitud, la integridad, la transparencia y la calidad, en todo acto asistencial.
d)Promover el conocimiento y respeto de los principios bioéticos.
e) Presentar propuestas a la Junta Directiva que contribuyan con el mejoramiento de la formación, desarrollo e implementación de la bioética en el gremio odontológico.
f) Elaborar informes, dictámenes y recomendaciones sobre asuntos con implicaciones bioéticas relevantes que se planteen en la gestión odontológica. Al efecto podrá conformar subcomisiones que emitan criterio.
g) Proponer recomendaciones a la Junta Directiva, dirigidas a las autoridades legislativas, judiciales y administrativas, así como sujetos de derecho privado, relacionadas con problemas y dilemas bioéticos.
h) Propiciar la creación de espacios de cooperación e intercambio nacional e internacional en el ámbito de la bioética y sus aplicaciones.
i) Emitir lineamientos para orientar el funcionamiento del Comité.
j) Los que designe la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 18.-Rendición de cuentas: Deberá rendir un informe anual ante la Junta Directiva sobre su gestión, incluyendo en el mismo las propuestas que contribuyan con el mejoramiento de la formación, desarrollo e implementación de la bioética en la gestión odontológica.
Además, debe emitir informes extraordinarios cuando así lo solicite la Junta Directiva, o bien, tratándose de temas, asuntos o aspectos de especial relevancia que requieran atención inmediata, urgente por su interés para este Colegio, el gremio odontológico y la salud pública costarricense.

Capítulo IV
De la Educación

Artículo 19.-Difusión de la Bioética y actividades de capacitación: El Comité deberá promover la difusión y capacitación en bioética de los profesionales en odontología y de los usuarios de sus servicios.
Podrá desarrollar actividades académicas nacionales e internacionales. Tendrá acceso a todos los instrumentos tecnológicos y de comunicación universal para difundir el conocimiento de la bioética. Para ello contará con los recursos al alcance del Colegio.
Previo a realizar cualquier tipo de capacitación y contar con los recursos pertinentes para desarrollar toda clase de actividades académicas nacionales e internacionales, deberá definir y contar con la aprobación de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, para lo cual se deberán motivar, el interés, la importancia de la consecución de los fines de cada capacitación.
Además, deberá aclarar, definir y delimitar la promoción de la difusión y capacitación en bioética de los usuarios de sus servicios.

Capítulo V
De su función consultiva y recomendativa

Artículo 20 -Gestión. – Los asuntos que sean remitidos por la Junta Directiva, para su análisis deberán ser atendidos de modo sumario sin requisitos formales, salvo que las circunstancias exijan mayor formalidad y rigurosidad en el procedimiento, para lo cual el Comité lo motivará debidamente.
Admitido el tema para su evaluación, deberá levantarse un expediente que contenga todos los datos, informaciones y demás documentos que tengan relación. Los registros de actuaciones podrán darse en formato físico o digital, en este último caso en observancia de la normativa nacional sobre la validez de la documentación en formato digital.

Artículo 21.-Partes legitimadas para gestionar. Cualquier persona con interés legítimo, que sea prestatario y/o usuaria de los servicios de salud odontológica, sean estos de índole público o privado, que requiera la intervención para la evaluación de un asunto bioético, podrá interponer formal gestión ante el Comité o la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 22.-Admisibilidad: El pronunciamiento sobre la admisibilidad o no del asunto sometido a su conocimiento, debe darse en un plazo máximo de 30 días, contados a partir del momento de su recepción.

Artículo 23.-De los informes. – Los documentos elaborados por el Comité tendrán el carácter de informes, de naturaleza recomendativa. Previo a su aprobación, será discutido entre los miembros del Comité, quienes podrán presentar enmiendas o rectificaciones, de haberse planteado una propuesta o proyecto de informe por alguno de los miembros del Comité.
De estimarse necesario por los miembros del Comité, según la complejidad del asunto tratado, una vez presentada la propuesta o proyecto de informe se dará un plazo de hasta quince días para la presentación de enmiendas escritas por parte de los miembros, quienes, en una nueva sesión convocada al efecto, deliberarán sobre las enmiendas planteadas y podrán presentar oralmente nuevas enmiendas, las que se discutirán en esa misma sesión, en la que se votará el informe.

Artículo 24.-Documentos: Para la recepción de la gestión consultiva, al menos se deberá aportar el detalle escrito, claro y conciso del asunto de su interés, debidamente firmado por el interesado, de manera física o digital.
Una vez recibido se realizará una valoración preliminar, con el objeto de esclarecer la competencia del Comité. No se tramitarán peticiones anónimas, salvo que el Comité valore preliminarmente que resulta de interés público su atención.

Artículo 25.- Reformas. La presente reglamentación será revisada en un período no mayor a cinco años desde la fecha de su promulgación.

Transitorio único: A partir de la publicación del presente reglamento, la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas contará con un plazo de sesenta días para integrar el Comité.
Aprobado en Asamblea General Extraordinaria N° 092-2021 celebrada el 14 de octubre 2021.
Publicado en el Diario La Gaceta N°212 del miércoles 03 de noviembre 2021.

REGLAMENTO GENERAL DEL CENTRO RAC

Descargar aquí normativa

REGLAMENTO GENERAL
DEL CENTRO DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA

 

TÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

 CAPÍTULO I
DEFINICIONES

 

Artículo 1: Definiciones y abreviaturas

      Para los efectos de aplicar el presente Reglamento se utilizarán las siguientes abreviaturas y definiciones:
i) El Centro: El Centro de Resolución Alterna de Conflictos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
ii) Director/a: Persona física que dirige el Centro de Resolución Alterna de Conflictos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. iii) Consejo Asesor y Ético: Órgano que brinda asesoría técnica sobre RAC y funge como órgano ético del Centro.
iv) Conciliación: Mecanismo de solución de controversias por medio del cual las partes en conflicto solicitan la intervención de un tercero imparcial, quien cumple la función de facilitar la comunicación entre ellas, los acerca para que las mismas personas involucradas en la controversia sean las que resuelvan mediante el diálogo y procuren llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio.
v) Conciliador/a: Persona imparcial que conduce, dirige y facilita el proceso tendiente a la solución de un conflicto determinado bajo modelos de conciliación o mediación.
vi) Facilitador/a: Persona imparcial que conduce, dirige y facilita procesos tendientes a la solución de un conflicto determinado bajo modelos inspirados en principios y procedimientos de justicia restaurativa.
vii) Neutrales: Toda persona imparcial que facilita procesos pacíficos de solución de controversias.
viii) Acuerdo de conciliación: Es el acuerdo producto de una conciliación el cual tiene autoridad y eficacia de cosa juzgada material y es ejecutorio inmediatamente.
ix) Observadores: Corresponde a los conciliadores certificados en proceso de entrenamiento, que observan el proceso de conciliación, previa autorización de las partes para ello.
x) Personal Administrativo: Funcionarios/as del Centro, observadores o cualquier otro tercero, que intervenga en la atención, desarrollo o tramitación de un proceso alterno de solución de controversias.
xi) Junta Directiva: Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
xii) Fiscalía: Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. xiii) Tribunal de Honor: Tribunal de Honor del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
xiv) Ley Orgánica: Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
xv) Código de Ética: El Código del Ética del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
xvi) Días: Los plazos en días se entenderán hábiles.
xvii) Ley: La Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, número 7727 del 09 de diciembre de 1997.
xviii) Reglamento a la Ley RAC: Reglamento al Capítulo IV de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, número 7727 del 09 de diciembre de 1997. Decreto Ejecutivo número 32152 del 27 de octubre del 2004.
xix) DINARAC: Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz.
xx) Reglamento: El presente Reglamento General del Centro de Resolución Alterna de Conflictos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

                                        CAPÍTULO II

                        DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2: Del Centro

            El Centro de Resolución Alterna de Conflictos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica es un órgano del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica adscrito a la Fiscalía, y que tiene por finalidad contribuir a la solución de controversias de naturaleza patrimonial y disponible sobre asuntos propios del ejercicio profesional en ciencias de la salud, que involucren a empresas y a profesionales miembros o no del Colegio, mediante la administración de  mecanismos alternos de solución de controversias, tales como la conciliación y otros métodos pacíficos e integrales inspirados en principios de justicia restaurativa, entre otros.

            De igual manera el Centro tendrá competencia para conocer y administrar procesos de conciliación o cualquier otro mecanismo de resolución alterna de conflictos respecto los procesos disciplinarios que conozca la Fiscalía del Colegio, sea en etapas previas o una vez iniciados los procedimientos disciplinarios, según corresponda.

            Asimismo, será competente para prestar servicios de asistencia técnica y consultoría en su área de especialidad.

            El Centro cuenta con absoluta autonomía técnica y funcional en relación con el Colegio, su Junta Directiva, la Fiscalía, el Tribunal de Honor y demás órganos de este, en cuanto a la administración de casos que se le presenten. Su actuación en la esfera de administración de controversias es absolutamente confidencial, incluso con respecto de otros órganos e instancias del Colegio. En el área administrativa y financiera, el Centro es una dependencia del Colegio adscrita a la Fiscalía. El presidente de la Junta Directiva del Colegio ostentará la representación legal, judicial o extrajudicial del Centro.

Artículo 3: De las funciones del Centro

      El Centro tendrá las siguientes funciones:
1- Brindar y administrar los procesos de conciliación y demás mecanismos alternos de solución de controversias que se le soliciten, pres­tando su asesoramiento y asistencia en el desarrollo de dichos procedi­mien­tos, con la máxima calidad, neutralidad, confidencialidad, transparencia, especialización y agilidad.
2- Tener en custodia y bajo confidencialidad los expedientes físicos y/o digitales o electrónicos, de los casos en trámite y concluidos.
3-Llevar archivos, estadísticas y administrar la información y documentación requerida para el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo en el Centro.
4- Integrar y mantener una lista actualizada de conciliadores/as, facilitadores/as y otros neutrales, según su área de especialidad y entrenamiento.
5- Tramitar la autorización de conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales en la DINARAC, cuando corresponda.
6- Designar en cada caso requerido al o los conciliadores/as, facilitadores/as o neutrales, a través de la Dirección.
7- Integrar en su funcionamiento los mecanismos, plataformas, o herramientas tecnológicas necesarias y disponibles para mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos que administre.
8- Conservar actualizada una tabla de tarifas y aranceles, la cual será autorizada por la Junta Directiva del Colegio de conformidad con criterios técnicos vigentes.
9- Elaborar protocolos, lineamientos, manuales operativos y otros instrumentos que faciliten la administración de los procesos que administre.
10- Presentar a consideración de la Junta Directiva las propuestas que considere convenientes en materia de su competencia.
11- Elaborar su proyecto de presupuesto anual.
12- Mantener actualizados sus registros ante la DINARAC y cumplir con cualesquiera otras disposiciones que requiera esta entidad.
13-Promover y divulgar la conciliación, así como otros medios alternos como formas idóneas, pacíficas y ágiles para la solución de conflictos. 14- Realizar actividades y programas de capacitación en materia de Resolución Alterna de Conflictos y otros que resulten necesarios para sus conciliadores/as, facilitadores/as y demás neutrales, prestando además la colaboración que sea requerida por el Colegio y otras entidades.
15- Evacuar consultas y emitir los dictámenes que se le solici­ten relacionados con la conciliación u otros medios alternativos de solución de conflictos.
16- Desarrollar todas las demás actividades necesarias para el cumplimiento de la Ley, su Reglamento y las regulaciones vigentes del Centro.

Artículo 4: Capacidad y legitimación de las partes

            Podrán someter sus controversias ante el Centro todas las personas físicas o jurídicas, miembros o no del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que gocen de capacidad a actuar y de legitimación y que soliciten de forma individual o conjunta que las controversias o diferencias surgidas entre ellas se sometan a conciliación de acuerdo con el Reglamento del Centro.

            El Centro tendrá competencia para conocer y administrar procesos de conciliación o cualquier otro mecanismo de resolución alterna de conflictos respecto los procesos disciplinarios de oficio o que a instancia de partes conozca la Fiscalía del Colegio, sea en etapas previas o una vez iniciados los procedimientos disciplinarios, según corresponda.

Artículo 5: Servicios de Asistencia Técnica

            El Centro podrá brindar servicios de asistencia técnica sobre resolución alterna de conflictos en materia de ciencias de la salud. Estos servicios comprenden el diseño de sistemas de solución pacífica de controversias, el entrenamiento de facilitadores, la realización de estudios técnicos relacionados y cualesquiera otras actividades afines.

Artículo 6. Medios tecnológicos.

       El Centro se dotará de aquellos equipos y recursos tecnológicos que faciliten la custodia eficiente de expedientes e información, y cualesquiera otros aspectos en que la tecnología pueda ser aprovechada para mejorar la administración de los mecanismos RAC, tales como, pero sin limitación, a video conferencias para celebración de audiencias o procesos formativos, atención de usuarios, expediente electrónico, sistemas de procedimientos virtuales, grabación de audiencias, entre otros.

      Las audiencias que celebren los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales con las partes, cuando corresponda, se grabarán por medio de los mecanismos y plataformas tecnológicas adecuadas al efecto y en los supuestos que el Reglamento, manuales, protocolos o demás instrumentos afines lo consideren técnicamente viable.

CAPÍTULO III
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

Artículo 7: Órgano máximo administrativo

            La Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica es el órgano máximo administrativo del Centro. Se integra de pleno derecho este Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y sus normas conexas.

Artículo 8: Funciones de la Junta Directiva

            Además de las establecidas en la Ley Orgánica, en lo que respecta al Centro, corresponde a la Junta Directiva del Colegio las siguientes atribuciones:
1- Aprobar la admisión o exclusión de conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales de las listas respectivas, de conformidad con las leyes y normativas vigentes.
2- Nombrar y remover a la persona que se desempeñará como Director/a del Centro.
3- Nombrar, juramentar y remover a los miembros que se desempeñen en el Consejo Asesor y Ético del Centro.
4- Solicitar, cuando a bien lo tenga, informes y estadísticas de la actividad propia del Centro.
5- Definir los criterios para establecer cuando la prestación de servicios del Centro se brinden a título gratuito u oneroso.
6- Establecer y aprobar las tarifas y aranceles a cobrar por los servicios que preste el Centro, cuando corresponda.
7- Conocer las recomendaciones emitidas por el Consejo Asesor y Ético del Centro respecto de los procedimientos disciplinarios de conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales y aplicar las sanciones cuando correspondan.
8- Revisar, modificar y actualizar el Reglamento General del Centro tomando en cuenta el criterio técnico del Consejo Asesor y Ético del Centro.
9- Otras derivadas del Reglamento General vigente del Centro.

Artículo 9: De la Fiscalía

            Además de las funciones y atribuciones delegadas por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, su ley orgánica y normas conexas, corresponde a la Fiscalía, como superior jerárquico administrativo y funcional del Centro, las siguientes atribuciones:

  1. Velar por el cumplimiento de los objetivos generales trazados por el Centro.
  2. Velar por la independencia técnica, funcional, confidencialidad y calidad del servicio del Centro.
  3. Fiscalizar la labor administrativa realizada por el Director/a del Centro, emitiendo recomendaciones para el mejor desenvolvimiento de éste.
  4. Resolver en única instancia las solicitudes administrativas que formule la Dirección del Centro, cuando no sean competencia de un órgano superior del Colegio.
  5. Proponer a la Junta Directiva, candidatos para ocupar la posición de Director/a del Centro.
  6. Aprobar los nombramientos del personal administrativo del Centro.
  7. Nombrar la persona que se desempeñará como Director/a Suplente en las ausencias temporales del Director/a del Centro.
  8. Conocer en primera instancia de las denuncias disciplinarias presentadas contra el Director/a del Centro.
  9. Funcionar como órgano de enlace entre el Centro y la Junta Directiva del Colegio.
  10. Someter al conocimiento de la Junta Directiva, los asuntos referentes al Centro que así lo requieran.
  11. Aprobar los informes semestrales y anuales de labores del Centro, y remitirlo para su conocimiento a la Junta Directiva.
  1. Proponer y justificar ante la Junta Directiva del Colegio, el plan anual de actividades del Centro y su respectivo presupuesto.
  2. Elevar a la Junta Directiva del Colegio, la promulgación o modificación del Reglamento General que resulte necesaria para la buena marcha del Centro acompañado del criterio técnico emitido por del Consejo Asesor.
  3. Presentar a la Junta Directiva la admisión o exclusión de conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales de las listas respectivas, de conformidad con las leyes y normativas vigentes.
  4. Colaborar con la Dirección del Centro, en la obtención de fondos de cooperación técnica para apoyar sus actividades, así como analizar y aprobar las propuestas que en este sentido se le presenten a la Dirección del Centro.
  5. Otras derivadas del Reglamento y normativas vigentes en el Centro.

CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

Artículo 10: Del Director/a del Centro

            El Centro está dirigido por un Director/a nombrado por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica quien podrá prestar sus servicios de forma ad honorem o remunerada, según corresponda. Preferiblemente el Director/a deberá ser cirujano dentista con mas de cinco años de incorporado al Colegio y con amplio conocimiento y experiencia en materia de Resolución Alterna de Conflictos.

Artículo 11: Funciones del Director/a del Centro
1- Dirigir y supervisar la actividad y operación general del Centro.
2- Supervisar y llevar el control de los casos que se administren en el Centro de Resolución de Conflictos.
3- Juramentar a los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales aprobados por la Junta Directiva del Colegio.
4- Coordinar la designación de conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales y vigilar el buen desarrollo de los procesos.
5- Establecer las directrices, lineamientos, protocolos y demás instrumentos técnicos y administrativos del Centro y asegurar la aplicación del Reglamento y normativas vigentes del Centro, así como su debido cumplimiento.
6- Atender diligentemente a los interesados a efectos de informarles sobre los procedimientos, alcances y limitaciones del Centro.
7-Calcular y solicitar a las partes el depósito de los gastos administrativos y de honorarios de los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales, cuando corresponda.
8- Recomendar técnicamente a la Junta Directiva todas las modificaciones que estime necesarias al Reglamento General y normativa vigente del Centro así como proponer las tarifas, honorarios, gastos y otros estipendios que estime convenientes.
9- Seguir las directrices administrativas del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica que correspondan.
10- Presentar los informes técnicos, estadísticos y administrativos que le soliciten sus superiores.
11- Presentar los informes técnicos, estadísticos y administrativos que le solicite la DINARAC del Ministerio de Justicia y Paz.
12- Elaborar en conjunto con la Fiscalía el borrador del presupuesto anual del Centro de Resolución de Conflictos.
13- Desarrollar y coordinar los programas de capacitación en materia RAC para conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales y nuevos candidatos a neutrales.
14- Desarrollar y coordinar programas de difusión y promoción de los mecanismos RAC y de los servicios del Centro.
15- Realizar las convocatorias a los órganos e instancias que las normativas vigentes del Centro le deleguen.
16- Velar por la constante actualización de las listas de conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales que mantiene el Centro.
17- Representar al Centro de Resolución de Conflictos ante organizaciones y en eventos nacionales e internacionales, relacionados con su actividad, según disponga la Junta Directiva al efecto.
18- Ejercer todas las atribuciones que le confieren el Reglamento General y. la normativa conexa del Centro.

CAPÍTULO V
DEL CONSEJO ASESOR Y ÉTICO

Artículo 12: Integración y Nombramiento

            El Consejo Asesor y Ético estará integrado por tres miembros permanentes y tres miembros suplentes; al menos uno de ellos debe ser abogado y tener amplia experiencia en resolución alterna de conflictos. Todos deben ser de reconocida solvencia moral y profesional.

            Este consejo es un órgano ad honorem de apoyo a la Dirección del Centro de Resolución Alterna de Conflictos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

            Sus integrantes son nombrados por la Junta Directiva del Colegio, por un período de tres años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si vencido el plazo por el cual fueron elegidos, no se ha realizado un nuevo nombramiento por parte de la Junta de Directiva del Colegio, se entiende que dicho nombramiento ha sido prorrogado por un nuevo período. La Junta Directiva del Colegio podrá remover anticipadamente a cualquiera de los miembros del Consejo cuando medie justa causa para ello.

            A los miembros del Consejo Asesor y Ético, les asisten los deberes de imparcialidad, confidencialidad y profesionalismo.

            El Consejo será presidido por el integrante de mayor edad. Cuando el Presidente no pueda asistir a alguna de las sesiones de la Consejo, será reemplazado por el integrante que se encuentre presente que le siga en edad.

Artículo 13: Funciones como Consejo Asesor

            Las funciones del Consejo como Asesor son las siguientes:
1) Apoyar a la Dirección del Centro en la redacción de las propuestas de Reglamentos y Normativas del Centro, cuando sea necesaria su reforma. Dichas modificaciones serán presentadas a los órganos superiores para los trámites correspondientes.
2) Resolver las consultas jurídicas y técnicas de tipo general que le someta el Centro, los conciliadores/as, facilitadores/as o neutrales.
3) Asesorar con carácter no vinculante a la Dirección sobre aspectos generales y técnicos respecto de la actividad del Centro.
4) Otras derivadas del Reglamento vigente en el Centro

Artículo 14: Funciones como Consejo Ético

            Las funciones del Consejo como órgano Ético Asesor son las siguientes:

a) Resolver las recusaciones que se presenten sobre los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales cuando corresponda.
b) Resolver las consultas de tipo procedimental que le sean sometidas por el Director/a del Centro, por los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales o por las partes de un proceso y que se relacionen directamente con la tramitación de un proceso conciliatorio o método alterno determinado.
c) Conocer e instruir los procesos disciplinarios planteados contra conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales, el Director/a del Centro o el personal administrativo del Centro en el ejercicio de sus funciones y en presunta violación al Reglamento y normas éticas del Centro.
d) Someter al conocimiento de la Junta Directiva, la recomendación respecto de los procesos disciplinarios mencionados en el inciso anterior así como la sugerencia de la sanción aplicable, si corresponde.
e) Otras derivadas del Reglamento vigente en el Centro.

Artículo 15: Convocatoria y toma de decisiones

            Las sesiones podrán ser presenciales y/o virtuales, serán convocados cuando se consideren necesarias y con al menos 15 días de antelación. Las convocatorias a las sesiones podrán ser realizadas por el presidente/a del Consejo o por el Director/a del Centro, éste último siempre fungirá como Secretario/a del Consejo; el Director/a del Centro tendrá voz pero no voto en las deliberaciones. Sus miembros emitirán las recomendaciones y decisiones por simple mayoría.

CAPÍTULO VI
DE LOS CONCILIADORES/AS, FACILITADORES/AS Y NEUTRALES

Artículo 16: Listas de neutrales

            Se levantarán listas de neutrales organizadas conforme al tipo de método alterno y conforme a la materia de especialidad cuando corresponda.

            Las listas de neutrales serán constituidas por la Junta Directiva del Colegio, según sus funciones,  pero actualizadas por  el Director/a del Centro a quien corresponde verificar que cumplan los requisitos establecidos para ello.

            Para formar parte de las listas de neutrales, se deberán cumplir los requisitos establecidos por la Ley, por el Reglamento a la Ley y por el presente Reglamento General del Centro.

Artículo 17: De los Conciliadores/as

            Podrán ser conciliadores/as los siguientes candidatos:

1- Los miembros del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica o de cualquier otro Colegio Profesional vinculado con las ciencias de la salud, que tengan sus respectivas cuotas de colegiatura al día, cuenten con al menos cinco años de ejercicio de la profesión, que acrediten capacitación teórica–práctica como conciliadores/as con un mínimo de ochenta horas cursadas bajo modalidad de aprovechamiento y que demuestren haber participado como conciliadores/as en al menos diez procesos, o en su defecto, que acrediten capacitación y/o experiencia práctica en conciliación de al menos veinte horas.
2- Otros profesionales que tengan sus respectivas cuotas de colegiatura al día, si corresponde, cuenten con al menos cinco años de ejercicio de su profesión y acrediten capacitación teórica-práctica como conciliadores/as con un mínimo de ochenta horas cursadas bajo modalidad de aprovechamiento y que demuestren haber participado como conciliadores/as en al menos diez procesos, o en su defecto, que acrediten capacitación y/o experiencia práctica en conciliación de al menos veinte horas.

   El Director/a del Centro solicitará los atestados necesarios para verificar y constatar el cumplimiento de estos requisitos.

Artículo 18: De los Facilitadores

         Podrán ser Facilitadores/as en procesos de negociación o de cualquier otro mecanismo de resolución pacífica de conflictos o de justicia restaurativa los miembros del Colegio de reconocida solvencia moral, que tengan al menos cinco años de incorporados y que acrediten y demuestren capacitación teórica y experiencia práctica en dichos procesos.

       También podrán ser Facilitadores/as del Centro, otros profesionales que no sean agremiados al Colegio pero que por su profesión y experiencia técnica, puedan ser nombrados por el Centro o las partes en procesos de negociación o de cualquier otro mecanismo de resolución pacífica de conflictos o de justicia restaurativa que por su contenido resulte más beneficioso para las partes a su conveniencia, en cuyo caso, el Facilitador/a deberá tener al menos cinco años de incorporado al Colegio respectivo -cuando corresponda- y que demuestre capacitación teórica y experiencia práctica en dichos procesos.

       El Director/a del Centro solicitará los atestados necesarios para verificar y constatar el cumplimiento de estos requisitos.

Artículo 19: De la solicitud para ser neutral

            Además de los requisitos establecidos en los numerales anteriores, el candidato/a deberá cumplir con lo siguiente:
1) Presentar la solicitud correspondiente a la Dirección del Centro, en la cual se compromete a cumplir con el Reglamento y normativa conexa vigente del Centro.
2) Presentar su hoja de vida en la cual se acredite su idoneidad moral y profesional.
3) Presentar sus atestados y documentos que demuestren sus conocimientos en conciliación o en otros métodos alternos de solución de controversias, según sea el caso.
4) Presentar constancia con una antigüedad no mayor a tres meses, de que se encuentra al día en sus cuotas de Colegiatura, cuando corresponda.

Artículo 20: De la aprobación

      Una vez presentados todos y cada uno de los requisitos señalados en los artículos anteriores, el Director/a del Centro levantará un expediente físico y/o digital con todos los documentos aportados y lo remitirá a la Fiscalía con una recomendación técnica de su parte. Corresponde a la Fiscalía someter a la Junta Directiva del Colegio la solicitud del candidato/a, siendo de exclusiva competencia de esta última de aprobar o no la incorporación del candidato/a a las listas.

      Aprobada la solicitud, la Dirección del Centro deberá completar los requisitos para gestionar que el conciliador/a, facilitador/a o neutral sea autorizado por la DINARAC del Ministerio de Justicia y Paz, cuando corresponda.

      De no ser aprobada la solicitud, corresponderá al Director/a del Centro comunicarle al candidato la decisión de la Junta Directiva.

      Ningún conciliador/a, facilitador/a o neutral podrá asumir la tramitación de ninguno caso del Centro hasta no completarse el proceso de aprobación y autorización respectivo.

Artículo 21: De la exclusión de neutrales de la Lista

      La exclusión de conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales de las listas del Centro será potestad exclusiva de la Junta Directiva,  quien podrá acogerse o separarse de la recomendación elevada por el Consejo Asesor y Ético del Centro y cuyas causales serán las que constan en las normas éticas vigentes del Centro.

CAPÍTULO VII
REMUNERACIÓN POR LOS SERVICIOS

Artículo 22: Remuneraciones

      El Centro podrá brindar sus servicios de forma gratuita u onerosa según lo establezca la Junta Directiva del Colegio. Se podrá cobrar por sus servicios a propósito de remunerar adecuadamente a los conciliadores/as, facilitadores/as y/o neutrales, así como para contar con recursos financieros para sufragar los costos administrativos, así como los programas de capacitación, difusión y promoción relacionados con los mecanismos alternos de solución de controversias.

      Los conciliadores/as, facilitadores/as y/o neutrales podrán brindar sus servicios a título gratuito. La Junta Directiva podrá determinar y establecer incentivos no dinerarios para reconocer la labor gratuita de estos.

Artículo 23: De la creación o modificación de tarifas.

       El Director/a del Centro propondrá cualesquiera nuevas tarifas o actualización o modificación de las tarifas existentes a la Junta Directiva, la cual será encargada de aprobarlas, en atención a las necesidades del Centro.

      Las tarifas de admisión, costos administrativos de los distintos procedimientos y honorarios de los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales, serán las que se encuentren vigentes y debidamente aprobadas por la Junta Directiva al momento de aplicarse el mecanismo RAC que corresponda.

Artículo 24.  Otros gastos y casos no previstos. 

En el caso de honorarios de intérpretes, transcripciones, emolumentos profesionales de otros técnicos y otros gastos procesales en general cuyas tarifas no se encuentren expresamente reguladas o fijadas, corresponderá al Director/a su fijación atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Artículo 25.  De la asignación de costos.

El pago y cobertura de las distintas tarifas, costos administrativos, honorarios de conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales y otros gastos procesales o rubros no previstos, se distribuirá de la manera en que hayan expresamente acordado las partes en el acuerdo respectivo o durante la aplicación del mecanismo RAC; o a falta de acuerdo, de la manera en que se encuentre regulado en este Reglamento o en la tabla de tarifas vigente al momento de la prestación del servicio.

Artículo 26.  Gestión financiera.

       El Colegio recibirá y custodiará los fondos correspondientes al pago de tarifas, honorarios y servicios del Centro en virtud de la dependencia financiera de este respecto del Colegio, pero el Centro será el que gestione los cobros de tarifas a las partes, pagos que deban ser realizados en virtud de los procesos que administre, y demás actividades requeridas para la debida gestión de estos fondos.

      El Centro contará para su funcionamiento y actividades, con el presupuesto institucional aprobado según corresponda.

      Previo a iniciar la tramitación de cualquier asunto, el Director/a informará al interesado el costo de los servicios con base a la tabla de tarifas vigente.  Antes de iniciar el procedimiento, se solicitará a las partes el pago de los costos administrativos respectivos y el correspondiente al pago de los honorarios de los conciliadores/as, facilitadores/as o neutrales, según corresponda.

Artículo 27: Pago anticipado

      En todo proceso conciliatorio o mecanismo alterno de conflictos del que se trate, se cancelará desde el inicio, y previo a cada una de las audiencias, el monto de los servicios que se especifica en la tabla de tarifas y aranceles.

      El solicitante de los servicios del Centro, deberá acompañar su petición o requerimiento con el correspondiente comprobante de pago del servicio vigente en la tabla de tarifas y aranceles, según corresponda.

      Si se pospone una audiencia ya señalada, y la parte no comunica su ausencia con al menos 24 horas de anticipación, se devolverá únicamente el 50% del depósito inicial de los costos administrativos y honorarios de conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales.

      El monto de los honorarios del conciliador/a, facilitador/a o neutral no serán reembolsables si éste/a se presenta a la/s audiencia/s conjunta/s y ninguna o alguna de las partes no se presenta sin causa justa.

      El Centro podrá pedir a las partes que efectúen depósitos adicionales, cuando los gastos excedan los depósitos hechos originalmente.

Artículo 28: Prevención de depósito

      Si las sumas cuya consignación es requerida de conformidad con los artículos anteriores, no hubieran sido abonadas dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la solicitud de pago, el Centro podrá suspender el procedimiento y presentar a las partes una declaración escrita de conclusión o suspensión del proceso.

Artículo 29: Pago de honorarios de neutrales

      Una vez concluido el proceso conciliatorio o mecanismo alterno de resolución de controversias del que se trate, o  dándose alguno de los supuestos de terminación anticipada del proceso, y presentada la factura por servicios profesionales, el Centro coordinará el pago de honorarios para el conciliador/a, facilitador/a o neutral, si corresponde.

Artículo 30: Servicios de Consultoría

Para los servicios de consultoría y asistencia técnica que el Centro pudiera prestar, se definirán los costos con base en los parámetros que establezca cada cartel de licitación, concurso, documentos base de contratación u otra documentación relacionada con la prestación específica de los servicios solicitados por la entidad, organismo o institución contratante.

TÍTULO II
DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN Y OTROS MECANISMOS ALTERNOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 31: Principios y reglas generales

     El Director/a realizará la valoración integral del caso y recomendará a las partes el mecanismo de resolución de disputas que resulte más eficiente para el abordaje del conflicto; entre ellos la conciliación, la negociación o cualquier otro método de solución de controversias inspirado por principios de justicia restaurativa.

   Queda entendido que el Centro no resuelve por si mismo los conflictos o controversias a él sometidas por las partes; toda vez que su función es facilitar los servicios de administración de procesos RAC colaborativos, autocompositivos e integrales, siendo que la solución de las disputas compete a las mismas partes involucradas y siempre regidas por el principio de voluntariedad.

Artículo 32. Utilización de recursos tecnológicos para la celebración de audiencias.

       El Centro, los conciliadores/as, facilitadores/as, neutrales y las partes, sus representantes o asesores podrán apoyarse para celebrar las audiencias o desarrollar cualquier etapa que los mecanismo de resolución de controversias que resulte pertinente utilizando para ello los recursos tecnológicos tales como firma digital, expediente digital, notificación certificada por correo electrónico, pagos virtuales, audiencias por videoconferencias o plataformas tecnológicas de comunicación y otros mecanismos, tanto para audiencias como para la administración del expediente, siempre que su uso no sea contrario a la legislación vigente.

        El Centro podrá realizar cualquier audiencia o sesión por cualquier medio tecnológico en el tanto se garantizare la interacción integral, multidireccional y en tiempo real entre el conciliador/a, facilitador/a o neutral, las partes, representantes, asesores, Director/a o personal administrativo y en general todos aquellos que participen las audiencias. Deberán emplearse además técnicas que permitan la transmisión simultánea de audio, video y datos.

       El Centro establecerá las directrices, lineamientos, protocolos y demás instrumentos técnicos y administrativos correspondientes para el adecuado desenvolvimiento de las audiencias por medios virtuales.

Artículo 33: Forma de dirigir y lugar para celebrar audiencias.

       El Conciliador/a y/o el neutral podrá dirigir el procedimiento de la forma que considere apropiada, siempre y cuando se trate a las partes con igualdad, se les dé la oportunidad a las partes exponer sus puntos de vista y se respeten los principios de imparcialidad, información, libertad de las partes, autodeterminación, participación, voluntariedad, contextualidad, no violencia y confidencialidad.

     El lugar en que se llevarán a cabo las audiencias de conciliación  de otros mecanismos alternos, será la sede del Centro, sin embargo se podrán realizar en sedes alternas siempre que estén autorizadas para dichos efectos. En caso de que las audiencias se celebren por medio del sistema de teleconferencia o cualquier otro medio tecnológico que permita a las partes comunicarse simultáneamente; el conciliador/a, facilitador/a, neutral, las partes, sus representantes, asesores, así como el Director/a o el personal administrativo podrán estar en lugares distintos a las instalaciones del Centro.

   Las normas establecidas en el presente Reglamento, se complementan con la con la Ley, el Reglamento a la Ley RAC, las directrices, protocolos y lineamientos dictados por la DINARAC y/o por el Centro así como por los principios y normas técnicas imperantes en la materia.

CAPÍTULO II
DE LOS CONCILIADORES/AS Y DE LAS PARTES

Artículo 34: Definición de conciliador/a

    Se entenderá al conciliador/a como un tercero imparcial, neutral, que no tiene interés en el conflicto ni vínculo con las partes y a quien corresponderá guiar el proceso y ser un facilitador/a de la comunicación para que las partes en conflicto procuren resolver en forma definitiva y satisfactoria la controversia que les asiste, mediante la posible suscripción de un acuerdo de conciliación.

Artículo 35: Requisitos para ser designado como conciliador/a

       Para ser conciliador en un caso que se tramita ante el Centro, se debe pertenecer a la lista de conciliadores/as que lleva el Centro de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, haber sido autorizado como tal por la DINARAC del Ministerio de Justicia y Paz y haber sido juramentado por el Director/a del Centro.

Artículo 36: Apoyo Administrativo

            Con el propósito de facilitar el desarrollo del procedimiento concilia­torio, las partes, o el conciliador/a, tendrán a disposición la prestación de asistencia administrativa del Centro, del uso de sus instalaciones y el apoyo técnico y/o tecnológico necesario para la celebración de audiencias virtuales o en línea.

Artículo 37: Deberes y Facultades del Conciliador/a

            A todo conciliador/a le asistirán los siguientes deberes y facultades:
a. El conciliador/a podrá conducir el procedimiento conciliatorio en la forma que estime adecuada, teniendo en cuenta las circuns­tancias del caso, las peticiones de las partes y el deseo de éstas de lograr un acuerdo satisfactorio.
b. El conciliador/a siempre deberá promover el principio de autodeterminación de las partes dentro del proceso. No obstante, podrá colaborar con ellas facilitando posibles rutas que pudieran ser viables y apropiadas de conformidad con las partes, pero no le asiste autoridad por imponer soluciones.
c. El conciliador/a tiene el deber de informar a las partes sobre el procedimiento de conciliación, así como los alcances e implicaciones legales de los acuerdos conciliatorios.
d. El conciliador/a ayudará a las partes de manera independiente e imparcial en sus esfuerzos por lograr un arreglo satisfactorio y pacífico de la controversia.
e. El conciliador/a deberá de excusarse de intervenir, en los casos que le representen conflicto de intereses.
f. El conciliador/a tiene el deber de mantener la confidencialidad sobre lo actuado por las partes en el transcurso del proceso y sobre los actos preparatorios del acuerdo conciliatorio; para este efecto, se entiende que le asiste el secreto profesional.
g. El conciliador/a tiene el deber de aplicar el principio de decisión informada, el cual implica que el conciliador/a debe promover que las decisiones que tomen las partes estén basadas en una evaluación adecuada y entendida de la información relevante para éstas.
h. El conciliador/a tiene el deber de excusarse cuando el conflicto no sea conciliable sin necesidad de explicar a profundidad su decisión de separarse de la facilitación del proceso.
i. En general, el conciliador/a deberá cumplir con todos los deberes, obligaciones y prohibiciones consignadas en las normas éticas establecidas en el presente Reglamento y en las normas conexas vigentes, entre ellas, su deber de imparcialidad, independencia, confidencialidad, información, y los otros que la normativa aplicable establece.

Artículo 38: Deberes y compromisos de las Partes con el Procedimiento Conciliatorio

            Son deberes y compromisos de las partes las siguientes:
a. Asistir puntualmente a las audiencias señaladas.
b. Aportar la documentación que le sea solicitada.
c. Respetar las reglas y principios establecidos para el desarrollo del procedimiento conciliatorio.
d. Colaborar con el conciliador/a para el buen desarrollo de la audiencia.
e. Negociar de buena fe, desde los intereses y no por posiciones.
f. Participar con propuestas de solución que sean mutuamente satisfactorias.
g. Cumplir con todos los acuerdos a que lleguen durante el proceso.
h. Cancelar las costas del procedimiento en la forma y oportunidad establecida por el Centro, cuando corresponda.

     Si alguna de las partes incumple sus deberes, quedará a criterio del conciliador/a dar por terminado el procedimiento conciliatorio.

Artículo 39:  Idioma

            El idioma del proceso de conciliación será el español, los escritos, documentos, audiencias, actas,  acuerdos conciliatorios y cualquier otra actuación documental que forme parte del proceso se deberá presentar o sustentar en idioma español; si viniere en otro idioma, la parte que lo presenta deberá aportar su traducción. Las partes deberán hacerse acompañar de un intérprete o traductor oficial para atender las audiencias del proceso y para suscribir las actas, acuerdos y/o documentos que resulten del proceso.

Artículo 40:  Representación y Asesoramiento

            Las partes podrán estar representadas y/o asesoradas por personas de su elección.

            Los nombres, calidades y las direcciones electrónicas o medios de contacto de esas personas se comunica­rán a la Dirección, debiéndose de precisar si la designación se hace a efectos de representación o de asesoramiento.

            Los representantes de las partes deben tener y aportar para la audiencia el poder suficiente para firmar el acuerdo conciliatorio.

            Los asesores legales de las partes podrán acompañar a las partes durante las audiencias. Sin embargo, los asesores deberán tener en cuenta que el papel protagónico le corresponde únicamente a las partes, por lo que no podrán intervenir directamente durante el desarrollo de las deliberaciones. El conciliador/a podrá suspender momentáneamente la audiencia conjunta para efectos de que la parte consulte en forma privada con su asesor. El conciliador/a tiene amplias facultades para determinar la manera como intervendrán en las audiencias los asesores de las partes.

           En todo caso, cuando se lograsen acuerdos en ausencia de los asesores legales de las partes, el conciliador/a les recordará a las partes su derecho de consultar a un abogado/a respecto del contenido de los acuerdos antes de su firma.

Artículo 41: Confidencialidad

            El conciliador/a, las partes, sus representantes, asesores, los eventuales observadores, el Director/a y el personal administrativo, están obligados a mantener el carácter confidencial de todas las cuestiones y deliberaciones relativas al procedimiento conciliatorio. La confidencialidad se hará también extensiva a los acuerdos conciliatorios, salvo en los casos establecidos en la Ley.

            Para garantizar el cumplimiento de este principio, las partes, el conciliador/a y cualquier otra persona involucrada en el proceso, deberán suscribir al inicio del mismo, un acuerdo de confidencialidad.

Artículo 42: Prohibiciones

            Queda absolutamente prohibido al conciliador/a lo siguiente: a) El conciliador/a no actuará como asesor ni representante ni perito de una parte en un procedimiento arbitral, judicial o disciplinario relativo a una controversia que haya sido objeto del procedimiento conciliatorio.
b) Las partes no podrán llamar al conciliador/a como testigo en ninguno de esos procesos, salvo que sea para aclarar los alcances del acuerdo.
c) Las partes no podrán invocar ni proponer como pruebas en un proceso arbitral judicial o disciplinario, se relacionen o no con el objeto de la controversia; los hechos reconocidos, opiniones expresadas o propuestas formuladas durante el desarrollo de la conciliación.
d) No se podrá registrar por ningún medio las reuniones que las partes celebren con el conciliador/a; salvo que los protocolos o lineamientos dictados por el Centro o la DINARAC para la celebración de audiencias virtuales o en línea así lo establezcan.

CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN

Artículo 43: Materia de conciliación

      Podrán someterse a conciliación las controversias cuyo objeto sea de naturaleza disponible, lícito y posible, sean presentes o futuras, siempre que estén fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tengan plena disposición y que correspondan a asuntos propios del ejercicio profesional en ciencias de la salud, de conformidad con el artículo 2 del presente Reglamento. Las disputas sometidas a conciliación podrán tener o no naturaleza patrimonial.

Artículo 44: Inicio del Procedimiento de Conciliación

            El procedimiento de conciliación se iniciará:
a) Por soli­citud manifiesta de la parte interesada, que deberá ser presentada por escrito (físicamente o por medios electrónicos) al Centro cumpliendo con los siguientes requisitos:
1- Los nombres y calidades de las partes, direcciones electrónicas y      números de teléfono y cualquier otra indicación a fin de contactar a      las partes,
2- Una breve descripción de la naturaleza de la controversia.
3-Lugar para atender notificaciones.
4- Comprobante del depósito, cuando corresponda.
b) Por solicitud manifiesta hecha en forma conjunta por las partes en conflicto, presentada por escrito (físicamente o por medios electrónicos) ante el Centro, la cual deberá contener los requisitos consignados en el párrafo anterior.
c) Por solicitud del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, por la Fiscalía, el Tribunal de Honor o por alguno de los órganos de éste que le soliciten al Centro extienda invitación a conciliar a una o ambas partes en un caso que sea de su conocimiento.

            En los supuestos anteriores, si alguna de las partes rechaza expresamente la invitación a conciliar, no se iniciará el procedimiento conciliatorio.

            Una vez recibida la presentación de una solicitud de conciliación en los términos descritos en el inciso a), la Dirección procederá a designar el o los conciliadores/as, y fijará hora y fecha para la audiencia presencial y/o virtual inicial de conciliación, lo cual se comunicará a ambas partes.

Artículo 45: Cantidad de conciliadores

     Podrá disponerse de uno o más conciliadores/as para un caso, quienes preferiblemente deberán tener conocimientos afines a la naturaleza del caso. Cuando haya más de un conciliador/a, éstos deberán actuar en conjunto, coordinar las audiencias y elegir a uno de ellos como el conciliador/a titular.

      Los honorarios de los conciliadores/as se distribuirán en porcentajes iguales según la cantidad de neutrales participantes.  También podrán ejercer como co-conciliadores/as los neutrales que se encuentren en proceso de capacitación práctica en el Centro, pero no devengarán honorario alguno.

Artículo 46: Designación del conciliador

     Cuando se presente una solicitud de conciliación, la Dirección designará al conciliador/a que por turno corresponda de la lista que el Centro lleva al efecto. Queda a criterio del Director/a asignar el caso a un conciliador/a determinado y específico cuando las características particulares del asunto sometido a conciliación lo requieran.

     Si las partes hubiesen incluido en una solicitud conjunta de conciliación el nombre de la persona que desean como conciliador/a, la Dirección procederá a confirmar el nombramiento, siempre que el conciliador/a seleccionado cumpla con los requisitos establecidos en la Ley.

     Habrá un conciliador/a, a menos que las partes acuerden expresamente que la conciliación se realice con dos o más conciliadores, o que la Dirección lo considere pertinente.

     Ambas partes tendrán el derecho, previo a la audiencia y en el transcurso de la misma, de solicitar que se designe un nuevo conciliador/a. Para este fin, la parte deberá dirigir una comunicación dirigida a la Dirección del Centro, en la cual se establezcan claramente las razones que motivan la petición.

Artículo 47: Audiencia de Filtro

            Queda a criterio del conciliador/a designado, una vez analizada la solicitud, realizar una sesión separada presencial y/o virtual con cada una de las partes previo a iniciar la audiencia conjunta, para efectos de evaluar la conciliabilidad del asunto, de considerarlas necesario, lo comunicará al Centro para efectos de que se proceda sin costo adicional a citar a las partes de forma individual en el menor tiempo posible.

El Centro comunicará la solicitud a ambas partes y asignará una hora, fecha y medio (presencial y/o virtual) para cada una de las sesiones de filtro.

Celebradas las audiencias de filtro, y aunque alguna de las partes no se haya presentado, el conciliador/a comunicará al Centro que se cite a la audiencia conjunta.

De llevarse a cabo audiencias de filtro, se procurará que las mismas se celebren dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

En todo caso, el conciliador/a siempre informará a ambas partes su intención de celebrar una reunión previa con alguna de ellas, la cual puede celebrarse antes de la sesión conjunta.

Artículo 48: Notificación de la audiencia conjunta

Recibida la solicitud y designado el conciliador/a, o agotadas las audiencias de filtro, si corresponde, el Centro comunicará a las partes por escrito la hora, fecha y medio (presencial y/o virtual) de la audiencia conjunta de conciliación.

Artículo 49: Audiencia conjunta

            El conciliador/a tiene libertad para diseñar el proceso de conciliación, siempre deberá tomar en cuenta las características particulares del conflicto y de las partes, de manera tal que el proceso responda a las necesidades específicas del caso. De cualquier manera, se le brindará a las partes la oportunidad para expresar sus puntos de vista y así negociar constructivamente la solución de sus conflictos.

     Podrán celebrarse las audiencias que el conciliador/a o las partes consideren necesarias.

     De ser necesario celebrar otra audiencia, el conciliador/a definirá junto con las partes la hora, fecha y medio (presencial y/o virtual) de la misma, previa consulta a la disponibilidad de agenda del Centro. Las partes deberán quedar notificadas por escrito de la siguiente audiencia en la sesión que culminan.

En desarrollo de la audiencia, deberán respetarse los deberes y compromisos señalados en este Reglamento.

Artículo 50: Sesiones separadas

     En aquellos casos que el conciliador/a lo considere pertinente, y con el fin de recabar la mayor información sobre la disputa, éste/a podrá reunirse individualmente con las partes durante el desarrollo de la audiencia conjunta, quedando entendido que la información dada en tales reuniones y comunicaciones no será divulgada a la otra parte ni a terceros.

Artículo 51: Conclusión del Procedimiento Conciliatorio

            El procedimiento conciliatorio concluirá:

  1. Cuando las partes firmen un acuerdo de conciliación total o parcial, sea, que abarque alguna o todas las cuestiones en controversia entre las partes;
  2. Cuando las partes no han llegado a ningún acuerdo y se hayan agotado todas las posibilidades y esfuerzos tendientes a una solución.
  3. Cuando por razones técnicas, el conciliador/a considera poco probable que la prolongación de la conciliación permita solucionar la controversia;
  4. Por una comunicación razonada dirigida por ambas partes al conciliador/a y/o al Centro, en el sentido de que el procedimiento conciliatorio se tenga por concluido.
  5. Por una comunicación razonada dirigida por una de las partes a la otra parte, al conciliador/a y/o al Centro, en el sentido de que no desea continuar con el procedimiento; o
  6. Por ausencia injustificada de una o ambas partes, a una o más sesiones convocadas.

Artículo 52.- Comunicación de la conclusión del procedimiento conciliatorio

     Una vez concluida la conciliación, el Conciliador/a comunicará al Centro por escrito y sin demora que la conciliación ha concluido e indicará la fecha de conclusión; asimismo indicará si la conciliación tuvo como resultado la solución de la controversia y, en tal caso, si la solución fue total o parcial. Deberá hacer entrega del expediente completo (físico o digital) que se le haya facilitado para la celebración del proceso conciliatorio.

Artículo 53: Devolución de escritos y documentos

            Salvo acuerdo en contrario de las partes, toda persona que participe en la conciliación devolverá, al final de la conciliación, a la parte que lo haya proporcionado, todo escrito, documento u otro material proporcionado por esa parte, sin conservar copia alguna de los mismos. Al término de la conciliación, se destruirán los apuntes que haya tomado una persona sobre las reuniones de las partes con el conciliador. Se excluyen de lo anterior los documentos aportados al archivo físico o digital que el Centro llevará sobre la conciliación, no obstante, el Centro, a solicitud de parte, podrá devolver cualquier original que haya sido aportado para cuyo efecto deberá primero, a costo de quien lo solicite, obtener copias o reproducción digital del documento a devolver, documento que quedará en el expediente en sustitución del original devuelto.

CAPÍTULO IV
DEL ACUERDO CONCILIATORIO

Artículo 54: Forma y Valor del Acuerdo Conciliatorio

            El acuerdo conciliatorio, total o parcial deberá constar por escrito; será definitivo, vinculante para las partes. Tendrá autoridad y eficacia de cosa juzgada material y será ejecutorio de forma inmediata.

            El conciliador/a redactará el acuer­do conciliatorio en conjunto con las partes salvo que estas, sus representantes o asesores, acuerden redactarlo ellas mismas, en cuyo caso el conciliador/a les brindará su apoyo.

            El acuerdo debe ser redactado de forma clara y específica y debe estar firmado (física y/o digitalmente) por todas las partes y por el conciliador/a.

Artículo 55: Contenido del Acuerdo Conciliatorio

            El acuerdo adoptado en un proceso de conciliación deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Indicación de la fecha del acuerdo.
b) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades.
c) Mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances.
d) Indicación del nombre de los conciliadores/as y del Centro, se debe consignar el número de resolución que les autoriza como tales.
e) Relación puntual de los acuerdos adoptados.
f) Si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente, indicar expresamente la institución que lo conoce, el número de expediente, su estado actual y la mención de la voluntad de las partes de concluir, parcial o totalmente ese proceso.
g) El conciliador/a deberá hacer constar en el documento que ha informado a las partes de los derechos que les asisten y que les ha advertido que el acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses.
h) El conciliador/a deberá hacer constar que ha advertido a las partes sobre el derecho que las asiste de consultar el contenido del acuerdo con un abogado antes de firmarlo.
i) Indicación del compromiso de las partes con la confidencialidad.
j) Indicación del valor de cosa juzgada del acuerdo
k) Las firmas (físicas o digitales) de todas las partes involucradas, así como la del conciliador.
l) Indicación de la dirección (física o electrónica) donde las partes recibirán notificaciones.

Artículo 56: Acuerdo conciliatorio parcial.

            Si la conciliación fuere parcial, se redactará, sin más trámite, un acuerdo conciliatorio cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral anterior, se pondrá fin al procedimiento sobre los extremos en los que haya habido acuerdo, en cuanto a los cuales, será ejecutable en forma inmediata.

            Respecto de los extremos no conciliados, las partes quedan en la libertad de acudir a la vía arbitral, a la judicial o al disciplinario, según corresponda.

Artículo 57: En caso de no acuerdo

            Si a pesar de los esfuerzos realizados por el conciliador/a las partes no suscriben ningún acuerdo conciliatorio sobre ninguno de los extremos controvertidos, el conciliador/a levantará un acta de no acuerdo, en la cual se dejará constancia de las personas que comparecieron, así como la indicación de que no hubo acuerdo y se dará por concluido el procedimiento. El acta de no acuerdo deberá ser firmado (física o digitalmente) por ambas partes y por el conciliador/a; si alguna o ambas partes de negaran a suscribirlo, de ello dejará constancia el conciliador/a quien lo deberá firmar.

            En atención del principio de confidencialidad, no se podrá consignar en dicha acta propuestas ni deliberaciones ni aspectos conversados en la audiencia.

Artículo 58: Seguimiento de acuerdos

            El Centro podrá solicitar a las partes que hayan logrado acuerdo parcial o total de conciliación por intermedio de un procedimiento conciliatorio celebrado en el Centro, información sobre el resultado y estado del acuerdo o cualquier otra información relativa al funcionamiento administrativo, con el propósito de llevar un control estadístico, de servicio y calidad.

Artículo 59: Exención de responsabilidad.

            Salvo dolo, ni el conciliador/a, facilitador/a o neutral ni el Centro serán responsables ante ninguna de las partes por ningún acto u omisión en relación con cualquier acuerdo de conciliación realizado de conformidad con el presente Reglamento. Es responsabilidad absoluta y única de las partes, el cumplimiento de lo acordado.

CAPÍTULO V
DE OTROS MECANISMOS ALTERNOS

Artículo 60: De la posibilidad de utilizar otros mecanismos alternos de solución de conflictos.

      El Centro podrá prestar el servicio de conciliación, facilitación de diálogo, círculos de paz, reuniones restaurativas, así como otros mecanismos de resolución integral y alterna de conflictos atendiendo los principios rectores que informan la aplicación de la justicia restaurativa, que contribuyan con la administración de justicia y el restablecimiento de la paz social en los casos que sean sometidos a conocimiento del Centro.

       La Dirección valorará de forma integral el asunto sometido a conocimiento del Centro y recomendará el mecanismo alterno más adecuado para el abordaje del conflicto.

Artículo 61: De la designación del facilitador/a

       La Dirección designará al facilitador/a que por turno corresponda de la lista que el Centro lleva al efecto. Queda a criterio del Director/a asignar el caso a un facilitador/a determinado/a y específico/a cuando las características particulares del asunto sometido a Centro lo requieran.

Artículo 62: De la regulación aplicable

       Los diversos mecanismos alternos que sean administrados por el Centro distintos a la conciliación, se regirán por las disposiciones del presente Reglamento en lo que fueren aplicables. Sin embargo, el Centro podrá establecer directrices, protocolos,  lineamientos e instrumentos dictados por el Centro o por la DINARAC, así como aplicar los principios y normas técnicas imperantes en la materia y en el mecanismo específico del que se trate

TÍTULO III
DE LA NORMATIVA ÉTICA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 63: Ámbito de aplicación de las normas éticas

            El presente título regula los lineamientos éticos de los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales así como al Director/a. y personal administrativo del Centro de Resolución Alterna de Conflictos de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. Las normas éticas establecidas en el presente Título, constituyen directrices generales para la actuación de dichos sujetos,  sin detrimento de otras reglas éticas a las cuales se encuentren sometidos por motivo de su actividad profesional.

            Los neutrales que no pertenezcan a la lista que para tal efecto lleva el Centro, y que hayan sido designados por las partes para actuar en un proceso ad hoc administrado por este Centro, quedan obligados y sometidos a respetar los deberes y normas éticas aquí establecidas.

            Por otra parte, los conciliadores/as, facilitadores/as o neutrales pertenecientes a las listas del Centro, deberán observar las presentes normas éticas, aún cuando su actuación no se realice en el marco institucional del Centro.

Artículo 64: Imposibilidad de exoneración de responsabilidad.

            Será nulo y se considerará como no puesto, cualquier acuerdo, convenio o transacción suscrito por los usuarios de los servicios del Centro y los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales o el personal del Centro que invalide o pretenda desaplicar este Título, les exonere de responsabilidad, o implique la renuncia para accionar o denunciar en su contra.

Artículo 65: Referente a otros procesos sancionatorios o disciplinarios

            Las sanciones de orden disciplinario señaladas en el presente Título se aplicarán independientemente de las sanciones de cualquier otra naturaleza que se puedan imponer a los conciliadores/as, facilitadores/as o neutrales o al Director/a o personal administrativo por los mismos hechos.

Artículo 66: Desempeño de funciones.

            Es obligación de todos conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales así al Director/a. y personal administrativo del Centro desempeñarse en sus actividades de modo que satisfagan los intereses del Centro y de los usuarios que solicitan sus servicios, deberán cumplir sus labores en estricto apego a los principios éticos aquí consignados, así como en las normas indicadas en el presente Título, como también las que se inspiran en los procesos de conciliación y otros mecanismos alternos, según corresponda.

Artículo 67: Estándares de Calidad y Profesionalismo.

Es obligación de los conciliadores/as, facilitadores/as, neutrales, Director/a y del personal administrativo mantener altos estándares de profesionalismo y calidad en sus actuaciones y deberes asignados, debiendo aplicar las técnicas y demás instrumentos propios de los procedimientos que lleven a cabo.

Artículo 68: Deber de mejora continua

        Los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales deberán actualizarse y profundizar sus conocimientos profesionales y en materia de resolución alterna de conflictos de manera constante. Deberán acreditar a su expediente personal que lleva el Centro, todos aquellos cursos o actualizaciones llevadas cada año.

Artículo 69: Sobre el nombramiento de neutrales

            Ante la propuesta de su nombramiento, los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales deberán analizar minuciosamente las particularidades del caso antes de aceptar su tramitación.

            Si el caso requiere un conocimiento especial y el conciliador/a, facilitador/a o neutral considera que no posee dicha preparación, deberá rechazar el caso.

Artículo 70: Cómputo de plazos y términos

         Es obligación de los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales llevar con exactitud el cómputo de los plazos aplicables al procedimiento y serán responsables por todos los atrasos causados en virtud de su negligencia y por el incumplimiento de esta obligación.

CAPÍTULO II
DEBERES ÉTICOS DE LOS CONCILIADORES/AS,   FACILITADORES/AS Y NEUTRALES

Artículo 71: Deber de Pericia

        Las actuaciones de los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales están sujetas a los principios de pericia, idoneidad, profesionalismo y calidad.

            Es deber del conciliador/a, facilitador/a o neutral dedicarse con atención, diligencia, prudencia y puntualidad a los asuntos que le encomiende el Centro, y poner en su defensa todos sus esfuerzos y conocimientos con estricto apego a las normas jurídicas, profesionales, morales y éticas.

        Deberá inhibirse de conocer aquellos casos en los cuales considere que se requieren destrezas técnicas o profesionales que no maneje.

Artículo 72: Deber de Confidencialidad

            Es obligación del conciliador/a, facilitador/a o neutral, bajo el principio de confidencialidad, no divulgar ningún tipo de información obtenida durante el desarrollo de la conciliación. El deber de confidencialidad alcanza tanto a los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales como a las partes del proceso y sus representantes, asesores, observadores y terceros intervinientes. Para todos los efectos, rige lo dispuesto por los artículos número 13.d y 14 de la ley RAC así como lo dispuesto por el Reglamento del Centro.

            De este deber se derivan las siguientes obligaciones:
a) Abstenerse de utilizar, para cualquier fin ajeno al proceso de conciliación o mecanismo alterno, de manera directa o indirecta, la información obtenida durante el transcurso de dicho proceso.
b) Abstenerse de revelar a una parte, la información que la otra parte le ha manifestado en una reunión separada o en la audiencia de filtro, si corresponde; salvo expreso consentimiento de dicha parte.
c) Finalizado el procedimiento de conciliación o mecanismo alterno, deberá destruir todas las notas propias elaboradas en apoyo de su labor. Únicamente deberá quedar constancia en el expediente del acuerdo conciliatorio, cuando éste se haya logrado así como los documentos administrativos pertinentes.
d) Es obligación del conciliador/a, facilitador/a y neutral no revelar a ninguna persona, dentro del Centro o fuera de él, la información que se le haya proporcionado durante el proceso. Salvo para fines didácticos y/o académicos en cuyo caso deberá omitir todos los datos que hagan identificable a los interesados involucrados.

        La numeración anterior no es taxativa, por lo que el conciliador/a, facilitador/a y neutral deberá realizar todos los esfuerzos que se requieran para cumplir con este deber.

Artículo 73: Deber de Imparcialidad

         El deber de imparcialidad conlleva la obligación del conciliador/a, facilitador/a y neutral de cooperar con la totalidad de las partes involucradas en la disputa, y no sólo con una de ellas. Debe de evitar que sus convicciones y creencias personales incidan en sus actuaciones como tercero neutral. El conciliador/a, facilitador/a y neutral deberá ser imparcial en todo momento en el desarrollo del proceso así como antes y después de él.

            De este deber se derivan las siguientes obligaciones:
a) Informar sin demora a la Dirección del Centro, cualquier relación que exista o hubiese existido entre él y cualquiera de las partes, representantes o sus asesores; además, deberá comunicar de cualquier otra circunstancia que pueda afectar su imparcialidad. Esta obligación se mantendrá a lo largo de la totalidad del proceso de conciliación o mecanismo alterno.
b) Abstenerse de participar en el proceso conciliatorio o mecanismo alterno, o retirarse del mismo cuando descubra que existe un conflicto de interés, potencial o actual con alguna de las partes, que le impide participar en el proceso de forma imparcial.
c) Abstenerse de tener algún tipo de contacto con las partes si no están todas las partes presentes, salvo que las demás partes hayan consentido en dicho contacto.
d) Abstenerse de participar en el proceso conciliatorio o mecanismo alterno, o retirarse del mismo cuando alguna de las partes considere que éste no podrá comportarse de manera imparcial.
e) Abstenerse de tener cualquier tipo de relación profesional con las partes, antes o durante o después del desarrollo del procedimiento conciliatorio o mecanismo alterno. Si dentro de los doce meses siguientes a la finalización del proceso o mientras se encuentre en ejecución el acuerdo conciliatorio, se presenta la oportunidad de que el conciliador/a, facilitador/a o neutral inicie una relación profesional con alguna una de las partes, éste deberá comunicarlo por escrito a la Dirección del Centro.
f) Intervenir en el proceso libre de prejuicios personales en razón de etnia, credo, género, ideología, cultura, etc. De considerar el conciliador/a, facilitador/a o neutral que su imparcialidad podría verse afectada por lo anterior, será su deber informarlo de previo al Director/a del Centro, además de inhibirse de la tramitación del caso.
g) Queda absolutamente prohibido a todos conciliadores/as, facilitadores/as o neutrales del Centro recibir o solicitar gratificaciones, regalos o favores, de cualquier naturaleza que sean, por razón de servicios prestados como neutrales del centro, o que emanen de su condición de tales aunque no hayan intervenido en el proceso.

       La numeración anterior no es taxativa, por lo que el conciliador/a, facilitador/a o neutral deberá realizar todos los esfuerzos que se requieran para cumplir con este deber.

Artículo 74: Deber de Información

            El conciliador/a, facilitador/a y neutral tendrá la obligación de informar a las partes, representantes, asesores, observadores o cualquier interviniente sobre la naturaleza del procedimiento, los detalles y su forma de participación, las reglas, el rol del conciliador/a, facilitador/a o neutral y sus atribuciones, el rol de las partes intervinientes y sus derechos. Debe informar también de las posibles consecuencias jurídicas y legales de un eventual acuerdo conciliatorio, así como la facultad de consultar el acuerdo con un asesor legal de previo a suscribirlo.

            El conciliador/a, suscribirá el acuerdo conciliatorio si posee la certeza de que éste refleja la voluntad de las partes y que éstas últimas han analizado todas sus opciones, garantizando de esta manera un acuerdo satisfactorio.

            De este deber se derivan las siguientes obligaciones:
a) Asegurarse que todas las partes involucradas en el proceso comprendan claramente las opciones que se les presentan y el contenido y alcance del eventual acuerdo conciliatorio.
b) Evaluar si la conciliación es el proceso adecuado para las partes, e informarles acerca de otros procesos alternos de solución de controversias, cuando lo considere adecuado.
c) Contextualizar la situación de manera realista, de forma que las partes puedan comprender claramente las opciones que se les presentan y el contenido final del acuerdo, reafirmando a las partes en el principio de que son ellas y no el conciliador/a, facilitador/a o neutral, las responsables de la toma de decisión y del cumplimiento del acuerdo.

       La numeración anterior no es taxativa, por lo que el conciliador/a, deberá realizar todos los esfuerzos que se requieran para cumplir con este deber.

Artículo 75: Deberes respecto del acuerdo conciliatorio

           El conciliador/a debe conducir el procedimiento con el propósito de solucionar las eventuales discrepancias que se le presenten, mediante un acuerdo conciliatorio que resulte satisfactorio para los intereses de todas las partes en conflicto.

De este deber se derivan las siguientes obligaciones:
a) Dedicar el tiempo suficiente para garantizar que el acuerdo contenga la voluntad de las partes y que éstas últimas comprendan con claridad su contenido y alcance.
b) Procurar que el acuerdo conciliatorio mantenga el equilibrio entre los intereses, necesidades y derechos de todas las partes.
c) Asegurarse que el acta en la cual conste el acuerdo conciliatorio, contenga todos los requisitos exigidos por la Ley y por el presente Reglamento del Centro.
d) Asegurarse que el acuerdo conciliatorio se encuentre debidamente redactado, de forma clara y específica, de manera tal que no surjan conflictos a la hora del cumplimiento o eventual ejecución forzosa de dicho acuerdo.
e) Procurar, dentro de sus posibilidades, que el acuerdo conciliatorio no viole el orden público, ni el ordenamiento jurídico o sea contrario a la ley. En caso de duda, el conciliador/a deberá realizar una consulta a la Dirección del Centro o al asesor/a legal del Centro dispuesto para ello. f) El conciliador/a deberá informar a las partes cuando considere que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo y dará por terminado el proceso de conciliación.

        La numeración anterior no es taxativa, por lo que el conciliador/a deberá realizar todos los esfuerzos que se requieran para cumplir con este deber.

Artículo 76: Otros deberes

    Además de los mencionados en los artículos anteriores, el conciliador/a, facilitador/a o neutral deberá atender los siguientes deberes:
a) No permitir que ninguna parte utilice el proceso de conciliación o mecanismo alterno para manipular o intimidar a su contraparte. Si la conducta persiste a pesar del esfuerzo del conciliador/a, facilitador/a o neutral, éste deberá dar por terminado el procedimiento conciliatorio o mecanismo alterno del que se trate.
b) Realizar sus mejores esfuerzos para fomentar el diálogo entre las partes, utilizando técnicas de escucha activa y procurando que las partes entablen una comunicación asertiva.
c) Abstenerse de participar en el proceso conciliatorio o mecanismo alterno o retirarse del mismo cuando por otros compromisos adquiridos con anterioridad, no pueda cumplir de manera eficiente y diligentemente su labor.
d) Dar por terminado el proceso si determina que alguna de las partes involucradas compareció a la sesión contra su voluntad. Deberá vigilar durante todo el proceso que las partes participan regidas por el principio de voluntariedad y autodeterminación.

Artículo 77: Exclusión de la Lista

        Si de oficio o por denuncia de algún usuario se comprueba que el conciliador/a, facilitador/a y neutral ha violado de manera grave o muy grave  alguno de los deberes consignados en el presente Título, podrá ser excluido de la lista de neutrales que para tal efecto lleva el Centro. Para la valoración de la infracción se llevará a cabo el procedimiento sancionatorio definido en este Título.

        Además, el conciliador/a, facilitador/a y neutral será responsable por los daños y perjuicios que con su conducta le hubiese ocasionado al Centro o a las partes en conflicto. El Centro podría solicitarle al neutral que suscriba y aporte alguna póliza de responsabilidad civil.

Artículo 78: Honorarios

         El conciliador/a, facilitador/a y neutral devengará por su labor, el monto de honorarios establecido en la tabla de tarifas y aranceles del Centro, no pudiendo cobrar más de lo ahí estipulado ni negociar directamente con las partes precio alguno, sea superior o inferior a los montos tarifarios. No obstante lo anterior, el conciliador/a, facilitador/a y neutral podrá realizar su labor de manera gratuita

         Solamente el Centro, con el consentimiento de las partes, podrá determinar de común acuerdo con los neutrales, tarifas diferentes a las establecidas.

CAPÍTULO III
DEBERES ÉTICOS DEL DIRECTOR/A DEL CENTRO

Artículo 79: Deberes y Obligaciones.

           Además de las contempladas en los artículos antecedentes y en la normativa laboral vigente, el Director/a del Centro tendrá los siguientes deberes y obligaciones:
a) Mantener la disciplina entre el personal administrativo y los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales del Centro y fiscalizar que las labores se realicen con estricto apego a las disposiciones contenidas en este Título, y las demás normativas del Centro.
b) Procurar el máximo de eficiencia y rendimiento del personal administrativo y de los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales en su trabajo y en el cumplimiento de los fines para los que fue creado el Centro.
c) Velar porque el personal administrativo y los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales se comporten con profesionalismo, imparcialidad, objetividad, diligencia y decoro, buscando siempre el beneficio del Centro y los usuarios.
d) Supervisar y asesorar diligentemente al personal administrativo del Centro, en el desempeño de sus labores, asignándoles claramente sus responsabilidades.
e) Fiscalizar que el personal administrativo ni los conciliadores/as, facilitadores/as ni neutrales lucren con los servicios prestados en el Centro, ni utilicen con cualquier propósito o fin, la información confidencial de los casos atendidos en este.
f) Atender las quejas y sugerencias el personal administrativo y de los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales del Centro y de los usuarios, con el fin de brindar un mejor servicio a los usuarios.
g) Reportar a la Fiscalía y éste lo hará al Consejo Asesor y Ético o a los órganos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica que correspondan, todas las faltas cometidas por el personal administrativo y los conciliadores/as, facilitadores/as y neutrales del Centro a los deberes y obligaciones contemplados en este Título, y en la demás normativa vigente del Centro.

La numeración anterior no es taxativa, por lo que al Director/a le podrían corresponder otros deberes y obligaciones además de los aquí consignados.

CAPÍTULO IV
DEBERES ÉTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Artículo 80: Deberes y Obligaciones

         Además de estar sujeto al régimen laboral y sancionatorio del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, el personal administrativo deberá atender los siguientes deberes y obligaciones:
a) Cumplir con todos los mandatos éticos establecidos en este Título que les sean aplicables según sea el papel que desempeñen.
b) Intervenir en el proceso con imparcialidad, confidencialidad, decoro, diligencia y profesionalismo.
c) Deberán acatar todas las disposiciones éticas y reglamentarias establecidas para cualquier funcionario/a del Centro, según se ha descrito.

La numeración anterior no es taxativa, por lo que al personal administrativo le podrían corresponder otros deberes y obligaciones además de los aquí consignados.

CAPÍTULO V
DEBERES ÉTICOS DEL TERCEROS INTERVINIENTES EN LOS  PROCESOS

Artículo 81: Deberes y Obligaciones

            Serán deberes y obligaciones de los terceros intervinientes en un proceso, sea en condición de asesores legales, testigos, peritos, observadores, y demás roles posibles,  los siguientes:
a) Cumplir con todos los mandatos éticos establecidos en este Título que les sean aplicables según sea el papel que desempeñen.
b) Intervenir en el proceso con imparcialidad, confidencialidad, decoro, diligencia y profesionalismo.
c) Respetar las reglas del proceso y atender las disposiciones del conciliador/a, facilitador/a y neutral durante el desarrollo del proceso en que intervengan.

La numeración anterior no es taxativa, por lo que a los terceros intervinientes le podrían corresponder otros deberes y obligaciones además de los aquí consignados

CAPÍTULO VI
SANCIONES DISCIPLINARIAS
PARA LOS CONCILIADORES/AS, FACILITADORES/AS Y NEUTRALES

Artículo 82: De los tipos de sanciones disciplinarias

          Las sanciones disciplinarias que podrá imponer el Centro son las siguientes:
a) Amonestación escrita
b) Suspensión temporal de hasta por cinco años
c) Exclusión definitiva de la lista de neutrales del Centro.

Artículo 83: Clasificación y sanciones

            Las faltas sancionadas disciplinariamente se clasifican en leves, graves y muy graves. Las faltas cometidas serán sancionadas según su gravedad de la siguiente manera:
a. Por faltas leves: amonestación por escrito o suspensión hasta por tres meses.
b. Por faltas graves: suspensión por un plazo de un año hasta cinco años, o exclusión de la lista de neutrales.
c. Por faltas muy graves: exclusión de la lista de neutrales del Centro.

Artículo 84: Serán Faltas Leves

 Se considerarán faltas leves las siguientes:
a. La falta de respeto a los miembros de la Junta Directiva, a conciliadores/as, facilitadores/as, neutrales, partes, representantes, asesores, al Director/a y al personal administrativo del Centro en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya infracción grave o muy grave.
b. El incumplimiento leve de los deberes establecidos en este Título, en el presente Reglamento General del Centro o directrices, lineamientos, protocolos e instrumentos establecidos por el Centro o por la DINARAC.
c. Ser calificado negativamente por los usuarios en al menos tres oportunidades, de conformidad con las encuestas de opinión por la calidad del servicio que el Centro implemente.

Artículo 85: Serán Faltas Graves

 Se considerarán faltas graves las siguientes:

a. El incumplimiento grave del Reglamento General o de los acuerdos adoptados por la Fiscalía, o la Junta Directiva en el ámbito de su competencia que corresponda al Centro.
b. La falta de respeto grave, por acción u omisión, a los integrantes de la Junta Directiva, a conciliadores/as, facilitadores/as, neutrales, partes, representantes, asesores, al Director/a y al personal administrativo del Centro cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.
c. Los actos de descuido y abandono manifiestos hacia los co-conciliadores o co-facilitadores en el ejercicio de la actividad profesional.
d. Ser calificado negativamente por los usuarios en más de tres oportunidades, de conformidad con las encuestas de opinión por la calidad del servicio que el Centro implemente
e. Haber incurrido en falta leve dos o más veces en los últimos doce meses.

Artículo 86: Serán Faltas Muy Graves

  Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

a. La comprobación fehaciente de la comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de su función, así como los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la función profesional, de conformidad con lo que establezca el Colegio Profesional respectivo.
b. El atentado contra la dignidad u honor de las personas que constituyen parte del Centro, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, y contra los compañeros con ocasión del ejercicio profesional.
c. La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten el ejercicio de su función.
d. La comisión de una infracción grave, habiendo sido sancionado por la comisión de otras dos del mismo carácter y cuya responsabilidad no se haya extinguido.
e. El delito profesional y su encubrimiento.
f. Quien informare, divulgare innecesariamente información que comprometa la imparcialidad del conciliador/a, facilitador/a o neutral. g. Las faltas sancionadas por los Colegios Profesionales a que pertenezca. Cuando sean leves se podrán sancionar igualmente a juicio de la Junta Directiva.
h. La condena en sentencia firme con penas de más de tres años de delitos dolosos conforme al Código Penal.
i. El deliberado incumplimiento de las normas éticas y morales esenciales en el ejercicio de su función, cuando ello incida en el cumplimiento de sus funciones como conciliador/a, facilitador/a o neutral.

Artículo 87: De los neutrales miembros del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica

     Los conciliadores/as, facilitadores/as o neutrales que sean miembros del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica que incumplan cualquiera de las obligaciones y deberes éticos establecidos en el presente Título, podrán además, ser sujetos de procesos disciplinarios y sancionatorios de conformidad con el Código de Ética y de la Ley Orgánica del Colegio, vigentes a la fecha.

CAPÍTULO VII
SANCIONES DISCIPLINARIAS PARA EL DIRECTOR Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO

Artículo 88: De las sanciones disciplinarias del personal del Centro

      Además de estar obligados a cumplir con los deberes y obligaciones éticas establecidas en el presente Título, tanto el Director/a del Centro como el personal administrativo de este, estarán sujetos a las normas laborales, reglamentos y protocolos internos que el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica tenga vigentes.

CAPÍTULO VIII
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Artículo 89: Competencia de imponer sanciones

          Compete a la Junta Directiva del  Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica imponer la sanción, señalada en su Ley Orgánica, considerando las circunstancias del caso, los antecedentes del conciliador/a, facilitador/a o neutral acusado/a y el daño y los perjuicios causados.

Artículo 90: Del Consejo asesor y ético como órgano director

            El Consejo Asesor y Ético será el órgano director en todos los procedimientos disciplinarios que se establecieren contra los conciliadores/as, facilitadores/as, y neutrales, el Director/a y personal administrativo y recomendarán a la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica la sanción a imponer, quienes podrán separarse de la recomendación y sancionar según su criterio.

 Artículo 91: Medidas preventivas

           La Junta Directiva podrá ordenar, como medida preventiva, que un conciliador/a, facilitador/a o neutral, Director/a o personal administrativo sea suspendido cuando fuere condenado por delito a pena de prisión y/o de inhabilitación para cargos, oficios públicos o profesiones liberales. Dicha medida podrá mantenerse mientras el procedimiento administrativo disciplinario se encuentre en trámite. Tanto la resolución que ordene la medida preventiva, como la que ordena su prórroga tendrán recurso de revocatoria. La medida preventiva empezará a regir a partir de su notificación.

Artículo 92: De la denuncia

            Los procedimientos para la determinación de las infracciones se iniciarán de oficio o por denuncia escrita u oral ante el Centro, en éste último caso el Director/a levantará un escrito, en el que conste los motivos para la denuncia.

            En caso de que la denuncia sea en contra del Director/a del Centro, la misma deberá presentarse por escrito ante la Fiscalía. Se llevará a cabo el mismo procedimiento sancionatorio descrito para los neutrales.

Artículo 93: Requisitos de la denuncia

     La denuncia o, en su caso, el acto de apertura deberá contener:
a. La identificación del denunciante y del presunto infractor.
b. La dirección electrónica donde se practicarán las notificaciones pertinentes.
c. Los hechos denunciados expresados con claridad.
d. Referencia a los anexos que se acompañan, si es el caso.
e. Las firmas del o los denunciantes.
f. Cualesquiera otras circunstancias que permitan el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 94: Inicio del procedimiento

      El procedimiento se iniciará por el Consejo Asesor y Ético, mediante acto de apertura dictado por su Presidente o por el funcionario a quien éste delegue, que ordenará la formación del expediente.

        El acto de apertura deberá ser motivado y establecer con claridad los hechos imputados y las consecuencias que pudiesen desprenderse de la constatación de los mismos.

Artículo 95: Traslado de la denuncia

            Dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes, el Consejo Asesor y Ético del Centro, deberá notificar el acto de apertura al presunto infractor en la dirección electrónica que consta en el expediente personal que lleva el Centro, para que en un plazo de quince  días hábiles, haga sus manifestaciones y presente las pruebas que estime pertinentes para su defensa.

Artículo 96: Del expediente

            El Consejo Asesor y Ético formará el expediente -que podrá ser físico o digital-, el cual deberá contener los actos, documentos, declaraciones, experticias, informes y demás elementos de juicio necesarios para establecer la verdad de los hechos. Éste Consejo tendrá las más amplias potestades de investigación, respetando el principio de libertad de prueba y debido proceso.

            Cualquier particular interesado podrá presentar al expediente, los documentos que estime pertinentes a los efectos del esclarecimiento de los hechos.

Artículo 97: Facultades del Consejo Asesor y Ético

           El Consejo Asesor y Ético con el propósito de formular la debida instrucción del proceso, podrá realizar, entre otros, los siguientes actos:
a. Requerir de las personas relacionadas con el procedimiento, los documentos o informaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.
b. Emplazar a cualquier persona interesada que pudiese suministrar información relacionada con la presunta infracción.
c. Realizar u ordenar las inspecciones que considere pertinentes a los fines de la investigación.
d. Evacuar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
e. Realizar audiencias orales para evacuar las pruebas.

Artículo 98: Medidas Cautelares

            El Consejo Asesor y Ético, una vez iniciado el procedimiento, podrá adoptar las siguientes medidas cautelares:
a. Ordenar la suspensión inmediata, total o parcial, de las actividades presuntamente infractoras.
b. Ordenar la realización de actos o actividades provisionales hasta tanto se decida el asunto.

Artículo 99: Sobre la instrucción del expediente

            La instrucción del expediente deberá concluirse dentro del los treinta días hábiles siguientes al acto de apertura, pudiendo prorrogarse, por una sola vez, hasta por quince  días hábiles, cuando la complejidad del asunto así lo requiera.

            Instruido el proceso, el Consejo Asesor y Ético deberá analizar el expediente y elaborar la resolución de recomendación que remitirá a la Junta Directiva.

Artículo 100: Resolución de Recomendación

           En la resolución de recomendación  se determinará la existencia o no de las infracciones y en caso afirmativo, se recomendarán las sanciones correspondientes, así como de los correctivos a que hubiere lugar.

Artículo 101: Resolución definitiva

            La resolución definitiva de si existe o no infracción alguna por parte del neutral, del Director/a o personal administrativo así como las acciones correctivas y sanciones a aplicar corresponde dictarlas a la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica a la mayor brevedad posible.

            Dicha resolución será comunicada al Consejo Asesor y Ético a quien corresponderá comunicarlo formalmente al conciliador/a, facilitador/a o neutral, Director/a o personal administrativo procesado.

Artículo 102: Extinción de las sanciones

            La responsabilidad disciplinaria de los neutrales se extingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento del denunciado o sancionado, la prescripción de la falta y la prescripción de la sanción.

Artículo 103: De la Prescripción

Cuando los hechos imputados puedan constituir delito, la acción disciplinaria prescribe en los plazos de prescripción de la acción penal señalados en la normativa penal para ese delito.

Las demás faltas prescriben en dos años.

El cómputo del plazo de prescripción de la acción disciplinaria comenzará a correr a partir del momento en que quien se sienta afectado por una conducta, actuación u omisión de un neutral tenga conocimiento de ello y esté en posibilidad de denunciarlo.

La prescripción de la acción disciplinaria, en cualquiera de los casos anteriores, se interrumpe con la presentación de la denuncia ante el Centro, o ante la Fiscalía cuando corresponda, o con cualquiera de las actuaciones que con ocasión del trámite del procedimiento disciplinario se realicen posteriormente.

Si el procedimiento disciplinario se suspendiere mediante resolución razonada, se suspenderá el cómputo de la prescripción por el tiempo en que el procedimiento se encuentre suspendido.

La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, de forma individual para cada uno de los denunciados.

Artículo 104: Ejecución y publicidad de las sanciones

           Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez firmes, momento en que podrán hacerse públicas por los medios que el Centro considere pertinentes.

           El Centro comunicará a la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz lo que corresponda.  En el caso de que sea el Director/a del Centro el que resulte sancionado, dicha comunicación deberá hacerla la Fiscalía.

Artículo 105: De la suspensión del neutral

        La suspensión del conciliador/a, facilitador/a o neutral comenzará a regir a partir de su debida comunicación. Vencido el plazo de la sanción, quedará el neutral de pleno derecho habilitado para reanudar su actividad siempre y cuando cumpla con los requisitos para ser conciliador/a, facilitador/a o neutral, vigentes en ese momento.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 106: Competencia de la Junta Directiva. 

       Es competencia de la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, la interpretación de este Reglamento General para su aplicación.

Artículo 107: Modificaciones

            Este Reglamento sólo podrán ser reformado o derogado por acuerdo de la Asamblea General previa solicitud y recomendación de la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y elevado a la Asamblea General. Para estos efectos, la Junta Directiva solicitará recomendación y criterio técnico al Consejo Asesor y Ético.

Aprobado en la sesión ordinaria N°1748  celebrada el 24 de marzo 2021.
Aprobado en Asamblea General Extraordinaria N° 092-2021 celebrada el 14 de octubre 2021.
Publicado en el Diario La Gaceta, Alcance N°223 a la Gaceta N°212, fechado miércoles 03 de noviembre 2021.

NORMATIVA DE MÓVILES DENTALES O UNIDADES TRANSPORTABLES

Descargar aquí normativa

La Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, en su sesión
No. 1665 celebrada el día 01 de febrero del 2018, tomó el siguiente acuerdo que
literalmente expresa:
NORMATIVA DE MÓVILES DENTALES O UNIDADES TRANSPORTABLES
Artículo 1.- Sobre los requisitos a cumplir por las personas profesionales en
Odontología para inscribir las MÓVILES DENTALES O UNIDADES
TRANSPORTABLES:
1. Licenciado en Odontología incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de
Costa Rica.
2. Miembro activo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
3. Ser Regente de la Móvil Dental o Unidad Transportable.
4. Lista completa de los odontólogos que laboran para la Móvil Dental o Unidad
Trasportable que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente.
5. Certificado de habilitación del Ministerio de Salud al día.
6. Certificado de Recolección de Desechos Bioinfecciosos.
7. Regencia inscrita en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
8. Si la Unidad Móvil cuanta con Rayos X, deberá contar con el certificado de
calibración del rayos x, y el carné de operador de rayos x.
9. Datos completos de la Móvil Dental: Nombre de la Móvil Dental (mismo que el
utilizado en el Ministerio de Salud, contactos telefónicos, correo electrónico o
fax).
10. Declaración jurada protocolizada, de las Tarifas Mínimas con las que trabaja la
móvil dental o unidad transportable.
Artículo 2. De la aprobación e inclusión de las móviles dentales en el Registro
del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

1. Una vez entregados los requisitos solicitados, la Fiscalía del Colegio de
Cirujanos Dentistas procederá con la revisión de los documentos en un plazo de 30 días hábiles, integrando un expediente al efecto y dando conocimiento
a la Junta Directiva del Colegio para que se pronuncie en definitiva sobre el
particular.
2. La Unidad Móvil o Unidad Transportable que cumpla con cada uno de los
requisitos se le entregará un certificado de aprobación e inclusión de la
Unidad Móvil o Unidad Trasportable en el registro de Móviles Dentales o
Unidades Trasportables del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
3. El certificado tendrá la misma validez que indique el certificado de habilitación
del Ministerio de Salud en el momento que entrega los requisitos y deberá
ser renovado una vez que expire ese certificado de habilitación entregando
nuevamente los requisitos señalados en el punto I y II de la presente
normativa.
4. Si habiéndose cumplido los cinco años el odontólogo (a) no renueva el
certificado de aprobación, queda excluido del registro de móviles dentales o
unidades transportables.
Artículo 3. De los actos que excluyen a las MÓVILES DENTALES O
UNIDADES TRANSPORTABLES DEL REGISTRO y el procedimiento a seguir

1. Incumplimiento en las Tarifas Mínimas del Colegio de Cirujanos Dentistas de
Costa Rica.

2. Publicidad engañosa o que represente competencia desleal con los colegas.

3. Captación desleal de pacientes.

4. Incumplimiento en la Ley General de Salud, Leyes y Reglamentos del Colegio
de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

5. Falta de cumplimiento en los requisitos señalados en el punto I y II de la
presente normativa.

6. Vencimiento del Certificado de Aprobación e Inclusión en el Registro de
Móviles Dentales o Unidades Transportables del Colegio de Cirujanos
Dentistas de Costa Rica.
En caso de constatación de los incumplimientos anteriores se dará audiencia al
titular del registro o certificado de aprobación, para lo cual la instrucción del asunto
correrá a cargo de la Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas, garantizándose el
debido proceso mediante la aplicación del procedimiento sumario establecido en la
Ley n° 6227 del 02 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública. La
decisión final del asunto recae en la Junta Directiva del Colegio, para lo cual cabe
únicamente recurso de revocatoria ante esa instancia.

Reglamento de Fondo de Retiro Odontológico

Descargar aquí este reglamento

REGLAMENTO DEL FONDO DE RETIRO ODONTOLÓGICO
Capítulo I – Creación, Colegiados y Distribución de Responsabilidades

Artículo 1:

El presente Reglamento tiene por objeto regular el Fondo de Retiro Odontológico creado por disposición del artículo 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y que en este reglamento se llamará Fondo.

Artículo 2:

Todos los actuales colegiados del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica son miembros participantes del Fondo, lo mismo que aquellos que ingresen al Colegio antes de cumplir los 65 años de edad. Aquellas personas que ingresen al Colegio con más de 65 años, no podrán ser miembros ordinarios del Fondo de Retiro Odontológico, tampoco cotizarán para este Fondo.

Artículo 3:

Se establece la separación obligatoria de los activos y de la contabilidad de los Fondos del Colegio, así como de los activos de cualquier ente que participe en la administración del Fondo.

Para ello se deberá emplear la vía legal necesaria, que garantice la separación entre:

  1. Los activos contables del Fondo.
  2. Los activos contables del Colegio.
  3. Los activos de cualquier ente administrador que se contrate.

Artículo 4:

La Junta Directiva del Colegio es por disposición expresa de la Ley Orgánica del Colegio el ente que tiene la responsabilidad final y autoridad para controlar, manejar la operación y administración del Fondo.

La Junta Directiva está autorizada para delegar cualquiera de las siguientes funciones operativas, siempre que existan estudios técnicos de terceros que muestren las ventajas y conveniencia para el Colegio:

  1. El manejo e inversión de los activos del Fondo.
  2. La certificación de consolidación de derechos y pago de beneficios.
  3. El mantenimiento de los registros básicos de información y estadísticas.
  4. La contabilidad y elaboración de reportes financieros y estadísticos periódicos.

Para la delegación de cualquiera de estas funciones, se requerirá además de los estudios indicados, autorización de la Asamblea del Colegio.

La comunicación oficial con los participantes la realizará directamente la Junta Directiva del Colegio, salvo en el caso de informes que requieran apoyo externo.

Artículo 5:

La Junta Directiva tiene la obligación de contratar anualmente la auditoría externa del Fondo, y al menos cada tres años las evaluaciones actuariales, de acuerdo con lo que establece el artículo 23 de este reglamento.

Capítulo II – De los Beneficios y Requisitos

Artículo 6:

El Fondo de Retiro Odontológico ofrece un beneficio de retiro por jubilación al colegiado activo que alcance 65 años, siempre que no se encuentre inválido o con incapacidad y se encuentre al día en el pago de sus obligaciones con el Colegio. El colegiado que haya ingresado al Fondo después de los 55 años tendrá derecho al beneficio de los ¢2,250,000, siempre y cuando haya cotizado al menos diez años.

El beneficio de retiro corresponde a un capital de retiro, el cual se entrega al beneficiario una vez que cumpla con los requisitos administrativos que establezca el Colegio. El monto del beneficio dependerá de la antigüedad en la colegiatura de acuerdo con el siguiente detalle:

Años Contribuidos Monto del Beneficio
20 ¢2,250,000
21 ¢2,475,000
22 ¢2,700,000
23 ¢2,925,000
24 ¢3,150,000
25 ¢3,375,000
26 ¢3,600,000
27 ¢3,825,000
28 ¢4,050,000
29 ¢4,275,000
30 y más ¢4,500,000

 

Transitorio I:

Los montos establecidos en el artículo anterior serán aumentados a partir del 01 de enero de 2022, y por un plazo de cinco años en los siguientes montos:

Los ¢2,250,000, se aumentarán en ¢523,000 por año, hasta alcanzar los ¢4,865,000.

Los ¢2,475,000, se aumentarán en ¢532,560 por año, hasta alcanzar los ¢5,136,800.

Los ¢2,700,000, se aumentarán en ¢541,720 por año, hasta alcanzar los ¢5,408,000.

Los ¢2,925,000, se aumentarán en ¢551,080 por año, hasta alcanzar los ¢5,680,400.

Los ¢3,150,000, se aumentarán en ¢560,440 por año, hasta alcanzar los ¢5,952,200.

Los ¢3,375,000, se aumentarán en ¢569,800 por año, hasta alcanzar los ¢6,224,000.

El ¢3,600,000, se aumentará en ¢581,640 por año, hasta alcanzar los ¢6,508,200.

El ¢3,825,000, se aumentará en ¢593,480 por año, hasta alcanzar los ¢6,792,400.

El ¢4,050,000, se aumentará en ¢605,320 por año, hasta alcanzar los ¢7,076,600.

El ¢4,275,000, se aumentará en ¢617,160 por año, hasta alcanzar los ¢7,360,800.

El ¢4,500,000, se aumentará en ¢907,000 por año, hasta alcanzar los ¢9,035,000.

En todo caso, pasado los cinco años de transitoriedad, después de los treinta años de contribución el beneficio a pagar es de ¢9,035,000. Al final de los cinco años, los beneficios se pagarán según los años de colegiatura o contribuidos, de acuerdo con la siguiente tabla:

Años Contribuidos Monto del Beneficio
20 ¢4,865,000
21 ¢5,136,800
22 ¢5,408,600
23 ¢5,680,400
24 ¢5,952,200
25 ¢6,224,000
26 ¢6,508,200
27 ¢6,792,400
28 ¢7,076,600
29 ¢7,360,800
30 y más ¢9,035,000

 

Artículo7:

El reclamo de este beneficio se puede realizar en cualquier momento, después de haber cumplido los requisitos establecidos en el inciso anterior. Para realizar el reclamo se debe cumplir con los requisitos administrativos que impone el Colegio.

Revalorización de los beneficios y otros

Artículo 8:

La Junta Directiva someterá a la Asamblea General, una propuesta para el aumento en el monto del beneficio, con fundamento en lo siguiente:

  1. Cuando la Evaluación Actuarial del Fondo, comprobando el equilibrio o superávit actuarial en el largo plazo, cumpla con las siguientes condiciones:
  1. Haya contemplado los aumentos propuestos.
  2. Haya sido realizada por un actuario matemático, debidamente autorizado para ejercer la profesión en el país.
  3. Haya sido aprobada por la Junta Directiva del Colegio.
  1. Que los egresos del año en curso o siguiente, causados por la modificación propuesta hayan sido debidamente incluidos en el presupuesto anual correspondiente.

 Capítulo III –Del Financiamiento y Contribuciones

Artículo 9:

El financiamiento del Fondo de Retiro Odontológico se realiza mediante la capitalización colectiva completa y comprende los siguientes recursos financieros:

  1. Los fondos de reserva acumulados.
  2. La contribución mensual a cargo de cada colegiado, la cual no podrá ser inferior al 10% de la cuota de colegiatura establecida por la Asamblea General del Colegio. Los rendimientos financieros de los recursos.
  3. La suma que anualmente disponga la Junta Directiva que conforme a la Ley del Timbre Odontológico (Ley No 3752 del 4 de octubre de 1966) le corresponde al Fondo y no podrá ser menor al 20% de la recaudación total o entrega global.
  4. Los rendimientos generados por las inversiones del Fondo de Retiro Odontológico.
  5. Los rendimientos generados por las inversiones del Fondo de Mutualidad y Subsidio.
  6. Otros recursos a juicio de la Junta Directiva del Colegio.

Transitorio II

La cuota general de colegiatura se incrementará en ¢1,000 a partir del año 2022, de manera que, en cinco años, dicha cuota alcance el monto de los ¢15,500.

Artículo 10:

De la cuota de colegiatura se destinará al Fondo de Retiro Odontológico, el monto que defina la Asamblea General, siempre que no sea inferior al 10% indicado en el artículo 9 de este reglamento.

Artículo 11:

La Junta Directiva tiene la obligación de girar al Fondo la suma especificada en el artículo anterior de la cuota de colegiatura recaudada. Esto deberá hacerse en los primeros diez días hábiles del mes siguiente a la recaudación.

Artículo 12:

El pago de la cuota de colegiatura mensual es obligatorio conforme a la Ley Orgánica para todos los miembros del Colegio.

En caso de atrasos, se aplicará lo que dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 13:

Cuando alguno de los miembros del Fondo debe ausentarse del país, deberá seguir cubriendo la cuota que señala el artículo 33 de la Ley Orgánica por el tiempo que dure su ausencia. En el caso de que el colegido se atrase más de dos meses, se procederá conforme se indica en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Colegio.

Artículo 14:

El miembro que incurra en atrasos de más de dos meses podrá perder sus derechos como tal, sin responsabilidad alguna para el Fondo y el Colegio. En este caso, la Junta Directiva actuará conforme se indica en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Colegio.

En caso de suspensión del colegiado y revocatoria de la misma, el interesado deberá pagar las cuotas adeudadas con una tasa de interés igual a la obtenida por el Fondo en el periodo que tuvo el atraso.

Artículo 15:

El aporte de los miembros del Fondo se iniciará en el momento de la incorporación al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y terminará en las fechas de su muerte o en caso de invalidez o incapacidad, o cuando se acojan al beneficio de retiro del Fondo de Retiro Odontológico.

 Capítulo IV – De las Inversiones

Política de Inversiones

Artículo 16:

Los recursos financieros del Fondo de Retiro Odontológico deberán invertirse dando prioridad a la seguridad, liquidez, rentabilidad y diversificación de la cartera[1]. Las inversiones podrán realizarse en títulos del sector público y/o privado, y en colocaciones mediante préstamos a los colegiados, garantizados en un reglamento de crédito a los colegiados.

Corresponde a la Junta Directiva del Colegio, dictar el reglamento de crédito y la política y estrategias de inversión, las cuales deberán revisarse anualmente.

Artículo 17:

Los valores de toda clase que se adquieran por cuenta del Fondo deberán mantenerse en custodia en:

  1. Central de Valores de la Bolsa Nacional de Valores, supervisado por la SUGEVAL.
  2. Banco público o privado del Sistema Financiero Nacional, supervisado por la SUGEF.

Artículo 18:

Los recursos del Fondo deberán ser invertidos para el provecho de los participantes, procurando un adecuado equilibrio entre seguridad, rendimiento y liquidez, conforme a la política de inversiones que para tal efecto dicte la Junta Directiva.

La inversión de los recursos del Fondo podrá efectuarse sólo en:

  1. Valores emitidos, avalados o afianzados por el sector público y/o privado.
  2. Valores emitidos por entidades financieras supervisadas y autorizadas por la SUGEF.
  3. Préstamos personales, debidamente respaldados mediante garantía real, destinados al mejoramiento profesional de los miembros del Fondo.
  4. Financiamiento de proyectos de inversión del Colegio aprobados por Asamblea General.

Los valores indicados en los incisos a) y b) deben ser de oferta pública, estar debidamente autorizados y estar clasificados por una calificadora de riesgos debidamente autorizada y recomendados por el Comité de Inversiones.

Las prioridades, las garantías, el interés y las condiciones por las cuáles se rigen las operaciones mencionadas en el inciso c) del presente artículo deben especificarse en un reglamento de préstamos promulgado por la Junta Directiva.

Delegación de Funciones

Artículo 19:

En caso de que la Junta Directiva considere pertinente la delegación de funciones, deberá exigir por medio de contrato, responsabilidad solidaria y fiduciaria del ente administrador, cuando éste ejerza una actividad discrecional, realice la programación y control de inversiones, manejo de los recursos financieros o realice la administración en general de recursos del Fondo.

En todo caso el contrato deberá ser refrendado por el Auditor y la oficina Legal del Colegio.

 Capítulo V – De la Administración

Artículo 20:

La Junta Directiva tendrá la potestad de escoger el tipo de administración del Fondo dentro de la organización del Colegio o bien contratar los entes administrativos externos de reconocida solvencia moral y profesional, autorizados conforme a las leyes del país. En caso de que la Junta Directiva se decida por la contratación de ente externo, deberá informar sobre los alcances del contrato y ventajas para el Colegio a la Asamblea General.

Artículo 21:

La Junta Directiva dictará las disposiciones, directrices y procedimientos que considere necesario, con el fin de obtener la eficiente administración y manejo de los recursos del Fondo y la entrega oportuna de los beneficios estipulados en este reglamento.

Artículo 22:

La Junta Directiva deberá incluir en su informe anual a la Asamblea General Ordinaria del Colegio, un resumen sobre la situación financiero actuarial del Fondo, acompañado de los respectivos reportes financiero contables pertinentes, debidamente avalados por una auditoría externa.

Artículo 23:

La Junta Directiva del Colegio queda facultada para contratar los servicios profesionales externos necesarios para el debido planeamiento y control técnico actuarial del Fondo.

Artículo 24:

Todo pago por concepto de los beneficios que establece este reglamento se efectuará en los lugares designados por la Junta Directiva. En caso de que la persona interesada estuviere imposibilitada para recibir personalmente los beneficios que le corresponden, la Junta Directiva establecerá los requisitos y procedimientos para la realización del pago.

Artículo 25:

Las únicas circunstancias admitidas para que un colegiado salga del grupo de activos cotizantes del Fondo son: muerte, invalidez, incapacidad, acogerse al beneficio de este Fondo o renuncia que éste haga a los derechos de inscripción o derechos del Colegio.

Artículo 26:

El presente reglamento deroga el anterior aprobado según Acta número 79-2017 de Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 10 de agosto de 2017 y publicado en Diario Oficial La Gaceta número 212 de fecha 01 de setiembre de 2017, y cualquier otra disposición que se le oponga, sin perjuicio de los derechos adquiridos con base en este último y rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Reglamento del Fondo de Mutualidad y Subsidios

Descargar aquí este reglamento

REGLAMENTO DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO
Capítulo I – Creación, Colegiados y Distribución de Responsabilidades

Artículo 1:

El presente Reglamento tiene por objeto regular el Fondo de Mutualidad y Subsidio creado por disposición del artículo 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y que en este reglamento se llamará Fondo.

Artículo 2:

Todos los actuales colegiados del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica son miembros participantes del Fondo, lo mismo que aquellos que ingresen al Colegio antes de cumplir los 65 años de edad. Aquellas personas que ingresen al Colegio con más de 65 años de edad, no podrán ser miembros ordinarios del Fondo de Mutualidad y Subsidio, tampoco cotizarán para este Fondo.

Artículo 3:

Se establece la separación obligatoria de los activos y de la contabilidad de los Fondos del Colegio, así como de los activos de cualquier ente que participe en la administración del Fondo.

Para ello se deberá emplear la vía legal necesaria, que garantice la separación entre:

  1. Los activos contables del Fondo.
  2. Los activos contables del Colegio.
  3. Los activos de cualquier ente administrador que se contrate.

Artículo 4:

La Junta Directiva del Colegio es por disposición expresa de la Ley Orgánica del Colegio el ente que tiene la responsabilidad final y autoridad para controlar, manejar la operación y administración del Fondo.

La Junta Directiva está autorizada para delegar cualquiera de las siguientes funciones operativas, siempre que existan estudios técnicos de terceros que muestren las ventajas y conveniencia para el Colegio:

  1. El manejo e inversión de los activos del Fondo.
  2. La certificación de consolidación de derechos y pago de beneficios.
  3. El mantenimiento de los registros básicos de información y estadísticas.
  4. La contabilidad y elaboración de reportes financieros y estadísticos periódicos.

Para la delegación de cualquiera de estas funciones, se requerirá además de los estudios indicados, autorización de la Asamblea del Colegio.

La comunicación oficial con los participantes la realizará directamente la Junta Directiva del Colegio, salvo en el caso de informes que requieran apoyo externo.

Artículo 5:

La Junta Directiva tiene la obligación de contratar anualmente la auditoría externa del Fondo, y al menos cada tres años las evaluaciones actuariales, de acuerdo con lo que establece el artículo 26 de este reglamento.

Capítulo II – De los Beneficios y Requisitos

Artículo 6:

El Fondo de Mutualidad y Subsidio del Colegio ofrece beneficios en caso de invalidez o incapacidad y en caso de muerte del colegiado activo menor de 65 años. Todo colegiado que deja o dejó de ser activo a partir del 07 de agosto de 2020, sin importar la edad en que fallezca, tendrá derecho al beneficio por muerte.

El beneficio en caso de muerte corresponde a un capital de defunción, equivalente a ¢3,000,000.

El beneficio en caso de invalidez o incapacidad corresponde a una indemnización en un solo pago, el cual depende del número de años contribuidos al Fondo de acuerdo con el siguiente detalle:

Años Contribuidos Monto del Beneficio
De 3 a menos de 20 años ¢2,250,000
De 20 a menos de 25 años ¢2,700,000
De 25 a menos de 30 años ¢3,600,000
De 30 años y más ¢4,500,000

Estos montos serán revisados cada vez que se realice el estudio actuarial del Fondo, o bien cuando la Junta Directiva así lo considere.

El beneficio será entregado al colegiado que le corresponda, cuando se cumpla con los requisitos determinados por el Colegio.

Transitorio I:

Los montos establecidos en el artículo anterior serán aumentados a partir del 01 de enero de 2022, y por un plazo de cinco años en los siguientes montos:

Los ¢2,250,000, se aumentarán en ¢523,000 por año, hasta alcanzar los ¢4,865,000.

Los ¢2,700,000, se aumentarán en ¢711,000 por año, hasta alcanzar los ¢6,255,000.

Los ¢3,600,000, se aumentará en ¢809,000 por año, hasta alcanzar los ¢7,645,000.

Los ¢4,500,000, se aumentará en ¢907,000 por año, hasta alcanzar los ¢9,035,000.

 Requisitos para acceder a beneficios de invalidez o incapacidad

Artículo 7:

Tendrá derecho al beneficio de invalidez o incapacidad, aquel miembro activo menor de 65 años, que haya contribuido al menos durante 3 años al Fondo, que no se encuentre moroso con la cuota al Fondo, y que demuestre a satisfacción de la Junta Directiva que se encuentra imposibilitado para el ejercicio de su profesión, por causa de invalidez o incapacidad.

Artículo 8:

Todo miembro del Colegio participante del Fondo que sufra de algún tipo de invalidez que lo incapacite para ejercer la profesión y que desee acogerse a los beneficios del Fondo, hará una solicitud escrita a la Junta Directiva o al ente por ella designado, quien actuará de la siguiente manera:

Si el solicitante trabaja con alguna institución y por lo tanto se encuentra cubierto por el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, el Colegio le asignará el beneficio por invalidez o incapacidad, en el momento en que la Caja Costarricense de Seguro Social lo declare inválido o el Instituto Nacional de Seguros reconozca la incapacidad y reciba el beneficio correspondiente, por parte de alguna de las dos instituciones.

Si el solicitante se ha dedicado únicamente a la práctica privada, no habiendo cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Junta Directiva nombrará una comisión médica pagada por el Colegio, para que vierta el dictamen correspondiente.

Además, el miembro que solicite el beneficio por invalidez o incapacidad de acuerdo con este reglamento deberá someterse al reconocimiento médico que designe la Junta Directiva, cuando ésta así lo considere. El incumplimiento de esta obligación podrá a juicio de la Junta, denegar el beneficio establecido en este reglamento.

El plazo para realizar el reclamo del beneficio por invalidez o incapacidad prescribe en un año después de la fecha en que fue declarado inválido o incapacitado, o bien si la Junta logra determinar por medio de la comisión médica que la persona se había invalidado o incapacitado un año atrás de la solicitud.

 Requisitos para acceder a beneficios en caso de muerte

Artículo9:

Todo colegiado activo deberá nombrar al menos un beneficiario para el caso de fallecimiento, el cual debe estar debidamente anotado en los formularios especiales que para tal efecto suministra el Colegio.

Si el miembro que fallece no hubiese designado el o los beneficiarios, el pago correspondiente se hará a los herederos legales o testamentarios.

El plazo para realizar el reclamo del beneficio por muerte prescribe un año después de la fecha en que se produjo el fallecimiento del colegiado. Para realizar el reclamo se debe cumplir con los requisitos administrativos que impone el Colegio.

 Revalorización de los beneficios y otros

Artículo 10:

La Junta Directiva someterá a la Asamblea General, una propuesta para el aumento en el monto de los beneficios en caso de invalidez o muerte, con fundamento en lo siguiente:

  1. Cuando la Evaluación Actuarial del Fondo, comprobando el equilibrio o superávit actuarial en el largo plazo, cumpla con las siguientes condiciones:
  1. Haya contemplado los aumentos propuestos.
  2. Haya sido realizada por un actuario matemático, debidamente autorizado para ejercer la profesión en el país.
  3. Haya sido aprobada por la Junta Directiva del Colegio.
  1. Que los egresos del año en curso o siguiente, causados por la modificación propuesta hayan sido debidamente incluidos en el presupuesto anual correspondiente.

 Artículo 11:

Con el fin de respaldarse de manera adecuada en caso de un accidente o tragedia colectiva marítima, aérea, terrestre, otro, el Fondo de Mutualidad y Subsidio, contratará un estudio actuarial con el fin de establecer el monto del beneficio para los colegiados que cumplan con los requisitos, este estudio deberá garantizar la continuidad del Fondo, a la vez entregando un beneficio justo y suficiente a los perjudicados de la tragedia

 Capítulo III –Del Financiamiento y Contribuciones

Artículo 12:

El financiamiento del Fondo de Mutualidad y Subsidio se realiza mediante la capitalización colectiva completa y comprende los siguientes recursos financieros:

  1. Los fondos de reserva acumulados.
  2. La contribución mensual a cargo de cada colegiado, la cual no podrá ser inferior al 10% de la cuota de colegiatura establecida por la Asamblea General del Colegio
  3. La suma que anualmente disponga la Junta Directiva que conforme a la Ley del Timbre Odontológico (Ley No 3752 del 4 de octubre de 1966) le corresponde al Fondo y no podrá ser menor al 10% de la recaudación total o entrega global.
  4. Otros recursos a juicio de la Junta Directiva del Colegio.

Los rendimientos generados por las inversiones del Fondo de Mutualidad y Subsidio serán trasladados al Fondo de Retiro Odontológico que administra el Colegio.

 Artículo 13:

De la cuota de colegiatura se destinará al Fondo de Mutualidad y Subsidio, el monto que defina la Asamblea General, siempre que no sea inferior al 10% indicado en el artículo 12 de este reglamento.

Artículo 14:

La Junta Directiva tiene la obligación de girar al Fondo la suma especificada en el artículo anterior de la cuota de colegiatura recaudada. Esto deberá hacerse en los primeros diez días hábiles del mes siguiente a la recaudación.

Artículo 15:

El pago de la cuota de colegiatura mensual es obligatorio conforme a la Ley Orgánica para todos los miembros del Colegio. Cuando un colegiado activo alcance los 65 años, estará exento del pago de las contribuciones al Fondo de Mutualidad y Subsidio.

En caso de atrasos, se aplicará lo que dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 16:

Cuando alguno de los miembros del Fondo debe ausentarse del país, deberá seguir cubriendo la cuota que señala el artículo 33 de la Ley Orgánica por el tiempo que dure su ausencia. En el caso de que el colegido se atrase más de dos meses, se procederá conforme se indica en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Colegio.

Artículo 17:

El miembro que incurra en atrasos de más de dos meses podrá perder sus derechos como tal, sin responsabilidad alguna para el Fondo y el Colegio. En este caso, la Junta Directiva actuará conforme se indica en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Colegio.

En caso de suspensión del colegiado y revocatoria de la misma, el interesado deberá pagar las cuotas adeudadas con una tasa de interés igual a la obtenida por el Fondo en el periodo que tuvo el atraso.

Artículo 18:

El aporte de los miembros del Fondo se iniciará en el momento de la incorporación al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y terminará en las fechas de su muerte o en caso de invalidez o incapacidad, o cuando se acojan al beneficio de retiro del Fondo de Retiro Odontológico por alcanzar los 65 años de edad.

 Capítulo IV – De las Inversiones

Política de Inversiones

Artículo 19:

Los recursos financieros del Fondo de Mutualidad y Subsidio deberán invertirse dando prioridad a la seguridad, liquidez, rentabilidad y diversificación de la cartera. Las inversiones podrán realizarse en títulos del sector público y/o privado, y en colocaciones mediante préstamos a los colegiados, garantizados en un reglamento de crédito a los colegiados.

Corresponde a la Junta Directiva del Colegio, dictar el reglamento de crédito y la política y estrategias de inversión, las cuales deberán revisarse anualmente.

Artículo 20:

Los valores de toda clase que se adquieran por cuenta del Fondo deberán mantenerse en custodia en:

  1. Central de Valores de la Bolsa Nacional de Valores, supervisado por la SUGEVAL.
  2. Banco público o privado del Sistema Financiero Nacional, supervisado por la SUGEF.

Artículo 21:

Los recursos del Fondo deberán ser invertidos para el provecho de los participantes, procurando un adecuado equilibrio entre seguridad, rendimiento y liquidez, conforme a la política de inversiones que para tal efecto dicte la Junta Directiva.

La inversión de los recursos del Fondo podrá efectuarse sólo en:

  1. Valores emitidos, avalados o afianzados por el sector público y/o privado.
  2. Valores emitidos por entidades financieras supervisadas y autorizadas por la SUGEF.
  3. Préstamos personales, debidamente respaldados mediante garantía real, destinados al mejoramiento profesional de los miembros del Fondo.
  4. Financiamiento de proyectos de inversión del Colegio aprobados por Asamblea General.

Los valores indicados en los incisos a) y b) deben ser de oferta pública, estar debidamente autorizados y estar clasificados por una calificadora de riesgos debidamente autorizada y recomendados por el Comité de Inversiones.

Las prioridades, las garantías, el interés y las condiciones por las cuáles se rigen las operaciones mencionadas en el inciso c) del presente artículo deben especificarse en un reglamento de préstamos promulgado por la Junta Directiva.

Delegación de Funciones

Artículo 22:

En caso de que la Junta Directiva considere pertinente la delegación de funciones, deberá exigir por medio de contrato, responsabilidad solidaria y fiduciaria del ente administrador, cuando éste ejerza una actividad discrecional, realice la programación y control de inversiones, manejo de los recursos financieros o realice la administración en general de recursos del Fondo.

En todo caso el contrato deberá ser refrendado por el Auditor y la oficina Legal del Colegio.

 Capítulo V – De la Administración

 Artículo 23:

La Junta Directiva tendrá la potestad de escoger el tipo de administración del Fondo dentro de la organización del Colegio o bien contratar los entes administrativos externos de reconocida solvencia moral y profesional, autorizados conforme a las leyes del país. En caso de que la Junta Directiva se decida por la contratación de ente externo, deberá informar sobre los alcances del contrato y ventajas para el Colegio a la Asamblea General.

Artículo 24:

La Junta Directiva dictará las disposiciones, directrices y procedimientos que considere necesario, con el fin de obtener la eficiente administración y manejo de los recursos del Fondo y la entrega oportuna de los beneficios estipulados en este reglamento.

Artículo 25:

La Junta Directiva deberá incluir en su informe anual a la Asamblea General Ordinaria del Colegio, un resumen sobre la situación financiero actuarial del Fondo, acompañado de los respectivos reportes financiero contables pertinentes, debidamente avalados por una auditoría externa.

Artículo 26:

La Junta Directiva del Colegio queda facultada para contratar los servicios profesionales externos necesarios para el debido planeamiento y control técnico actuarial del Fondo.

Artículo 27:

Todo pago por concepto de los beneficios que establece este reglamento se efectuará en los lugares designados por la Junta Directiva. En caso de que la persona interesada estuviere imposibilitada para recibir personalmente los beneficios que le corresponden, la Junta Directiva establecerá los requisitos y procedimientos para la realización del pago.

Artículo 28:

Las únicas circunstancias admitidas para que un colegiado salga del grupo de activos cotizantes del Fondo son: muerte, invalidez, incapacidad, acogerse al beneficio del Fondo de Retiro Odontológico o renuncia que éste haga a los derechos de inscripción o derechos del Colegio.

Artículo 29:

El presente reglamento deroga el anterior aprobado según Acta número 79-2017 de Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 10 de agosto de 2017 y publicado en Diario Oficial La Gaceta número 212 de fecha 01 de setiembre de 2017, y cualquier otra disposición que se le oponga, sin perjuicio de los derechos adquiridos con base en este último y rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Resolución Sobre Obligados Tributarios Ante La Administración Tributaria

Descargar aquí este reglamento

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN RESOLUCIÓN SOBRE OBLIGADOS TRIBUTARIOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Resolución  DGT-­‐R-­‐21-­‐2014.—San  José,  a  las  doce  horas  con  diecisiete  minutos  del  cinco  de mayo de dos mil catorce.

Considerando:

1º—Que el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios -­‐en adelante Código Tributario-­‐, faculta a la Dirección General de Tributación a dictar normas generales tendientes a lograr la correcta aplicación de las normas tributarias, dentro de los límites que fijen las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, así como aprobar las resoluciones, instrucciones o directrices que resulten oportunas para el logro de los objetivos de la Dirección.

2º—Que en cumplimiento del artículo 103 del Código Tributario, la Administración Tributaria está facultada para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por todos los medios y procedimientos legales, para ello los contribuyentes, declarantes o informantes están en la obligación no solo de contribuir con los gastos públicos, sino además de brindarle a la Administración Tributaria toda la información que requiera para la correcta fiscalización y recaudación de los tributos. En razón de lo anterior, el artículo 104 del Código Tributario faculta a la Administración Tributaria a requerir al contribuyente la presentación de los libros, los archivos, los registros contables y toda otra información de trascendencia tributaria que se encuentre impresa en forma de documento, en soporte técnico o registrado por cualquier otro medio tecnológico. Asimismo, el artículo 105 del citado Código establece que toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración Tributaria, la información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, deducida de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas.

Por su parte, el artículo 128 del Código Tributario dispone que los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y en especial deben, cuando así lo dispongan las leyes o los reglamentos o lo exija la Administración Tributaria, presentar las declaraciones tributarias correspondientes, así como la documentación y la información de trascendencia tributaria, misma que además de facilitar las labores de control y verificación por medio del cruce masivo de datos destinados a detectar incumplimientos en las obligaciones tributarias, se convierte en una herramienta que permite elaborar análisis estadísticos que apoyarán las decisiones técnico-­‐políticas de las autoridades tributarias.

3º—Que el artículo 76 del Reglamento de Procedimiento Tributario, denominado “Facultades de la Administración Tributaria”, establece que esta puede utilizar todos los recursos necesarios para el cumplimiento de las potestades otorgadas por el Ordenamiento Jurídico, incluyendo los medios tecnológicos que se encuentren disponibles y que le permitan hacer más eficiente y eficaz su labor, en el logro de una correcta percepción, fiscalización, control y cobro de los tributos. Para ello la utilización de dichos recursos tiene como propósito la implementación, ejecución de sistemas, procedimientos eficientes de planificación, coordinación y control, para lograr al máximo el cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones tributarias, por parte de los obligados tributarios y la detección oportuna de los incumplimientos de las obligaciones tributarias, conforme al artículo 75 de la  misma normativa.

En razón de lo anterior, los artículos 41, 42 y 43 del Reglamento citado, autorizan a la Administración Tributaria a solicitar la información que sea necesaria para el cumplimiento de los propósitos ya mencionados y realizar actuaciones propias del control tributario.

Estas actuaciones tienen su origen en el control tributario al que está obligada a cumplir la Administración Tributaria, conforme lo ordena el artículo 99 del Código Tributario, control que se entiende como aquel que esta ejerce mediante procesos masivos o selectivos llevados a cabo, con el fin de ejercer acciones preventivas y/o correctivas para gestionar y fiscalizar los tributos.

Para ello, la Administración Tributaria dispone de facultades que le permiten acceder a información necesaria para cumplir fines exclusivamente tributarios, dentro de las que se encuentra la información que es propia de los sujetos pasivos establecidos en el artículo 15 del Código Tributario (contribuyentes y responsables), así como respecto de la que  deben disponer los sujetos que mantienen relaciones económicas con dichos sujetos pasivos y que para el caso de la obligación de ceder información, cumplen un papel de informantes.

4º—En virtud de lo indicado, en atención a los principios de seguridad jurídica y legalidad que rigen las actuaciones de la Administración Pública, resulta necesario aclarar quienes son los obligados tributarios en cuanto al Impuesto sobre la Renta y de forma general respecto de otros impuestos y su deber de proveer la información necesaria con el objeto de acreditar las situaciones jurídicas tributarias que les conciernan, así como el deber de no impedir a la Administración Tributaria el ejercicio de las facultades de las cuales es titular, de conformidad con el Ordenamiento Jurídico.

5º—Que en acatamiento del artículo 174 del Código Tributario se publicó la presente resolución en el sitio Web http://dgt.hacienda.go.cr, en la sección “Proyectos”, antes de su dictado y entrada en vigencia, a efectos de que las entidades representativas de carácter general, corporativo o de intereses difusos tuvieran conocimiento del proyecto y pudieran oponer sus observaciones, en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación  del primer aviso en el Diario Oficial.

En el presente caso, el primer y segundo aviso fueron publicados en La Gaceta números 47 del 7 de marzo de 2014 y 48 del 10 de marzo de 2014, respectivamente. Por tanto,

RESUELVE:

Obligados tributarios ante la Administración Tributaria

Artículo Único.—Los siguientes sujetos de Derecho constituyen obligados tributarios ante la Administración Tributaria.

Para tales efectos, en la presente resolución se entenderán los siguientes términos así:

Obligados Tributarios: Son aquellas personas físicas, jurídicas o entes colectivos sin personalidad jurídica instrumental a quienes una norma de carácter tributario impone la obligación del cumplimiento de una determinada prestación u obligación, que puede ser de carácter pecuniario o no pecuniario; ya sea, entre otros, en su condición de declarantes, contribuyentes, responsables, agentes de retención o percepción, sucesores de la deuda tributaria u obligados a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración Tributaria.

Los obligados tributarios se clasifican en los siguientes:

Contribuyentes. Son las personas respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria establecida por ley, pudiendo recaer dicha condición: a) En las personas físicas, prescindiendo de su capacidad, según el Derecho Civil o Comercial; b) En las personas jurídicas, en los fideicomisos y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho; y c) En las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional.

Contribuyentes del Impuesto sobre la Renta: Son las personas físicas o jurídicas que realicen en el territorio nacional actividades o negocios de carácter lucrativo, con independencia de su nacionalidad o domicilio y en el caso de las personas jurídicas, del lugar de su constitución, de reunión de sus juntas directivas o de celebración de los contratos, asimismo, los entes que se dediquen a la prestación privada de servicios de educación universitaria, independientemente de la forma jurídica adoptada. Es decir, los contribuyentes del artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Debe mencionarse que también son contribuyentes algunos sujetos específicos que por así establecerlo la ley, sus utilidades son consideradas objeto del Impuesto sobre las Utilidades, a pesar de originarse en actividades económicas que no persiguen el lucro, tales como son los entes sujetos por disposición de la Ley N° 7722 del 9 de diciembre de 1997, denominada Ley de Sujeción de Instituciones Estatales al Pago del Impuesto sobre la Renta.

Así, son contribuyentes las siguientes instituciones públicas:

Instituto Costarricense de Electricidad, b) Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, c) Compañía Nacional de Fuerza y Luz, d) Empresa de Servicios Públicos de Heredia e) Banco Central de Costa Rica f) Banco Crédito Agrícola de Cartago, g) Banco Nacional de Costa Rica, h) Banco de Costa Rica, i) Banco Popular y de Desarrollo Comunal, j) Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, k) Instituto Nacional de Seguros, l) Fábrica Nacional de Licores, ll) Refinadora Costarricense de Petróleo, m) Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, n) Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.

Contribuyentes en otros impuestos: Son los que así define la norma legal de fondo que establece el tributo.

Declarantes: Los declarantes son los sujetos respecto de los cuales no surge la obligación tributaria, por así haberlo dispuesto la ley tributaria al haberle dado una categoría de “no sujeto” o “exento del impuesto”, pero que a pesar de ello, en razón de otras obligaciones tributarias está obligado a presentar la declaración de impuestos que establezca la Ley, a fin de constituir un insumo en el control tributario.

De esta manera, la condición de declarante no es equivalente a la de contribuyente. Así, se puede afirmar, que no todo declarante es contribuyente, ni todo contribuyente es declarante, como por ejemplo, las retenciones en la fuente establecidas en el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el que el agente retenedor es el responsable de presentar la declaración, no así el contribuyente.

Los declarantes se categorizan conforme a la ley que crea tal obligación y de acuerdo con el impuesto que los origina:

Declarantes en el Impuesto sobre la Renta: Son declarantes los contribuyentes y responsables mencionados en el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, independientemente de la cuantía de las rentas brutas obtenidas y aun cuando estas estén total o parcialmente exentas o no sujetas por disposición de ley a pagar el impuesto.

En el caso específico del Impuesto a las Utilidades todas aquellas entidades que se encuentren dentro de los casos que establece el artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cualquier otra ley que lo categorice como sujeto exento o no sujeto, se constituyen en obligados tributarios.

Ahora bien, de los supuestos establecidos en el artículo de referencia, tienen el deber de presentar la declaración tributaria del Impuesto a las Utilidades, los siguientes sujetos:

Sujetos exentos:

Empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas, b-­‐) Cooperativas c-­‐) cualquier otro sujeto que ostente una exención subjetiva otorgada por Ley.

Entidades no sujetas:

Asociaciones civiles que agremien a pequeños o medianos productores agropecuarios de bienes  o  servicios,  b-­‐)  Fundaciones,  c-­‐)  Partidos  Políticos,  d-­‐)  Cámaras,  e-­‐)  Sindicatos  y  f-­‐) demás entidades sin fines de lucro a que se refiere el artículo 3 de la ley, que por disposición reglamentaria son declarantes.

Al respecto, no están obligados a declarar el Impuesto a las Utilidades los siguientes entes no sujetos a este impuesto, incluidos en el artículo 3 de la norma citada:

El Estado, entendido como Gobierno Central (Ministerios) b) Municipalidades, c) Instituciones autónomas y semiautónomas del Estado que por ley especial gocen de exención, así como las universidades estatales.

Declarantes en otros impuestos: a.-­‐En el caso de los demás impuestos que conforman cédulas del Impuesto sobre la Renta (Impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión u otras remuneraciones por servicios personales y cualquier otro impuesto que así lo disponga la Ley) se debe entender que son declarantes cualquiera de los sujetos anteriormente descritos, en el tanto ostenten la categoría de obligados tributarios en su modalidad de responsables (ente retenedor), debiendo  presentar  la  declaración  tributaria  correspondiente.  b.-­‐En  cualquier  otro  impuesto diferente a los contemplados en la Ley del Impuesto sobre la Renta, permanece el deber de declarar, según lo establezca esa ley específica.

Informantes: Son todas aquellas personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, obligadas por el ordenamiento jurídico a proporcionar a la Administración Tributaria, la información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, deducida de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas y que estén sujetas a las obligaciones de los artículos 103, 104, 105, 106, 106 bis, 107 y 108 del Código Tributario.

En su condición de informante, este se constituye en obligado tributario respecto de la información solicitada por la Administración Tributaria, sea a través de un requerimiento individualizado dirigido directamente al informante o por medio de suministros generales, en virtud de una obligación general establecida. En el primer caso, el informante es responsable de proporcionar la información en relación con su situación tributaria, la de un sector económico o de un grupo determinado de obligados tributarios o de un sujeto pasivo específico. En el caso de la información por suministros generales, la información a proporcionar en una declaración surge de una obligación establecida en una norma general, la cual debe ser presentada en forma periódica, mediante las diferentes declaraciones informativas que establezca la Administración Tributaria.

La información de trascendencia tributaria o previsiblemente pertinente es toda aquella información que se requiera para la administración, determinación, cobro o verificación de cualquier impuesto, exención, remesa, tasa o gravamen o cuando pueda ser útil para el procedimiento de fiscalización o para la determinación de un eventual incumplimiento en materia tributaria de naturaleza penal o administrativa.

Asimismo, implica la información que directa o indirectamente conduzca al control, verificación, gestión y fiscalización de tributos a cargo de la Administración Tributaria, para efectos del cumplimiento del artículo 99 del Código Tributario.

Responsables: Son los sujetos que responden por el cumplimiento de ciertas obligaciones, dentro de las que se encuentra el pago de la obligación tributaria una vez transcurridos los plazos legales establecidos en los artículos 40 y 144 del Código Tributario.

Estos se pueden clasificar en dos grupos:

Responsables por deuda propia: Son los sujetos de Derecho respecto de los cuales se ha verificado el hecho generador de la obligación tributaria, es decir, es el contribuyente del impuesto.

Responsables por deuda ajena: Son los sujetos que a pesar de no tener el carácter de contribuyentes la ley expresamente los obliga al pago de la deuda tributaria, utilizando para ello el patrimonio que administra o del que disponen y que es propiedad del contribuyente. Así, para efectos de la ejecución de deudas tributarias, los siguientes sujetos son responsables por deuda ajena:
a) Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces;
b)Los representantes legales de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida;
c) Los fiduciarios de los fideicomisos y los que dirijan, administran o tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de personalidad jurídica propia;
d) Los mandatarios, respecto de los bienes que administren y dispongan;
e) Los curadores de quiebras o concursos, respecto de los bienes que administren y dispongan;
f) Los representantes de las sociedades en liquidación, respecto de los bienes que administren y dispongan;
g) Los albaceas de las sucesiones, por los bienes que administren;

Otros casos especiales de responsabilidad por deuda ajena: Los responsables solidarios. Los responsables solidarios por deuda ajena son los sujetos de derecho que deben responder con su patrimonio propio y no con el patrimonio del contribuyente, respecto de las deudas tributarias liquidas y exigibles que estén a favor del Fisco y que se originan en una obligación tributaria por la cual se ha verificado el hecho generador del tributo.

Son responsables solidarios, los siguientes:
a) Quienes, con ocasión del traspaso de un establecimiento mercantil, adquieran del sujeto pasivo, por cualquier concepto, la titularidad de bienes o el ejercicio de derechos por las deudas tributarias del anterior titular, hasta por el valor de tales bienes o derechos.
b) Los socios y accionistas de sociedades liquidadas, al momento de ser liquidadas, por las deudas líquidas y exigibles de la sociedad, hasta por el valor de tales bienes o derechos recibidos en la liquidación.
c) Los propietarios de las empresas individuales de responsabilidad limitada, según lo establecido en el artículo 25 del Código Tributario.
d) Los agentes de retención o percepción, como únicos responsables ante el Fisco cuando han efectuado la retención por el importe retenido o percibido; y si no realiza la retención o percepción responde solidariamente; salvo que prueben ante la Administración Tributaria que el contribuyente ha pagado el tributo.
e) Cualquier otro caso establecido expresamente por disposición legal.

En el caso de las personas enunciadas en los incisos a) y b), la responsabilidad solidaria abarca las deudas tributarias del anterior titular, una vez que devenguen líquidas y exigibles.

d) Otros casos de responsabilidad solidaria: Son responsables solidarios los patronos, entidades u oficinas públicas o privadas que realicen los pagos cuando no ejecuten el embargo preventivo, teniendo el deber de hacerlo o no depositen lo retenido, por motivo de un embargo decretado por la Oficina de Cobros del Ministerio de Hacienda para que se retenga a favor del Fisco los salarios, dietas, pensiones, jubilaciones, comisiones y cualquier otra remuneración o crédito en dinero efectivo que deba percibir o en el que fuere acreedor el deudor.

Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese.—Carlos Vargas Durán, Director General.—1 vez.—O. C. Nº 3400020956.—Solicitud Nº 15246.—(IN2014039298).

Publicado en La Gaceta N° 123 del 27 de junio del 2014.

Código Electoral

Descargar aquí este reglamento

  1. CODIGO ELECTORAL PARA LA ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
    COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA.

     

    TÍTULO I
    TRIBUNAL ELECTORAL

    Artículo 1  

    SUS ATRIBUCIONES

    El Tribunal Electoral del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, en adelante el Tribunal Electoral, es un órgano independiente y autónomo de los demás órganos del Colegio, y a cuyo cargo está todo lo concerniente al proceso electoral de Junta Directiva.

    Corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral convocar, organizar, dirigir el proceso, vigilar la propaganda y todo lo relacionado con el sufragio y en general velar por el buen desempeño del proceso electoral y verificar que se desarrolle apegado a las leyes y reglamentos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, así como a la Constitución Política, leyes del país y a las normas éticas de la profesión, garantizando la transparencia y confiabilidad del sistema que se utilice para ejercer el voto, para lo cual puede nombrar delegados y cualquier otro personal de apoyo necesario.

    Artículo 2

    SU CONSTITUCIÓN

    El Tribunal Electoral está constituido por cinco miembros propietarios y dos suplentes elegidos por la Asamblea General del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. En ambos casos el nombramiento debe hacerse respetando la normativa sobre paridad de género establecida en la legislación nacional y la alternancia de los puestos por sexo.

    Los propietarios y los suplentes serán nombrados por cuatro años, pudiendo ser reelectos por una única vez. Cuando un miembro propietario deje de ser miembro del Tribunal Electoral por cualquier motivo, el mismo Tribunal elegirá el sustituto por el resto del período. Los miembros del Tribunal Electoral serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria que se celebre en año impar cuando corresponda hacer la elección y tomarán posesión de sus cargos el primer día hábil del mes de enero siguiente.

    El Tribunal Electoral nombrará entre sus miembros propietarios al Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal I, los miembros suplentes sustituirán las ausencias temporales  de los propietarios y también las ausencias definitivas, esta designación la hará el Tribunal Electoral y regirá hasta que se haga el nuevo nombramiento. El Vicepresidente presidirá las reuniones del Tribunal Electoral en caso de ausencia del Presidente.

    La condición de miembro, propietario o suplente del Tribunal Electoral, se perderá cuando deje de asistir a tres sesiones seguidas o cinco alternas durante el período para el que fue electo y no haya presentado la correspondiente justificación en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día en que se celebró la sesión a la que no asistió.

    Ninguno de los miembros del Tribunal Electoral podrá tomar partido con alguna papeleta inscrita, ni ser candidato; en tal caso deberá renunciar a su cargo a más tardar el último día hábil del mes de julio del año electoral.

     Artículo 3

    DEBERES Y OBLIGACIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL

    El Tribunal Electoral debe incluir en el presupuesto general del Colegio una partida suficiente para que pueda cubrir sus necesidades y destinar dentro de la partida una suma suficiente para hacer una campaña de motivación adecuada en todas las elecciones.

    El Tribunal convocará a elecciones en el mes de julio de cada año.

    Un mes antes de las elecciones:

    1. Publicará los lugares de recepción de votos.
    2. Declarará integradas las Juntas Receptoras.
    3. Informará y capacitará a los votantes sobre el mecanismo de elección y cómo realizar el voto.
    4. Dará a conocer a los candidatos, electores y Juntas Receptoras el manual del usuario o cualquier otro método de ayuda visual para la utilización de los medios electrónicos de votación cuando esta modalidad estuviere aprobada por la Asamblea General.
    5. Elaborará en orden alfabético por apellido, las listas definitivas de los sufragantes (padrón electoral general) y deberá entregarlas 15 días hábiles antes de las elecciones a las Juntas Receptoras y grupos contendientes.
    6. Comunicará a todos los colegiados al menos dos semanas antes, el cierre definitivo del padrón electoral de manera tal que los colegiados tengan la oportunidad de poner al día sus obligaciones con el Colegio y de esta manera poder ser incluidos en el mismo.

     

    Artículo 4

    El Tribunal Electoral tiene la autonomía para decidir sobre cualquier situación que se presente en el transcurso del proceso electoral, aunque no esté contemplada en el Código Electoral, siendo sus decisiones de acatamiento obligatorio.

    Contra lo resuelto por el Tribunal Electoral cabe únicamente Recurso de Reconsideración (Revocatoria), el cual debe interponerse dentro de las 48 horas siguientes a la resolución del Tribunal.   Este debe ser razonado y resuelto por el Tribunal Electoral dentro del plazo de 48 horas posteriores al recibo del recurso.

    Toda resolución dictada por el Tribunal Electoral en los días en que se realiza el proceso electoral puede ser reconsiderada y resuelta en el acto.

    TÍTULO II

    MATERIAL ELECTORAL

    Artículo 5

    IMPRESIÓN Y ENTREGA DE PAPELETAS

    El Tribunal Electoral ordenará imprimir la cantidad suficiente de papeletas y tendrán como mínimo los siguientes requisitos:

    1. Todas serán de igual forma, tamaño y con fotografía de cada candidato.
    2. La lista de candidatos y el puesto a elegir irá en columna vertical para cada grupo contendor.
    3. Debajo de la lista de cada grupo contendor habrá un cuadro donde se marcará el voto con una equis.
    4. Las papeletas serán marcadas con un sello de color del Tribunal Electoral.
    5. En su parte posterior tendrá las líneas impresas para las firmas del Presidente o el suplente de la Junta Receptora de votos y los Fiscales nombrados por los grupos contendientes.
    6. Se decidirá la ubicación de los candidatos en la papeleta por sorteo en presencia de un representante de cada papeleta.

     

    Artículo 6

    SOBRE EL DOCUMENTO ELECTORAL

    El documento electoral es aquel donde se consigna la apertura, incidencias y cierre de votación.
    Consta de:

    1. Un Acta de Apertura
    2. Un Acta de Cierre de Votación
    3. Un Acta de Conteo de Votos y resultados de la elección.

     

    Artículo 7

    ENVÍO DE MATERIAL ELECTORAL A LAS JUNTAS RECEPTORAS.

    Cinco días hábiles antes del proceso electoral las juntas receptoras regionales deben poseer el material electoral y la siguiente documentación (paquete electoral):

    1. Lista definitiva de electores (padrón registro)
    2. Papeletas electorales
    3. Documento electoral.
    4. Bolígrafo azul para la emisión del voto.
    5. Urna para el voto.
    6. Papel goma para el sellado de la urna.
    7. Sobre de manila para el envío de la documentación electoral al Tribunal Electoral.
    8. Guía Electoral
    9. Hoja de inventario del material enviado.
    10. Cualquier otro que el Tribunal Electoral considere conveniente.

     

    TÍTULO III
    SOBRE LOS ELECTORES Y CONDICIONES PARA SER ELEGIDOS

    Artículo 8

    Son electores los Odontólogos inscritos en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica que se encuentren incorporados en el padrón electoral definitivo y no estén suspendidos.

    En caso de que las elecciones se lleven a cabo de manera virtual mediante tecnologías informáticas, la fecha límite para la incorporación del odontólogo al padrón electoral será ocho días naturales antes del día de la elección.

    Artículo 9

    FORMA DE EMITIR EL VOTO

    El voto es un acto secreto y voluntario, absolutamente personal, emitido en forma directa y ante una Junta Receptora o por cualquier otro medio aprobado por la asamblea general y avalado por el Tribunal Electoral.

    El Tribunal Electoral está facultado para implementar formas diferentes de emitir el voto incluyendo las electrónicas, que permitan garantizar el acceso universal del voto a los colegiados, siempre y cuando previo a la elección se haya verificado la seguridad electrónica del sistema por parte de una empresa especializada y se garantice la confiabilidad de que el voto será emitido de forma personal, secreta y voluntaria, utilizando una computadora, tableta electrónica, teléfono celular inteligente u otro medio con conexión y acceso a internet.

    Artículo 10

    SOBRE EL SUFRAGIO

    El Odontólogo ejercerá el derecho del sufragio, en la Junta Receptora de la Sede Central o cualquier Junta Receptora autorizada por el Tribunal electoral o emitiendo su voto por otros medios autorizados incluyendo el voto electrónico si este estuviera aprobado por la asamblea general.

    Artículo 11

    PUESTOS A ELEGIR 

    Los puestos a designar en cada elección son: en los años impares se eligen Presidente, Vicepresidente y Dos Vocales y en los años pares se eligen Secretario, Tesorero y Fiscal.

    Ningún profesional en odontología empleado del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica podrá tomar partido con alguna papeleta inscrita, ni ser candidato. Si desea hacerlo deberá renunciar al cargo en el momento en que la papeleta sea inscrita.

     

    TITULO IV
    JUNTAS RECEPTORAS.

    Artículo 12

    Los organismos electorales son:

    1. Tribunal Electoral.
    2. Juntas Receptoras.

     

    Artículo 13

    La sede del Tribunal Electoral y las Juntas Receptoras son:

    1. Para el Tribunal Electoral la Junta Receptora es la Sede Central del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
    2. Para las demás Juntas Receptoras las sedes son las designadas por el Tribunal Electoral.

    Artículo 14

    APERTURA DE LOS PAQUETES ELECTORALES

    Las Juntas Receptoras por convocatoria del Presidente de esa Junta se reunirán una hora antes de empezar las votaciones, abrirán y contarán el material y documentación electoral.

    Deberán comunicar al Tribunal Electoral cualquier faltante para que se subsane la omisión. Esta comunicación se hará por medio de correo electrónico de seguridad, a una cuenta que para tal efecto tendrá el Tribunal Electoral o en su defecto vía telefónica.  Si todo estuviera correcto se firmará la hoja de inventario a que hace referencia el artículo 7.

    Artículo 15

    Habrá Juntas Receptoras de votos en todos aquellos lugares que cuenten con Filiales Odontológicas inscritas en el Colegio como tales, en la sede del Colegio y en los lugares que el Tribunal Electoral designe.

    Artículo 16

    La Junta Receptora de votos de la Sede del Colegio de Cirujanos Dentistas está integrada por el propio Tribunal Electoral.

    Por orden del Tribunal las Filiales deben nombrar un Presidente y un Suplente, para el proceso electoral.

    Artículo 17

    Corresponde a las juntas receptoras de votos:

    1. Designar un espacio adecuado para la emisión del voto secreto.
    2. Entregar cada papeleta firmada al elector.
    3. Supervisar que el voto de los electores sea depositado en la urna.
    4. Hacer el escrutinio de votos recibidos
    5. Llenar el documento electoral.
    6. Comunicar el resultado del escrutinio al Tribunal Electoral por vía telefónica o vía electrónica.
    7. Enviar el material electoral en sobre cerrado y firmado, por correo certificado a: Tribunal Electoral, Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, Apartado Postal No 698, San José, por encomienda o entregarlo personalmente en el transcurso de ocho días naturales inmediatos al día de las votaciones.
    8. El encargado y responsable del material, documentación electoral y urna de votación es el Presidente de la Junta Receptora de votos o su suplente.
    9. Toda otra función que expresamente les encomiende el Tribunal Electoral.

    Artículo 18

    Las Juntas Receptoras iniciarán su labor con cualquier número de sus miembros que se presente, y si solo uno estuviese asumirá la función de Presidente Ad-hoc, debiendo reportar en forma inmediata la situación al Tribunal Electoral y dejando la constancia respectiva en el documento electoral.

    TÍTULO V
    DE LOS GRUPOS CONTENDORES.
    ORGANIZACIÓN

    Artículo 19

    La participación en el proceso electoral y la integración de las papeletas es libre, debiéndose sujetar únicamente a las disposiciones de este Código y las del Tribunal Electoral.

    Para la inscripción de una papeleta se debe cumplir con los siguientes requisitos:

    1. Calidades de los integrantes de la papeleta: nombre, apellidos, cédula de identidad, código de colegiado, fotografía tamaño pasaporte, rigiéndose la integración de la papeleta por el principio de paridad de género, que implica que todas las nóminas colectivas estarán integradas por un cincuenta por ciento de mujeres y un cincuenta por ciento de hombres, y en nóminas impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. Igualmente debe utilizarse el mecanismo de alternancia por género (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la papeleta.
    2. Plan de Trabajo
    3. Signos externos y colores que identifiquen a cada papeleta
    4. El nombre del Fiscal General del partido y su suplente.
    5. Certificación de la Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, que indique que están a derecho con todas las obligaciones que tienen para con el Colegio y que no poseen sanción vigente emitida por ningún órgano del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

    Esta documentación debe entregarse al Tribunal Electoral en horas laborales cualquier día hábil del mes de agosto. El Tribunal está facultado para analizar e investigar el expediente de cada uno de los integrantes de las diferentes papeletas, previo a aprobar su inscripción.

     

    TITULO VI
    PROPAGANDA Y FISCALIZACIÓN

    Artículo 20

    Toda forma de propaganda se encuentra sometida a las siguientes disposiciones:

    1. Únicamente pueden hacer propaganda las papeletas que se encuentren debidamente inscritas ante el Tribunal Electoral.
    2. La propaganda electoral de las papeletas podrá iniciar una vez que el Tribunal Electoral apruebe la documentación presentada y terminará 24 horas antes de la apertura de las urnas o de las votaciones.
    3. Los grupos contendores no pueden utilizar en ninguna forma ni el escudo, ni los colores oficiales del Colegio.
    4. Durante el proceso electoral ninguno de los grupos contendores puede autoproclamarse como papeleta oficial.
    5. Cada partido debe tener uno o dos colores oficiales en su propaganda debidamente autorizados por el Tribunal Electoral, y no pueden ser iguales al de las otras papeletas, ni los de la bandera de Costa Rica.
    6. La propaganda expondrá los planes de trabajo y el currículo de los odontólogos que integran las diferentes papeletas y ésta debe ser ética y de altura, resaltando los valores de la profesión.
    7. No se permite ningún tipo de patrocinio de personas jurídicas públicas o privadas en la propaganda, ni la participación de éstas en el proceso electoral.
    8. Los electores si pueden patrocinar cualquier tipo de propaganda o actividad y el Tribunal tiene facultades para recabar, investigar y fiscalizar estos patrocinios.
    9. Queda terminantemente prohibido fuera del período electoral que corresponda, cualquier tipo de proselitismo masivo o campaña pública a través de correos electrónicos, impresos masivos, redes sociales y similares.

    Artículo 21

    El Colegio de Cirujanos Dentistas no puede realizar, ni patrocinar ninguna actividad quince días antes del día de las elecciones tanto dentro como fuera de sus instalaciones.  Se exceptúa la Carrera del Odontólogo.

    Artículo 22

    Los grupos contendientes tienen derecho a fiscalizar el proceso electoral mediante personas debidamente acreditadas ante el Tribunal Electoral, que serán nombradas como Fiscales Generales y Fiscales de Mesa.

    Los miembros de las Juntas Directivas de las Filiales Regionales no pueden ser nombrados Fiscales de ningún tipo ante el Tribunal Electoral.

    Los Fiscales de Mesa deben ser nombrados quince días naturales antes de las elecciones para poder entregarles las credenciales, pudiendo ser nombrados nuevos fiscales de mesa, con autorización del Tribunal Electoral, hasta el mismo día de las elecciones en caso de imposibilidad de asistir el fiscal o su suplente previamente nombrados, por emergencia o por apertura de nuevas Juntas Receptoras por parte del Tribunal Electoral dentro del período comprendido dentro de los quince días naturales antes de las elecciones.

    Artículo 23

    Los fiscales generales y los fiscales de mesa de los grupos contendores pueden participar abiertamente durante todo el proceso electoral incluso el día de las elecciones.

     Artículo 24

    Los fiscales generales y de mesa tienen derecho a:

    1. Realizar los reclamos que juzguen pertinentes, por escrito ante el Tribunal Electoral, hasta cinco días hábiles después del escrutinio.
    2. Permanecer en el recinto electoral mientras se cumpla con los artículos 22 y 25.
    3. Solicitar a la Junta Receptora de votos una certificación firmada del resultado de la votación.

    Artículo 25

    En el recinto de las Juntas Receptoras se permitirá la presencia de un fiscal por cada grupo contendor. Si el Fiscal propietario no asistiere o se ausentare, lo sustituirá el respectivo suplente.

    Artículo 26

    La acreditación de todos los fiscales será emitida por el Tribunal Electoral mediante una certificación.

     

    TITULO VII
    CONVOCATORIA, VOTACION, ESCRUTINIO Y ELECCION.

    Artículo 27

    La convocatoria a elección la hará el Tribunal Electoral en la segunda quincena del mes de julio de cada año y la publicará en un medio escrito de circulación nacional, en correo masivo y en la Página Web del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

    ENCABEZADO DE LA PUBLICACION:

    EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL COLEGIO DE CIRUJANOS
    DENTISTAS DE COSTA RICA

     

    En cumplimiento de las disposiciones del Art. 28 del Código Electoral convoca a elecciones que se celebrarán el primer sábado y domingo del mes de noviembre en la sede del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, y en las demás Juntas Receptoras solamente el día sábado.

    De acuerdo con el artículo 19 las papeletas, los planes de trabajo y los signos externos deben presentarse ante la Secretaría del Tribunal Electoral, en los días hábiles del mes de agosto para su respectiva aprobación e inscripción.

    Artículo 28

    Si solo se inscribiera una papeleta, se prescinde de la elección, haciéndolo constar así el Tribunal Electoral ante la Asamblea General para que esta proceda conforme al artículo 39 del presente Código.

    En caso que no se presente ninguna papeleta, el Tribunal Electoral convocará inmediatamente después del último día hábil del mes de agosto, a nuevas elecciones, dando un plazo de quince días naturales a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria, para proceder a la inscripción de papeletas.

    Cuando la inscripción de la papeleta sea denegada por el Tribunal Electoral, el partido deberá subsanar los defectos señalados por el Tribunal en un plazo no mayor a 48 horas a partir de su notificación.

     TITULO VIII
    CONDICIONES DE LAS JUNTAS RECEPTORAS

    Artículo 29

    La Junta Receptora se acondicionará de modo que ofrezca todas las garantías necesarias para ejercer el derecho al voto en forma secreta por parte del elector.

    Artículo 30

    La urna electoral se coloca frente a la mesa de trabajo de la Junta Receptora, de modo que pueda tenerlo bajo su vigilancia.

    Artículo 31

    Las votaciones deben efectuarse sin interrupción, durante el tiempo comprendido entre las ocho horas y las diecisiete horas del primer domingo del mes de noviembre en todas las Juntas Receptoras de todo el país, o si la votación es por medios electrónicos esta se mantendrá activa ininterrumpidamente durante este mismo periodo.

    Artículo 32

    Los miembros de las Juntas Receptoras tienen la obligación de presentarse al local designado para la votación, el día de las elecciones a las siete horas, con el objetivo de que la votación pueda iniciarse una hora después.

    Artículo 33

    Si durante la votación se ausentara un miembro de la mesa, será sustituido por un suplente. Si fuese el Presidente y no tuviese suplente, el Tribunal Electoral nombrará un coordinador Ad-Hoc, entre los miembros de la Junta Receptora. Estas incidencias se deben anotar al margen del Padrón-Registro.

    Artículo 34

    Antes de iniciarse la votación, los miembros de la Junta que estén presentes procederán a abrir y revisar el material electoral a fin de consignar en el Documento Electoral el número de papeletas recibidas y llenar el acta.

     Artículo 35

    1. Cada elector presentará su documento de identificación (cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o carné del Colegio) vigente y en buen estado para corroborarlo.
    2. Se entregará la papeleta debidamente firmada por los miembros de la Junta (Presidente o Suplente de la Junta Receptora) y los Fiscales que se encuentren presentes. Si el voto es electrónico, el elector emite su voto desde el dispositivo electrónico de su preferencia utilizando las credenciales enviadas por el Tribunal Electoral para tal efecto.
    3. En el caso de uso de papeletas físicas las firmas se estampan en uno de los extremos al dorso de cada papeleta, de modo que quedan visibles al ser doblada por el elector antes de introducirla en la urna.
    4. El elector emitirá su voto en forma secreta marcando con lapicero una x en la casilla de su elección o seleccionando la opción elegida en el medio electrónico de su preferencia previa identificación con sus credenciales virtuales suministradas oportunamente por el Tribunal Electoral.
    5. El uso de las credenciales virtuales es responsabilidad única y exclusiva de cada colegiado, quien deberá conservar la confidencialidad y secreto del voto.
    6. En caso que el elector por alguna razón abra la papeleta y muestre su voto, el mismo quedará nulo en forma inmediata.
    7. Se podrá hacer el voto público en caso de incapacidad física del votante (acompañado), pero deberá hacerse en presencia de los miembros de la Junta Receptora de votos y de los fiscales de cada grupo participante, siempre y cuando estén presentes.

     

    Artículo 36

    Una vez emitido el voto, el Presidente de la Junta Receptora le indicará al elector que firme en el Padrón-Registro.

    En caso de que el voto se emita de forma remota de forma electrónicamente, la participación de la persona queda registrada en el sistema y se invalida automáticamente cualquier otro intento de emisión de voto prescindiéndose de la firma del padrón registro.

     Artículo 37

    Terminada la recepción de votos según el horario, la Junta procederá de la siguiente manera:

    1. Se anota el número de electores que hubiere votado en el recuadro respectivo del acta del cierre de votación.
    2. Se anota la cantidad de papeletas sobrantes.
    3. Se abren las urnas y el Presidente revisa las firmas a las que se refiere el artículo 34.
    4. Se separan las papeletas en grupos según sea el caso de votos nulos, votos en blanco y de diferentes grupos contendores.
    5. Se contabilizan los votos y se anotan en el recuadro del acta final, consignando los datos que ella exija firman esta acta todos los miembros de la Junta Receptora (Presidente o Suplente de la Junta Receptora) y los Fiscales presentes.
    6. El padrón registro, el material sobrante y toda la documentación electoral se coloca en el sobre correspondiente.
    7. Se comunica el resultado por teléfono, fax o correo electrónico al Tribunal Electoral y se envía el sobre según el artículo 17.
    8. En caso de que las elecciones se lleven a cabo de forma virtual, el cierre de la elección es automático y los resultados son registrados de forma inmediata por el mismo sistema informático, por esta razón la Junta Receptora solo reportará en el acta de cierre el número de electores que hubiere votado en dicha sede y cualquier incidente relevante para el proceso electoral, cumplirá así mismo con los incisos f y g de este mismo artículo 37.

    TITULO IX
    DECLARATORIA DE ELECCIÓN.

    Artículo 38

    El Tribunal Electoral, iniciará el escrutinio con el material electoral de su Junta Receptora y sumará los datos recibidos por teléfono, fax u otros medios electrónicos de todas las Juntas Receptoras y obtendrá el resultado provisional de las elecciones.

    Cuando la elección se realiza de forma electrónica, una vez cerrado el sistema, éste generará los reportes necesarios que permitan determinar el resultado provisional de la votación.

    Después tendrá 8 días hábiles para revisar todo el material electoral y dar la declaratoria definitiva de la elección.

    Artículo 39

    Una vez obtenido el resultado de las elecciones, éste se hará del conocimiento público y se presentará a la Asamblea General Ordinaria del mes de diciembre procediéndose a la juramentación de los miembros de la papeleta electa por el Presidente del Tribunal Electoral o cualquiera de sus miembros en su ausencia en caso de que ninguno estuviera presente serán juramentados por quien presida esa Asamblea General y tomarán posesión de sus cargos el 1° de enero siguiente.

    La Asamblea General acatando la decisión de la mayoría o las disposiciones del presente Código en el caso en que únicamente se hubiere presentado una papeleta, procederá a nombrar a los nuevos miembros de la Junta Directiva, de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

    Si en las elecciones se presentara empate, entre dos o más papeletas, así lo declarará el Tribunal Electoral. Los miembros presentes en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el mes de diciembre procederán a la elección por votación secreta entre las papeletas que hubieran empatado.  Si el empate persiste después de la votación hecha por la Asamblea General, se tendrá por ganadora la papeleta encabezada por el candidato de mayor edad, sea el candidato a Presidente cuando se elige éste o el Secretario en la elección en que se elige éste.

    TITULO X
    TRANSGRESIONES Y PENALIDADES.

    Artículo 40

    Los candidatos y representantes de los partidos políticos, así como los colegiados que incumplan o violen cualquier disposición de este Código, podrán ser denunciados ante el Tribunal Electoral o en su defecto éste podrá actuar de oficio, pudiendo imponer las siguientes sanciones:

    a.- Cuando la falta sea cometida por los candidatos, fiscales, miembros de mesa o cualquier representante oficial de los partidos contendientes, violentándose lo dispuesto por cualquiera de los incisos del artículo 19 de este código, el Tribunal ordenará la suspensión de toda propaganda del partido infractor por dos días, de reincidirse en falta hasta por cinco días y finalmente si persiste se le podrá suspender la difusión de toda propaganda hasta por diez días, dependiendo en estos dos últimos casos de la gravedad de la falta; sin perjuicio de lo que proceda ante el Tribunal de Honor contra los infractores, si además pudiesen constituir faltas éticas y/o morales.

    b.- Cuando la falta sea cometida por los candidatos, fiscales, miembros de mesa o cualquier representante oficial de los partidos contendientes, con el fin de alterar o entorpecer de cualquier forma el resultado de la elección, el Tribunal suspenderá toda propaganda del partido infractor de  cinco a diez  días, dependiendo de la gravedad de la falta; de reincidir o persistir en falta el mismo partido se anulará su papeleta  sin que pueda continuar participando en el proceso electoral; sin perjuicio de lo que proceda ante el Tribunal de Honor en contra de los infractores, si además pudiesen constituir faltas éticas y/o morales.

    c.- Cuando por motivo del proceso electoral cualquier colegiado violente una norma de este código, el Tribunal Electoral deberá someterlo a conocimiento y trámite del Tribunal de Honor del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica para lo de su cargo.

    Cuando no sea posible imponer las sanciones de suspensión de días de propaganda a los partidos infractores por cuestiones temporales, el Tribunal Electoral podrá imponer una sanción económica al partido infractor, consistente para las infracciones señaladas en el inciso a.- en un salario base oficinista cuando la suspensión sea de dos días, dos salarios base oficinista cuando la suspensión sea hasta por cinco días y tres salarios base oficinista cuando la suspensión sea hasta por diez días; en el caso del inciso b.- la sanción económica cuando sea de días de suspensión de propaganda será de cuatro salarios base oficinista. En todos los casos estas sanciones económicas o multas deberán ser canceladas antes del día de las elecciones por los partidos infractores, de lo contrario quedarán excluidos de participar en el proceso electoral.

    El Tribunal Electoral podrá de oficio someter al indicado Tribunal de Honor cualquier falta cometida que considere violatoria a la Ley Orgánica del Colegio.

    El Tribunal de Honor del Colegio en estos casos actuará de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo VIII de la Ley Orgánica, imponiendo la sanción disciplinaria correspondiente a la gravedad de la falta cometida.

    Artículo 41

    El presente Código Electoral deroga en su totalidad y sus reformas y cualquiera otra disposición de igual valor que se le oponga, aprobado en la Asamblea General Extraordinaria No.49 celebrada el 31 de mayo del 2011 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 20 de junio del 2011.

    El presente Código Electoral fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria No.090 celebrada el 05 de mayo 2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 27 de mayo 2021.

Reglamento Protección contra Radiaciones Ionizantes

Descargar aquí este reglamento

Nº 24037-S

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE SALUD

 

En uso de la facultad que otorgan los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política; de conformidad con el artículo 16 de la Ley Básica de Energía Atómica para Usos Pacíficos, Nº 4383, del 18 de agosto de 1969 y artículos 1, 2, 63, 72, 139, 146, 239, 246, 247, 248, 249, 250, 275, 345, inciso 9) y 369 la Ley General de Salud, del 30 de octubre de 1973.

 

Considerando:

 

1º.- Que el empleo de las radiaciones ionizantes ha experimentado un constante aumento en las últimas décadas, y el desarrollo científico y tecnológico continúa abriendo nuevas posibilidades de aplicación.

 

2º.- Que los beneficios derivados del uso de las radiaciones ionizantes, están claramente evidenciados, pero además, existe prueba de los riesgos y daños para la salud y el medio ambiente que ocasionan ciertos niveles de radiación, cuando no se adoptan adecuadas medidas de protección.

 

3º.- Que tanto la Ley Básica de Energía Atómica para Usos Pacíficos como la Ley General de Salud, han contemplado normas fundamentales para controlar el empleo de las radiaciones ionizantes, en resguardo de la salud y seguridad de la población, delegando dichas leyes la regulación de múltiples aspectos, mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria.

 

4º.- Que las nuevas recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, en materia de Protección Radiológica han sufrido cambios de fondo importantes.

 

5º.- Que el actual Reglamento de Protección contra las Radiaciones Ionizantes, decreto ejecutivo Nº 11366 SPPS, publicado en «La Gaceta» Nº 98 del 23 de mayo de 1980, se encuentra obsoleto por los cambios tecnológicos a nivel internacional.

 

Por tanto,

 

DECRETAN:

 

El siguiente:

 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

 

IONIZANTES

 

CAPITULO I

 

Disposiciones Generales

 

Artículo 1º.- Del objeto: El presente Reglamento tiene por objeto establecer los criterios tendientes a proteger la salud de la población de los riesgos radiológicos que puedan derivarse del empleo de las radiaciones ionizantes y actividades afines. Establece los requisitos que deberán cumplir las instalaciones radiactivas, equipos emisores de radiaciones ionizantes, personal que trabaja en ellas, opere los equipos y realice cualquier otra actividad afín como lo son: producción, importación, exportación, transporte, transferencia de material radiactivo o equipos generadores de radiaciones ionizantes.

La finalidad del presente Reglamento es asegurar la protección del personal ocupacionalmente expuesto, así como a la población en general, contra los eventuales efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

 

Artículo 2º.- Del alcance: Su alcance comprende a todas las personas naturales y jurídicas, que realicen actividades o que estén relacionadas con las radiaciones ionizantes, dentro del territorio nacional, así como sus bienes y el medio ambiente.
Artículo 3º.- El presente reglamento establece los requisitos que se deberán cumplir para iniciar toda actividad relacionada en forma directa o indirecta con la emisión de radiaciones ionizantes, así como a la instalación e inicio de operaciones de instalaciones radiactivas y para el uso de equipos generadores de radiaciones ionizantes, para todo lo cual se deberá contar previamente con la autorización de la autoridad competente, según la designa este reglamento.

 

Artículo 4°-El representante del Ministerio de Salud ante la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica, será un funcionario técnico de la Autoridad Competente definida en el artículo 7° del presente Reglamento.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 5º.- Se prohíbe la importación y uso en el país de fuentes radiactivas de radio 226 con fines de tratamientos médicos.

 

Artículo 6º.- De las definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: Autoridad Competente: autoridad designada o reconocida por el Ministerio de Salud para los fines específicos relacionados con la seguridad radiológica y nuclear.

 

Bulto: Embalaje con su contenido radiactivo tal como se presenta para el transporte.

 

Ciclo anual dosimétrico: Período establecido por la autoridad competente durante el cual se controlará que no se superen los límites de dosis establecidos en el presente reglamento.

 

Comisión: Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.

 

Dosis efectiva: Suma ponderada de las dosis equivalentes recibidas en los distintos órganos.

 

Dosis equivalente: Energía transferida por un determinado tipo de radiación ionizante a la unidad de masa de un tejido u órgano dado.

 

Entidad Pública Autorizada: Toda Institución que brinde servicios asociados a la Protección Radiológica, a la población, previamente autorizada por la autoridad competente.

 

Embalaje: Conjunto de todos los componentes necesarios para alojar completamente el contenido radiactivo, como por ejemplo: uno o varios recipientes, materiales absorbentes, estructuras de separación, blindajes, dispositivos de amortiguamiento, refrigeración, absorción y cualesquiera otros.

 

Exposición: Término empleado en protección radiológica tanto en un sentido cuantitativo, específicamente definido, como en sentido general:

 

  1. a) Sentido general: Acción de someter, estar sometido o expuesto, tanto personas como material, a las radiaciones ionizantes Sinónimo de Irradiación.

 

  1. b) Sentido Cuantitativo: Ionización del aire, producida por radiación electromagnética, por unidad de masa.

 

Exposición especial planificada: Aquella que pueda derivarse de una emergencia, accidente, o mantenimiento o actividad de una instalación de forma tal que la probabilidad de exceder los límites anuales de dosis es muy alta. La intervención, en estas exposiciones debe estar de acuerdo a un plan preestablecido y la situación hace justificable e imprescindible tal intervención.

 

Equipos generadores de Radiaciones Ionizantes: Dispositivo capaz de emitir, controladamente radiaciones ionizantes.

Fuente sellada: Fuente radiactiva cuya estructura de contención es tal que impide, en condiciones normales de empleo, toda dispersión de material radiactivo al medio ambiente.

 

Fuente no sellada (léase también fuente abierta): Fuente radiactiva que, por su forma física, puede dispersarse en el medio ambiente. Su estructura de contención no asegura la no dispersión.

 

Grupo crítico: Personas del público cuya exposición es razonablemente homogénea y característica de los individuos que reciben las más altas dosis equivalente o dosis efectiva, procedentes de una determinada fuente.

 

Historial dosimétrico: Documento, o conjunto de ellos, que certifican las dosis recibidas por una persona expuesta a las radiaciones ionizantes, durante toda su vida laboral.

 

Indice de transporte: Número único asignado a un bulto sin embalar que se utiliza para controlar el nivel de exposición a las radiaciones ionizantes. Expresa el máximo nivel de radiación a la distancia de un metro de las superficies externas del bulto, medida en mSv/h y multiplicado por un factor 100.

 

Instalación radiactiva: Lugar que alberga equipos destinados a la utilización, producción, fabricación, tratamiento, manipulación o almacenamiento de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes.

 

Justificación: Término empleado en protección radiológica que establece, como principio, que la autoridad competente no debe autorizar ninguna práctica que se traduzca en una exposición del ser humano a las radiaciones, a menos que la introducción de dicha práctica produzca un beneficio neto positivo.

 

Limite: Valor de una magnitud que no debe sobrepasarse.

 

Limite Anual de Incorporación (LAI): Es un límite secundario para la irradiación ocupacional interna y es el menor valor de la incorporación de un radionucleido determinado en un año, por el hombre de referencia, que se traduciría o, en una dosis efectiva integrada durante 50 años de 50 mSv, o bien en una dosis equivalente integrada durante 50 años de 150 mSv en el cristalino, o de 500 mSv en cualquier órgano o tejido.

 

O.I.E.A : Abreviación para indicar al Organismo Internacional de Energía Atómica.

 

Operador: Persona autorizada, por la autoridad competente, para realizar actividades directamente vinculadas a la operación de fuentes radiactivas o equipos emisores de radiaciones ionizantes, en condiciones de seguridad radiológica.

 

Optimización: Concepto que impone que el diseño y uso de fuentes emisoras de radiaciones ionizantes y las prácticas correspondientes, deben ser tales que se tenga la seguridad que las exposiciones se reduzcan al valor más bajo que sea razonablemente posible, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales.

 

Personal expuesto: Ver Trabajador expuesto

Público general: Miembros de la población, excluyendo al trabajador expuesto y grupo crítico.

 

Radiaciones Ionizantes (Radiaciones): Radiación de energía suficientemente alta, capaz de producir pares de iones en una materia o en materias biológicas.

 

Responsable de la Protección Radiológica: Persona natural perteneciente al cuerpo técnico de una instalación donde se utilicen radiaciones ionizantes, quien ejercerá labores en el campo de la protección radiológica, independientemente de sus labores como técnico.

 

Sección: (Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Sievert (Sv): Unidad empleada para la dosis equivalente, puede presentarse en submúltiplos miliSievert (mSv).

 

Titular de la licencia de funcionamiento: Persona natural o jurídica a la cual la autoridad competente le ha otorgado una autorización para realizar, actividades específicas con fuentes o equipos emisores de radiaciones ionizantes.

 

Trabajador expuesto: Persona que realiza actividades directamente o indirectamente vinculadas con el uso o manipulación de material radiactivo dentro de una instalación u opere equipos generadores de radiaciones ionizantes.

 

Vigilancia Radiológica: Conjunto de medidas y procedimientos orientados a evaluar el impacto de las radiaciones ionizantes en las personas y público general.

 

Zona controlada: Area de acceso restringido y sometida a un programa de vigilancia radiológica.

 

Zona supervisada: Area de acceso no controlado, en la cual las condiciones de protección radiológica deben mantenerse bajo permanente revisión, aún cuando en ellas no son normalmente necesarias programas especiales de vigilancia radiológica.
CAPITULO II

 

De la autoridad competente

 

Artículo 7º.- (*) Para la aplicación del presente reglamento, la Autoridad Competente será el Ministerio de Salud, a través del Programa de Control de Radiaciones de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, la que deberá:

 

(*) (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

  1. a) Emitir las normas y criterios técnicos complementarios a este reglamento, orientados a proteger a las personas y al medio ambiente de eventuales contaminaciones radiactivas y de exposiciones no deseadas a las radiaciones ionizantes.

 

  1. b) Corresponde a las Áreas Rectoras de Salud del Ministerio, otorgar el permiso sanitario de funcionamiento para los establecimientos donde operen equipos o fuentes emisoras de radiaciones ionizantes, bajo los lineamientos que señale el nivel central.

 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 35145 de 23 de enero de 2009).

 

  1. c) Autorizar mediante un carne a todo trabajador ocupacionalmente expuesto para trabajar con fuentes o equipos emisores de radiaciones ionizantes.

 

  1. d) Autorizar a toda persona física o jurídica, que cumpla los requisitos que se establezcan en este Reglamento y cualesquiera otras normas establecidas por la Autoridad Competente para prestar servicios vinculados con la seguridad radiológica del trabajador expuesto, del público en general, de las instalaciones y del medio ambiente.

 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

  1. e) Autorizar mediante una licencia toda otra actividad vinculada al uso, manipulación, transporte, comercialización, transferencia, eliminación y confinamiento de equipos o fuentes emisoras de radiaciones ionizantes.

 

  1. f) Eximir de todo requerimiento a fuentes y equipos generadores de radiaciones ionizantes que, a juicio de la autoridad competente y por la naturaleza misma de estos elementos, justifiquen su exención.

 

  1. g) Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y de cualquier otra norma técnica que el Ministerio establezca en materia de radioprotección.

 

CAPITULO III

 

De la clasificación de las instalaciones y los correspondientes

 

requisitos

 

Artículo 8º.- Para los efectos de la aplicación del presente reglamento y considerando:

 

1.- La peligrosidad de los equipos o fuentes emisoras de radiaciones que se van a manipular.

 

2.- El mayor o menor control que sobre las instalaciones se debe tener, por la complejidad en el manejo de los equipos o fuentes emisoras de radiaciones.

 

3.- La cantidad de personal técnico directa o indirectamente expuesto a radiaciones.

 

4.- Las posibles consecuencias para la salud de las personas y el medio ambiente, en caso de un accidente radiológico.

 

Las instalaciones se clasificarán en las siguientes categorías:

 

  1. a) Son instalaciones del TIPO I las siguientes:

 

1.- Los irradiadores industriales.

 

2.- Las instalaciones médicas en donde se realicen prácticas de terapia, mediante radiaciones ionizantes.

 

3.- Las instalaciones médicas en donde se realicen prácticas de diagnóstico con rayos X con equipos cuyo potencial de operación por diseño, sea mayor de 70 Kilovolts.

 

4.- Las instalaciones médicas en donde se manipule o trate material radiactivo, en forma de fuentes no selladas, para uso en terapia o diagnóstico con técnicas «in vivo».

 

5.- Las instalaciones de uso industrial en donde se trate o manipule material radiactivo.

 

6.- Los aceleradores de partículas o de investigación o de uso industrial.

 

7.- Las instalaciones y equipos para gamagrafía o radiografía industrial, sea mediante el uso de fuentes radiactivos o equipos emisores de rayos X.

 

8.- Los depósitos de desechos radiactivos, tanto transitorios como definitivos.

 

9.- Las instalaciones en donde se produzca, fabrique, repare o se haga manutención de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes.

 

  1. b) Son instalaciones del TIPO II las siguientes:

 

1.- Las instalaciones médicas en donde se manipule o trate material radiactivo, en forma de fuentes no selladas, para uso en diagnóstico con técnicas «in vitro».

 

2.- Las instalaciones de investigación en donde se trate o manipule material radiactivo, en forma de fuentes no selladas.

 

3.- Las instalaciones que alberguen equipos con fuentes selladas de uso industrial como, por ejemplo, los medidores de nivel, medidores de flujo, medidores de espesor, densitómetros, pesómetros.

 

  1. c) Son instalaciones del TIPO III las siguientes:

 

1.- Instalaciones en donde se realice la práctica de radiografía dental.

 

2.- Las instalaciones que alberguen espectrómetros y difractómetros de rayos X.

 

3.- Instalaciones y equipos para fluoroscopía de uso industrial.

 

  1. d) Son instalaciones del TIPO IV las siguientes:

 

1.- Las instalaciones que alberguen fuentes patrones.

 

2.- Las instalaciones donde se almacenen o vendan detectores de humo que contienen fuentes radiactivas.

 

3.- Las instalaciones que alberguen equipos de rayos x para control de equipaje o correspondencia.

 

4.- Las instalaciones donde se manipulen, instalen y almacenen estimuladores cardíacos que contengan fuentes radiactivas.

 

CAPITULO IV

De los distintos tipos de instalaciones

 

Artículo 9º.- Previo a la solicitud de autorización, el interesado deberá estar inscrito en la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud, así también las fuentes o equipos objeto de autorización.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 10.- Las instalaciones del tipo I a que alude el artículo 8º de este reglamento, requerirán de autorización previa, otorgada por la autoridad competente, para su construcción, operación y cuando corresponda, de cierre definitivo.

 

Los equipos radiactivos móviles, solo requerirán de autorización de operación y cuando corresponda, de cierre definitivo.

 

Artículo 10.- Las instalaciones del tipo I a que alude el artículo 8º de este reglamento, requerirán de autorización previa, otorgada por la autoridad competente, para su construcción, operación y cuando corresponda, de cierre definitivo.

 

Los equipos radiactivos móviles, solo requerirán de autorización de operación y cuando corresponda, de cierre definitivo.

 

Artículo 11.- Las instalaciones del tipo II requerirán autorización de operación y cuando corresponda, cierre definitivo, otorgada por la autoridad competente.

 

Artículo 12.- Las instalaciones del tipo III sólo requerirán de autorización de operación, otorgada por la autoridad competente.

 

Artículo 13.- Las instalaciones del tipo IV requerirán estar inscritas en los registros de la autoridad competente, así también las personas físicas o jurídicas que exploten la instalación.

 

CAPITULO V

 

De los requisitos para autorizar las instalaciones

 

Artículo 14.- Para solicitar la autorización de construcción de una instalación del TIPO I, el interesado deberá presentar a la autoridad competente lo siguiente:

 

  1. a) Planos de la instalación que incluyan detalles de la calidad y espesores de pisos, paredes, sistemas de ventilación, barreras biológicas, blindajes y sistemas de seguridad y control tanto de tipo radiológicos, como físicos.

 

  1. b) Plan de utilización de las fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes expresado en horas por mes.

 

  1. c) Informe escrito que incluya la caracterización técnica de cada uno de los equipos o fuentes asociados a la instalación.

 

  1. d) Plano de ubicación de la instalación a escala 1:500.

 

Artículo 15.- Para toda solicitud de permiso sanitario de funcionamiento para una instalación del TIPO I, el interesado deberá presentar a la autoridad competente la siguiente documentación:

 

  1. a) Lista del personal que trabaja en la instalación, inscritos en el registro nacional de la autoridad competente.

 

  1. b) Nombre del responsable de la protección radiológica.

 

  1. c) Informe escrito conteniendo la descripción de la entidad pública.

 

  1. d) Manual de procedimientos de la instalación que como mínimo deberá contener:

 

1.- Procedimientos de Operación

 

2.- Procedimientos de mantenimiento

 

3.- Procedimientos de protección radiológica operacional

 

4.- Procedimiento de manejo de los desechos radiactivos

 

5.- Procedimientos en emergencias.

 

  1. e) Certificado, emitido por una entidad autorizada, de la actividad de las fuentes radiactivas o certificado de calibración del haz de radiación de los equipos generadores de radiaciones ionizantes.

 

  1. f) En caso de fuentes radiactivas deberá presentar nota certificada por el fabricante donde se compromete a recibir en el país de origen la fuente radioactiva cuando se considere desecho radioactivo o deje de ser útil para el solicitante del permiso sanitario de funcionamiento.

 

(Así adicionado el inciso anterior mediante el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 16.- Para toda solicitud de permiso sanitario de funcionamiento de una instalación del TIPO II, el interesado deberá presentar a la autoridad competente la siguiente documentación:

 

  1. a) Lista del personal que trabaja en la instalación, inscrito en el registro nacional de la autoridad competente.

 

  1. b) Nombre del responsable de la protección radiológica

 

  1. c) Informe que contenga la descripción de la instalación en detalles, la calidad de pisos, paredes, sistemas de ventilación, barreras biológicas, blindajes y sistemas de seguridad y control tanto de tipo radiológicos, como físicos.

 

  1. d) Manual de procedimientos de la instalación que mínimo deberá contener:

 

1.- Procedimientos de Operación

 

2.- Procedimientos de mantenimiento

 

3.- Procedimientos de protección radiológica operacional

 

4.- Procedimiento de manejo de los desechos radiactivos.

 

  1. e) Certificado de una entidad pública autorizada, de la actividad de las fuentes radiactivas o certificado de calibración del haz de radiación de los equipos generadores de radiaciones ionizantes.

 

  1. f) Plano de ubicación de la instalación a escala 1:500

 

  1. g) En caso de fuentes radioactivas deberá presentarse nota certificada por el fabricante donde se compromete a recibir en el país de origen la fuente radioactiva cuando se considere desecho radioactivo o deje de ser útil para el solicitante del permiso sanitario de funcionamiento.

 

(Así adicionado el inciso anterior mediante el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

Artículo   17.-Para toda solicitud de permiso sanitario de funcionamiento de una instalación tipo III, el interesado deberá,  presentar a la Autoridad Competente la siguiente documentación:

 

 

  1. a) Lista del personal ocupacionalmente expuesto inscrito en el Registro del Ministerio de Salud.

 

  1. b) Certificación de buen funcionamiento del equipo, emitida por una entidad autorizada por la Autoridad Competente.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 18.- Para solicitar la autorización de cierre definitivo de una instalación del tipo I o II, el interesado deberá presentar a la autoridad competente la siguiente documentación:

 

  1. a) Procedimientos de seguridad radiológica que se adoptará para el cierre.

 

  1. b) Autorización de transferencia del material radiactivo o del equipo generador de radiaciones ionizantes existente en la instalación, explicitando su destino final.

 

  1. c) Certificación, cuando corresponda, de los niveles de contaminación existentes en la instalación.

 

Artículo 19.- El cierre definitivo sólo podrá autorizarse una vez que la autoridad competente (capítulo II de este Reglamento) inspeccione y verifique las condiciones de seguridad de la instalación desmantelada.

 

Artículo 20.- Para solicitar permiso sanitario de funcionamiento de equipos móviles que contengan fuentes radiactivas, el interesado deberá presentar ante la autoridad competente:

 

  1. a) Lista del Personal que opera el equipo debidamente registrado ante la autoridad competente y con su autorización vigente.

 

  1. b) Informe conteniendo la descripción de la instalación de almacenamiento del equipo.

 

  1. c) Manual de procedimientos que deberá contener, al menos:

 

1.- Procedimientos de operación

 

2.- Procedimientos de mantenimiento

 

3.- Procedimientos de protección radiológica operacional

 

4.- Procedimiento de manejo de la fuente una vez que sea considerada desecho radiactivo.

 

5.- Procedimientos de emergencia.

 

  1. d) Certificación de la actividad de la actividad de la fuente, otorgada por el fabricante.

 

  1. e) Certificación de buen funcionamiento del equipo, emitida por una entidad pública autorizada.

 

Artículo 21.- Para solicitar permiso sanitario de funcionamiento de equipos móviles, generadores de radiaciones ionizantes, el interesado deberá presentar ante la autoridad competente:

 

  1. a) Lista del personal que opera el equipo debidamente registrado ante la autoridad competente y con su autorización vigente.

 

  1. b) Manual de procedimientos que deberá contener, al menos:

 

1.- Procedimientos de operación

 

2.- Procedimientos de mantenimiento

 

3.- Procedimientos de protección radiológica operacional

 

  1. c) Certificación de buen funcionamiento del equipo, emitida por una entidad autorizada.

 

Artículo 22.- Los permisos sanitarios de funcionamiento tendrán una validez de 5 años y el titular de dicho permiso deberá solicitar su renovación, a la autoridad competente, tres meses antes de la fecha de su vencimiento.

 

CAPITULO VI

 

Del titular de la licencia de instalación y sus obligaciones.

 

Artículo 23.- Toda persona que realice actividades vinculadas con las radiaciones ionizantes, trabaje dentro de una instalación radiactiva, opere fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes o manipule material radiactivo, deberá poseer una autorización de operador emitida por la autoridad competente.

 

Artículo 24.- El titular de la licencia de la instalación será responsable de la seguridad radiológica de la instalación y sólo estará autorizado para realizar las actividades expresamente especificadas en dicha licencia y bajo los límites y condiciones allí establecidos.

 

Artículo 25.- Asimismo será responsable ante la autoridad competente, de disponer de las correspondientes autorizaciones para la puesta en servicio, operación y, cuando sea el caso, de cierre definitivo.

 

Artículo 26.- Todo titular de una licencia de instalación debe:

 

  1. a) Mantener la cantidad de personal de operación suficiente, debidamente autorizado y con aptitudes físicas y psíquicas compatibles con la función que este debe desempeñar.

 

  1. b) Nombrar, cuando corresponda, un responsable de la protección radiológica quien deberá mantener un programa de protección radiológica operacional que permita verificar que los niveles de radiación, externos o incorporados, no excedan los valores autorizados por la autoridad competente.

 

  1. c) Proporcionar a su personal, libre de costo, todos los elementos de protección personal, dosimetría, capacitación y de cualquier otro elemento necesario para el cumplimiento de sus funciones en condiciones de seguridad, según el tipo de funciones y la determinación de la autoridad competente.

 

Artículo 27º.- El titular de licencia de instalación será responsable de informar a la autoridad competente, en forma oportuna, de cualquier acción, alteración del diseño de la instalación, o cambio en las condiciones de seguridad radiológica de esta instalación.

 

CAPITULO VII

 

De las obligaciones del operador y sus requisitos

 

Artículo 28º.- Será responsabilidad del personal expuesto:

 

  1. a) Contar con la correspondiente autorización de Operador, otorgada por la autoridad competente y mantenerla permanentemente vigente.

 

  1. b) Tomar todas las medidas, acciones y precauciones necesarias para que las exposiciones a las radiaciones ionizantes sean tan bajas como razonablemente puedan alcanzarse.

 

  1. c) Utilizar correctamente los elementos de protección y control personal.

 

  1. d) Dar cuenta inmediata al responsable de la protección radiológica de la instalación, de cualquier anomalía que exista dentro de ella, tanto en la operación, en el diseño de la misma, como de operaciones que estén fuera del marco de la licencia y que puedan ocasionar riesgos adicionales de irradiación o contaminación del personal expuesto, del público general o del ambiente.

 

  1. e) Utilizar correctamente el dosímetro personal, durante toda su jornada de trabajo y de entregarlo oportunamente al encargado de la protección radiológica para su recambio.

 

  1. f) Informar al responsable de la protección radiológica de cualquier situación que haga necesario reducir las dosis de radiación a que pueda estar expuesto.

 

Artículo 29º.- (*) Para obtener la licencia de operador por parte de la Autoridad Competente, el trabajador oeupacionalmente expuesto, deberá presentar certificaciones emitidas por entidades autorizadas de que cumple con los requisitos siguientes:

 

(*) (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

  1. a) Bachiller de Segunda Enseñanza o título académico universitario según lo determine la Autoridad Competente.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

  1. b) Certificación de conocimiento de manejo del correspondiente equipo, fuente o material radiactivo, emitido por una entidad autorizada.

 

  1. c) Haber realizado un curso básico sobre protección radiológica, cuyo programa este previamente aprobado por la autoridad competente.

 

  1. d) Certificación de condiciones psico-físicas compatibles con la función, otorgado por una entidad pública autorizada y reconocida por la autoridad competente.

 

CAPITULO VIII

 

Del responsable de la protección radiológica y sus requisitos

 

Artículo 30.- Será obligación del responsable de la protección radiológica contar con su respectiva licencia, otorgada por la autoridad competente, y mantenerla permanentemente al día.

 

Artículo 31.- Serán funciones del responsable de la protección radiológica, sin perjuicio de otras que pueda corresponderle como técnico del servicio, las siguientes:

 

  1. a) Informar a la autoridad competente de cualquier situación que pueda poner en peligro evidente o potencial la salud tanto del personal como del público en general.

 

  1. b) Remitir los dosímetros personales, al servicio de dosimetría personal, con la periodicidad establecida en la correspondiente autorización.

 

  1. c) Llevar los registros que correspondan a la seguridad radiológica de la instalación.

 

  1. d) Informar a la autoridad competente de los movimientos de personal, tales como pensiones, vacaciones, incapacidades y cualquier otro hecho que estime importante para la seguridad radiológica, tanto de las personas como de las instalaciones y medio ambiente.

 

  1. e) Colaborar con la autoridad competente en el campo de la educación e instrucción, en materia de protección radiológica.

 

  1. f) Velar porque las normas de protección radiológica dispuestas por la autoridad competente se cumplan.

 

  1. g) Otras que le puedan ser asignadas dentro de la correspondiente licencia.

 

Artículo 32.- Para optar a la autorización de responsable de la protección radiológica, el interesado deberá presentar certificaciones expedidas por entidades públicas ante la autoridad competente que cumple, como mínimo, con los siguientes requisitos:

 

  1. a) Tener vigente la licencia de operador.

 

  1. b) Ser mayor de 21 años.

 

  1. c) Tener el segundo año aprobado de una carrera universitaria a fín con el puesto.

 

  1. d) Formar parte del cuerpo técnico del centro de trabajo.

 

  1. e) Haber realizado un curso avanzado sobre protección radiológica, cuyo programa esté previamente aprobado por la autoridad competente.

 

Artículo 33.- La licencia de operador y de responsable de la protección radiológica tendrá una validez de 2 años y su renovación deberá solicitarse ante la autoridad competente con un mes de anticipación a su vencimiento y con los siguientes documentos:

 

  1. a) Historial dosimétrico.

 

  1. b) Certificado de conocimientos actualizados de protección radiológica.

 

  1. c) Certificación de condiciones psico-físicas compatibles con la función que desempeñará.

 

De las autorizaciones para las actividades afines

 

 

 

Artículo 34.- Toda persona física o jurídica que importe, exporte, instale, manufacture, repare, transporte, comercie o de cualquier forma o por cualquier motivo manipule material radiactivo, fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes, deberá solicitar a la Autoridad Competente Permiso Sanitario de Funcionamiento que lo habilite para realizar la actividad específica.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

CAPITULO IX

 

Del transporte de material radiactivo.

 

Artículo 35.- Las personas físicas o jurídicas de derecho público o privado que transportan fuentes o material radioactivo, como actividad principal o incidental, dentro del territorio nacional, deberán contar con una licencia de transporte específica, otorgada por la autoridad competente.

 

Así mismo toda persona física o jurídica que ingrese una fuente o material radiactivo, con el único propósito de transportarlo para remitirlo a otro país deberá previamente, solicitar a la autoridad competente la correspondiente autorización de transporte.

 

Artículo 36.- Para solicitar la autorización de transporte, el interesado deberá presentar a la autoridad competente, la siguiente documentación:

 

  1. a) Identificación de las personas naturales o jurídicas que intervienen en el transporte. Propietario, remitente y destinatario del material radiactivo.

 

  1. b) Especificaciones del material radiactivo, radionucleido, actividad, forma física y clasificación del transporte de acuerdo con la norma internacional de transporte establecida por el O.I.E.A (Art. 6).

 

  1. c) Especificaciones del bulto y correspondiente etiquetado, consignando, índice de transporte, tipo y categoría del bulto, de acuerdo con la norma internacional de transporte establecida por el O.I.E.A.

 

  1. d) Identificación del transportista y vehículo en el cual se realizará el transporte.

 

  1. e) Medidas de seguridad físicas del transporte, cuando corresponda.

 

Artículo 37.- El transportista, que tendrá a cargo el transporte del material radiactivo o fuente, deberá certificar, ante la autoridad competente:

 

  1. a) Que su licencia de conducir está vigente.

 

  1. b) Que el vehículo en que se transporten fuentes o materiales radiactivos cumple al menos, con los siguientes requisitos:

 

1.- Certificación de buena condición mecánica.

 

2.- Ser vehículo de carga y llevar en forma visible el símbolo internacional de presencia de radiactividad, a ambos lados y en la parte trasera del vehículo.

 

3.- Contar con los sistemas necesarios para fijar o sujetar los contenedores, bultos o elementos empleados para el transporte y también, con los elementos de carga y descarga adecuados, para evitar estar en contacto directo con las fuentes de radiación.

 

  1. c) Certificar que la distancia entre la fuente radiactiva y el conductor y su o sus acompañantes sea tal que no superarán los límites de dosis convencionales permitidos por la autoridad competente.

 

Artículo 38.- Cuando un vehículo que transporte materiales radiactivos, sufra algún accidente que pueda ocasionar derrame de material radiactivo o pérdida de fuentes, corresponderá al transportista tomar las primeras medidas de prevención para evitar dispersión de la contaminación o pérdida de fuentes, y comunicar el accidente en forma inmediata a la autoridad competente y al remitente del transporte.

 

Artículo 39.- Los bultos y contenedores utilizados para el transporte de materiales radiactivos deberán:

 

  1. a) Estar aprobados por la autoridad competente.

 

  1. b) Estar visible y debidamente etiquetados durante todo el transporte.

 

  1. c) Estar debidamente asegurados a la estructura del vehículo.

Artículo 40.- El etiquetado de los bultos o embalajes deberá proporcionar, al menos, la siguiente información:

 

  1. a) Indice de transporte tipo y categoría del bulto.

 

  1. b) Forma física del material radiactivo.

 

  1. c) Actividad por contenedor, expresado en Becquerel.

 

Artículo 41.- En los vehículos que transporten equipos, sustancias o fuentes radiactivas, y según la categoría del transporte, solo podrán viajar aquellas personas expresamente autorizadas por la autoridad competente en la licencia respectiva.

 

Artículo 42.- En los casos o situaciones no previstas en el presente reglamento, en materia de transporte de material radiactivo, la autoridad competente aplicará los criterios y disposiciones establecidas en reglamentos internacionales para el transporte seguro de material radiactivo del O.I.E.A.

 

CAPITULO X

 

De la autorización de importación

 

Artículo 43.- Todo ingreso de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes, al territorio nacional, requerirán de una autorización de importación otorgada por la autoridad competente.

 

Artículo 44.- Para solicitar la autorización de importación, el interesado deberá presentar a la autoridad competente al menos los siguientes antecedentes técnicos correspondientes a las fuentes o equipos, que se van a importar:

 

  1. a) Actividad de las correspondientes fuentes, si es el caso.

 

  1. b) Especificaciones técnicas de los equipos, si es el caso.

 

  1. c) Especificación del uso destinado para las fuentes o equipos a importar.

 

  1. d) Estado físico y forma química del material radiactivo.

 

  1. e) Peso y volumen del material radiactivo.

 

  1. f) Otros antecedentes que, a juicio de la autoridad competente, sean necesarios.

 

Artículo 45.- Las autoridades aduaneras no podrán autorizar el desalmacenaje de fuentes emisoras de radiaciones ionizantes, sin las correspondientes autorizaciones de importación y transporte debidamente tramitada ante la autoridad correspondiente.
Artículo 46.- Las aduanas deberán contar con sitios exclusivos, especialmente habilitados para el almacenamiento temporal de fuentes y material radiactivo, debidamente identificados con el símbolo de presencia de material radiactivo que se señala en el  ANEXO I. El acceso a estos sitios estará prohibido para todo el personal no autorizado previamente por la autoridad competente.

 

Artículo 47.- Queda expresamente prohibido el almacenaje de fuentes o materiales radiactivos junto a elementos inflamables, explosivos o corrosivos.

 

CAPITULO XI

 

De la autorización de exportación

 

Artículo 48.- Toda exportación de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes, requerirán de una autorización de exportación otorgada por la autoridad competente.

 

Artículo 49.- Para solicitar la autorización de exportación, el interesado deberá presentar a la autoridad competente, al menos los siguientes antecedentes técnicos correspondientes a las fuentes o equipos, que se van a exportar:

 

  1. a) Actividad de las correspondientes fuentes o material radiactivo, si es el caso.

 

  1. b) Especificaciones técnicas de los equipos, si es el caso.

 

  1. c) Estado físico y forma química del material radiactivo.

 

  1. d) Peso y volumen del material radiactivo.

 

  1. e) Otros antecedentes que, a juicio de la autoridad competente, sean necesarios.

 

CAPITULO XII

 

De la autorización de transferencia.

 

Artículo 50.- La transferencia a cualquier título, de instalaciones radiactivas, fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes, requerirán de una autorización de transferencia otorgada por la autoridad competente.

 

Artículo 51.- Para solicitar la autorización de transferencia, el interesado deberá presentar a la autoridad competente, al menos, los siguientes antecedentes técnicos correspondientes a la transferencia a realizar:

 

  1. a) Identificación de las fuentes o equipos a ser transferidos:

 

1.- Actividad de las correspondientes fuentes o material radiactivo, si es el caso.

 

2.- Estado físico y forma química del material radiactivo.

 

3.- Peso y volumen del material radiactivo.

 

4.- Especificaciones técnicas de los equipos, si es el caso.

 

5.- Otros antecedentes que, a juicio de la autoridad competente, sean necesarios.

 

  1. b) Identificación de las personas naturales o jurídicas que intervendrán en la transferencia.

 

  1. c) Identificación de las instalaciones radiactivas que intervienen en la transferencia.

 

  1. d) Identificación del responsable de la protección radiológica de la instalación receptora.

 

Artículo 52.- La autorización de transferencia, no exime al poseedor de la misma de gestionar ni contar con otras autorizaciones establecidas en este reglamento.

 

CAPITULO XIII

 

De las inspecciones

 

Artículo 53.- La autoridad competente, se considerará autoridad de salud y ejercerá sus facultades de supervisión, fiscalización, inspección y control en todas aquellas actividades asociadas a las radiaciones ionizantes, por medio de técnicos y profesionales pertenecientes a la planta de su personal.

 

Artículo 54.- Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo anterior, los técnicos y profesionales de la autoridad competente, realizarán inspecciones periódicas a todo tipo de instalaciones, públicas o privadas y también, a cualquier tipo de instalaciones, dependencias, vehículos, sitios públicos o privados, en donde existan o se presuma que existan fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes.

 

Artículo 55.- Mediante las inspecciones se verificarán y comprobarán en general los siguientes hechos:

 

  1. a) El cumplimiento de este reglamento.

 

  1. b) El cumplimiento de las condiciones y limitaciones establecidas en los correspondientes permisos sanitarios de funcionamiento.

 

  1. c) El cumplimiento de las normas específicas o guías técnicas que, respecto a la seguridad radiológica, se dicten con posterioridad a la fecha de aprobación de este reglamento.

 

  1. d) El estado de seguridad de la instalación, de los equipos y fuentes.

 

  1. e) La correcta operación de equipos, fuentes y material radiactivo y condiciones de seguridad del manejo y transporte de estos elementos.

 

  1. f) La detección de posibles daños que se presenten en los equipos o fuentes, que pongan en peligro la salud del trabajador expuesto de la población o del medio ambiente.

 

  1. g) La existencia y aplicación de las medidas de seguridad exigidas por la autoridad competente, como así también de los planes de emergencia.

 

  1. h) La existencia de posibles fallas, anomalías, defectos, mal uso de la instalación o del material radiactivo, que puedan derivar en incidentes o accidentes con repercusiones hacia el trabajador expuesto o hacia la población.

 

  1. i) La existencia de denuncias sobre fallas incidentes, accidentes, pérdida, hurto o abandono de material radiactivo.

 

  1. j) El cumplimiento de las medidas correctivas que aplique la autoridad competente, en caso de sanciones.

 

  1. k) La denuncia de toda infracción a la ley, reglamentos, normas, condiciones de licencias e instrucciones dada por la autoridad competente.

 

  1. l) Toda irregularidad, hecho o circunstancia que afecte la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.

 

Artículo 56.- Los inspectores tendrán fe pública en cuanto a los hechos que reporten, informen o denuncien, en cumplimiento de sus funciones.

 

Artículo 57.- Para el buen cumplimiento de sus funciones el inspector debidamente identificado podrá, durante las inspecciones:

 

  1. a) Emplear cualquier tipo de equipo o instrumental que requiera.

 

  1. b) Realizar cualquier comprobación que estime necesaria.

 

  1. c) Tomar cualquier tipo y cantidad de muestras que tenga relación con el propósito de su inspección.

 

  1. d) Examinar, sacar copias, tomar notas o hacer resúmenes de cualquier manual, libro, registro u otro documento que tenga relación con el propósito de la inspección.

 

  1. e) Levantar acta de todas las actividades realizadas con motivo de la inspección.

 

Artículo 58.- Los titulares de la licencia, propietarios, administradores o cualquier otra persona que esté a cargo de la instalación, planta, laboratorio, fuente, equipo, o lugar donde se repare, manipule, transporte, material radiactivo, fuentes o equipos emisores de radiaciones ionizantes, deberán otorgar a los inspectores, acreditados por la autoridad competente y debidamente identificados, el máximo de facilidades para el desempeño de su labor.

 

Artículo 59.- En caso de existir oposición al cumplimiento de las funciones del inspector, este podrá solicitar Orden de Allanamiento ante las autoridades judiciales.

 

Artículo 60.- Los inspectores elaborarán un informe sobre lo actuado en base al cual, la autoridad competente dictará las respectivas indicaciones.

 

Artículo 61.- Si como resultado de una inspección procede formular simples indicaciones correctivas, éstas se comunicarán por escrito al titular de la licencia de la instalación con copia, al responsable de la protección, radiológica y al personal expuesto al riesgo. Las correcciones deberán ser consignadas en el informe correspondiente y la solución a los problemas detectados serán exigidos dentro de un plazo prudencial, no mayor de tres meses.

 

Artículo 62.- Si durante una inspección se verifican hechos que comprometan gravemente la salud de las personas los inspectores informarán a la autoridad competente pudiendo disponer en forma inmediata las medidas que consideren necesarias o convenientes para poner remedio oportuno a la situación. El inspector podrá ordenar ejecutar entre otras alguna de las medidas siguientes:

 

  1. a) Que la instalación equipo o fuente sea puesta en condiciones de seguridad en forma inmediata o tan pronto como sea posible.

 

  1. b) Que la instalación, lugar afectado, o medio de transporte sea evacuado, cerrado y debidamente sellado.

 

  1. c) Que la fuente, equipo o material radiactivo sea debidamente envasada, sellada, rotulada y debidamente confinada y si corresponde decomisada.

 

  1. d) Ordenar la paralización inmediata de actividades de la instalación, cuando a juicio del inspector existe peligro inminente para las personas, los bienes los recursos naturales o el medio ambiente. Tal acción durará mientras no se corrija la deficiencia que originó la decisión.

 

Artículo 63.- La autoridad competente, evaluando la situación generadora de la infracción podrá conceder plazos prudenciales, no mayores de tres meses, para subsanar deficiencias de las instalaciones o para cumplir exigencias interpuestas con motivo de la inspección.

 

CAPITULO XIV

 

De las áreas de trabajo y actividades en ellas

 

Artículo 64.- Las áreas de trabajo donde se realicen prácticas con material radiactivo serán zonas controladas o supervisadas, según sean definidas por el titular de la licencia y aprobadas por la autoridad competente.

 

Artículo 65.- Toda zona controlada o supervisada deberá estar demarcada y señalizada con el símbolo estandarizado que se presenta en el ANEXO 1.

 

Artículo 66.- Toda práctica que se realice con material radiactivo o equipos generadores de radiaciones ionizantes, estarán sujetos a los principios de justificación, de optimización y de limitación de dosis. Se exceptúa la exposición con fines médicos la que solo estará sujeta a los principios de justificación y optimización.

 

Artículo 67.- Las personas que trabajen en las proximidades de una zona controlada o que ocasionalmente entren en ella, solo serán consideradas ocupacionalmente expuestas cuando a juicio del encargado de la protección radiológica lo justifique a los efectos de los artículos 28 y siguientes de este reglamento. Esta resolución podrá apelarse ante la autoridad competente.

 

CAPITULO XV

 

De los límites de dosis individuales

 

Artículo 68.- Para los fines de la aplicación del presente reglamento se establecen los siguientes límites anuales de dosis, para el trabajador ocupacionalmente expuesto y para el público general.

 

1.- Límites anuales de dosis para trabajadores ocupacionalmente expuestos:

 

  1. a) El límite anual de dosis para la totalidad del organismo referido a cualquier período de doce meses consecutivos es de 20 miliSievert, pudiendo sobrepasarse este valor siempre y cuando en un período de cinco años consecutivos no se sobrepasen los 100 miliSievert y nunca los 50 miliSievert en un solo año.

 

  1. b) El limite anual de dosis equivalente para manos, pies y piel será de 500 miliSievert.

 

  1. c) El límite anual de dosis equivalente para el cristalino será de 150 miliSievert.

 

2.- Límites anuales para público:

 

  1. a) El límite anual de dosis para la totalidad del organismo referido a cualquier período de doce meses consecutivos es de 1 miliSievert.

 

  1. b) El límite anual de dosis equivalente para cualquier órgano considerado individualmente será de 50 miliSievert con excepción del cristalino en cuyo caso el limite será de 15 miliSievert.

 

Artículo 69.- Para el cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 68 del presente autoridad competente hará uso, cuando así lo requiera, de los límites secundarios y derivados establecidos en las normas de protección radiológica más recientes emitidas por el O.I.E.A.

 

Artículo 70.- Ninguna mujer ocupacionalmente expuesta podrá ser asignada a labores que involucren contacto directo o indirecto con radiaciones ionizantes desde la certificación del embarazo y hasta el término de la gestación. Lo anterior no implica el despido de la persona únicamente el traslado a otras labores.

 

Artículo 71.- Las personas menores de 18 y mayores de 16 años sólo podrán exponerse a radiaciones con fines de capacitación y sus límites anuales de dosis equivalentes no podrán exceder de 1/3 de los señalados para trabajadores ocupacionalmente expuestos, señalados en el artículo 68 del presente reglamento.

 

Artículo 72.- Las personas menores de 16 años no podrán desarrollar actividades como trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes ni siquiera con fines de capacitación o entrenamiento.

CAPITULO XII

 

De la dosimetría personal

 

Artículo 73.- Todo trabajador ocupacionalmente expuesto que trabaje en una zona controlada deberá portar su dosímetro personal durante toda la jornada laboral Aquellos que sólo lo hagan en zonas supervisadas quedaran sujetas, en cuanto al uso del dosímetro, a la evaluación y decisión de la autoridad competente.

 

Artículo 74.- El no cumplimiento de la disposición señalada en el artículo 73 de este reglamento, el uso indebido, la inadecuada manutención y la no observancia de las medidas prescritas para el uso del dosímetro personal, será sancionado por la autoridad competente, mediante amonestación escrita la primera vez, de reincidir se le cancelará su licencia de modo que no podrá laborar como personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones.
Artículo 75.-El servicio de dosimetría personal podrá ser brindado por personas físicas, o jurídicas autorizadas por la Autoridad Competente, previo satisfacer la norma específica emitida por el Ministerio de Salud. El costo de este servicio será cubierto por el empleador.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 76.- Será obligación del empleador.

 

  1. a) Mantener un historial dosimétrico durante toda la vida laboral del trabajador

 

  1. b) Informar a los profesionales y técnicos de su instalación, de las dosis obtenidas

 

Artículo 77.- El historial dosimétrico del personal expuesto como mínimo deberá consignar.

 

  1. a) Nombre del trabajador expuesto

 

  1. b) Nombre de la institución o instalación en la que trabaja.

 

  1. c) Dosis del período

 

  1. d) Dosis acumulada.

 

Artículo 78.- Toda persona que de acuerdo con el control dosimétrico sobrepase o pueda sobrepasar los límites establecidos en este reglamento:

 

  1. a) Podrá, si la autoridad competente lo estima necesario, ser restringido en el ejercicio de sus funciones o también ser sometido a un control médico específico.

 

  1. b) Deberá ser sometida, por parte de la autoridad competente, a una evaluación de los procedimientos operacionales empleados y también de las condiciones de seguridad del diseño de la instalación, de los equipos o fuentes.

 

CAPITULO XVII

 

De la exposición especial planificada

 

Artículo 79.- Toda exposición especial planificada deberá ser autorizada en forma escrita, por el titular de la licencia de la instalación y comunicada oportunamente a la autoridad competente.

 

La dosis efectiva recibida por la persona expuesta, no deberá exceder de 100 miliSievert, después de finalizada la exposición especial planificada.

 

Artículo 80.- No podrán someterse a exposiciones especiales planificadas, personas que hayan sufrido, anteriormente, exposiciones iguales o superiores a 100 miliSievert y en ningún caso mujeres en edad fértil, dado el riesgo de un embarazo aun ignorado, pudiendo incorporarse a trabajos con radiaciones ionizantes, al finalizar el ciclo anual dosimétrico

 

Artículo 81.- Toda persona que participe en una exposición especial planificada deberá ser informada, por el titular de la licencia de la instalación, de los riesgos potenciales asociados a esta actividad y también de las medidas que se deben adoptar con el fin de reducir las dosis a los niveles más bajos posibles.

 

Artículo 82.- Ninguna persona podrá ser obligada a participar en actividades que impliquen o puedan implicar exposiciones especiales planificadas y de hacerlo, deberán manifestar su consentimiento por escrito, copia del documento deberá ser enviado a la autoridad competente.

 

Artículo 83.- Toda persona que se someta voluntariamente a una exposición especial planificada, será considerada como persona ocupacionalmente expuesta.

 

CAPITULO XVIII

 

De los desechos radiactivos.

 

 

Artículo 84.-En las instalaciones, ya existentes, de tipo I y de tipo II definidas en el artículo 8 de este reglamento, donde se empleen fuentes o material radioactivo, debe existir un lugar especialmente diseñado para el almacenamiento temporal de desechos radiactivos, debidamente autorizado por la Autoridad Competente.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 85.- La autoridad competente autorizará, en cada caso, cualquier eliminación, así como los procedimientos y límites derivados de eliminación de desechos radiactivos al medio ambiente o de aquellos elementos que puedan ser considerados como tales.

Artículo 86.- Sin la autorización citada en el artículo 85 de este Reglamento, queda prohibida la eliminación, por cualquier vía o método, de cualquier desecho radiactivo al medio ambiente, sean estos sólidos, líquidos o gaseosos. Así mismo, queda prohibido desechar o eliminar por cualquier vía o método los envases o embalajes que hayan contenido material radiactivo de cualquier especie o forma física.

 

Artículo 87.- Todo desecho sólido o líquido proveniente de cualquier práctica, sea de carácter industrial, médico o de investigación, deberá almacenarse en un depósito previamente autorizado para ello y confinado en recipientes especialmente diseñados y autorizados por la autoridad competente para ese fin.

 

Artículo 88.- Quedan exentas del cumplimiento de los preceptos señalados en los artículos 84, 85, 86 y 87 de este reglamento, las excreciones de personas sometidas a diagnóstico y terapia con materiales radiactivos.

 

Artículo 89.- Queda prohibido el ingreso, al territorio nacional, de cualquier material o fuente en calidad de desecho radiactivo o que a juicio de la autoridad competente, pueda tener tal categoría.

 

Artículo 90.- Para el caso de los desechos radiactivos de tipo gaseosos o aerotransportados, las instalaciones deberán disponer de los sistemas de filtros adecuados para retenerlos y cumplir con los límites derivados de descargas autorizados por la autoridad competente.

 

Artículo 91.- En las instalaciones del Tipo IV definidas en el artículo 8 de este Reglamento, en donde se empleen fuentes o material radiactivo, será responsabilidad del titular de la licencia de la instalación, a través del responsable de la protección radiológica remitir a la autoridad competente, un informe escrito de como desechará las fuentes gastadas o en desuso para su disposición final.

 

CAPITULO XIX

 

De la protección radiológica en la practica médica.

 

Artículo 92.- Toda práctica médica deberá estar sujeta a los principios de justificación y optimización, de la protección radiológica y en consecuencia la autoridad competente podrá prohibir toda práctica:

 

  1. a) Que no está adecuadamente justificada.

 

  1. b) Que pueda ser reemplazada por otra que constituya una opción más ventajosa y con mayores beneficios técnicos.

 

Artículo 93.- Toda fuente o equipo generador de radiaciones ionizantes, empleado en la práctica médica deberá someterse a programas de control de calidad, con la periodicidad que establezca la autoridad competente, en el correspondiente permiso sanitario de funcionamiento.

 

Artículo 94.- Toda fuente portátil, o material radiactivo portátil de uso habitual, deberá ser almacenado en sitios apropiados, aprobados por la autoridad competente, con los sistemas de seguridad física y radiológica que correspondan, así como también con los correspondientes sistemas de control administrativo.

 

Artículo 95.- Todo paciente implantado o al cual se le administra o inocula material radiactivo, con fines de tratamiento médico deberá ser internado y aislado en condiciones tales que los niveles de radiación no afecten a otros pacientes o personas. El médico tratante o el responsable de la protección radiológica, en este caso, deberán instruir adecuadamente al paciente, a los visitantes y familiares de las medidas básicas de protección radiológica que deben ser tomadas en cuenta para su protección personal.

 

Artículo 96.- Todo paciente tratado con fuentes no selladas sólo podrá ser dado de alta cuando el médico tratante, o el responsable de la protección radiológica, certifique la actividad residual que porta el paciente no supera mílicuries del material inicialmente administrado.

 

Artículo 97.- Será función del responsable de la protección, radiológica, en el caso de pacientes tratados con fuentes no selladas dado de alta, instruir a su grupo familiar mas próximo y a él, acerca de las medidas básicas de protección radiológica que deben ser tomadas en cuenta para la protección de su familia.

 

Artículo 98.- Ningún paciente, cuyo tratamiento sea realizado mediante implante de fuentes radiactivas selladas, podrá ser dado de alta mientras porte tales fuentes.

 

Artículo 99.- Será función del responsable de la protección radiológica establecer los procedimientos para:

 

  1. a) El tratamiento manejo y desecho de las excreciones contaminadas.

 

  1. b) El traslado, dentro del hospital, del paciente implantado o tratado con fuentes no selladas.

 

  1. c) El transporte interno de las fuentes y material radiactivo.

Artículo 100.- En caso de embalsamamiento, autopsia, inhumación o cremación de cadáveres que contengan algún tipo de material radiactivo o fuentes incorporadas, implantes, marcapasos, radiofármacos o cualquier otro, corresponderá al responsable de la protección radiológica evaluar y determinar las medidas de seguridad radiológica que se deben adoptar. En ningún caso se autorizará la cremación o inhumación de un cadáver que dentro de su organismo lleve fuentes selladas.

 

CAPITULO XX

 

De las emergencias radiológicas

 

Artículo 101.- La autoridad competente solicitará y fiscalizará las acciones tendientes a prevenir, mitigar y responder ante emergencias radiológicas en aquellas instalaciones, empresas u hospitales que se dediquen al almacenamiento, transporte, fabricación, distribución, venta, manipulación o importación de sustancias radiactivas.

Artículo 102.- La autoridad competente mantendrá un registro actualizado sobre los accidentes ocurridos durante el transporte, manipulación, fabricación, venta, distribución de almacenamiento de sustancias radiactivas.

 

Artículo 103.- Toda instalación, empresa u hospital donde ocurra una emergencia radiológica, será sometida a la respectiva evaluación técnica por parte de la autoridad competente, para lo cual la instalación, compañía u hospital estará en la obligación de suministrar la información que se considere necesaria.

 

Artículo 104.- Ocurrida una emergencia radiológica y demostrado que existe grave peligro para la población o los trabajadores, la autoridad competente podrá revocar el permiso de funcionamiento.

 

Artículo 105.- La autoridad competente, será el ente encargado de las acciones de primera respuesta ante emergencias radiológicas.

 

Artículo 106.- Ninguna persona natural o jurídica podrá impedir el paso de los personeros del Cuerpo de Bomberos, funcionarios de la autoridad competente o de cualquier otra institución de respuesta inmediata, que se presenten a la escena de una emergencia radiológica debidamente identificados y en función de su cargo, o bien autorizados por el Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos o Comité Asesor Técnico en Emergencias Tecnológicas de la Comisión Nacional de Emergencia.

 

CAPITULO XXI

 

De las sanciones

 

Artículo 107.- Las infracciones al presente reglamento serán corregidas por la autoridad competente, de conformidad con la Ley Nº 5395, Ley General de Salud libro III.

 

Artículo 108.- Los recursos y procedimientos procedentes contra las resoluciones dictadas por la autoridad competente se regirán por las normas establecidas en la Ley Nº 5395, Ley General de Salud.

 

Artículo 109.- El trabajador ocupacionalmente expuesto que por dos veces consecutivas no entregue su dosímetro en el momento de efectuarse el recambio del mismo, será denunciado por el encargado de la protección radiológica a la autoridad competente, la cual procederá a suspender la correspondiente licencia por tres meses.

 

La autoridad competente podrá cancelar la licencia del operador en forma definitiva, cuando éste incurra nuevamente en la misma falta. Del mismo modo, el encargado de la protección radiológica que no informe oportunamente de la falta antes citada, podrá hacerse merecedor al mismo tipo de sanción.

 

CAPITULO XXII

 

De los plazos

 

Artículo 110.- El plazo para recibir información solicitada será de 10 días naturales a partir de la fecha de solicitud.

 

Artículo 111.- El plazo para resolver cualquier solicitud planteada será de 3 meses a partir de la fecha de presentación de todos los documentos.

 

CAPITULO XXIII

 

Disposiciones finales

 

Artículo 112.- La autoridad competente clasificará a toda fuente, equipo generador de radiaciones ionizantes o material radiactivo, que no se encuentre especificado dentro de las categorías de instalaciones ya señaladas en este reglamento o no puedan asimilarse a dichas categorías.

 

Artículo 113.-Del mismo modo, cualquier límite anual de incorporación que se requiera será fijado por la Autoridad Competente.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 114.- La autoridad competente podrá exigir condiciones de seguridad adicionales, a toda instalación, equipo, fuente o actividad ya descritas en este reglamento toda vez que, con motivo de una inspección y evaluación de seguridad se compruebe que deben ser exigidos requisitos adicionales o complementarios a los ya establecidos en la licencia original.
Artículo 115.- La autoridad competente podrá exigir al solicitante de una autorización de importación, una certificación de la autoridad competente del país de origen, o de alguna entidad reconocida por ella, que acredite que dicha fuente, o equipo en la condiciones de importación en ese momento, está autorizado para operar en dicho país.

 

Artículo 116.- Toda documentación que deba ser presentada para la aprobación de la autoridad competente, debe ser consignada en idioma español.

 

Artículo 117.- Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 11366 de 23 de mayo de 1980.

 

Artículo 118.- El presente reglamento rige partir del día 22 de diciembre de 1994.

 

Transitorio: Toda persona natural o jurídica que sea titular de una licencia de instalación, tendrá el plazo de un año para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en este reglamento, a partir de la fecha de su publicación en «La Gaceta». De la misma forma operadores y responsables de la protección radiológica, tendrán el mismo plazo para actualizar sus correspondientes autorizaciones y licencias.

Reglamento para la Afilición de Trabajadores Independientes

Descargue aquí 

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 21º de la sesión 7877, celebrada el 5 de agosto de 2004, acordó aprobar la reforma al Reglamento para la afiliación de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios, en los siguientes términos:

 

 

REGLAMENTO PARA LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES

INDEPENDIENTES

(Así cambiada su denominación en sesión No. 7909 del 25 de noviembre del 2004)

SECCIÓN I

CAMPO DE APLICACIÓN

Artículo 1º—De la cobertura y del cálculo de las cuotas. Las coberturas del seguro social y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los trabajadores independientes manuales o intelectuales que desarrollen por cuenta propia algún tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos; sin perjuicio de lo que dispone el artículo 4° de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. El monto de las cuotas que con base en el artículo 3° de la Ley Constitutiva se deban pagar por parte de los Trabajadores Independientes, se calculará sobre el ingreso de referencia que establezca la Junta Directiva, en el tanto la Caja no determine que el ingreso del Trabajador Independiente es superior a dicho ingreso de referencia, en cuyo caso las cuotas se pagarán sobre el ingreso finalmente determinado por la Caja, el cual en ningún caso será inferior al porcentaje que sobre los salarios mínimos acuerde la Junta Directiva.  El ingreso de referencia lo establece la Junta Directiva, con fundamento en las facultades otorgadas en el artículo 3° de la Ley Constitutiva, previo estudio técnico.

Artículo 2º—De la obligatoriedad. Toda persona que califique como trabajador independiente, está obligada a cotizar para los regímenes de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, tal como lo disponen los artículos: 3° de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 7° del Reglamento del Seguro de Salud y 2° del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte.

La condición de trabajador asalariado, y como tal, obligado a cotizar sobre el total de las remuneraciones que reciba, no exime a la persona de la obligación de cotizar como trabajador independiente, cuando ostente ambas condiciones.

No se consideran asegurados obligatorios, los trabajadores independientes con ingresos inferiores al ingreso mínimo de referencia que periódicamente establezca la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La Caja se reserva la potestad de practicar revisiones de la situación de estos trabajadores, de tal forma que si detecta que sus ingresos igualan o superan el ingreso mínimo indicado, los incluirá como asegurados obligatorios.

No se consideran asegurados obligatorios en el seguro de invalidez, vejez y muerte, los trabajadores independientes, mayores de 50 años, que no cumplan con el número de cuotas acreditadas, que para cada edad se establece en la siguiente tabla:

 

Edad (años) Cuotas Acreditadas
50 5
51 10
52 15
53 20
54 30
55 40
56 50
57 60
58 70
59 80
60 90

 

Si al momento en que el Trabajador Independiente se afilia se encuentra en estado de invalidez, en los términos que define el Reglamento de Invalidez Vejez y Muerte, su ingreso al régimen cubre únicamente los riesgos de Vejez y Muerte.

Los trabajadores independientes que al momento de entrar en vigencia la obligatoriedad, ya estaban incluidos dentro del Sistema de Seguro Voluntario, se les aplicará la obligatoriedad en los términos establecidos en la Ley Constitutiva y en este artículo.

SECCIÓN II Administración

Artículo 3º—De las obligaciones. Son obligaciones de los Trabajadores Independientes:

1.   Inscribirse como tales ante la Caja en los ocho días hábiles posteriores al inicio de la actividad o adquisición de la empresa o negocio. Para tal efecto deberá aportar, como mínimo, la siguiente información:

Nombre y calidades: presentar el respectivo documento de identificación, brindar nombre del negocio y la actividad a que se dedica; señalar la dirección, números de teléfono, apartado y facsímil, dirección de correo electrónico, si los hubiere.

2.   Suministrar a la administración la información que permita establecer los ingresos, sobre los que se debe calcular la cuota respectiva.

En la determinación de los ingresos se tomará en cuenta que los gastos a deducir, propios de la(s) actividad (es) o negocio(s), sean normales de acuerdo con el giro de estos, necesarios, estrictamente imprescindibles y que mantengan proporcionalidad con el volumen de operaciones.

Los ingresos reportados, podrán ser modificados, por la Administración, cuando se determine que el verdadero ingreso es diferente al que sirve de base para la cotización del asegurado.  El nuevo ingreso que resultare, en ningún caso podrá ser inferior al mínimo establecido en la escala contributiva aplicable a los trabajadores independientes.

3.   Variaciones que se produzcan referentes a cambios en el nombre, actividad o domicilio.

4.   Presentar dentro de los plazos programados y en la forma que disponga la administración (disquete, cintas, facsímil, etc), la planilla correspondiente al mes inmediato anterior con los datos requeridos.

5.   Pagar en los plazos establecidos y en la forma que disponga la administración, las cuotas correspondientes.

Pasada la fecha máxima de pago, el trabajador independiente deberá cancelar los recargos correspondientes, así como los intereses legalmente establecidos (tasa básica pasiva del Banco Central).  El incumplimiento en el pago conlleva el trámite de cobro administrativo y de cobro judicial, según corresponda, conforme los procedimientos establecidos por la Institución.

6.   Para recibir las prestaciones del Seguro de Salud, el asegurado debe presentar su documento de identificación, carné del Seguro Social y comprobación de derechos vigente al momento en que demanda los servicios.

El Trabajador Independiente responderá íntegramente por el pago de las prestaciones otorgadas, cuando haya incumplido con la obligación de asegurarse oportunamente o cuando se encuentre en condición de moroso.

Cualquier dato falso que se brinde o consigne, u omisión en que se incurra, por parte de los Trabajadores Independientes, en el acto de su inscripción ante la Caja o al suministrar los reportes correspondientes, que induzcan a la Caja a otorgar prestaciones a las que no se tenga derecho de conformidad con las prescripciones de este Reglamento y de los Reglamentos de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte, los hará acreedores, aparte de la obligación de pagar esas prestaciones, a la aplicación, en lo que corresponda, de las sanciones establecidas en la Sección VI de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

 

Artículo 4º—De los beneficios. Los Trabajadores Independientes tienen derecho a los beneficios regulados en los Reglamentos de Salud y de Invalidez, Vejez y Muerte sujetos al cumplimiento de los requisitos y plazos de calificación respectivos.

 

Artículo 5º—De la vigencia de los derechos. Los beneficios que se derivan de este aseguramiento podrán disfrutarse a partir de la fecha en que se haya cumplido con los plazos de calificación establecidos para cada beneficio, y se hayan cancelado las cuotas respectivas. Todo en conformidad con lo establecido en el Reglamento de Salud, Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte y en los correspondientes instructivos.

 

Artículo 6º—Del procedimiento. Para efectos de hacer cumplir la obligatoriedad de aseguramiento de los Trabajadores Independientes, establecida legal y reglamentariamente, se procederá, en lo pertinente, conforme con lo regulado en el “Reglamento para Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones Patronales y de Asegurados”.

 

Artículo 7º—Otros procedimientos administrativos. Tratándose de otros procedimientos administrativos como son las devoluciones de cuotas, anulaciones y reconstrucciones, entre otros, que por aspectos contributivos presenten los Trabajadores Independientes, se tramitarán en los mismos términos en que se atienden los presentados por los patronos, trabajadores y pensionados.

SECCIÓN III Financiamiento

Artículo 8º—De las cotizaciones. Este Seguro tiene como fuentes de financiamiento:

1.   La cotización obligatoria del trabajador independiente, según la aplicación de las tablas y escalas contributivas establecidas por la Junta Directiva, de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección Actuarial y de Planificación Económica.

2.   El aporte complementario del Estado por la diferencia entre el porcentaje con que contribuye el asegurado y el porcentaje de cotización global establecido por la Junta Directiva, de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, en las tablas respectivas de los Seguros de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte.

3.   La contribución del 0.25% que corresponde al Estado como tal.

 

Artículo 9º—De la cotización mínima. En los casos en que proceda aplicar la cotización mínima esta se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 63° del Reglamento del Seguro de Salud y en el artículo 34° del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte.  Ténganse como excepciones al pago de la cotización mínima, en lo que apliquen, las contenidas en el artículo 63° del Reglamento de Seguro Salud.

SECCIÓN IV Disposiciones especiales

Artículo 10.—De las normas supletorias. Los aspectos no contemplados expresamente en el presente reglamento, se regirán por lo dispuesto en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Reglamento de Seguro de Salud, el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, así como cualquier otra normativa institucional aplicable, el Código de Trabajo, los principios generales del derecho, y en general cualquier otra disposición internacional que resultare aplicable.

Artículo 11.—De las derogatorias. Este reglamento deroga el Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes y los Asegurados Voluntarios aprobado en la sesión N° 7712 celebrada el 10 de diciembre del 2002, sus reformas y cualquier otra norma de igual o menor rango que se le oponga.”

San José, 28 de octubre del 2004.

Reglamento de servicio social obligatorio para los profesionales en ciencias de la salud

Descargar aquí este reglamento

PODER EJECUTIVO

DECRETO No. 25068-S

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE SALUD

En uso de la facultades que confieren los artículo 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política; 28 párrafos segundo inciso b) de la Ley No.6227 de 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”, y la Ley No.7559 de 9 de noviembre de 1995 “Ley de Servicio Social Obligatorio para los Profesionales en la Ciencias de la Salud”.

Considerando:

1° Que la Ley No. 7559 de noviembre de 1995, en su artículo 2 estipula que para los efectos del Servicio Social Obligatorio, se consideran profesiones en ciencias de la salud las siguientes: Medicina, Odontología, Microbiología, Farmacia, Enfermería y Nutrición.

2° Que la prestación del Servicio Social Obligatorio es un requisito indispensable para ejercer las profesiones enumeradas en el considerando anterior, salvo las excepciones que la misma Ley establece.

3° Que la supra citada Ley establece una nueva normativa en lo que se refiere a la realización del Servicio Social Obligatorio, y en su artículo 15, faculta al Poder Ejecutivo para emitir el Reglamento respectivo. Por tanto:

 

DECRETAN

El siguiente

 

REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

 

Artículo 1

Créase la Comisión de Servicio Social Obligatorio, denominada en adelante “La Comisión”, para asesorar y asistir al Ministro de Salud en todo lo relacionado con el cumplimiento del Servicio Social Obligatorio para los Profesionales en Ciencias de la Salud, conforme a la Ley No.7559 y a las presentes disposiciones reglamentarias. Tendrá las facultades establecidas en este reglamento y estará integrada por:

a) El Director General de Salud o su representante, quien la presidirá.

b) El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social o su representante.

c) El Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros o su representante.

d) El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o su representante.

e) Un representante del Consejo Nacional de Rectores.

f) Un representante del Consejo Nacional de Educación Superior.

g) Un representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

h) Un representante del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

i) Un representante del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica.

j) Un representante del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.

k) Un representante del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.

l) Un representante del Colegio de Profesionales en Nutrición.

Los representantes de los Colegio Profesionales aquí citados, serán designados por sus Juntas Directivas o de Gobierno, y durarán en sus cargos dos años, pudiendo ser nombrados por períodos sucesivos.

Asistirá en calidad de asesor de la Comisión, con voz pero sin voto, el Director de la Asesoría Legal del Ministerio de Salud.

 

Artículo 2

Para efectos de la organización de los sorteos, la Comisión de Servicio Social estará dividida en seis Subcomisiones:

1. Subcomisión de Médicos, integrada por los representantes a que se refieren los incisos a), b), c), e), f) y g) del artículo anterior.

2. Subcomisión de Odontólogos, integrada por los representantes a que se refieren los incisos a), b), c), e), f) y h) del artículo anterior.

3. Subcomisión de Microbiólogos, integrada por los representantes a que se refieren los incisos a), b), c), e), f) e i) del artículo anterior.

4. Subcomisión de Farmacéuticos, integrada por los representantes a que se refieren los incisos a), b), c), e), f) y j) del artículo anterior.

5. Subcomisión de Enfermeras, integrada por los representantes a que se refieren los incisos a), b), c), e), f) y k) del artículo anterior.

6. Subcomisión de Nutricionistas, integrada por los representantes a que se refieren los incisos a), b), c), e), f) y l) del artículo anterior.

Los representantes institucionales en cada una de las Subcomisiones a que se refiere el presente artículo, en la medida de sus posibilidades, podrán delegar su participación en las mismas en un miembro que pertenezca a la disciplina a la que se refiere la Subcomisión.

 

Artículo 3

La comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar el proceso de asignación de las plazas de servicio social, según las necesidades institucionales, sociales y docentes del Sistema de Salud.

b) Participar activamente en la realización del sorteo para la asignación de las plazas.

c) Coordinar la planificación, revisión, regulación, y aprobación, junto con las instituciones involucradas, los programas de investigación, capacitación y acción comunitaria que se asignen a los profesionales de servicio social.

d) Recomendar al Ministerio de Salud la aprobación o desaprobación del cumplimiento del Servicio Social Obligatorio.

e) Analizar y recomendar sobre los traslados del personal remunerado en plazas de servicio social.

f) Recomendar o no recomendar un régimen de equiparación de oportunidades considerando las necesidades particulares de quienes presenten alguna discapacidad severa que pueda interferir con las funciones de su Servicio Social, a juicio de la Comisión.

g) Rendir al Ministro de Salud, por lo menos un informe semestral sobre el control del proceso de reclutamiento, selección, distribución geográfica e institucional de los profesionales que se encuentren prestando el Servicio Social Obligatorio.

h) Las demás que le correspondan por la reglamentación vigente y las que debe realizar por encargo del Ministro de Salud.

 

Artículo 4

La Comisión se reunirá cuando sea convocada por su presidente o a solicitud escrita de cuatro de sus miembros. El quórum para sesionar válidamente será de siete de sus miembros.

Las Subcomisiones se reunirán cuando sean convocadas por el Presidente y el quórum para sesionar válidamente lo conformarán la mitad más uno de sus miembros.

 

Artículo 5

Las resoluciones de la Comisión se tomarán por mayoría simple de votos de los miembros presentes, en caso de empate el Presidente tendrá doble voto. Las resoluciones de la Comisión serán apelables ante el Ministro de Salud. Dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación.

 

Artículo 6

El Servicio Social Obligatorio, se llevará a cabo en áreas geográficas y programas donde por la naturaleza de su actividad, ubicación, grado de desarrollo, bajos índices socioeconómicos y de salud y condiciones generales, el servicio de los profesionales a que se refiere la ley No. 7559, sea difícil de proporcionar a la población mediante los procedimientos normales de contratación, tanto para las instituciones del sector público, como para las del sector privado y los organismos no gubernamentales.

Las plazas que no reúnan las condiciones establecidas no calificarán para Servicio Social Obligatorio, por lo que serán excluidas del sorteo por la Comisión.

 

Artículo 7

Las plazas de Servicio Social Obligatorio para cada clase profesional se adjudicarán por sorteo, que será convocado por el Ministerio de Salud. Habrá dos sorteos ordinarios al año, uno en enero y otro en agosto. En caso necesario, el Ministerio de Salud convocará a sorteos extraordinarios, previa recomendación de la Comisión.

 

Artículo 8

En caso de Especialidades consideradas críticas, debidamente declaradas así por las instituciones involucradas y el Colegio Profesional respectivo, previa autorización de éstos, y a solicitud del interesado, la Comisión podrá autorizar como equivalente al año de Servicio Social Obligatorio, los dos primeros años aprobados de su curso de postgrado de especialidades.

La autorización de la Comisión deberá ser previa al inicio del curso de postgrado de especialidad, y el certificado de cumplimiento del Servicio Social Obligatorio, se otorgará hasta que el interesado demuestre su aprobación del segundo año del curso de postgrado de especialidad.

 

Artículo 9

Los interesados en la prestación del Servicio Social Obligatorio, deben solicitar por escrito ante la Dirección General de Salud, su inclusión en la lista oficial de participantes al próximo sorteo, adjuntando los siguientes requisitos:

a) Fotocopia de la cédula de identidad o de pasaporte, en caso de ser extranjero.

b) Certificación de la universidad correspondiente de haber cumplido con el récord académico para esa clase de profesión. Cuando se trate de estudios realizados en el extranjero, las certificaciones deberán seguir los trámites de autenticación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, así como su respectiva certificación de reconocimiento extendido por la Escuela o Facultad correspondiente de la Universidad de Costa Rica.

c) Autorización del colegio profesional respectivo.

d) Los médicos graduados en universidades nacionales, deberán aportar certificación de haber realizado un año de internado rotatorio universitario. Los graduados en el extranjero, deberán aportar certificación de reconocimiento del internado extendido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Médicos Cirujanos.

e) Lugar o número de fax donde oír notificaciones.

f) Si el participante ha cursado alguna especialidad y desea ejercerla durante el año de Servicio Social Obligatorio, deberá aportar la autorización del colegio profesional respectivo, siempre que exista interés de las instituciones involucradas y a juicio de la Comisión.

 

Artículo 10

La Comisión publicará un aviso en un diario de circulación nacional, con un mínimo de un mes calendario de antelación al sorteo correspondiente. La publicación contendrá el anuncio del próximo sorteo, la fecha, hora y el lugar donde se efectuará, por lo que a más tardar, dentro de los 10 días naturales posteriores a la citada publicación, los profesionales aspirantes a la realización del servicio social obligatorio, deberán solicitar su inclusión en el Sorteo. Así también, la publicación comunicará a las instituciones interesadas para que aporten la lista de plazas a que se refiere el artículo 12 del presente reglamento.

 

Artículo 11

Solamente los profesionales interesados, que presenten su solicitud dentro del plazo aquí previsto, podrán ser incluidos en la lista de participantes al sorteo. Vencido el plazo dicho, no podrá agregarse a las listas ningún otro participante.

 

Artículo 12

Con quince días naturales de anticipación al sorteo, las instituciones interesadas, deberán comunicar por escrito, al a Dirección General de Salud, la lista de plazas que ofrecen para cubrir el Servicio Social Obligatorio. Deberán indicar el programa o centro-sede de trabajo al que pertenecen las plazas, así como cualquier otra información solicitada por la Comisión. En caso de que las instituciones no entreguen las listas de plazas dentro del plazo establecido, el sorteo no se efectuará.

 

Artículo 13

Recibidas las listas de plazas y las solicitudes de los participantes, la Comisión o su respectiva Subcomisión, se reunirá para confrontar el número de plazas ofrecidas y el número de solicitantes que se inscribieron al sorteo. Si la cantidad de plazas fuera insuficiente, la Comisión gestionará ante las instituciones el aporte complementario de plazas.

 

Artículo 14

De persistir la insuficiencia de plazas, los aspirantes que no obtuvieron plaza en el Sorteo, previa certificación extendida en tal sentido por la Comisión, podrán incorporarse a sus respectivos colegios profesionales sin cumplir con el requisito de Servicio Social Obligatorio.

Si el número de solicitantes fuere menor al número de plazas disponibles, serán excluidas del sorteo por la Comisión y a su juicio, las plazas que exceden, dando prioridad a las plazas del Sector Público en áreas de difícil acceso.

 

Artículo 15

El sorteo se realizará en el lugar, día y hora indicados, con la presencia de por lo menos del Presidente de la Comisión o su delegado. El sorteo deberá ser fiscalizado por un abogado designado por la Dirección de la Asesoría Legal del Ministerio de Salud, quien levantará acta del resultado, la cual firmarán los miembros presentes de la Comisión, así como los participantes en el sorteo.

 

Artículo 16

La actividad será exclusiva para la realización del sorteo y solo participarán e ingresarán a recinto, los profesionales que habiendo completado satisfactoriamente la inscripción, se hagan presente, sea en forma personal o por medio de un tercero con autorización escrita debidamente autenticada por un abogado.

 

Artículo 17

Cuando existan suficientes plazas para todos los aspirantes, los participantes costarricenses tendrán prioridad de sortear con respecto a los participantes extranjeros, aunque estos sean graduados o egresados de las facultades o escuelas de las universidades del país. Cuando por la cantidad de participantes, y a juicio de la Comisión se considere necesario, se procederá a realizar una sesión para el sorteo de plazas con los participantes nacionales, y otra posterior con los extranjeros. Igual sucederá cuando existan varios participantes para ejercer alguna especialidad.

 

Artículo 18

El procedimiento para la asignación de plazas en el sorteo, será el siguiente:

a) Se procederá a comprobar la asistencia de los participantes al sorteo, mediante la lectura de la lista oficial. Posterior a este acto, no se permitirá el ingreso al recinto de más participantes.

b) Si el número de plazas ofrecida para el sorteo es menor que el número de aspirantes, se procederá a realizar de previo al sorteo, una rifa entre los aspirantes, tanto nacionales como extranjeros, para determinar quienes participarán en el Sorteo. Posteriormente, se realizará el Sorteo con los aspirantes nacionales, y por último otro con los aspirantes extranjeros. Sin embargo, antes del Sorteo, los aspirantes que obtuvieron derecho a escogencia podrán cambiar su calidad o situación con aquellos que quedaren excluidos, si así lo desearen y lo solicitaren es ese mismo acto ambas partes ante representantes de la Subcomisión.

c) Los que quedaran excluidos, procederán a firmar el acta respectiva y se retirarán del recinto. Dentro de los cinco días hábiles posteriores al sorteo, la Comisión les otorgará una certificación haciendo constar su situación, documento que presentarán al colegio profesional respectivo para su incorporación.

d) En el momento de presentarse al sorteo, la Comisión tendrá en el recinto y en exhibición, un listado de las plazas disponibles para sortear, las cuales estarán debidamente enumeradas.

De ser posible, la Comisión hará entrega a cada participante dicho listado con información dada por las instituciones involucradas sobre cada una de las plazas.

e) En el momento del sorteo, de acuerdo con lista alfabética de os participantes, éstos procederán a retirar una ficha con un número, el cual corresponderá al orden de escogencia de la plaza.

f) Después de adjudicada la plaza y la firma del acta correspondiente, los participantes deberán retirarse y permanecer fuera del recinto, sin ausentarse, hasta tanto no se dé por concluido el sorteo en su totalidad.

 

Artículo 19

A más tardar durante el día hábil siguiente al sorteo, los participantes podrán hacer cambios entre sí, apersonándose a la Asesoría Legal del Ministerio de Salud, donde se levantará el acta correspondiente, debiendo remitirla de inmediato a la Comisión con copia a los departamentos e instituciones involucradas. Vencido ese término, las plazas quedarán definitivamente asignadas.

 

Artículo 20

Dentro de los ocho días hábiles posteriores al sorteo, los profesionales que obtuvieron plaza, deberán formalizar contratos laborales con la institución respectiva, el cual deberá contener el compromiso del profesional de participar en un programa de investigación o acción comunitaria cuyo contenido lo asignará la Comisión en conjunto con la institución respectiva y una representación de las universidades en caso de que la Comisión lo considere necesario.

 

Artículo 21

Las instituciones deberán contratar las plazas de servicio social por el tiempo determinado de un año y la jornada laboral ordinaria no podrá ser menor de ocho horas diarias Al finalizar el término del contrato, la relación laboral se tendrá por concluida.

 

Artículo 22

Los profesionales que efectúen su Servicio Social Obligatorio, recibirán una remuneración en concordancia con el salario del profesional que inicia sus labores, de conformidad con el Ordenamiento Jurídico vigente en la materia.

 

Artículo 23

Los permisos para la educación continua u otras actividades de capacitación o formación, no impartida por las instituciones empleadoras, estarán limitados dependiendo del interés de cada institución al respecto y de que el servicio que se presta en la comunidad no se vea afectado.

 

Artículo 24

El profesional que habiendo solicitado la inscripción al sorteo y no se presenta al mismo, sea personalmente o por medio de una tercera persona debidamente autorizada para tal acto, no podrá participar en otro sorteo, sino hasta un años después, contado a partir de la fecha del sorteo para la cual se inscribió. Se exceptúa de lo anterior los casos debidamente justificados y presentados ante la Comisión dentro del día hábil siguiente al sorteo, quedando la validez de la justificación a juicio de la Comisión, la que en un plazo de quince días naturales comunicará su resolución.

Artículo 25

El profesional que habiendo asistido al sorteo y se le hubiese asignado plaza y no lo ocupa o la renuncia sin justa causa solamente presentada y avalada por la Comisión, o la abandona, no podrá participar en otro sorteo sino hasta dos años después del sorteo en el cual se le asignó la plaza. Las instituciones interesadas podrán realizar un nombramiento interino de un profesional debidamente incorporado al colegio profesional respectivo, en esa plaza, hasta su adjudicación en sorteo.

 

Artículo 26

En casos calificados de que un profesional deba suspender su Servicio Social Obligatorio, deberá de previo solicitar la autorización a la Comisión, la que deberá emitir su resolución dentro de los siguientes quince días naturales.

En caso de contar con la autorización para suspender el Servicio Social Obligatorio, para el cumplimiento del tiempo faltante, deberá el Profesional solicitar su participación en un nuevo sorteo, según los procedimientos establecidos en el presente reglamento, excepto en los casos de estudios de postgrado en especialidad, en los que deberán completarse los dos años a que se refiere el artículo 8 del presente Reglamento.

 

Artículo 27

Derogase el decreto ejecutivo No.23735-S del 5 de octubre de 1994, publicado en “La Gaceta” No.206 del 31 de octubre de 1994 y cualquier disposición que se oponga al presente Reglamento.

 

Artículo 28

Rige a partir del 1 de mayo de 1996.

Dado en la Presidencia de la República. –San José, a los veintiún días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis. JOSE MARIA FIGUERES OLSEN. –El ministro de Salud, Dr. Herman Weinstok W. – 1 vez –C-23250. –(18982).

Reglamento de Acreditación y Recertificación Académica en Odontología

Reglamento de Recertificación

COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA
REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN Y RECERTIFICACIÓN ACADÉMICA EN ODONTOLOGÍA
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.

El Consejo de Acreditación y Recertificación Académica en Odontología, en adelante denominado como (CARAO) del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, en adelante (CCDCR), es el Consejo Asesor que, bajo la supervisión de la Junta Directiva, ejercerá las funciones de acreditación y recertificación profesional, que garanticen el buen ejercicio de la práctica y la educación odontológica en Costa Rica.

ARTÍCULO 2.

El CARAO en su calidad de Consejo Asesor, responde a la Junta Directiva. Su autoridad reside en la toma de decisiones inherente a su función, la ejecución de su presupuesto, y la aplicación de su normativa, con el propósito de actuar de forma transparente, imparcial, objetiva e independiente de otras instancias. Este Consejo Asesor se compone de dos comisiones permanentes, una de acreditación y una de recertificación.

ARTÍCULO 3.

La sede del CARAO se ubicará en las instalaciones del CCDCR, el cual dentro de sus posibilidades proveerá los recursos para el desarrollo de sus funciones.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

ARTÍCULO 4.

Para efectos reglamentarios, se entenderá la acreditación como el proceso mediante el cual el CARAO puede certificar a un ente proveedor de educación de interés odontológico, siempre y cuando se cumplan los requisitos administrativos y académicos normados en el presente reglamento donde se ofrece al profesional en Odontología, educación continua de calidad.

ARTÍCULO 5.

La recertificación se entenderá como el proceso o mecanismo mediante el cual, los profesionales en Odontología cumplan con los requisitos administrativos y académicos normados en este Reglamento para actualizarse en el ejercicio de su práctica odontológica.

CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN Y RECERTIFICACIÓN ACADÉMICA EN ODONTOLOGÍA

ARTÍCULO 6.

Son atribuciones del CARAO en materia de Acreditación y Recertificación:
6.1. Evacuar cualquier consulta sobre Acreditación y/o Recertificación profesional, presentada por la Junta Directiva del CCDCR, los proveedores de educación formal o continua, los agremiados, las organizaciones que brinden acreditación, y persona físicas o jurídicas. Cuando se trate de autoridades del Estado, corresponderá a la Junta Directiva o a la Asamblea General, según sea la consulta.
6.2. Dictar normas en aras de la actualización histórica y en pro del mejoramiento de sus funciones.
6.3. Establecer y aplicar los instrumentos y requerimientos académicos, evaluativos y fiscalizadores para los entes proveedores de educación continua y formal en Odontología, cuando estos así lo requieran.
6.4. Velar por que se cumplan los procedimientos anotados en el presente reglamento y por medio del cual los colegiados reciben una recertificación profesional.
6.5. Admitir y tramitar los recursos de revisión, revocatoria y apelación que se produzcan ante acuerdos emitidos durante sesiones del Este proceso debe ser realizado por la Comisión de Acreditación o la de Recertificación, según corresponda. En caso de los recursos de apelación con subsidio será la Junta Directiva quien resuelva.
6.6. Recomendar a la Junta Directiva la sustitución de cualquier miembro del CARAO que incumpla sus obligaciones inherentes estipuladas en el presente Tal recomendación debe apoyarse en un acuerdo tomado durante sesión del propio Comité, que debe ser aprobado por mayoría calificada.
6.7. Dictar la periodicidad de las reuniones ordinarias y extraordinarias del CARAO.
6.8. Sugerir a la Junta Directiva la creación de alianzas con Colegios Profesionales u homólogos tanto a nivel nacional como internacional en materia de recertificación y acreditación.
6.9. Elaborar el proyecto de presupuesto propio a su gestión y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación.
6.10. Cobrar una cuota del 2% porcentual del ingreso total por inscripciones o la exoneración de pago, de cada actividad registrada por un ente proveedor. Dicho monto será depositado en la cuenta que para este fin designe el Departamento de Contabilidad del CCDCR y será utilizado para el fortalecimiento de la educación continua del gremio.
6.11. Nombrar pares externos para evaluar las actividades de recertificación profesional.
6.12. Normar y fiscalizar los procesos de divulgación de los cursos en proceso de acreditación difundidos por los proveedores de educación continua.
6.13. Elaborar formularios y documentación conexa, para la evaluación de la actividad pre-recertificada de parte de los participantes.
6.14. Analizar la información obtenida de los formularios evaluativos y brindar un informe a la Dirección Académica que tenga parámetros establecidos.
6.15. Establecer el debido proceso con miras sancionatorias en el caso de entidades, órganos u organizaciones acreditadas o proveedoras de educación continua, cuando incurran en las posibles violaciones establecidas y tipificadas en este Reglamento.
6.16. Rendir un informe anual de labores donde se detalle la ejecución presupuestaria a la Asamblea General, a través de la Junta Directiva del CCDCR.
6.17. Administrar el sistema de asignación de créditos académicos para los agremiados.

CAPÍTULO IV

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN Y RECERTIFICACIÓN ACADÉMICA EN ODONTOLOGÍA

ARTÍCULO 7.

El CARAO es un consejo colegiado, consultivo, deliberativo y resolutivo. Estará constituido por dos comisiones permanentes conformadas por cinco miembros propietarios cada una más un miembro Director, todos electos por mayoría simple en una Asamblea General del CCDCR convocada para dicho fin, y por un período de dos años con posibilidad de ser reelegidos por periodos consecutivos de dos años.

Un miembro activo puede ser removido en forma automática, si comete una falta tipificada y comprobada en el Código de Ética del CCDCR.

ARTÍCULO 8.

Para ser miembro propietario del CARAO se requiere:

8.1. Ser profesional en Odontología debidamente incorporado al CCDCR.
8.2 Estar al día con sus derechos y obligaciones para con el CCDCR.
8.3. Poseer un título de especialista (reconocido por el CCDCR), maestría o doctorado académico (reconocidos por el estado costarricense).
8.4. No ostentar cargo en la Junta Directiva del CCDCR, ni Tribunal de Honor, ni Tribunal de Electoral.
8.5. No desempañar un puesto administrativo dentro de la estructura del CCDCR
8.6. No tener una sanción en firme por un proceso disciplinario, ético, administrativo, o penal dentro del CCDCR, instituciones públicas, judiciales, o universidades al momento de la elección.

ARTÍCULO 9.

La reposición de los miembros propietarios del CARAO ante renuncia, remoción o muerte, se hará en un plazo no mayor a noventa días hábiles posteriores a la vacante. Durante el proceso será un suplente quien ocupe la vacante.

ARTÍCULO 10.

La Asamblea General nombrará a cinco miembros suplentes escogidos de una nómina que el CARAO presentará a la Asamblea General por medio de la Junta Directiva. La selección de la suplencia para las vacantes se escogerá por votación, del CARAO, entre los miembros suplentes.

Los requisitos para ser miembro suplente son los mismos establecidos para los propietarios en el artículo NO. 8 de este reglamento. La vacante de un miembro suplente se llenará en la Asamblea General siguiente o la que se convoque para tal efecto, después de que la Junta Directiva del CCDCR reciba la notificación por parte de quien preside el Consejo.

ARTÍCULO 11.

El CARAO nombrará por mayoría simple, por un período de dos años, con posibilidades de reelección consecutiva e indefinida, a su Director o Directora, quien presidirá las sesiones plenarias.

ARTÍCULO 12.

Son atribuciones del Director o Directora del CARAO:
12.1. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias.
12.2. Representar al CARAO ante la Junta Directiva, Asamblea General, entes proveedores, instituciones homólogas, instituciones gubernamentales, y cualquier otra instancia afín. Al término de cada representación, el Director(a) presentará un informe de lo actuado ante el CARAO.
12.3 Velar por el cumplimiento del presente reglamento.
12.4 Elaborar junto los demás miembros titulares del CARAO y presentar ante la Comisión de Tesorería de la Junta Directiva del CCDCR, el ante-proyecto de presupuesto anual. Tal ante proyecto presupuestario anual debe presentarse en setiembre de cada año.

CAPÍTULO V

COMISIONES DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN Y RECERTIFICACIÓN ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA

ARTÍCULO 13.

El CARAO se dividirá en dos comisiones permanentes de acuerdo con sus funciones, la de Acreditación y la de Recertificación. Cada miembro del CARAO deberá rotar entre las comisiones cada dos años. Cada Comisión nombrará a un coordinador.

ARTÍCULO 14.
Son atribuciones de cada coordinador de las comisiones permanentes del CARAO:
14.1 Presidir la comisión bajo su responsabilidad.
14.2 Presentar informes relacionados con la comisión bajo su responsabilidad en las sesiones ordinarias o extraordinarias del CARAO.

ARTÍCULO 15.

Cada comisión del CARAO sesionará de forma ordinaria dos veces al mes; el CARAO lo hará de forma ordinaria una vez cada dos meses, y en forma extraordinaria por convocatoria del director(a) del CARAO. Si algún miembro del CARAO desea convocar a sesión extraordinaria, puede solicitarlo al Director (a) por escrito. El Director del CARAO convocará en un plazo de cinco días hábiles una vez recibida la solicitud, previa revisión y aprobación de la justificación de la solicitud de parte del mismo.

ARTÍCULO 16.

El quórum para sesiones de cada comisión permanente es de tres miembros propietarios. Para el CARAO, será de cinco miembros más el Director en mayoría simple, y de seis miembros más el Director en mayoría calificada. En las sesiones del CARAO, en ausencia del Director (a) uno de los coordinadores de comisión presidirá la sesión. En caso de empate, el voto del presidente se computará como doble.

ARTÍCULO 17.
La Comisión de Acreditación es la responsable de evaluar a los entes proveedores de educación continua, y adicionalmente tiene las siguientes responsabilidades generales:
17.1. Establecer los requisitos que deben cumplir las entidades proveedoras.
17.2. Elaborar y tramitar los formularios de solicitud de inscripción de las entidades proveedoras.
17.3 Elaborar y tramitar los formularios de solicitud de inscripción de las actividades de educación continua.
17.5. Comunicar los requisitos a los entes proveedores de educación continua.
17.6. Recibir y dictaminar las solicitudes de acreditación.
17.7. Asignar un número de inscripción a las actividades educativas del programa de recertificación.
17.8. Comunicar a los entes proveedores la resolución de sus solicitudes.
17.9. Brindar asesoría a las entidades proveedoras de actividades educativas con el fin de mantener una propuesta educativa acorde con las necesidades del país.
17.10. Gestionar nuevas alianzas y fortalecer las existentes de forma tal que favorezca el mejoramiento de la Educación Continúa. 17.11. Presentar el plan de trabajo anual y presupuesto de la Comisión ante el Director del CARAO.
17.12. Presentar informes mensuales ante el Director del CARAO.

ARTÍCULO 18.

La Comisión de Recertificación Profesional es la responsable de certificar los profesionales en Odontología y, adicionalmente, tiene las siguientes responsabilidades generales:
18.1. Establecer y comunicar los requisitos que deben cumplir los profesionales en Odontología para certificarse.
18.2. Dictaminar que el profesional cumple con los siguientes requisitos para ingresar de forma automática al programa de recertificación:
18.2.2. Estar incorporado al CCDCR.
18.2.3. Estar al día con todas las responsabilidades y obligaciones establecidas por el CCDCR.
18.3 Determinar que todo profesional cumpla con los siguientes requisitos para recibir el creditaje del programa de recertificación:
18.3.1. Cumplir los requisitos establecidos por el ente proveedor.
18.3.2. Llevar el control de créditos acumulados por parte de los                        participantes del programa.
18.3.3. Avalar mediante sello el cumplimiento del En caso de que una  actividad aprobada otorgue un certificado a los participantes.
18.3.4. Extender los certificados de cumplimiento para el programa de                Recertificación Profesional.
18.4. Presentar el plan de trabajo anual y presupuesto de la Comisión ante el Director del CARAO, así como informes mensuales.

CAPÍTULO VI
DE LOS ENTES PROVEEDORES

ARTÍCULO 19.

Los Entes Proveedores de actividades educativas, serán personas físicas, instituciones públicas, privadas o grupos organizados legalmente establecidos. Serán responsables de la calidad académica de su actividad; así como de la veracidad de los atestados y títulos académicos de los conferencistas.

Las Entidades Proveedoras de educación continua cumplirán con los siguientes requisitos:
19.1. Inscribirse como ente  proveedor   ante  el CARAO,  acorde  con los requisitos solicitados.
19.2. Presentar un resumen del contenido de la actividad según el formulario de inscripción.
19.3. Brindar los recursos básicos en cuanto a infraestructura (ventilación, iluminación, espacio físico) y didácticos (sistemas multimedia, material para las prácticas) de acuerdo con el número de participantes programados.
19.4. Contar con el permiso Sanitario de funcionamiento, expedido por el Ministerio de Salud del espacio físico en donde se realizará el evento.
19.5. Cumplir con la legislación vigente del Ministerio de Salud. Si la actividad académica incluye la atención de pacientes, el ente proveedor de Educación Continua, debe contar con el certificado de habilitación vigente y debe entregar un informe completo del También debe entregar a los participantes un instrumento para la evaluación del evento.
19.6. Certificar la asistencia a la actividad.
19.7. Presentar al CARAO el informe de horas recertificadas y adjuntar la lista de asistencia de cada participante.
19.8. El CARAO podrá solicitar la información o respaldos que considere apropiados para verificar el número de asistentes.

ARTÍCULO 20.
Si el Ente Proveedor de educación continua utiliza certificados de participación, debe tener en cuenta lo siguiente:
20.1. Estar firmado por el Coordinador del evento y el expositor para   su validez.
20.2. No podrá tener el logo del Colegio de Cirujanos Dentistas, a  excepción de que el ente proveedor de Educación Continua sea el mismo Colegio.
20.3. Incluirá el distintivo o logo propio del ente proveedor con el propósito de garantizar la validez del certificado.
20.4. Brindará a los observadores del CARAO la colaboración e información solicitada durante la actividad.
20.5. Eximirá del costo de inscripción a los observadores del CARAO asignados para la actividad.

ARTÍCULO 21.
Las Entidades Proveedoras de Educación Continua cumplirán el siguiente procedimiento para cada una de las actividades de educación continua:
21.1.Con un mes de anticipación a la fecha de inicio de la actividad educativa, el Ente Proveedor completará tanto el formulario como la documentación requerida por el CARAO.
21.2. La Secretaría del CARAO, asignará un número consecutivo a cada una   de las solicitudes que cumplan de forma óptima con los requisitos solicitados.
21.3. Las solicitudes serán analizadas por la Comisión de Acreditación del CARAO, la cual se pronunciará y comunicará el resultado de las  mismas, asignándole un número de horas por recertificar.
21.4. Las horas definitivas serán ratificadas después de la evaluación de la actividad académica por parte de un delegado (a) del CARAO y de los participantes a dicha actividad.
21.5. Archivar la copia de la factura emitida por el CCDCR, por el monto correspondiente a la recertificación.
21.6. Cancelar el porcentaje correspondiente al ingreso total por inscripciones de acuerdo con lo estipulado por el CARAO en un plazo de treinta   días naturales.
21.7. En caso de que el pago no sea efectivo en el plazo indicado, el CARAO procederá a no recertificar la actividad y el ente Proveedor no  podrá solicitar  una nueva reacreditación, en tanto no se ponga al día  en sus obligaciones.
21.8. En cuanto al pago de comisión para las actividades académicas de educación continua sin costo de inscripción, la entidad proveedora podrá solicitud de exención del porcentaje.
21.9. El aporte de las cuotas recibidas será depositado en la cuenta  única   del CCDCR.
21.10. El ente Proveedor que repita un curso o actividad en un período  mayor  a dos años, debe cumplir con los requisitos del formulario de actualización.

ARTÍCULO 22.

En caso de falsedad de datos por parte del Ente Proveedor de educación continua, el CARAO tiene potestad para suspender la acreditación y aplicar lo normado en el capítulo de sanciones.
En caso de suspensión de una actividad educativa por falsedad de datos, el Ente Proveedor será penalizado por el CARAO según lo normado en el capítulo de sanciones.

ARTÍCULO 23. 

El Ente Proveedor de educación continua puede desinscribirse en el momento en que lo considere, mediante documento escrito en el que manifiesta su voluntad; perdiendo los derechos y privilegios que el CARAO le otorgó. Esto no lo inhibe de inscribirse nuevamente.

CAPÍTULO VII
DE LOS EXPOSITORES O CONFERENCISTAS

ARTÍCULO 24.
24.1. Los expositores nacionales deberán estar incorporados y al día en sus responsabilidades y obligaciones con su respectivo colegio profesional o tener licencia de práctica profesional vigente, expedido por su colegio profesional respectivo.
24.2. Tanto los expositores nacionales como extranjeros, deberán presentar currículum vitae actualizado de sus dos últimos años de no más de tres páginas, así como una fotocopia de sus títulos académicos. 24.3 Los expositores nacionales o extranjeros participantes en la actividad educativa, deben contar con 5 años de experiencia mínima laboral o docente, preferiblemente con especialidad, maestría o doctorado. En casos especiales, el CARAO emitirá el criterio respectivo. 24.4. El CARAO se reserva el derecho de obviar alguno de los requisitos de los conferencistas en casos de reconocida trayectoria y prestigio, con el aval debidamente comprobado de un odontólogo (a) que esté al día en sus responsabilidades y deberes para con el CCDCR.

CAPÍTULO VIII
DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA

ARTÍCULO 25.

Con respecto a las actividades de educación continua:
25.1. Toda actividad académica será pre-acreditada.
25.2. Toda actividad académica completará el formulario de inscripción correspondiente.
25.3. Verificado el cumplimiento de los requisitos de recertificación posterior a la realización de la actividad, se aprueban los créditos de la misma.
25.4. Toda actividad académica se recertificará de acuerdo con la tabla de ponderaciones incluida en este Reglamento.
25.5. La asignación de créditos se realizará según los siguientes parámetros:
25.5.1. La suma de créditos se hará anualmente por parte de la  Comisión de Recertificación del CARAO.
25.5.2. El Ente Proveedor entregará a los participantes un documento   que certifique el cumplimiento de la actividad académica.
25.5.3. En caso de ser una actividad realizada por un ente  internacional de reconocido prestigio, no inscrito ante el CARAO, el participante tiene la obligación de presentar ante la comisión de   recertificación la evidencia de los cursos realizados, con el propósito   de ser considerados para el programa de Recertificación Profesional.

CAPÍTULO IX
SUPERVISIÓN ACADÉMICA

ARTÍCULO 26

El CARAO nombrará los colaboradores necesarios para llevar a cabo funciones de supervisión académica, los cuales asumirán las siguientes responsabilidades:
26.1. Supervisar el cumplimiento de objetivos ofrecidos por el Ente Proveedor, de acuerdo con el tipo de actividad académica inscrita sea virtual o presencial
26.2. Supervisar la asistencia, cumplimiento de horario y evaluación de la actividad sea virtual o presencial
26.3. Recomendar o no la recertificación ante el Comité de Recertificación Profesional del CARAO, mediante la entrega de un informe.

CAPÍTULO X
CREDITAJE Y TIEMPO DEL PROGRAMA DE RECERTIFICACIÓN

ARTÍCULO 27.

Para considerar la Recertificación Profesional, el participante cumplirá con un total de 12 créditos en un período de un año. El periodo de recertificación será anual, de acuerdo con las siguientes disposiciones.

TIPO DE ACTIVIDAD CRÉDITOS/CARAO (CC)

PRESENCIAL:
Se considerarán como actividades presenciales aquellas en las que participante y expositor estén presentes en espacio y tiempo.

CONGRESOS Y CHARLAS
Actividades de tipo magistral, donde, quien exponga presente un tema y reciba consultas de parte de la audiencia.

PARTICIPANTE:
PARTICIPANTE: Por cada hora = 1 crédito.
*DICTANTE: Por cada hora = 2 créditos.

**Es posible acumular horas dentro de un mismo período de recertificación.

ACTIVIDADES DE DISCUSIÓN (SIMPOSIOS, FOROS, MESAS REDONDAS, FUEGOS CRUZADOS, DEBATES)

En torno al mismo o distinto tema, en los que se presenten diferentes posiciones. Participan varios ponentes y el público interviene durante la actividad con preguntas, comentarios o conclusiones.

PARTICIPANTE:
Por cada 1 hora = 1 crédito. * PANELISTA: Por cada hora = 2 créditos. *

MODERADOR:
Por cada hora = 2 crédito. *
*Es posible acumular horas dentro de un mismo período de recertificación.

TALLERES:

Actividad teórico-práctica en la que se incluyen, calibraciones y desarrollo de habilidades técnicas.

PARTICIPANTE:
Por cada hora = 1 crédito. *INSTRUCTOR: Por cada hora = 2 crédito.
* *Es posible acumular horas dentro de un mismo período de recertificación.

 

CURSOS

Actividad teórico-práctica de ejercicio profesional en una o más áreas, por un período de tiempo determinado bajo la tutoría de uno o varios expertos.

PARTICIPANTE:

El creditaje se otorga contra la finalización del programa. La asignación de créditos corresponde al cumplimiento de horas, de la siguiente forma:

 

  • Se otorgará un crédito por hora de participación hasta otorgar un máximo de 21 Créditos CARAO.
PUBLICACIONES

Se consideran las divulgaciones de procesos investigativos, incluyendo artículos científicos publicados, presentaciones en congresos y concursos de investigación, participación en comités evaluadores, en todos los casos. El medio por el cual se haga la divulgación debe estar indexado.

INVESTIGADOR O AUTOR PRINCIPAL:
Por cada publicación de caso clínico o revisión bibliográfica = 4 CRÉDITOS/CARAO. Por cada publicación de serie de casos (casos y controles, cohortes) = 8 CRÉDITOS/CARAO. Por cada publicación de ensayo clínico o revisión sistemática = 12 CRÉDITOS/CARAO. INVESTIGADORES                                       O  AUTORES COLABORADORES:

Por cada publicación de caso clínico o revisión bibliográfica = 2 CRÉDITOS/CARAO. Por cada publicación de serie de casos (casos y controles, cohortes) = 4 CRÉDITOS/CARAO. Por cada publicación de ensayo clínico o revisión sistemática = 6 CRÉDITOS/CARAO. MIEMBRO DE COMITÉ EDITORIAL:

1 CRÉDITO/CARAO por año.

En caso de que la revista tenga  factor de impacto asociado, el total de créditos

obtenido se multiplica por ese factor.

 

PRESENTACIONES EN CONGRESOS Y CONCURSOS DE INVESTIGACIÓN

Presentación pública de la producción original, como una revisión bibliográfica, caso clínico o investigación, en un congreso o

evento avalado por el CARAO.

Por cada presentación de caso clínico, revisión bibliográfica o investigación = 2 CRÉDITO/CARAO.

OBRA DIDÁCTICA
Son publicaciones reconocidas aquellas que contribuyen al campo de conocimiento de la disciplina, en el contexto académico, didáctico, científico, profesional y sociocultural, incluyendo libros completos o capítulos, revistas científicas indexadas o manuales, físicas o digitales, avaladas por un comité editorial.

Autor principal

Por cada publicación de libro = 12 CRÉDITOS/CARAO.
Por cada publicación de capítulo de libro = 8 CRÉDITOS/CARAO. Libros = 6 CRÉDITOS/CARAO.

Autores colaboradores
Libro = 6 CRÉDITOS/CARAO. Capítulo de libro = 4 CRÉDITOS/CARAO.
Manuales= 3 CRÉDITOS/CARAO.

 

CARRERA ACADÉMICA

Las actividades de carrera académica incluyen el ejercicio docente y estudios de posgrado.

Ejercicio docente:

Profesional en odontología que realiza funciones académicas en una institución de educación superior aprobada por CONARE o CONESUP.

Estudios de posgrado:

Profesional en odontología que realiza estudios de posgrado en alguna de las especialidades reconocidas y de acuerdo con los parámetros normados por el Reglamento de Especialidades del CCDCR.

Se establece por número de horas anuales. La asignación de créditos corresponde al cumplimiento de horas anual, de la siguiente forma:

  • De 30 a 60 horas, 1 CRÉDITO/CARAO.
  • De 61 a 90 horas, 2 CRÉDITOS/CARAO.
  • De 91 a 250 horas, 3 CRÉDITOS/CARAO.
  • De 251 a 500 horas 4 CRÉDITOS/CARAO.
  • De 501 a 1000 horas, 5 CRÉDITOS/CARAO.
  • Más de 1000 horas, 8 CRÉDITOS/CARAO.
    Se otorga el número total de créditos requeridos mientras se encuentra activo en el programa de posgrado.
VIRTUAL Y BIMODAL

Se considerarán actividades no presenciales aquellas en las cuales se utilizan los recursos digitales, tales como teleconferencia, redes informáticas, videos, en las modalidades de aprendizaje en línea, módulos de auto-instrucción, con asistencia o sin ella.

Se considerarán actividades bimodales aquellas en las que se combinan actividades presenciales y no presenciales.

Para la asignación de créditos CARAO, en actividades no presenciales, se requiere aprobar una evaluación de aprovechamiento.

En estas modalidades se otorga un CRÉDITO/CARAO por cada hora.

 

CAPITULO XI
PROCESO DE RECERTIFICACIÓN PROFESIONAL

ARTÍCULO 29
29.1. Se inicia con la participación en una primera actividad académica nacional recertificada, o una internacional por medio de la inscripción correspondiente hasta lograr 12 créditos anuales.
29.2. El proceso de recertificación inicia en el mes de enero de cada año, y finaliza con la publicación de los profesionales recertificados en el mes de diciembre del mismo año.
29.3. En caso de no obtenerse un mínimo de 12 créditos anuales, deberá iniciar un nuevo proceso de recertificación para el siguiente año.
29.4. Si se obtienen los 12 créditos anuales para mantener la recertificación debe continuar con el mismo proceso cada año.
29.5. En caso requerido, el profesional puede solicitar por escrito y con acuso de recibo el congelamiento de créditos a la comisión de recertificación. La solicitud será revisada en la siguiente sesión ordinaria y se comunicará por escrito la decisión al solicitante.
29.6. Una vez cumplidos los créditos correspondientes del año, el participante, si lo requiere, puede solicitar un certificado al CARAO, con el número total de créditos aprobados.
29.7. En caso de actividades académicas internacionales, se aplica la misma rúbrica de asignación de créditos. Para optar por estos créditos, el solicitante deberá presentar en un plazo máximo de 3 meses después de realizada la actividad, la siguiente documentación:
29.7.1. Comprobante de la inscripción emitida por el ente proveedor.
29.7.2. Programa en el que participó.
29.7.3. Certificado o carta que compruebe el número de horas de participación.
29.7.4. Documento que indique: fecha, horario, temas de la actividad.
29.7.4. Otros documentos que el CARAO considere necesarios, en situaciones no contempladas en este artículo.

CAPÍTULO XII
SANCIONES Y REHABILITACIONES

ARTÍCULO 30.

El incumplimiento de alguna de las cláusulas de este Reglamento se somete a las siguientes sanciones:
30.1. Las entidades, órganos y organizaciones o entes proveedores de educación continua, deben cumplir con lo estipulado en el presente Reglamento.
30.2. Las siguientes faltas de las entidades, órganos y organizaciones o entes proveedores de educación continua, serán sancionadas de acuerdo con el presente Reglamento:
30.2.1. Documentos falsos de inscripción o publicidad engañosa, como ente proveedor.
30.2.2. Documentos falsos de los expositores.
30.2.3. Incumplimiento de Programas en tiempo, espacio y calidad.
30.2.4. Información errónea o falsa respecto al número de participantes, monto de matrícula cobrado.
30.2.5. Incumplimiento de pago oportuno en el plazo establecido.
30.3. Las sanciones estipuladas para las faltas indicadas son las siguientes:
30.3.1. No otorgar las horas de recertificación para la actividad.
30.3.2. Suspensión de la entidad, órgano, organización o entidad proveedora como acreditada por un período de tiempo desde un año   hasta en forma permanente.
30.3.3. Se establece como multa el pago del monto del porcentaje   correspondiente a la inscripción de los participantes.
30.4. En caso de que exista alguna falta en la que un miembro colegiado se encuentre involucrado, se trasladará el caso a la fiscalía del CCDCR, para lo que corresponda.
30.5. Las resoluciones del CARAO, serán apeladas en primera instancia ante la Comisión correspondiente y segunda instancia al Consejo de CARAO en pleno, donde finaliza el debido proceso y agotan la vía administrativa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEROGATORIAS Y FINAL

En este reglamento aplican los siguientes transitorios:

Los colegiados activos en el proceso de recertificación bajo el reglamento anterior, cumplirán el período correspondiente de acuerdo con la normativa ya inscrita.

Los miembros propietarios de la Comisión actual se mantendrán en funciones hasta que se venza su plazo de nombramiento, pudiendo ser nominados y reelectos en Asamblea General convocada para ese fin.

Los actuales Entes Proveedores de Educación Continua, en adelante denominado (EPECO) se mantendrán en el registro hasta que se realice el nuevo proceso de inscripción. Todo EPECO que tenga deudas pendientes, deberá cancelarlas para poder optar al registro de proveedores.

Este Reglamento deroga el reglamento anterior, publicado en La Gaceta No. 13 de fecha 22 de enero del 2020.
Este Reglamento entrará en vigencia una vez quede debidamente publicado en la Gaceta. Reforma publicada en la Gaceta No. 80 del martes 27 de abril del 2021.
Dr. Miguel Aguilar Monge, Director Administrativo –1 vez (IN2021543405).

Reglamento de Modalidades Cuota de Colegiatura

Descargar aquí este reglamento

Artículo 1

El presente reglamento tiene la finalidad de asegurar que todos los odontólogos incorporados al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica que se encuentran fuera del país por motivo de estudio o de residencia permanente se mantengan pagando una cuota menor mientras residen en el extranjero. Asimismo el beneficio se aplicará a los odontólogos que realicen estudios de postgrado de tiempo completo en universidades en Costa Rica.

Artículo 2

Para efectos de establecer un pago justo de las cuotas de los odontólogos que residen en el exterior, se establecen las siguientes modalidades de pago de la cuota de colegiatura:

  1. Modalidad de pago de colegiatura Número Uno
  2. Modalidad de pago de colegiatura Número Dos
  3. Modalidad de pago de colegiatura Número Tres

Artículo 3

La Modalidad de pago de Colegiatura Número Uno corresponde al odontólogo colegiado menor de 65 años, cuya cuota es la que establece la Asamblea General.

Artículo 4

La Modalidad de pago de colegiatura Número Dos corresponde al odontólogo colegiado que se encuentre al día en el pago de sus cuotas de Colegiatura y que realizará estudios de post-grado en una de las especialidades inscritas en el registro de Especialidades del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, con un tiempo semanal mínimo de 40 horas. La duración de los estudios, será la que indique el Reglamento de Especialidades  Odontológicas o los criterios que al respecto emita la Comisión de Registro de Especialidades y que sean debidamente avalados por la Junta Directiva del Colegio.

 

Artículo 5

El odontólogo que se acoja a la Modalidad Número Dos, pagará una cuota mensual correspondiente a la suma del aporte al Fondo de Retiro Odontológico y al Fondo de Mutualidad y Subsidios, establecido por la Asamblea General para el Fondo de Retiro Odontológico y Fondo de Mutualidad y Subsidios. Los derechos que se adquieran al obtener esta modalidad no son retroactivos.

Artículo 6

Para obtener el beneficio de la Modalidad Número Dos, el interesado deberá estar al día con la cuota de colegiatura y en el pleno uso de sus derechos de colegiado y deberá presentar a la Junta Directiva con suficiente antelación a la salida del país, la siguiente documentación:

  1. Solicitud escrita dirigida a la Junta Directiva solicitando ingresar a la Modalidad Número Dos, en la cual debe incluir el nombre de la especialidad, años de duración del estudio de la misma, teléfono móvil, Teléfono de la casa de habitación, y correo electrónico para notificaciones.
  2. Carta de la universidad donde hace constar que fue admitido y adjuntar el plan de estudios.
  3. Declaración Jurada autenticada por un notario público en donde se compromete al regreso de sus estudios informar al Colegio para realizar el cambio de la Modalidad Número Dos  a la Modalidad Número Uno.
  4. Al regreso de sus estudios debe presentar una copia del pasaporte que  indique la última entrada a Costa Rica.
  5. Estar al día con las cuotas de colegiatura.

 

Artículo 7

Si no se obtiene la consecución del título, diploma o certificación que dio origen a este beneficio deberá pagar la cuota de la Modalidad 1, desde el momento en que se le otorgó la Modalidad Número Dos, hasta la fecha de su regreso definitivo al país.

Artículo 8

La Modalidad de pago de cuotas de colegiatura Número Tres corresponde al odontólogo que se encuentre al día en el pago de sus cuotas de Colegiatura y que se ausente del país permanentemente y desee  mantener su inscripción en el Colegio, este pagará una cuota equivalente a la suma de los montos correspondientes a los aportes al Fondo de Retiro Odontológico y al Fondo de Mutualidad y Subsidios y a un 25 % del aporte al Fondo Común del Colegio, según cuota establecida anualmente por la Asamblea General de Presupuesto.

Artículo 9

Para obtener el beneficio de la Modalidad Número Tres, el interesado deberá estar al día en el pago de la cuota de la colegiatura y en el pleno uso de sus derechos de colegiado y deberá presentar a la Junta Directiva con un plazo de un mes de antelación a la salida del país, la siguiente documentación:

a)    Carta dirigida a la Junta Directiva solicitando la Modalidad Número Tres, indicando el lugar donde va a residir,  teléfono, correo electrónico para  notificar. Además debe incluir  la fecha exacta en que se va a ausentar del país. De no hacerlo deberá continuar pagando la cuota correspondiente a la Modalidad Número Uno.

b)   Copia del pasaporte y del boleto de pasaje.

c)    Declaración Jurada autenticada por un notario público en donde se compromete al regreso de su estadía en el exterior, informar al Colegio para realizar el cambio de la Modalidad Número Tres  a la Modalidad Número Uno.

d)   Al regreso de su estadía fuera del país, presentar al Colegio una copia del pasaporte que indique la última entrada a Costa Rica.

e)    Estar al día con las cuotas de colegiatura.

 

Artículo 10

Se respetan las disposiciones contenidas en los Reglamentos del Fondo de Retiro Odontológico, Fondo de Mutualidad y Subsidios en lo relativo a exenciones de aportes a cuota de colegiatura.

Artículo 11

El colegiado que se traslade a estudiar o a residir en el exterior que no se haya acogido a las disposiciones de este Reglamento, cuando regrese al país y desee mantener inscripción en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, deberá hacer el pago de la totalidad de cuotas de colegiatura que ha dejado de pagar desde su salida del país hasta su fecha de regreso, más los intereses y gastos que haya ocasionado al Colegio.

Aprobado en la Asamblea General  Extraordinaria celebrada a las dieciocho días del mes de abril del dos mil trece.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Reglamento de Filiales

Descargar aquí este reglamento

*Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 02 de noviembre del 2010

 

REFORMA INTEGRAL
REGLAMENTO DE FILIALES ODONTOLOGICAS

CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Se crean las Filiales Odontológicas, como organizaciones regionales adscritas al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, formadas por odontólogos  y odontólogas debidamente incorporados.

Artículo 2. Las Filiales Odontológicas tendrán como objetivo principal colaborar estrechamente con la Junta Directiva del Colegio para el cumplimiento, en cada una de las regiones, de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Colegio.

Artículo 3. La Junta Directiva del Colegio podrá señalar a todas y cada una de las Filiales acciones específicas a realizar, sin que las directrices específicas que emita hacia una Filial sean obligatorias para las otras.

Artículo 4. Las Filiales tienen la obligación de cumplir con toda la legislación y normas jurídicas vigentes que rigen al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y a la profesión odontológica, así como todas las normas que dicte la Asamblea General y la Junta Directiva del Colegio. El incumplimiento de lo aquí indicado producirá la disolución de la Filial por parte de la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 5. Las Filiales actuarán como órganos representativos y de asesoría de la Fiscalía del Colegio por medio del fiscal de la Filial y siempre que lo disponga la Junta Directiva o la Asamblea General, ambas del Colegio, y actuarán también como órganos representativos o auxiliares del Tribunal Electoral cuando así lo disponga el indicado Tribunal Electoral. Cuando actúen en cualquiera de los dos casos aquí indicados, siempre deberán proceder conforme a las instrucciones que le giren la Fiscalía o del Tribunal Electoral, ambos del Colegio, según corresponda.

Artículo 6. La Filial tendrá su sede en el lugar que al momento de su inscripción en el Colegio ella misma señale; o en su defecto, la que indique la Junta Directiva del Colegio.

CAPITULO II
DE LA CREACIÓN DE UNA FILIAL

Artículo 7. Se podrá formar Filiales Odontológicas únicamente en las regiones que establezca y apruebe la Junta Directiva del Colegio en su Regionalización Nacional. Para dicha regionalización la Junta Directiva deberá tomar en cuenta tanto la ubicación geográfica como la densidad de odontólogos regentes en la zona.

Artículo 8. Antes de la creación de una nueva región, ya sea por iniciativa de Junta Directiva del Colegio o por iniciativa de los odontólogos de la zona, deberá publicase la propuesta en la página web del Colegio, para recibir oposiciones en el plazo de quince días hábiles. Una vez transcurrido ese plazo, la Junta Directiva resolverá conforme corresponda.

Artículo 9. Se admite la creación solamente de una única Filial en cada una de las Regiones establecidas.

Artículo 10. Para la creación de una Filial en una nueva región, se debe enviar solicitud por escrito a la Junta Directiva del Colegio solicitando la creación de una nueva región y la aprobación para formar una Filial en la nueva región. Dicha solicitud deberá venir acompañada de la firma y copia de la cédula de identidad de no menos de 25 odontólogos u odontólogas regentes de la zona, e inscritos ante el Colegio como tales. La Junta Directiva del Colegio rendirá dictamen de dicha solicitud en un plazo menor a los dos meses calendario de la fecha en que dicha solicitud haya sido conocida en sesión de Junta Directiva del Colegio.

Artículo 11. Una vez notificado el dictamen de Junta Directiva, si éste es positivo, se debe realizar los trámites de formación de la filial.

Artículo 12. Son requisitos para la formación de una filial:

  1. Solicitud por escrito a la Junta Directiva para la creación de una Filial, indicando la región en la cual va a funcionar la Filial, de conformidad con lo establecido por los artículos 6 y 7 del presente reglamento.
  2. Listado con firmas y copias de las cédulas de identidad de no menos de 25 odontólogos regentes en la región donde se formará la filial, quienes se han encargado del nombramiento de la Junta Directiva Filial y serán los miembros fundadores de la Filial.
  3. Señalar sede de la Filial y lugar y frecuencia de las reuniones de Junta Directiva de Filial.
  4. Indicar los nombres de los integrantes de la Junta Directiva de Filial, acompañado de un número de fax, dirección física u otro medio válido para recibir notificaciones, así como el puesto que cada uno desempeñará.
  5. Indicar el nombre del Fiscal de la Filial, acompañado de un número de fax, dirección física u otro medio válido para ser notificado, quien actuará en estricto apego a las directrices de la Fiscalía del Colegio.

Artículo 13. El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica deberá llevar un registro completo y actualizado de la cantidad de filiales existentes, según la Regionalización a nivel Nacional aprobada, nombres y número de miembros de cada una, nombres de miembros de Junta Directiva Filial y del Fiscal, así como las fechas exactas de vigencia de sus puestos y fechas programadas de elección según lo dispuesto por los artículos 20, 45, 52, 70, 71 y 73 del presente reglamento.

Artículo 14. La documentación completa de solicitud para la formación de una Filial será presentada ante la Secretaría de Junta Directiva, quien la presentará a la Junta Directiva del Colegio en la sesión  ordinaria inmediata, para su conocimiento. La Junta Directiva del Colegio deberá aprobar o rechazar la solicitud en un plazo menor a los dos meses calendario de la fecha en que fue recibida en la sede central y comunicar por escrito su decisión a los interesados.

Artículo 15. Son miembros de la Filial en forma automática los odontólogos y odontólogas que ejercen la profesión en la región que funciona la Filial, a excepción de quienes manifiesten lo contrario por escrito a la Junta Directiva de la Filial. En el caso de los profesionales que ejercen ocasionalmente en varias regiones del país, deberán expresamente y por escrito solicitar la pertenencia a alguna de las filiales de una de las regiones donde ejercen. Dicha solicitud deberá venir acompañada de una copia de la cédula de identidad y será conocida y resuelta por la Junta Directiva de la Filial.

Artículo 16. Cada Filial deberá llevar un registro de los odontólogos y odontólogas que ejercen en su región y que, por tanto, son miembros de la Filial.

Artículo 17. No se puede pertenecer simultáneamente a dos o más Filiales.

CAPITULO III
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FILIAL

Artículo 18. La Filial tendrá una Junta Directiva que será la autoridad ejecutiva, directora y representativa de la Filial ante el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 19. La Junta Directiva tendrá como miembros a quienes se presente como tales en la documentación de inscripción de la Filial o, posteriormente, quienes sean electos en Asamblea Filial. Sus puestos serán ad honorem y no devengarán ningún tipo de dieta. No podrán ser miembros de Junta Directiva Filial los miembros de Junta Directiva del Colegio, el Fiscal General o empleados del Colegio.

Artículo 20. La Junta Directiva estará conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal, quienes permanecerán cuatro años en sus puestos y podrán ser reelectos por períodos sucesivos.

Artículo 21. Son atribuciones de la Junta Directiva de Filial:

  1. Representar a la Filial ante la Junta Directiva y/o el Tribunal Electoral, ambos del Colegio, o ante cualquier Tribunal, Comisión o funcionario dentro y fuera del colegio en que solicite la representación de la Filial. Dicha representación puede recaer en el presidente de la Filial para asuntos específicos cuando exista un acuerdo para ello.
  2. Presentar un Plan de Trabajo anual a la Junta Directiva del Colegio.
  3. Levantar un acta de cada una de sus sesiones y de las Asambleas Filiales, y llevar un registro de acuerdos adoptados. Copias de sus actas deberán enviarse a la Junta Directiva del Colegio, para que ésta las conozca en sus sesiones.
  4. Examinar el cumplimiento de los deberes que a cada miembro de Junta Directiva de la Filial le corresponde.
  5. Ejecutar y hacer un uso racional de los recursos para Filiales que se establezca en el presupuesto anual del Colegio, de acuerdo a la normativa que para este caso creará la Junta Directiva del Colegio.
  6. Gestionar ante la Dirección Académica del Colegio y coordinar con la misma la organización y realización de actividades académicas que permitan a sus miembros cumplir con la Recertificación Profesional.
  7. Determinar el lugar, fecha, temas y conferencistas de las actividades académicas de la región, de acuerdo a las directrices generales emanadas por el Colegio.
  8. Formar comités de apoyo para el cumplimiento de las acciones específicas que la Junta Directiva le encomiende.
  9. Remover a alguno de sus miembros cuando deje de asistir injustificadamente  a tres sesiones consecutivas o cinco sesiones en forma no consecutiva en un período menor a un año.
  10. Admitir o rechazar las solicitudes de odontólogos para incorporarse como miembros de la Filial, según lo descrito en los artículos 12 y 13 del presente reglamento.
  11. Conocer la renuncia de sus miembros y nombrar un sustituto, siempre y cuando la renuncia no sea la del Presidente de la Filial.
  12. Proponer al Tribunal Electoral del Colegio los candidatos para Presidente y Suplente de las Juntas Receptoras de votos en los procesos electorales, para que sean acreditados.
  13. Organizar actividades científicas, culturales, sociales y/o profesionales para los miembros de la Filial.
  14. Solicitar unánimemente a la Junta Directiva del Colegio la disolución de la Filial.
  15. Convocar a Asamblea Filial.

Artículo 22. Son atribuciones del Presidente:

  1. Presidir las sesiones tanto de Junta Directiva como de la Asamblea Filial.
  2. Proponer el orden del día  y dirigir la discusión.
  3. Decidir las votaciones en caso de empate tanto en la Asamblea filial como en junta Directiva de Filial, en cuyo caso su voto se contabilizará doble.
  4. Firmar, junto al secretario, las actas de las sesiones.
  5. Conceder permiso a los miembros de Junta Directiva Filial para ausentarse  de las sesiones.
  6. Convocar a sesión extraordinaria de Junta Directiva.
  7. Convocar a Asamblea Filial.
  8. Asumir la representación de la filial para algún asunto específico, cuando exista un acuerdo de Junta Directiva para ello.
  9. Presentar a la Junta Directiva del Colegio y a la Asamblea Filial un informe anual de labores al cumplirse cada año de su gestión.
  10. Cumplir funciones específicas que le encomiende la Junta Directiva o la Asamblea Filial.

Artículo 23. Son atribuciones del Vicepresidente:

  1. Sustituir en sus funciones al Presidente, cuando este se ausente.
  2. Cumplir funciones específicas que le encomiende la Junta Directiva o la Asamblea Filial.

Artículo 24. Son atribuciones del Tesorero:

  1. Solicitar al Colegio el desembolso de recursos económicos del Presupuesto Anual del Colegio para Filiales, contra gastos, según la normativa  que para este caso creará la Junta Directiva del Colegio.
  2. Recibir los cheques emitidos por el Colegio para el pago de los compromisos económicos que generen las actividades de la Filial.
  3. Custodiar y entregar los cheques emitidos por el Colegio a los proveedores de bienes y servicios en las actividades realizadas por la Filial.
  4. Custodiar los recibos y facturas originales de los gastos que generen las actividades de la Filial y entregarlos al departamento de contabilidad del colegio en el plazo de siete días después de emitidos dichos recibos o facturas.
  5. Presentar un informe económico  a la Junta Directiva del Colegio y a la Asamblea filial al cumplirse cada año de su gestión.
  6. Cumplir funciones específicas que le encomiende la Junta Directiva o la Asamblea Filial.

Artículo 25. Son atribuciones del secretario:

  1. Redactar las actas de las sesiones y firmarlas junto al presidente.
  2. Llevar toda la correspondencia de la Filial.
  3. Custodiar el Libro de Actas, sellos, papelería y todos los documentos que la Filial conserve en su archivo.
  4. Elaborar las convocatorias a Asamblea Filial
  5. Llevar por escrito el control del uso de la palabra tanto en las sesiones de Junta Directiva de Filial como en la Asamblea Filial.
  6. Cumplir funciones específicas que le encomiende la Junta Directiva o la Asamblea Filial.

Artículo 26. Son atribuciones del vocal:

  1. Sustituir a los miembros de Junta Directiva en su ausencia, siempre y cuando no sea el puesto de presidente.
  2. Sustituir al presidente de Junta Directiva en su ausencia, cuando dicha representación no pueda ser asumida por el vicepresidente.
  3. Cumplir funciones específicas que le encomiende la Junta Directiva o la Asamblea Filial.

Artículo 27. Los acuerdos de Junta Directiva quedarán firmes al aprobar el acta de la respectiva sesión en la sesión inmediata posterior, salvo que en la misma se hayan declarado firmes. Todos sus acuerdos se tomarán por mayoría simple (voto afirmativo de tres de sus miembros).

Artículo 28. La Junta Directiva sesionará ordinariamente  una vez al mes, excepto que al momento de inscribir la Filial en el Colegio se establezca una frecuencia mayor de sesiones. Podrá reunirse extraordinariamente, pero la firmeza de los acuerdos tomados en forma extraordinaria se dará al aprobarse las actas extraordinarias en la sesión ordinaria inmediata posterior.

Artículo 29. Los acuerdos tomados en forma unánime por todos los miembros de la Junta Directiva tendrán el carácter de firmes. También serán firmes los acuerdos que así quieran declararse siempre y cuando sean aprobados por al menos cuatro de los miembros de la Junta Directiva y no haya ausencia de ninguno de ellos.

Artículo 30. Los acuerdos de Junta Directiva de Filial podrán ser revocados por la Junta Directiva del Colegio, cuando ésta así lo estime pertinente, en cuyo caso se deben detener todas las acciones para el cumplimiento de dicho acuerdo en forma inmediata.

Artículo 31. A los acuerdos de Junta Directiva de Filial les cabe recurso de revocatoria ante la misma Junta Directiva Filial y pueden ser apelados ante la Asamblea Filial en los ocho días hábiles posteriores a la  firmeza del acuerdo. Los asuntos no resueltos los resolverá en última instancia la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 32. Para sesionar, será necesaria la presencia de al menos tres de los miembros de la Junta Directiva. En ausencia de al menos uno de sus miembros, no podrá tomarse acuerdos firmes.

Artículo 33. Las convocatorias a sesión extraordinaria las hará el presidente siempre y cuando le sea comunicado a los restantes integrantes de la Junta Directiva por medio de fax o notificación escrita con al menos cinco días naturales de antelación. Se tendrá por lugar y número de fax para notificar los que se encuentren en la base de datos del Colegio.
También podrá convocarse a sesión extraordinaria si la notificación está firmada por al menos tres de los miembros de la Junta cumpliendo el mismo plazo de notificar con al menos cinco días de antelación.

Artículo 34. La renuncia de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva de la Filial al puesto que ocupa será presentada por escrito a la misma Junta, con copia a la Junta Directiva del Colegio. Cuando se trate del presidente se debe convocar a Asamblea filial para su escogencia, en el caso de los otros miembros el nombramiento recaerá en la misma Junta.

CAPITULO IV
DE LA ASAMBLEA FILIAL

Artículo 35. La Asamblea Filial es el organismo máximo de la Filial, formada por todos los miembros de la Filial. En ella podrá participar como observador el Coordinador Nacional de Filiales Odontológicas nombrado por la Junta Directiva del Colegio y un representante de la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 36. La Asamblea Filial se reunirá ordinariamente una vez al año para la elección de la Junta Directiva Filial o Fiscal, si corresponde, y conocer los informes de Tesorería y Presidencia. También podrá reunirse extraordinariamente, cuando sea convocada para algún asunto específico.

Artículo 37. Son atribuciones de la Asamblea Filial:

  1. Nombrar a la Junta Directiva Filial y al Fiscal de la Filial.
  2. Remover o ratificar a alguno de los miembros de Junta Directiva o el Fiscal cuando haya sido convocada para tal efecto.
  3. Conocer los informes anuales del Presidente y el Tesorero.
  4. Conocer y aprobar los Planes de Trabajo y Presupuesto Anual de la Filial para el año siguiente.
  5. Establecer cuotas de contribución voluntarias de sus miembros, para el mantenimiento y la ejecución de los fines de la Filial.
  6. Conocer las apelaciones a los acuerdos de Junta Directiva de la Filial interpuestos por miembros de la Filial.
  7. Solicitar la disolución de la Filial a la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 38. La convocatoria a Asamblea Ordinaria la hará la Junta Directiva Filial,  se deberá realizar con al menos quince días naturales de antelación y el anuncio deberá publicarse en la página web del colegio y algún medio de información escrito de circulación local. La Asamblea Ordinaria deberá celebrarse al cumplirse un año calendario de la formación de la Filial.

Artículo 39. La convocatoria a Asamblea extraordinaria se podrá hacer de la siguiente manera:

  1. Ante la Junta Directiva Filial con solicitud escrita de la mitad más uno del total de los miembros de la Filial, con copia a la Junta Directiva del Colegio, con al menos treinta días naturales previos a la fecha solicitada para su realización. La Junta Directiva dará curso a esta solicitud y publicará  la Convocatoria en la página web del Colegio y un medio de información escrito de circulación local con al menos quince días naturales antes de la fecha de realización de la Asamblea.
  2. Por voluntad del presidente de la Filial, comunicando por escrito la Convocatoria a la Junta Directiva Filial y la Junta Directiva del Colegio con al menos treinta días naturales de antelación. La Convocatoria deberá publicarse en  según el plazo y medios del inciso a.
  3. Por solicitud escrita ante el presidente de la Filial, con copia a la Junta Directiva del Colegio, de al menos tres de los miembros de la Junta Directiva, cumpliendo los plazos y medios  indicados en el inciso a de este artículo.

Artículo 40. Se formará quórum para la realización de la Asamblea Filial a la hora de convocatoria con la presencia de  no menos de quince de los miembros que conforman la Filial. Si lo anterior no ocurre, se hará segunda convocatoria quince minutos después con los odontólogos miembros de la Filial que se encuentren presentes.

Artículo 41. Cualquier acuerdo que adopte la Asamblea Filial se tomará por mayoría simple del total de miembros presentes a la hora de la votación. Dichos acuerdos deberán ser comunicados en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 42. Los acuerdos de Asamblea de Filial podrán ser revocados por la Junta Directiva del Colegio, cuando ésta así lo estime pertinente, en cuyo caso se deben detener todas las acciones para el cumplimiento de dicho acuerdo en forma inmediata.

Artículo 43. Los acuerdos de Asamblea Filial pueden ser apelados ante la Junta Directiva del Colegio en los ocho días hábiles posteriores a la realización de la Asamblea.

Artículo 44. Los acuerdos de Asamblea quedarán firmes en la sesión que son aprobados.

CAPITULO V
DE LA ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FILIAL

Artículo 45. La Junta Directiva de la Filial será renovada cada cuatro años en Asamblea Ordinaria, como último punto del orden del día.

Artículo 46. La votación será dirigida por el fiscal de la Filial, quien deberá garantizar la transparencia del proceso.

Artículo 47. Se someterán  a elección los puestos uno por uno en el siguiente orden: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal.
Primero se reciben los nombres propuestos por los asambleístas, una vez asegurado que no hay más nombres, se procede a votación pública para cada uno de los nombres, empezando por las candidaturas que se hayan recibido primero. Resultará electo quien reciba la mayor cantidad de votos.
Si sólo hay un candidato para un  puesto, éste resultará automáticamente electo.
En caso de empate se repetirá la votación solo con la participación de los candidatos empatados. De persistir el empate, éste se resolverá con el lanzamiento de una moneda.

Artículo 48. Una vez realizada la elección de la nueva junta directiva, el fiscal juramentará a sus miembros, e informará a la Junta Directiva del Colegio, quien en su sesión inmediata dará su aprobación o no a lo actuado.

Artículo 49. Si por fuerza mayor la Asamblea Filial no se realiza, o en ella no es nombrada la Junta Directiva Filial, dicha designación la hará la Junta Directiva del Colegio.

CAPITULO VI
DEL FISCAL DE LA FILIAL

Artículo 50. La Filial tendrá un Fiscal, independiente en accionar y pensar de la Junta Directiva Filial, quien actuará en coordinación con la Fiscalía del Colegio. El Fiscal de Filial no recibirá ningún tipo de dieta. No podrá ser Fiscal de Filial los miembros de Junta Directiva del Colegio, el Fiscal General o empleados del Colegio.

Artículo 51. Son atribuciones del Fiscal:

  1. Examinar el accionar de los miembros de la Junta Directiva Filial y presentar denuncia ante las instancias del Colegio que correspondan por actos indebidos de sus miembros.
  2. Denunciar, ante la Fiscalía del Colegio, el incumplimiento al Código de ética y a las normas que rigen la profesión que se den  en la región de la Filial.
  3. Elaborar, junto a la Fiscalía del Colegio, las denuncias basadas en hechos relacionados con el ejercicio ilegal de la profesión en la región de la Filial.
  4. Actuar como parte en dichos procesos en representación de la filial, así como procurarse, por medio de la fiscalía del colegio, la asesoría legal que corresponda.

Artículo 52. El fiscal será elegido en Asamblea Filial Ordinaria  que se celebre dos años después de haberse nombrado los puestos de Junta Directiva Filial y durará en su puesto cuatro años, pudiendo reelegirse en forma consecutiva por periodos similares.

Artículo 53. La elección del fiscal será el último punto en el orden del día y será dirigida por el presidente de filial, quien deberá garantizar la transparencia del proceso, siguiendo el procedimiento similar al de la escogencia de los miembros de junta, según el artículo 36 del presente reglamento.

Artículo 54. Una vez realizada la elección, el Presidente juramentará al candidato electo y comunicara el resultado a la Junta Directiva del Colegio, quien en su sesión inmediata dará su aprobación o no a lo actuado.

Artículo 55. Si por fuerza mayor la Asamblea Filial no se realiza, o en ella no es nombrado el Fiscal, dicha designación la hará la Junta Directiva del Colegio.

CAPITULO VII
DEL FINANCIAMIENTO DE LA FILIAL Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS

Artículo 56. Las Filiales Odontológicas financiarán su funcionamiento y sus actividades por medio del presupuesto que para tal fin apruebe la Asamblea General en su Presupuesto anual.

Artículo 57. Los miembros de la Filial podrán contribuir económicamente y en forma voluntaria para sufragar los gastos de ella, previo acuerdo de la Asamblea Filial. También podrá realizar actividades científicas, culturales, sociales y/o profesionales que le permitan allegar fondos, siempre que hayan sido aprobadas por la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 58. La Junta Directiva de la Filial será la responsable del manejo  y administración de los fondos, debiendo rendir cuenta de ello a la Junta Directiva del  Colegio y a la Asamblea Filial cada año.

Artículo 59. El desembolso de los recursos, que será siempre contra gastos, se hará por medio del Tesorero de la filial. Éste se encargará de todas las gestiones en este sentido, cumpliendo la Normativa que para tal fin deberá aprobar la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 60. Será obligación de la Junta Directiva de la Filial elaborar una Propuesta de Plan de Trabajo  así como un Presupuesto Anual, que deberá ser conocido y aprobado por la Asamblea Filial. Ambas propuestas, una vez aprobadas por la Asamblea, deberán remitirse a conocimiento de la Junta directiva del Colegio en el mes de setiembre, para su inclusión en los Planes de Trabajo y presupuesto Anual del Colegio del año siguiente, siempre que haya recursos económicos para ello.

CAPITULO VIII
DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA FILIAL

Artículo 61. Son deberes de los miembros de la Filial:

  1. Cumplir con las Leyes, Reglamentos y Códigos que rigen el ejercicio de la profesión odontológica.
  2. Asistir a las Asambleas de Filial.
  3. Aceptar los puestos representativos para los que sea nombrado por la Asamblea.
  4. Formar parte de los Comités específicos en los que sea integrado por la Junta Directiva Filial.
  5. Cumplir las normativas que se implementan para el funcionamiento de las Filiales.
  6. Mantenerse al día con las cuotas de colegiatura, préstamos y cualquier otra obligación económica con el Colegio.
  7. Presentar iniciativas para el fortalecimiento de su Filial y el desarrollo de la profesión odontológica en su región.
  8. Denunciar ante la Junta Directiva del Colegio cualquier anomalía que detecte en el funcionamiento de su Filial.
  9. Todos los demás inherentes a su condición de colegiado.

Artículo 62. Son derechos de los miembros de la Filial:

  1. Asistir a las Asambleas de Filial.
  2. Elegir a los miembros de Junta Directiva Filial y Fiscal.
  3. Ser electo como miembro de Junta Directiva o como Fiscal.
  4. Conocer en forma transparente del funcionamiento de su filial.
  5. Participar de las actividades que organice el colegio en su Filial.
  6. Todos los demás inherentes a su condición de colegiado.

Artículo 63. El Odontólogo podrá participar de todas las actividades que organice el Colegio en su región o las que organice propiamente su Filial siempre y cuando se encuentre al día con las cuotas de colegiatura, préstamos o cualquier otra obligación económica con el Colegio. Tampoco podrá participar si sobre él pesa algún tipo de sanción, inhabilitación o  suspensión en el ejercicio de la profesión, independientemente de las causa por las que se haya establecido dicha suspensión.

Artículo 64. Las actuaciones de los miembros de la Filial y de su Junta Directiva no comprometen en forma alguna al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, ni en lo civil, ni en lo penal, ni en lo económico.

Artículo 65. Los odontólogos que, siendo miembros de Junta Directiva o fiscal de la Filial, sean sancionados por la Comisión de Fiscalía, el Tribunal de Honor o la Junta Directiva del Colegio, deberán abandonar sus puestos para que sean ocupados por otro colega.

CAPITULO IX
DE LA EXTINCION DE LA FILIAL

Artículo 66. La Filial tendrá duración permanente, pero podrá ser disuelta de las siguientes maneras:

  1. Por un acuerdo de Asamblea Filial solicitando la disolución que cuente con el respaldo de las dos terceras partes de los asambleístas presentes y ratificado posteriormente por la Junta Directiva del Colegio.
  2. Por iniciativa unánime propia de la Junta Directiva Filial, en cuyo caso también deberá acordarse  su disolución por parte de la Junta Directiva del Colegio.
  3. Por iniciativa de la junta Directiva del Colegio, en cuyo caso deberá darse audiencia previa a la Junta directiva de la Filial, donde se ventilarán las razones de la disolución.

Artículo 67. Son causas de disolución de Filial:

  1. Incumplimiento de Normas, Códigos, reglamentos y Leyes vigentes que rigen el ejercicio de la profesión odontológica y el funcionamiento de las Filiales por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Filial.
  2. Administración de los recursos de la Filial contraria a los intereses del gremio odontológico.
  3. Fusión de regiones en la Regionalización Nacional aprobada por la Junta Directiva del Colegio, en cuyo caso no podrán coexistir dos filiales en una misma región por lo que deberá disolverse una de ellas.
  4. Inactividad de la Filial.

Artículo 68. En caso de disolución todos los archivos, bienes y fondos de la Filial pasarán a propiedad del Colegio.

CAPITULO X
TRANSITORIOS Y OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 69. Se reforman los siguientes artículos del Código Electoral:

  1. El artículo 6 para que el inciso b se lea así: “… Para las juntas receptoras la sede de la Filial Odontológica de cada región.” Concluye el artículo.
  2. El artículo 15 para que se lea así: “Habrá juntas receptoras de votos en todas aquellas regiones en las que funcione una Filial Odontológica, en la sede del Colegio o en los lugares que el Tribunal designe.” Concluye el artículo.
  3. El artículo 16 para que su frase oración se lea así: “… En las regiones habrá designado un Presidente y un Suplente propuestos por la Junta Directiva de la Filial, si la hubiere, para ese proceso electoral.” Concluye el artículo.
  4. El artículo 21 para que su segundo párrafo se lea así: “… Dicha persona no podrán ser quien en ese momento sea Presidente de alguna Filial Odontológica, y deberá estar nombrada el día de la inscripción de la papeleta.” Concluye el artículo.

Artículo 70. Los actuales miembros de Junta Directiva Filial, excepto el Fiscal, al momento de aprobación de este reglamento permanecerán en sus puestos automáticamente por un periodo de cuatro años. Al finalizar ese periodo se convocará a Asamblea Filial Ordinaria para realizar por primera vez elecciones y podrán aspirar a reelección en esa elección.

Artículo 71. Los  fiscales de filial al momento de aprobación de este reglamento  permanecerán en sus puestos automáticamente por un periodo de dos años. Al finalizar ese periodo se convocará a Asamblea Filial  ordinaria para elegir Fiscal y podrán aspirar a reelección en esa elección.

Artículo 72. Todas las Filiales existentes al momento de aprobación de este reglamento realizarán su primera Asamblea Filial Ordinaria al cumplirse un año de su promulgación, en esta Asamblea no habrá elecciones pero se conocerán los informes de Presidencia y Tesorería.

Artículo 73. Las Juntas Directivas de Filial actuales al momento de aprobarse este reglamento  deberán nombrar un vicepresidente y se regirá por lo dispuesto en el artículo 70 de este reglamento.

Artículo 74. Las Filiales ya existentes al momento de aprobar este reglamento deberán adjuntar la documentación que establece el artículo 10 incisos c),d) y e) de éste reglamento en un plazo máximo de tres meses.

Artículo 75. Las regiones que establezca la Junta Directiva del Colegio en la primera Regionalización Nacional que no tengan Junta Directiva Filial nombrada o en las cuales aun no funciona una Filial, deberán ser convocadas por la misma Junta Directiva del Colegio a Asamblea Filial para efectuar dicho nombramiento. Dicha Asamblea será presidida por el miembro que la Junta del Colegio designe para tal efecto. Esta convocatoria deberá hacerse en el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia de este reglamento.

Artículo 76. Este reglamento deroga cualquier otra disposición que se le oponga. Cualquier aspecto no contemplado en él será resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 77. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta

Reglamento de Especialidades y Posgrados Odontológicos

Descargar aquí este reglamento

REGLAMENTO DE ESPECIALIDADES  

Y POSGRADOS ODONTOLÓGICOS

La Asamblea General del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica en uso de las facultades que le confiere el inciso a) del artículo 17 de la Ley Orgánica del Colegio, Ley N° 5784 de 19 de agosto de 1975; en cumplimiento de la disposición emanada del Ministerio de Salud de no promulgar decreto alguno referente a Reglamentos de los Colegios Profesionales que tienen en virtud de su Ley Orgánica facultades para dictar sus propios reglamentos.

CONSIDERANDO

a) Que el Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos existe en el país y la práctica de odontología especializada se rige por las disposiciones dictadas por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

b) Que se requiere de una normativa que regule el registro e incorporación de estudios de posgrados como especialistas, maestrías y doctorados en las diferentes áreas de la odontología en Costa Rica y que responda a los requerimientos actuales de la profesión y la población costarricense.

c) Que este Registro data del año 1970 y la última reforma hecha a su reglamento fue en el año 1994. Hace indispensable su modernización, debido a los avances científicos de las distintas profesiones liberales y de su trabajo especializado, por lo que el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, somete a consideración de la Asamblea General, las siguientes disposiciones reglamentarias.

POR TANTO

Acuerda promulgar el siguiente:

REGLAMENTO DE ESPECIALIDADES 

Y POSGRADOS ODONTOLÓGICOS

Artículo 1-Creación:

El Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos creado por decreto Ejecutivo No.6 del 30 de abril de 1970, publicado en La Gaceta No.111 del 20 de mayo de 1970, es una dependencia del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. En este Registro, serán inscritos, los Cirujanos Dentistas que soliciten su incorporación y cumplan con lo establecido en el presente Reglamento.

DEFINICIONES

Artículo 2- Especialidad:

El Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica, define la especialidad como una modalidad de estudios de posgrado que se utiliza en campos que requieren formación y prácticas específicas en determinada área de conocimiento. Ésta se obtiene mediante la culminación de un programa académico presencial en universidades o instituciones de enseñanza universitaria, debidamente reconocidas por el ente acreditador oficial en el país donde se efectuaron dichos estudios, contando con la autorización para extender títulos o grados académicos que cumplan con el artículo 9 y 10 de este Reglamento.

Artículo 3- Maestrías:

Es el grado académico otorgado a las personas que cumplan los requisitos de un programa de Maestría en instituciones de enseñanza universitaria, debidamente reconocidas por el ente oficial en el país donde se efectuaron dichos estudios, contando con la autorización para extender títulos o grados académicos que cumplan con el artículo 9 y 10 de este Reglamento.  La maestría tiene dos modalidades, Académica y profesional.

Maestría Académica profundiza y actualiza la formación en un área específica con el objetivo de realizar investigaciones que genere más conocimiento, por lo que ésta se constituye en su núcleo generador y la cual finaliza con un trabajo de investigación o tesis de posgrado.

Maestría Profesional profundiza y actualiza conocimiento, con el objetivo primordial de analizarlo, sintetizarlo, transmitirlo y solucionar problemas.  La investigación práctica aplicada se da a través de estudios de casos, diagnósticos y propuestas, producción artística o documental, laboratorios, prácticas profesionales.  La investigación debe evidenciarse en uno o varios informes y en una presentación final.

Las Maestrías tanto académicas o profesionales que tengan un contacto directo a pacientes deberán ser presenciales, tiempo completo y con una duración mínima de dos años.

Artículo 4- Doctorado Académico:

Es el grado máximo que otorga la Educación Superior Universitaria el cual requiere formar investigadores académicos, teniendo un gran rigor y profundidad con la cual se realiza la investigación y los cursos deben ser solo un apoyo a la investigación.  El plan de estudios debe ser flexible y eficaz en desplazar la carga académica del estudiante hacia la carrera de investigación.  La investigación debe evidenciarse en uno o varios informes y en una presentación final.

Artículo 5- Créditos:

Crédito es la unidad valorativa del trabajo del estudiante, equivalente a tres horas reloj semanal de su trabajo del mismo, durante 15 semanas, 1 crédito equivale a 45 horas reloj de trabajo aplicadas a una actividad que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por el profesor.  La carga académica máxima es de 18 créditos por ciclo de 15 semanas que equivalen a una dedicación de 54 horas semanales, SEP (Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica).  El Tiempo efectivo de 12 meses (tiempo completo) corresponde a un tiempo de 44 a 46 semanas lectivas y 6 a 8 semanas de vacaciones por año.

Las maestrías y doctorados deben cumplir con los requisitos del artículo # 10.

COMISION DE ESPECIALIDADES Y POSGRADOS ODONTOLÓGICOS

Artículo 6-  Funciones de la Comisión:

Con el fin de regular el Registro de Especialidades, el conocimiento y la incorporación de nuevos especialistas, se crea la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos que tendrá las siguientes funciones:

a. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación al Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos por parte de un profesional en odontología incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

b. Analizar todos los documentos que presente el solicitante para la debida verificación de los estudios realizados de acuerdo al perfil de cada especialidad registrada o posgrados odontológicos y consultar cuando sea necesario con entes académicos internacionales debidamente acreditados que actúen como órganos consultores.

c. Emitir criterio acerca de la suficiencia o no de la documentación presentada por el aplicante a especialidades o posgrados odontológicos.

d. Aceptar, mediante resolución fundada, la incorporación del nuevo profesional especialista, y enviar a la Junta Directiva el reconocimiento para que proceda a la juramentación e inscripción del solicitante en el Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento y si existiese duda, la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos tendrá la potestad de realizar las investigaciones que considere necesaria.

e. Aplicar cambios sugeridos, mediante resolución fundada a las solicitudes que no cumplan con los requisitos.

f. Valorar la creación de nuevas especialidades según necesidad o diagnóstico país.

g. Establecer los perfiles académicos y créditos necesarios en conjunto con las entidades rectoras de educación superior universitaria que puedan equipararse con los programas de especialidad acreditadas.

h. Evacuar las consultas que los profesionales en odontología que realicen al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, con respecto a todo lo relacionado con la normativa para las Especialidades y Posgrados Odontológicos.

i. Validar los perfiles académicos y requisitos necesarios de los profesionales en odontología para dictaminar que los programas de especialidades, maestrías y doctorados universitarios pueden equipararse con los aceptados por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, siempre y cuando se demuestre que cumplen con los principios técnicos de la especialidad reconocida, así como los tiempos y créditos establecidos en este reglamento y según el SEP (Sistema de Estudios de Posgrados).

Artículo 7- Integración de la Comisión:

La Comisión de Especialidades y Posgrados Odontológicos estará integrada por siete miembros propietarios y tres suplentes, quienes deberán estar inscritos en el Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos. La Junta Directiva comunicará al gremio odontológico a través de sus medios oficiales la apertura de solicitudes para los puestos que integren esta comisión de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente reglamento. Estos miembros podrán ser recomendados por sus respectivas academias y serán elegidos por la junta directiva del colegio por un periodo de dos años reelegible.

La Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos elegirá un miembro coordinador y su suplente en el seno de la Comisión por votación simple de sus miembros.

La comisión se reunirá una vez al mes de manera ordinaria y en forma extraordinaria cuando la convoque el coordinador.

7.1 Requisitos de los miembros:

Para ser miembro de la Comisión de Especialidades y Posgrados Odontológicos se requiere:

  1. Ser profesional en Odontología incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
  2. Estar al día con sus derechos y obligaciones para con el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
  3. Estar debidamente inscrito en el Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica con al menos cinco años de permanencia.
  4. No ostentar cargo en la Junta Directiva, ni en el Tribunal de Honor, ni en el Tribunal de Electoral del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
  5. No desempañar un puesto administrativo dentro de la estructura del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
  6. No tener una sanción en firme por un proceso disciplinario, ético, administrativo, o penal dentro del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, instituciones públicas, judiciales, o universidades al momento de la elección.

7.2 Condiciones miembros de la Comisión:

La condición de miembro de la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos se perderá cuando haya tres ausencias de manera consecutiva, al cometer una falta tipificada y comprobada en el Código de Ética del CCDCR o al vencer su nombramiento que será de dos años y puede ser reelegible.

La reposición de los miembros propietarios de la comisión ante renuncia, remoción o muerte, se hará en un plazo no mayor a noventa días hábiles posteriores a la vacante.

Para sesionar, se requerirá la presencia de al menos la mitad más uno de la totalidad de los miembros nombrados por la Junta Directiva. Todos sus acuerdos se tomarán por mayoría simple.  Cuando exista empate en la votación, se procederá a repetir la votación. Si el empate persiste, el Coordinador decidirá la votación.

Artículo 8- Inscripción Profesional:

Será inscrito como Especialista, Máster o Doctor, el profesional en odontología activo e incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica que demuestre ante la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos haber cumplido, satisfactoriamente, con los requisitos indicados en este Reglamento.

Los profesionales en odontología que cumplan con todos los requisitos especificados en este reglamento, serán nombrados y juramentados con su respectivo grado o grados académicos por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

REQUISITOS PARA RECONOCER LOS POSGRADOS EN ODONTOLOGÍA EN COSTA RICA

Artículo 9- Especialidades en Costa Rica:

Se podrán inscribir como especialistas quienes tengan un título académico en alguna de las especialidades reconocidas según el registro actualizado del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, el cual deberá mantenerse a disposición de los miembros del Colegio y el público en general.

Los perfiles de las especialidades reconocidas en el Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos del Colegio, se actualizarán mínimo cada dos años o cuando el Colegio lo requiera, con la recomendación de las academias debidamente inscritas, universidades o especialistas respectivos.

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica extenderá certificaciones donde haga constar si el agremiado cuenta con Especialidad, Maestría o bien Doctorado.

Artículo 10- Especialidades, Maestrías y Doctorados:

Número de créditos: Los créditos requeridos se darán de acuerdo con el inciso b) del artículo #5 del presente Reglamento.

Requisitos: Un mínimo de 48 créditos para especialidades de posgrado, 60 créditos para maestrías con un trabajo de investigación y de 50-75 créditos extras a la maestría para el doctorado académico.

I. Se reconocerán las Especialidades en el área de la odontología cuando éstas cumplan con los siguientes requisitos:

Duración mínima del programa: La duración depende del tipo de práctica profesional necesaria para lograr los objetivos que se proponen en cada una de las especialidades Requisitos mínimos de 24 a 36 meses efectivos (tiempo completo).

Dedicación de tiempo completo de 24 a 36 meses no menor de 2598 horas, equivalentes a un tiempo completo para dos años.

El tiempo requerido se dará de acuerdo al artículo 9 y a las nomenclaturas de grados de los entes rectores de la Educación Superior en nuestro país (CONARE Y CONESUP).  El mínimo requerido de 2598 horas presenciales de las cuales se distribuirán en horas teóricas, horas de práctica profesional supervisada, horas de laboratorios, revisión de literatura, asignaciones, presentación de casos, valoración e interacción con otras especialidades, preparación de reportes y no se consideran horas efectivas las prácticas profesionales no supervisadas, propedéuticos, horas de biblioteca, congresos, presentaciones en foros, artículos, tesis, y otros.

En el caso específico de Radiología Oral y Maxilofacial, la cantidad de horas mínima presenciales, requeridas es de 1720 horas.

En el caso específico de Cirugía Oral y Maxilofacial, se requerirá un tiempo efectivo de 48 meses (4 años), tiempo completo, con una Residencia Médica Hospitalaria avalada a nivel Institucional o Universitaria.

En el caso específico de Prostodoncia, se requerirá un tiempo efectivo de 36 meses (tres años), tiempo completo con una residencia avalada a nivel universitario.

Se debe cumplir, además, con todos los requisitos anteriores para aprobar la solicitud de incorporación como especialista, y también con la recomendación por las Academias debidamente inscritas o ternas de especialistas representadas en colaboración de la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

II. Se reconocerán las Maestrías en el área de la odontología cuando éstas cumplan los requisitos de:

Maestría Académica:

a. Haber cumplido un programa de al menos 12 meses, 3 ciclos de 15 semanas o su equivalente.

b. Haber aprobado de 50-60 créditos.

c. Haber realizado Talleres, seminarios, guía de tesis y tesis de grado.

d. Haber realizado un trabajo de investigación.

e. Las Maestrías académicas que tengan un contacto directo con pacientes deberán ser presenciales, tiempo completo y con una duración mínima de dos años.

 Maestría Profesional:

a. Haber cursado licenciatura y estar inscrito en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

b. Dedicación de tiempo completo de 24 a 36 meses no menor de 2598 horas equivalentes a un mínimo de 48 créditos.

c. El mínimo requerido de 2598 horas presenciales de las cuales se distribuirán en horas teóricas, horas de práctica profesional supervisada, horas de laboratorios, revisión de literatura, asignaciones, presentación de casos, valoración e interacción con otras especialidades, preparación de reportes y no se consideran horas efectivas las prácticas profesionales no supervisadas, propedéuticos, horas de biblioteca, congresos, presentaciones en foros, artículos, tesis, y otros.

d. Las Maestrías profesionales que tengan un contacto directo con pacientes deberán ser presenciales, tiempo completo y con una duración mínima de dos años.

III. Se reconocerá el Doctorado Académico en el área de la odontología cuando ésta cumplan los requisitos de:

a. Haber cursado una maestría académica con su respectivo título, estar inscrito en el registro de especialidades y reconocida por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

b. Haber cumplido un programa por lo menos 14 meses, 4 ciclos de 15 semanas o su equivalente y que el programa promueva pasantías en el extranjero, así como experiencias internacionales.

c. Tener de 50-75 créditos adicionales a la maestría.

d. Presentar publicaciones de al menos dos artículos en revistas indexadas o su equivalente.

REGISTRO E INCORPORACIÓN

Artículo 11- Requisitos de Registro:

Para obtener la incorporación como especialista, maestría o doctorado, el profesional debe estar incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, ser miembro activo y presentar solicitud escrita, indicando lugar o medio para recibir notificaciones. Adjuntar además, los documentos solicitados para tal fin, ante la Dirección Administrativa la cual deberá trasladarla a la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos para su debido análisis. Los documentos por presentar son los siguientes:

i. Título Universitario o su equivalente que compruebe el cumplimiento de lo indicado en el artículo #2 de este Reglamento en el que conste la especialidad efectuada. No se considerarán como documentos universitarios las certificaciones extendidas por Colegios Profesionales ni las de entidades no universitarias.

ii. Lista de todos los cursos teóricos, práctica clínica, de laboratorio, hospitalaria o comunitaria, efectuados anualmente, por semestres o cuatrimestres; indicando el número de horas, créditos o unidad valorativa, donde se demuestre la aprobación de los mismos, emitida por la Universidad o el ente de la educación superior

iii. Descripción del contenido de cualquier curso, cuando a juicio de la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos así se requiera para aclarar dudas sobre el mismo.

iv. Cuando el profesional en odontología haya efectuado sus estudios de especialización en el extranjero, además de los requisitos establecidos en los incisos i), ii) y iii), debe presentar los atestados de las universidades o instituciones académicas universitarias autorizadas para otorgar títulos, o su equivalente a grados académicos, del país donde se efectuaron los estudios, las firmas de los documentos solicitados deberán ser debidamente autenticadas por:

a. Las autoridades correspondientes y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o similar del país donde se efectuaron los estudios.

b. El Cónsul de Costa Rica en ese país. Si no lo hubiere, el Cónsul más cercano que tenga la jurisdicción de ese país o Estado.

c. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.

d. O bien estar debidamente apostillado.

v. Cuando el Cirujano Dentista haya efectuado sus estudios de especialización en Costa Rica, en una de las especialidades aprobadas por el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica (S.E.P.) o por las instituciones de Educación Superior Universitaria Privada (Aprobadas por el CONESUP), deberá presentar el título respectivo y los atestados señalados en los incisos i), ii), iii) de este artículo.

vi. Recibo que compruebe el pago hecho al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, de los respectivos derechos por el valor establecido por la Junta Directiva. Este pago no es reembolsable aún si no se aprueba la incorporación.

Artículo 12- Trámite de Registro y Notificaciones:

Una vez que la solicitud cumpla con todos los requisitos, la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos deberá solicitar criterio a la Academia respectiva que esté legalmente constituida y activa, si es que existiese o a los entes pertinentes en la materia.  De ser así la misma se compromete a dar su criterio en un plazo no mayor a los dos meses a partir de la fecha de la solicitud de este órgano regulador, vencido este plazo las academias no podrán manifestar criterio. En el caso de no existir la academia de la especialidad, la documentación será revisada por al menos tres integrantes de la Comisión de Especialidades y Posgrados Odontológicos. Recibido el criterio de la Academia o vencido el plazo concedido para ello, la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos deberá pronunciarse en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha del recibo del dictamen o del vencimiento del plazo. Vencido el plazo, la solicitud se tendrá por aprobada y será elegible para cumplir con el artículo # 12 debiendo la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, a solicitud del interesado no de oficio, proceder a la inscripción.

Si la solicitud no cumple con todos los requisitos, dentro del mes siguiente a la fecha de recepción de la misma, la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos le indicará al interesado, que proceda a completarlos, otorgándose para ello un plazo de un mes, vencido este, sin tener respuesta del interesado, devolverá la solicitud a la Junta Directiva, mediante resolución fundada, para que proceda a archivarla sin que sea necesario informar o notificar al interesado, pudiendo ser presentada nuevamente con toda la documentación necesaria.

Todas las comunicaciones y/o notificaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores deberá hacerlas la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos al medio señalado por el interesado en su solicitud. Si no hubiere indicado dirección alguna o medio para notificaciones, la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos no será responsable por no haber notificado.

Las resoluciones que dicte la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos, podrán ser recurridas ante la misma comisión con apelación en subsidio ante la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación, con excepción del acto final que dicte la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos ya que este acto final únicamente tendrá el recurso de revocatoria dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación ante la misma comisión.  Resuelto el recurso de revocatoria del acto final se agota la vía administrativa.

Artículo 13- Perfiles:

La Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos solicitará los perfiles actualizados de profesionales de las especialidades registradas a las Academias, Asociaciones o Universidades existentes y/o una terna de especialistas semejantes que escoja la Comisión que no cuenten con ninguna de las anteriores.

De acuerdo con los perfiles que en su momento brinden las Academias, Asociaciones, Universidades o ternas de especialistas, se establecerán los requisitos mínimos que solicitará la Comisión de Especialidades y Posgrados Odontológicos.  Lo anterior para cumplir con la aplicación del inciso g) del artículo # 6 de este Reglamento.

Tales perfiles cumplirán con los requisitos mínimos del artículo #10 del presente reglamento y ser revisados y/o actualizados al menos cada dos años, o será automáticamente aceptado el anterior documento.

Artículo 14- Juramentación:

Una vez aprobada la solicitud como especialista por la Comisión de Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos, el solicitante será juramentado por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica en forma oficial y se le inscribirá en el Registro de Especialidades y Posgrados Odontológicos, según corresponda.

Artículo 15- Derechos Adquiridos:

A todos los especialistas inscritos antes del presente Reglamento no se le eliminan sus derechos.

Artículo 16- Transitorios:

Transitorio I- Reservarse el Derecho:

Quienes al momento de la publicación del Reglamento de Especialidades y Posgrados Odontológicos en el Diario Oficial La Gaceta, ya han iniciado estudios de especialidad y que estén inscritos activamente en un programa de posgrado, se les mantiene la condición del reglamento vigente cuando iniciaron sus estudios para la incorporación como especialistas.

La persona tiene que estar estudiando en forma interrumpida, porque si congela sus estudios y vuelve a retomarlos ya no entraría dentro de este transitorio.

Artículo 17- Derogación;

Derógase cualquier disposición que se oponga al presente Reglamento.

Artículo 18- Aprobación de Reglamento:

Aprobado en Asamblea General Extraordinaria No.087 celebrada el 24 de marzo del 2019.

Rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.134 del Viernes 14 de junio del 2019.

Modificación artículo 12 aprobado en Asamblea General Extraordinaria No.090 celebrada el 05 de mayo 2021. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.94 del 18 de mayo 2021.

Modificación artículo 10, inciso I aprobado en Asamblea General Extraordinaria No.095 celebrada el 21 de abril 2022. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.82 del 6 de mayo 2022.

 

 

Reglamento de Deliberaciones

Descargar aquí este reglamento

Artículo 1

La asamblea del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, está integrada por todos los odontólogos que están legalmente incorporados y se encuentran al día en cumplimiento de sus obligaciones económicas para con el Colegio.

REGLAMENTO DE DELIBERACIONES

Artículo 1

La asamblea del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, está integrada por todos los odontólogos que están legalmente incorporados y se encuentran al día en cumplimiento de sus obligaciones económicas para con el Colegio.

Artículo 2

Al inicio de cada Asamblea Ordinario y Extraordinaria, el Fiscal de Colegio, examinará la lista de los odontólogos asistentes y presentará su informe a la Mesa Directiva, para comprobar el quórum.

Artículo 3

El Presidente de la Junta Directiva del Colegio presidirá las sesiones de Asamblea General. En su ausencia o por delegación lo hará el Vicepresidente, y en ausencia de éste un Vocal. Actuará como Secretario, el titular del Colegio y en su ausencia un vocal designado por el Presidente.

Artículo 4

Los acuerdos de la Asamblea serán tomados por simple mayoría de votos de los colegiados asistentes y presentes en el momento de la votación. Es decir la mitad más uno. En caso de empate el voto del Presidente se tomará como doble.

Artículo 5

Las deliberaciones de la Asamblea se realizarán con base en:

a)     Informes.

b)     Mociones.

Los que se presentarán por escrito, cuando así lo ordenase la Presidencia o la Secretaría.

Las mociones deben contener un proyecto de acuerdo con la resolución que se ofrece a consideración de la Asamblea. Toda moción para se considerada, deberá secundarse con excepción de:

A-1 Solicitud de permiso para retirar una moción.

A-2 Presentar una moción de orden.

A-3 Requerir que se siga el orden del día.

A-4 Constatar el quórum-

Artículo 6

Puesta en consideración de la Asamblea una moción por parte de la Presidencia, no podrá conocerse otro asunto hasta no ser resuelta excepto en los siguientes casos:

a)     Cuando se plantee una moción de enmienda, la deberá se resuelta.

b)     Una moción secundada por dos terceras partes de los asistentes.

 

Artículo 7

La moción de enmienda tendrá por objeto lograr alguna modificación de la moción principal, pero deberá tratar sobre el mismo asunto que ésta. Las mociones que tratan sobre un asunto diferente de la principal, no podrán considerarse sino en el orden que le corresponde.

Puede presentarse una moción de sustitución, la cual será tratada previamente a la entrada.

Artículo 8

Las mociones de orden previas a las de cualquier otro asunto que está en debate, serán puestas a votación sin discusión, aunque exista oposición y deberán ser presentadas por escrito a la Presidencia de la Asamblea.

 

Artículo 9

Se consideran mociones de orden, las que tengan algunos de los siguientes objetivos:

a)     Que se establezca el quórum.

b)     Que se levante la sesión.

c)     Proponer un receso.

d)     Que se altere el orden del día.

e)     Que se cierre el debate, manteniendo la lista de oradores.

f)       Que se concrete la moción.

g)     Que se aplace la consideración de una moción por tiempo determinad o indeterminado.

h)     Que el asunto se envíe o devuelva a una comisión.

i)       Que la Asamblea se aparte de las prescripciones reglamentarias en los asuntos relativos a la forma

j)       de la discusión de los asuntos pendientes.

k)      Que la votación se haga secreta.

l)       Que la votación se haga nominal.

 

Artículo 10

Toda moción que tenga por objeto anticipar el momento en que se deba tratar un asunto, se considerará moción de preferencia.

Artículo 11

La Asamblea podrá dar el carácter de urgente a un asunto con el voto de mayoría simple, siempre que esté relacionado con los asuntos contemplados en el orden del día. El asunto declarado urgente será tratado de inmediato con relación a los otros asuntos de conocimiento de la Asamblea.

Artículo 12

El uso de la palabra será concedido a los Colegiados en el orden siguiente:

a)     Al relator de la comisión que haya informado sobre asuntos en consideración.

b)     Al miembro relator de la minoría de la Comisión, si hubiere informe de minoría.

c)     Al autor del asunto en discusión.

d)     A los colegiados que hubiesen solicitado hacer uso de la palabra en el orden de inscripción en la

e)     mesa directiva.

f)       A los asesores o gerente administrativo, cuando la Asamblea o la Presidencia los considere

g)     necesario.

h)     A los visitantes no Colegiados cuando la Asamblea lo autorice.

 

Artículo 13

Cada colegiado podrá intervenir sólo dos veces sobre el mismo punto en discusión. La Presidencia limitará el uso de la palabra a cinco minutos en la primera intervención. Si uno de los colegiados inscritos en la mesa directiva para hacer uso de la palabra, desea ceder su tiempo para que el que está en el uso de la palabra pueda extenderse más en su intervención, puede ceder únicamente los primeros cinco minutos.

Artículo 14

El Presidente o quien presida podrá suspender en el uso de la palabra a los colegiados, si considera que la intervención se sale del tema tratado o se alude a personas o entidades con palabras o frases ofensiva e inconvenientes.

Artículo 15

Todas las deliberaciones se harán a través de la Presidencia, la cuál no permitirá las discusiones directas entre los colegios.

Artículo 16

Toda decisión de la Presidencia, en relación con los procedimientos, pueden someterse en apelación para resolución inmediata de la Asamblea.

Artículo 17

Todos aquellos asuntos que no estuviesen contemplados en este Reglamentos, los decidirá el Presidente de la Asamblea de conformidad con la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 18

Todos los acuerdos de Asambleas Generales ordinarias o extraordinarias son firmes, haciéndolo constar así, en el acta respectiva.

Artículo 19

Aprobado en Asamblea General Extraordinaria del día Viernes 14 de Octubre de 1994.

Reglamento para Asambleas Virtuales y Deliberaciones

Descargar aquí este reglamento

REGLAMENTO PARA ASAMBLEAS VIRTUALES Y DELIBERACIONES DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS

CONSIDERANDO:

Primero: En virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria así decretada por el Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo Nº 42277 del 16 de marzo de 2020, publicado en el Alcance Nº 46 al Diario Oficial La Gaceta Nº 51 del 16 de marzo de 2020, declara estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, así como la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República, entre ellos dictámenes C-131-2020 del 07 de abril de 2020, C-156-2020 del 30 de abril de 2020, C-178-2020 del 18 de mayo de 2020, C-185-2020 del 22 de mayo de 2020, C-207-2020 del 02 de junio de 2020, C-222-2020 del 15 de junio de 2020, C-230-2020 del 16 de junio de 2020, C-248-2020 del 29 de junio de 2020, C-276-2020 del 10 de julio de 2020, C-299-2020 del 31 de julio de 2020, C-309-2020 del 04 de agosto de 2020 y C-323-2020 del 20 de agosto de 2020 C-112-2020 del 31 de marzo de 2020, C-207-2020 del 02 de junio de 2020 y C-264-2020 del 08 de julio de 2020, en los que esa Procuraduría estableció con claridad que en el “Decreto Ejecutivo Nº 42221 de 10 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo adoptó “Medidas administrativas temporales para la atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19.” En el artículo 1º de ese decreto se estableció que, como medida preventiva para evitar la propagación de la epidemia del COVID 19, deben suspenderse las actividades de concentración masiva de personas, entendidas estas, de conformidad con el artículo 2º, como todo evento temporal que reúna extraordinariamente a una cantidad de personas, bajo condiciones de aglomeración o hacinamiento, en espacios físicos abiertos o cerrados que, por sus características de sitio, estructurales y no estructurales, suponen o hacen suponer un escenario de riesgo o de amenaza que obligan a medidas preventivas de control de uso del espacio y de la conducta humana.

Segundo: El Decreto Ejecutivo de cita obliga a las personas, y particularmente, a las instituciones públicas, dentro de las que se incluyen a los colegios profesionales, a suspender todas sus actividades que impliquen la concentración masiva de personas y que puedan suponer el surgimiento de una cantidad muy elevada de cadenas de transmisión simultáneas del virus COVID-19 o que se pueden dar en un corto periodo, generadas de un mismo evento de concentración de personas; en aras de no afectar la continuidad en el actuar de esta corporación profesional, resulta imperativo contar con una normativa para la celebración de asambleas generales ordinarias y extraordinarias en forma virtual; virtualidad que podrá mantenerse por razones de conveniencia y oportunidad, una vez incluso que se haya levantado el estado de urgencia y necesidad decretado con la pandemia; por lo que se dicta la siguiente:

REGLAMENTO DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA PARA LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS POR MEDIOS VIRTUALES

Artículo 1. Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias en el Colegio de Cirujanos Dentistas, en razón de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 o en su caso por razones de conveniencia y oportunidad así establecidas por la Junta Directiva en su convocatoria, podrán ser virtuales. En este último caso, podrán realizarse por cualquier medio tecnológico en el tanto se garantizare la interacción integral, multidireccional y en tiempo real entre quien preside y todos aquellos que participen de la Asamblea. Deberán emplearse además técnicas que permitan la transmisión simultánea de audio, video y datos, de manera que, además de garantizar la publicidad, debe necesariamente respetarse los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación.

Las Asambleas virtuales del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica estarán integradas por todos los odontólogos que están legalmente incorporados y se encuentran al día en cumplimiento de sus obligaciones económicas para con el Colegio; asimismo que hayan cumplido con las condiciones de registro previo que oportunamente se comunicaren en la convocatoria a la asamblea.

Artículo 2. Para participar de la Asamblea Virtual del Colegio de Cirujanos Dentistas, el odontólogo (a), contará con una clave de usuario confidencial y personal que será facilitada a su correo personal reportado al Colegio de Cirujanos Dentistas, previo a la realización de la Asamblea virtual, en el plazo determinado en la convocatoria.

Artículo 3. Por razones de logística, para el adecuado orden y registro en virtud del desarrollo de la asamblea por un canal o medio virtual, la lista oficial de colegiados activos que pueden accesar o ser parte de la Asamblea, tendrá un corte 3 días antes del evento. La convocatoria a la asamblea general, en aplicación del numeral 19 de la Ley n.º 5784 del 19 de agosto de 1975, Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, deberá ser publicada debiendo mediar por lo menos cinco días naturales entre la primera publicación y el día señalado, indicando en el aviso el objeto de la convocatoria.

Artículo 4. El odontólogo(a) participante de la Asamblea Virtual deberá ingresar a la plataforma virtual utilizada y en la hora señalada. Quién como consecuencia de su actuar ingresara en hora distinta de la señalada, participará de la asamblea en el estado en que se encuentre. El odontólogo(a) participante es responsable de contar con acceso adecuado a internet y contar con audio y video disponible durante toda la transmisión de la Asamblea virtual.

Artículo 5. Al inicio de cada Asamblea virtual (Ordinario o Extraordinaria), quien preside y el Fiscal del Colegio, verificarán en primer término el quórum y harán constar por medio de la herramienta tecnológica, los odontólogos asistentes y presentará el informe a los miembros de la mesa directiva y un notario público. Este último levantará un acta de las incidencias presentadas en la asamblea y podrá anexarse o adjuntarse al acta de asamblea, sin perjuicio de la posibilidad de protocolización de esta.

Artículo 6. El presidente de la Junta Directiva del Colegio presidirá las sesiones de Asamblea General. En su ausencia o por delegación lo hará el vicepresidente, y en ausencia de éste un Vocal. Actuará como secretario, el titular del Colegio y en su ausencia un vocal designado por el presidente.

Artículo 7. Los acuerdos de la Asamblea serán tomados por simple mayoría de votos de los colegiados asistentes y presentes en el momento de la votación. Es decir, la mitad más uno. En caso de empate, el voto del presidente se tomará como doble.

Artículo 8. Las votaciones se realizarán por medio de la herramienta virtual, la cual brindará resultados visibles y de forma automática para todos los participantes. Una vez iniciada una votación, el periodo de tiempo para cada votación será estipulado y comunicado por la Junta Directiva basándose en la naturaleza del tema a votar y el debido tiempo requerido para votar cada tema; lo anterior, previa deliberación de los participantes de la Asamblea, para lo cual la herramienta tecnológica empleada garantizará la participación de los asistentes, permitiendo el registro verbigracia mediante solicitud de la palabra y el presidente otorgará la palabra. Las intervenciones deberán ser concisas y pertinentes al tema en discusión, para facilitar el uso de la palabra de quienes deseen intervenir y cuando un asunto esté suficientemente discutido a juicio de quién preside, se dará paso a la votación.

Artículo 9. Las deliberaciones de la Asamblea se realizarán con base en: a) Informes y b) Mociones. Los que se presentarán por escrito formalmente por medio de la herramienta virtual, cuando así lo ordenase la Presidencia o la Secretaría. Las mociones deben ser claras y contener un proyecto de acuerdo con la resolución que se ofrece a consideración de la Asamblea. Toda moción deberá ser secundada por lo menos una persona por medio de la herramienta virtual, con excepción de:

A-1 Solicitud de permiso para retirar una moción

A-2 Presentar una moción de orden

A-3 Requerir que se siga el orden del día

A-4 Constatar el Quorum.

Artículo 10. Puesta en consideración de la Asamblea una moción por parte de la Presidencia, no podrá conocerse otro asunto hasta no ser resuelta.

Artículo 11. Las mociones de orden previas a las de cualquier otro asunto que está en debate, serán puestas a votación sin discusión, aunque exista oposición y deberán ser presentadas por escrito formalmente y mediante la herramienta virtual a la Presidencia de la Asamblea, indicando que es moción de orden y se procederá a su lectura y votación.

Artículo 12. Se consideran mociones de orden, las que tengan algunos de los siguientes objetivos:

  1. a) Que se establezca el quórum.
  2. b) Que se levante la sesión.
  3. c) Proponer un receso.
  4. d) Que se altere el orden del día.
  5. e) Que se cierre el debate, manteniendo la lista de oradores.
  6. f) Que se concrete la moción.
  7. g) Que se aplace la consideración de una moción por tiempo determinado o indeterminado.
  8. h) Que el asunto se envíe o devuelva a una comisión.
  9. i) Que la Asamblea se aparte de las prescripciones reglamentarias en los asuntos relativos a la forma de la discusión de los asuntos pendientes.
  10. j) Que la votación se haga secreta.

Artículo 13. Toda moción que tenga por objeto anticipar el momento en que se deba tratar un asunto, se considerará moción de preferencia.

Artículo 14. La Asamblea podrá dar el carácter de urgente a un asunto con el voto de mayoría simple, siempre que esté relacionado con los asuntos contemplados en el orden del día. El asunto declarado urgente será tratado de inmediato con relación a los otros asuntos de conocimiento de la Asamblea.

Artículo 15. El uso de la palabra se solicitará por medio de la herramienta virtual y se concederá en el orden que esta se haya solicitado. Durante su intervención, la persona debe identificarse con su nombre, dos apellidos, número de colegiado y la cámara debe estar activada en ese momento.

El uso de la palabra será concedido a los Colegiados en el orden siguiente:

  1. a) Al relator de la comisión que haya informado sobre asuntos en consideración.
  2. b) Al miembro relator de la minoría de la Comisión, si hubiere informe de minoría.
  3. c) Al autor del asunto en discusión.
  4. d) A los colegiados que hubiesen solicitado hacer uso de la palabra en el orden de inscripción en la mesa directiva.
  5. f) A los asesores o gerente administrativo, cuando la Asamblea o la Presidencia los considere necesario.
  6. h) A los visitantes no Colegiados cuando la Asamblea lo autorice.

Artículo 16. Cada colegiado podrá intervenir sólo dos veces sobre el mismo punto en discusión. La Presidencia limitará el uso de la palabra a un máximo de cinco minutos en su intervención. Si uno de los colegiados inscritos en la mesa directiva para hacer uso de la palabra, desea ceder su tiempo para que el que está en el uso de la palabra pueda extenderse más en su intervención, puede ceder únicamente los primeros cinco minutos.

Artículo 17. El presidente o quien presida podrá suspender en el uso de la palabra a los colegiados participantes, si se pasó del tiempo reglamentado para su intervención, si considera que la intervención se sale del tema tratado o se alude a personas o entidades con palabras o frases ofensiva e inconvenientes.

Artículo 18. Todas las deliberaciones se harán a través de la Presidencia, la cual no permitirá las discusiones directas entre los colegios.

Artículo 19. Toda decisión de la Presidencia, en relación con los procedimientos, pueden someterse en apelación para resolución inmediata de la Asamblea.

Artículo 20. Todos aquellos asuntos que no estuviesen contemplados en esta normativa, los decidirá el presidente de la Asamblea de conformidad con la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 21. Todos los acuerdos de Asambleas Generales ordinarias o extraordinarias son firmes, haciéndolo constar así, en el acta respectiva.

Artículo 22. Reglamento aprobado en la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Cirujanos Dentistas Número 091-2021 del día 29 de julio del 2021.

Acuerdo firme.

Reglamento Procedimientos Administrativos Disciplinarios

Descargar aquí este reglamento

Reglamento de Procedimientos Administrativos Disciplinarios

 

Capítulo I: Disposiciones generales

Artículo 1- Finalidad: La presente normativa se dicta con la finalidad de asegurar el mejor cumplimiento de las potestades disciplinarias que se conceden al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica en su Ley Orgánica, así como regular los procedimientos a seguir cuando se presenten denuncias contra los miembros del Colegio o se actúe de oficio contra ellos.

Artículo 2- Ámbito de aplicación: Están sujetos a responsabilidad disciplinaria, todos los profesionales debidamente incorporados al Colegio que incurran en infracciones al Código de Ética, a la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica o a la Ley General de Salud, y cualquier otra normativa relacionada con el ejercicio de la profesión. No podrá instruirse ningún procedimiento administrativo si la conducta que motiva la queja no se encuentra expresamente prevista en alguna norma legal o reglamentaria aplicable desde el punto de vista disciplinario.

Artículo 3: Competencia de la Junta Directiva: Le corresponde a la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas:

  1. Una vez aceptada y conocida la admisibilidad de una denuncia, conformar al Tribunal de Honor como Órgano Director del Procedimiento, según las disposiciones del artículo 37 de la Ley Orgánica.
  2. Decretar la admisibilidad o inadmisibilidad de una denuncia de oficio planteada por el Fiscal del Colegio. En caso de ser admitida la denuncia, ordenar dar inicio al debido proceso.
  3. La Junta Directiva una vez que ha aceptado la admisibilidad de una denuncia, conforme lo indican los incisos a. y b. de este artículo, la remitirá al Tribunal de Honor, para lo que corresponda.
  4. En todos aquellos casos en los cuales se presuma la existencia de una conducta delictiva, deberá el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, hacerlo del conocimiento del Ministerio Público o las autoridades administrativas y gubernamentales correspondientes para lo de su cargo. El incumplimiento a esta obligación tendrá las consecuencias penales y civiles que el ordenamiento jurídico establece.

Artículo 4: Competencia del Tribunal de Honor: Le corresponde al Tribunal de Honor del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica:

  1. Sancionar y corregir disciplinariamente a los miembros del Colegio por infracciones a la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, al Código de Ética, o cualquier otra normativa vigente que esté relacionada con el ejercicio de la profesión, por faltas o abusos que cometan en el ejercicio de la profesión, por irregularidad en su conducta moral o por vicios que les hagan desmerecer en el ámbito público y privado o que comprometan el decoro de la profesión.
  2. Nombrar a la persona o las personas que se constituirán como Órgano Director, el cual se encargará de llevar a cabo toda la instrucción de los expedientes que se le asignen a su cargo.
  3. Acoger o rechazar la recomendación del Órgano Director después de finalizado el Debido Proceso.
  4. Dictar el acto final que declara sin lugar la queja o impone una sanción al colegiado, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica.
  5. Tratar de lograr en todos los casos, la conciliación entre las partes, empleando para ello los mejores métodos de diálogo, interlocución y convencimiento de que se disponga.
  6. Todas aquellas actividades no previstas en este reglamento referente al proceso sancionatorio.

Artículo 5: Competencia del Órgano Director: Le corresponde al Órgano Director del Colegio de Cirujanos Dentistas:

  1. Cumplir el Debido Proceso y verificar la verdad real de los hechos en los casos que le asigne el Tribunal de Honor para su debido trámite.
  2. Emitir una recomendación final y trasladar el expediente al Tribunal de Honor para que dicte el acto final.
  3. Intervenir cuando así se requiera ante una solicitud de conciliación y dar el correspondiente seguimiento.

Artículo 6- Integración del Tribunal de Honor: El Tribunal de Honor estará integrado según lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 7- Quórum del Tribunal de Honor: El quórum para que pueda sesionar válidamente el Tribunal de Honor será el de la mitad más uno de sus miembros.

Artículo 8- Creación e Integración del Órgano Director: El Tribunal de Honor tendrá facultades para ordenar la conformación de un Órgano Director, siguiendo alguno de los dos mecanismos siguientes:

  1. Podrá conformarse uno o varios de los miembros del Tribunal de Honor cómo Órgano Director, para el cumplimiento del debido proceso y verificar a la verdad real de los hechos en observancia del presente reglamento.

Podrá ordenar la conformación de un de Órgano Director, con el número de personas que considere conveniente, sean éstas miembros o no del Tribunal de Honor.

Para ser parte de un órgano se requiere ser miembro activo del Colegio, no pertenecer a la Junta Directiva, ni ser empleado administrativo del Colegio. Las resoluciones de mero trámite dentro del procedimiento podrán ser firmadas por quien coordine el Órgano Director. La recomendación final del Órgano Director en el marco de la instrucción de un procedimiento deberá ser firmada por el o los miembros de dicho órgano que participen en esa instrucción.

Artículo 9- Incompetencia sobre asuntos patrimoniales: No podrá tramitarse ninguna denuncia que verse sobre aspectos patrimoniales, sin perjuicio de los acuerdos conciliatorios de cualquier tipo a los que las partes lleguen relacionados con el expediente en estudio.

Artículo 10- Motivos de impedimento y recusación: Serán motivos de impedimento y recusación los mismos previstos en el Código Procesal Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los motivos de abstención serán aplicables a los miembros de la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Órganos de Instrucción del Procedimiento.

Capítulo II: De la admisibilidad de las denuncias y el trámite del procedimiento

Sección I: Admisibilidad de las denuncias

Artículo 11- Contenido de la denuncia: Toda denuncia iniciada por un paciente, un colegiado y/o por el Fiscal debe cumplir los siguientes requisitos, bajo pena de inadmisibilidad:

Debe ser presentada ante la oficina del Fiscal, en los casos que el denunciante sea un particular o un colegiado, o ante la Junta Directiva, cuando se trate de una denuncia de oficio del Fiscal, de forma escrita, legible, clara y con tantas copias como partes haya.

La denuncia debe indicar:

  1. a) Nombre completo, dos apellidos, cédula de identidad y calidades completas del denunciante.
  2. b) Nombre completo y dos apellidos y de ser posible cédula identidad y calidades completas del o los colegiados   contra los cuales se interpone la denuncia.
  3. c) Un relato, lo más preciso posible de los hechos sobre los cuales se fundamenta la denuncia.
  4. d) Pruebas. La carga de la prueba le corresponde al interesado. Todo ofrecimiento de prueba debe indicar cuál o cuáles hechos de la denuncia pretende acreditar. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento podrá autorizar las pruebas anticipadas cuando la salud del paciente esté comprometida.

Si la prueba es testimonial, debe indicarse el nombre completo, dos apellidos, cédula de identidad de los testigos, así como dirección completa para la citación respectiva e indicar los hechos puntuales sobre los cuales declarará el testigo. El denunciante retirará del Colegio la correspondiente orden de citación. Podrá ofrecerse hasta un máximo de dos testigos para cada hecho que se pretende probar.

En caso de ofrecerse prueba pericial, el Colegio le ofrecerá a la parte proponente una lista de los profesionales capacitados para realizar dicha pericia, debiendo cubrir la parte interesada los gastos correspondientes.

Si se ofreciese prueba confesional, deberá el confesante comparecer en forma personal.

Si se ofrece prueba documental, esta debe ser original y aportar tantas  copias, como denunciados haya.

  1. e) Extremos legales en que fundamenta su denuncia, con mención precisa de los artículos correspondientes de la Ley Orgánica y Código de Ética del Colegio de Cirujanos Dentistas o cualquier otro cuerpo normativo que sea aplicable según la competencia disciplinaria del Colegio.
  2. f) Petitoria: Deberá indicarse en forma clara y precisa la pretensión así como cuál es la sanción que pretende para el denunciado, desde el punto de vista del régimen disciplinario del Colegio. Así como, si existe deseo o no de conciliar.
  3. g) Dirección exacta en donde se recibirán notificaciones, lugar, apartado postal, teléfono, fax y correo electrónico para notificar al denunciado y al denunciante el traslado de la denuncia.
  4. h) Fecha del escrito.
  5. i) Si el denunciante presenta la acusación personalmente y se identifica como tal con su cédula de identidad, se pondrá al pie del documento original la siguiente razón: “Presentada personalmente por el interesado quien firma el documento”, En caso que el denunciante no se haga presente su firma debe ser autenticada por un abogado con el timbre correspondiente del Colegio de Abogados de Costa Rica y el correspondiente sello de identificación.

Toda denuncia deberá contar con el sello de recibido del Departamento del Colegio que recibió la denuncia, en donde se indique la fecha y hora de recepción del documento, junto con el nombre de la persona que recibe.

Artículo 12- Estudio preliminar de la denuncia: Una vez recibida la denuncia, el Fiscal o la Junta Directiva, según corresponda, procederá a:

  1. Estudiar si la denuncia llena todos los requisitos que señala el artículo anterior.
  2. Anotarla en un Libro de Recibo de Quejas, que se llevará para tal efecto y que estará a cargo del Fiscal del Colegio de Cirujanos Dentistas. Este libro será de acceso restringido a terceros y sólo podrá ser consultado para efectos administrativos por parte de los órganos disciplinarios del Colegio, entendiendo por tales a la Junta Directiva, el Tribunal de Honor u Órganos.
  3. Levantar el expediente respectivo, numerándolo con numeración corrida y el año correspondiente.
  4. Si la denuncia no se ajusta a los requisitos del artículo anterior, se solicitará por escrito al interesado que proceda a llenar todos los requisitos, dándole para tales efectos el plazo de cinco días hábiles. Vencido ese plazo, y si no se han subsanado los vacíos u omisiones señalados en la prevención, se dictará una resolución ordenando el archivo de la denuncia.
  5. Si la denuncia cumple con todos los requisitos del artículo anterior, o éstos se han cumplido con base en la prevención que se señala en el inciso anterior, se dará inicio al procedimiento según corresponda.
  6. No se podrá iniciar la instrucción sobre ninguna denuncia que no haya cumplido todos los trámites que para ello se requiere.
  7. El Tribunal de Honor o el Órgano Director, cuando no se trate de una denuncia de oficio, deberá convocar a las partes a una audiencia de mediación o conciliación, salvo que alguna de las partes manifieste expresamente su deseo de no someterse a esta modalidad de solución de conflictos. De existir anuencia, se convocará a las partes con la mayor brevedad a fin de buscar la solución de la controversia, la cual puede ser parcial, con los efectos que dispone la Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Durante este procedimiento de conciliación o mediación, el trámite de la denuncia continuará, sin perjuicio de los acuerdos a los que puede llegarse.  Los acuerdo conciliatorios tendrán valor de cosa juzgada y las partes podrán hacer valer lo acordado en las vías legales correspondientes.

Artículo 13- Inicio de la instrucción: Presentada la denuncia y cumplidas las formalidades que se requieren, la Junta Directiva trasladará el expediente al Tribunal de Honor, para que siguiendo el debido proceso, ordene la conformación de un órgano.

Artículo 14- Traslado de la denuncia: Una vez recibido el expediente, el Órgano Director que haya sido conformado pondrá en conocimiento de la denuncia al colegiado (a) denunciado (a) y le concederá el plazo de ocho días hábiles a partir de la notificación para que se pronuncie sobre los hechos alegados y ofrezca prueba de descargo.

En la contestación, podrá aceptar los hechos contenidos en la denuncia, rebatir cada uno de ellos, formular las aclaraciones que considere. Toda prueba deberá ser ofrecida en el escrito de presentación de la denuncia por parte del denunciante y en la contestación de la denuncia por parte del colegiado (a) denunciado (a).

Artículo 15- Audiencia oral y privada: Se convocará a una audiencia oral y privada donde se escucharán los alegatos de cada una de las partes, se evacuará la prueba, se oirán las conclusiones de las partes y el Órgano Director procederá a dictar la recomendación final. Las partes deberán ser convocadas a la audiencia con un plazo mínimo de quince días hábiles de antelación.

Sección II: Trámite de la audiencia oral y privada

Artículo 16- Registro de la audiencia: La audiencia será, en lo posible, grabada. Las partes podrán solicitar la transcripción de la grabación con una solicitud escrita y cubriendo los costos respectivos.

Artículo 17- Asistencia: A la audiencia sólo podrán asistir las partes y sus abogados. En casos especiales en que las partes designen a sus asesores legales por medio de poderes especiales administrativos; en este caso no será necesaria la presencia de las partes en la audiencia salvo en los casos en que deba evacuarse prueba confesional.

Artículo 18- Desistimiento tácito: Es obligación de las partes asistir a la o las audiencias en que sean convocadas en el curso del procedimiento y en caso de ausencia, sin justa causa, de cualquiera de las partes, la audiencia se celebrará sin su presencia. Se tendrá por desistida tácitamente la denuncia si la parte que la interpuso no se presenta a la audiencia sin justa causa, la cual deberá acreditarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la realización de la audiencia, por los medios legalmente reconocidos. Comprobado el desistimiento se procederá con el archivo del expediente

Artículo 19- Dirección de la audiencia: La audiencia será dirigida por quien ejerza el cargo de Coordinador, por encargo de la Ley Orgánica o por quien haya sido designado como Coordinador por parte del Tribunal de Honor, según corresponda. En ausencia de éstos, dirigirá la audiencia la persona que los propios órganos designen.

Artículo 20- Juramentación de los testigos y del confesante: De previo al inicio de las audiencias que se desarrollen en el curso del procedimiento, se procederá a juramentar a los testigos y a los confesantes que hayan comparecido y a hacerles las advertencias de ley. Una vez juramentados, se retirarán de la sala los testigos. Se declarará inevacuable la prueba testimonial cuando los testigos no comparezcan a la audiencia sin justa causa.

Artículo 21-  Apertura de la audiencia y fase de conciliación:  Se declarará abierta la audiencia e invitará a las partes a conciliar, aun cuando con anticipación a la audiencia se haya llevado a cabo un proceso previo de resolución alternativa de conflictos y no haya habido acuerdo alguno. De haber anuencia, las partes formularán las respectivas propuestas y contrapropuestas. En el curso del procedimiento se dará los espacios necesarios para procurar una solución consensuada.

Artículo 22- Cuestiones incidentales: De fracasar la fase de conciliación, proseguirá la audiencia con el planteamiento y la resolución de las cuestiones incidentales que se presenten, las cuales deberán ser planteadas de manera oral en la audiencia.

Artículo 23- Evacuación de prueba: Una vez resueltos los incidentes, la prueba ofrecida será evacuada en el siguiente orden:

  1. Prueba confesional.
  2. Prueba testimonial.
  3. Prueba pericial
  4. Cualquiera otra que se haya presentado al expediente y que deba ser evacuada.

Una vez recibida en el expediente la prueba pericial, ésta deberá ser puesta en conocimiento de las partes por el plazo de tres días hábiles, y preferiblemente antes de la celebración de la audiencia.

Artículo 24- Valoración de la prueba: La prueba será valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica racional y en resguardo de los Derechos de las partes y la verificación de la verdad real de los hechos.

Artículo 25-  Conclusiones: Finalizada la fase probatoria, cada parte podrá plantear sus alegatos de conclusiones. Para ello, se concederá un término de diez a quince minutos a cada parte. Después de las conclusiones, se tendrá por concluida la audiencia. No obstante lo anterior, se podrá conceder a las partes un plazo para que presenten sus alegatos de conclusiones por escrito.

Artículo 26- Suspensión de la audiencia: Si por lo avanzado de la hora o por así requerirlo el caso, sea necesario suspender la audiencia, se programará la continuación para la fecha más cercana posible. La programación de una segunda audiencia no dará lugar a evacuar prueba que haya sido declarada inevacuable.

Artículo 27- Deliberación y resolución: Finalizada la audiencia o su continuación, en los casos en que se haya ordenado así, el órgano encargado procederá a resolver el asunto. Sea una recomendación en veinte días hábiles a partir de la finalización de la audiencia para tales efectos.

Capítulo III: Medios de impugnación y comunicación de los actos dictados dentro del procedimiento

Sección I: Medios de impugnación

Artículo 28- Principio de taxatividad de las resoluciones impugnables: Sólo serán impugnables las resoluciones dictadas en el curso del procedimiento contra las que se haya previsto algún recurso dentro de este Reglamento.

Artículo 29- Recurso contra los actos preparatorios del procedimiento: Además del supuesto previsto en el inciso d) del artículo 13, cabrá el recurso de revocatoria en contra de los actos preparatorios únicamente en los casos previstos por el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 30- Recurso contra el acto final: Contra el acto final dictado solo podrá interponerse recurso de revocatoria ante el mismo Órgano.

Sección II: Comunicación de los actos del procedimiento

Artículo 31- Obligatoriedad de señalamiento de lugar o medio para oír notificaciones: Será obligatorio para las partes señalar en su primer escrito un medio o lugar para recibir sus notificaciones. En el primer caso, será procedente señalar una dirección de correo electrónico o un número de fax. De señalarse una dirección física, deberá ubicarse dentro del perímetro del I Circuito Judicial de San José. Si se omite este señalamiento, toda resolución que se dicte en el curso de un procedimiento se tendrá por notificada automáticamente con el sólo transcurso de veinticuatro horas a partir de su dictado. En todos los casos, se agregará al expediente el respectivo comprobante de notificación que acredite la correcta recepción de la notificación.

Artículo 32- Notificación personal: Deberá notificarse personalmente o en casa de habitación el traslado de la denuncia al colegiado (a) denunciado (a), de lo cual se dejará constancia mediante la respectiva acta de notificación o por medio de correo postal certificado, notario público, o cualquiera de los medios autorizados en la Ley de Notificaciones Judiciales número 8687, del 04 de diciembre del 2008.

Artículo 33- Notificación en el lugar o medio señalado: Será absolutamente nula la notificación realizada en un lugar o medio distinto al señalado por las partes, salvo que dicha notificación se realice personalmente al interesado.

Capítulo IV: Disposiciones finales

Artículo 34- Vigencia del reglamento: Este reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

Artículo 35- Derogatoria: El presente Reglamento deroga el Reglamento de Procedimientos Administrativos Disciplinarios aprobado en Asamblea General extraordinaria No. 49, celebrada el 31 de mayo del 2011 y publicado en La Gaceta No. 134 del 12 de julio de 2011 y cualquier otra disposición que se le oponga.

Artículo 36- Aplicación supletoria de Leyes: En lo no dispuesto en este Reglamento, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública, del Código Procesal Civil, de la ley General de Salud y Ley de Notificaciones 8687 del 04 de diciembre del 2008 publicada en la Gaceta No.20 del 29  enero del 2009.

Artículo 37- Transitorio: Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento, serán tramitados con el anterior Reglamento y de acuerdo con sus disposiciones.

 Dr.  Rafael Porras Madrigal                 Dr. Alexis Hernández Montero

Presidente.                                         Secretario.

 

Aprobado en Asamblea General Extraordinaria No. 74, celebrada el 21 de abril del 2016.  Publíquese en el diario oficial La Gaceta.

Publicado en el Alcance Digital N°83 del miércoles 25 de mayo del 2016.

Normativa para el uso del parqueo

Descargar aquí este reglamento

Artículo 1: Objeto

La presente normativa regula la prestación de servicios de guarda y custodia de vehículos en el estacionamiento propiedad del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, el cual ofrecerá sus servicios a odontólogos y público en general. Artículo 2: Capacidad del Parqueo
El parqueo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica tiene capacidad para albergar 28 vehículos y uno para motos. Estos tienen todas las medidas reglamentarias solicitadas por las autoridades competentes.

 

 

Artículo 3: Horarios de Servicio
El horario de atención al público será entre las 8 y 17 horas de lunes a viernes.

En caso de que haya alguna actividad relacionada con el gremio odontológico como por ejemplo: asambleas, reunión de comisiones, actividades sociales, etc. se abrirá las puertas del parqueo y se cerrarán hasta que se retire el último vehículo.

Artículo 4: Usuarios

Debido a que el parqueo es público, éste podrá ser usado por cualquier persona, en el caso de ser odontólogo tendrá una tarifa diferenciada.

Artículo 5: Tarifas

La tarifa podrá ser horaria, diaria, semanal o mensual y será determinada por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, de acuerdo con los costos reales que implique prestar el servicio, observando siempre los principios de equidad y razonabilidad entre el Colegio y el cliente.
La tarifa para automóviles al público será de ¢500 por hora y ¢250 por fracción de tiempo y para odontólogos que se encuentren al día en sus obligaciones con el Colegio se cobrará una tarifa diferenciada de ¢300 por hora y ¢150 por fracción de tiempo, de lo contrario pagarán la tarifa ordinaria.
La tarifa para motos al público será de ¢300 por hora y ¢150 por fracción de tiempo y para odontólogos que se encuentren al día en sus obligaciones con el Colegio se cobrará una tarifa diferenciada de ¢200 por hora  y ¢100 por fracción de tiempo, de lo contrario pagarán la tarifa ordinaria.
Para los odontólogos que se encuentren al día en sus obligaciones con el Colegio y que vengan a hacer algún trámite en que el tiempo de duración sea menor a media hora no se le cobrará por el uso del parqueo.

Artículo 6: Cobro

La tarifa que cobrará el encargado del parqueo lo hará con base en la indicación que se le ponga al reverso del tiquete de parqueo, en la recepción del Colegio como se indica a  continuación:
“Odontólogo”: El encargado del parqueo cobrará la tarifa de ¢300,00 cuando hayan transcurrido más de media hora. Cuando el tiempo sea menor de media hora el encargado no cobrará suma alguna.
“Gratis”: El encargado del parqueo no cobrará monto alguno. Los casos en que se de esta opción es:
Reunión de Junta Directiva,
Reunión de Comisiones,
Reuniones especiales,
Por disposición de Junta Directiva.
En el caso de que el tiquete del parqueo no tenga ninguna leyenda en el reverso el encargado del parqueo cobrará la tarifa regular de ¢500,00 por hora.
Artículo 7: Impuestos
Todas las tarifas incluyen el impuesto de ventas y los que la ley establezca.

Artículo 8: Alquiler
El parqueo puede alquilarse tanto a odontólogos como a particulares, de la siguiente forma:
Odontólogos:
1.Alquiler mensual entre las 7 y 17 horas                      ¢28.000,00
2.Alquiler para actividades sociales (aplica Artículo 5, párrafo segunto y tercero)
Particulares:
1.Alquiler mensual entre las 7 y 17 horas                   ¢30.000,00
2.Alquiler para actividades sociales (aplica Artículo 5, párrafo segundo y tercero)

Artículo 9: Uso de espacio

De los 28 campos con que cuenta el parqueo, el 50% se designará para alquilar ya sea por semana, quincena o mensualmente, el restante 50% quedará para el uso del público en general.

Normativa del Centro Recreativo

Descargar aquí este reglamento

NORMATIVA CENTRO RECREATIVO

 

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Corresponde a la Dirección Administrativa, conocer y otorgar los permisos para el uso ocasional, para actos culturales, sociales y deportivos de los edificios y las instalaciones, conforme al siguiente orden de prioridades:

a-      Actos oficiales del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

b-      Actos oficiales de las Academias y Filiales adscritas al Colegio

c-      Actos exclusivos de odontólogos.

d-     Actos familiares del (la) colegiado (la), entendiéndose por familia a su cónyuge, padres e hijos.

e-      Actos a juicio de la Junta Directiva.

Artículo 2: Las instalaciones se cederán gratuitamente para los actos indicados en los incisos a) y b) del artículo anterior. En los incisos siguientes, el Colegio las alquilará y cobrará las tarifas que establezca la Junta Directiva, las cuales deben cancelarse en el acto de la firma del contrato.

Artículo 3: Tendrán derecho al uso y disfrute en forma gratuita del Centro Recreativo quienes se detalla a continuación y dentro del siguiente orden de preferencia,  presentando el carne correspondiente vigente.

a-      El (la) colegiado(a)

b-      Su cónyuge.

c-      Los padres del  colegiado (a)

d-     Los hijos del (la) colegiado (a) hasta los 25 años de edad.

e-      Los casos especiales a quienes la Junta Directiva o la Dirección Administrativa conceda autorización por medio de acuerdo en los términos y bajo las condiciones que determine.

Las personas a las que se refieren los incisos  b), c) y d) deberán solicitar el carné respectivo, previo pago del mismo, y presentarlo para su ingreso a las instalaciones del Centro Recreativo. Únicamente los (las) colegiados (as) podrán ingresar con la presentación de su cédula de identidad previa corroboración de los encargados del Centro Recreativo.

CAPITULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL (LA) COLEGIADO (A) 

Artículo 4: Es requisito fundamental estar al día con todas las obligaciones que establece la Ley Orgánica del Colegio y los reglamentos para que el colegiado y sus beneficiarios puedan hacer uso de las instalaciones del Centro Recreativo. El (la) colegiado (a) que mantenga deudas pendientes con el Colegio, NO podrá hacer uso de las instalaciones mientras la cancelación total de esas deudas no se haya efectuado. Se le suspende su derecho y el de sus familiares a visitar y utilizar las instalaciones del Centro Recreativo mientras la situación de morosidad se mantenga.
Artículo 5: Para poder utilizar las instalaciones del Centro Recreativo tendrán la obligación de obtener un carné, previo pago del valor correspondiente las siguientes personas:

a-      El (la) cónyuge

b-      Los hijos mayores de 5 años hasta 25 años, siempre que conserven el estado de soltería.

c-      Los padres del (la) colegiado (a)

En todos los casos el carné tendrá una vigencia máxima de cinco años. Este carné será completamente diferente del (de la) colegiado (a) y deberá decir “Uso exclusivo para ingresar al Centro Recreativo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica”

Artículo 6: El (la) colegiado (a) tiene derecho al uso de las instalaciones con que cuenta el Centro Recreativo que comprende áreas deportivas, piscinas y áreas verdes de acuerdo con las normas establecidas en la presente Normativa. También tendrán derecho al uso del salón multiuso y del rancho para actividades cuando no se encuentre previamente comprometido en alguna otra actividad.
El uso tanto del rancho, como el salón multiuso deberá ser solicitado en forma escrita con antelación no menor a quince días naturales ante la Dirección Administrativa del Colegio para garantizar su correcta reservación.

Artículo 7: El (la) colegiado (a) podrá ingresar a las instalaciones del Centro Recreativo, previa identificación mediante su carné al día o cédula de identidad, con un grupo de hasta diez (10) invitados incluyendo a su grupo familiar. Pagarán derecho de admisión por el uso de las instalaciones todos los que no porten el carné como beneficiarios del (la) Colegiado (a), según el artículo 5 de esta normativa. Se exime del pago de la cuota de admisión a los niños menores de cinco (5) años. Queda establecido que para el ingreso de este tipo de grupos se requiere la presencia del ( de la) Colegiado (a) o alguna de las personas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 3 de la presente normativa siempre y cuando tengan mayoría de edad.

Artículo 8: Los funcionarios del Colegio, podrán ingresar al Centro Recreativo con la presentación del carné de funcionario extendido por el Colegio. Podrán hacerse acompañar de un máximo de cinco (5) invitados quienes pagarán la cuota de admisión establecida. Se exime del pago de la cuota de admisión a los niños menores de cinco (5) años.

Artículo 9: En los casos en que el (la) colegiado (a) quiera hacer uso de las instalaciones con un grupo de más de diez (10) invitados deberá presentar solicitud escrita a la Dirección Administrativa del Colegio,  indicando el número de personas que lo acompañarán.

En los casos que también se haga alquiler de  las instalaciones, para que la reservación sea efectiva el (la) Colegiado (a) deberá cancelar la totalidad del monto del alquiler. En caso de suprimirse el evento por cualquier causa no imputable al Colegio se hará el reintegro del monto de alquiler ya cancelado de acuerdo a la tabla de penalización por cancelación aprobado por la Junta Directiva.

Artículo 10: Los colegiados son responsables de la utilización de las instalaciones del Centro Recreativo y lo serán económicamente en cuanto a los daños que éstas sufran por su causa, la de sus familiares o la de sus invitados.

Artículo 11: Por sanidad de las instalaciones y los visitantes se prohíbe el ingreso y la permanencia de cualquier tipo de mascota dentro de las instalaciones del Centro Recreativo.

Artículo 12: El colegiado, sus familiares e invitados, deben respetar el horario de uso de las instalaciones que se abrirán a las 9:00 a.m. y se deberán desalojar a las 5:00 p.m., hora en que se cierran los portones del Centro Recreativo. Este horario regirá para todos los días de la semana. El día lunes las instalaciones del Centro estarán cerradas por mantenimiento general.

La realización de cualquier actividad fuera de este horario deberá ser previamente autorizada por la Dirección Administrativa y suscribirse los contratos pertinentes.

CAPÍTULO  III
DE LA OBSERVACIÓN DE ESTA NORMATIVA 

Artículo13: Todo visitante tiene el derecho y el deber de denunciar ante cualquier miembro de la Junta Directiva, la Dirección Administrativa o el personal responsable de las instalaciones, aquellos actos que en su concepto hayan ofendido las reglas convencionales de la moral, o que hayan dañado las instalaciones físicas del Centro Recreativo.  Toda falta comprobada a la moral en que incurra un (a) colegiado (a), familiar o invitado, dentro de las instalaciones del Centro Recreativo será sancionada por la Junta Directiva.

Artículo 14: Cuando se cometa alguna falta que se considere grave por parte de algún visitante, colegiado o no, cualquier miembro de la Junta Directiva o del personal asignado al Centro Recreativo tiene autorización para que el o los causantes sean desalojados de las instalaciones sin perjuicio de cualquier otra sanción que se les pueda imponer.

Artículo 15: Los (las) colegiados (as) y sus familiares e invitados, deben acatar y respetar las sugerencias de los miembros de la Junta Directiva o del personal del Centro Recreativo. El ser colegiado no faculta para exigir servicios aduciendo que es dueño de parte de las instalaciones.
CAPÍTULO IV
USO DE LAS PISCINAS E INSTALACIONES 

Artículo 16: El horario para uso de las piscinas es de 9 am 4 pm  horas con el propósito de que a las 5 pm horas se cierren los portones del Centro Recreativo.

Artículo 17: Queda terminantemente prohibido introducirse a las piscinas con algún tipo de bronceador y se deben utilizar previamente las duchas externas para quitarse tierra, residuos, sudor y los bronceadores del cuerpo con el fin de no contaminar las piscinas ni atascar los filtros y baños.

Artículo 18: Por la seguridad de sus bañistas y con el afán de evitar la contaminación del agua de las piscinas se prohíbe jugar con bolas, neumáticos y otro tipo de artículos dentro de la piscina; o realizar otros tipos de juegos en sus alrededores. Esta prohibición no incluye flotadores y otros artículos que utilizan los niños para su seguridad en las piscinas.

Artículo 19: Queda terminantemente prohibido llevar o utilizar cualquier tipo de recipientes o envases de vidrio a las piscinas y a sus alrededores en un área no menor a los diez metros alrededor.

Artículo 20: Es terminantemente prohibido el uso de armas de fuego, de aire comprimido, o flechas de cualquier tipo dentro de las instalaciones del Centro Recreativo, al igual que el uso de pólvora o juegos pirotécnicos de cualquier naturaleza, a no ser que la Junta Directiva o la Dirección Administrativa lo autoricen para eventos.

Artículo 21: El uso de radios, radio grabadoras, caseteras, y otros está permitido siempre y cuanto el sonido de las mismas sea para ser escuchado por su propietario o sus acompañantes en forma moderada.

Artículo 22: Es deber de todo colegiado (a), familiar o invitado, recoger, señalar y llamar la atención sobre todos aquellos objetos como latas abiertas, objetos punzo cortantes, vidrios y otros que por su naturaleza sean capaces de ocasionar un accidente y depositarlos en los basureros.

Artículo 23: Es terminantemente prohibido el uso en la piscina de vestimenta que no sea vestidores de baño.

Artículo 24.- La piscina redonda es de uso exclusivo para niños menores de cinco años
Es deber del Colegiado velar por el cuidado de las instalaciones y activos en general por lo que esta Normativa autoriza al administrador del Centro Recreativo a llamar la atención a cualquier persona que este infringiendo dicha normativa.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 25: La Junta Directiva del Colegio nombrará una Comisión de Desarrollo de la Sede del Centro Recreativo, que estará conformada por cinco miembros, quienes tendrán la responsabilidad de preparar proyectos, recibir inquietudes y canalizarlas adecuadamente así como promover el mantenimiento y mejoramiento constante de las instalaciones del Centro Recreativo.

Artículo 26: Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será resuelto mediante acuerdo de la Junta Directiva.
Esta normativa rige a partir del  09 de abril del 2015 aprobada en la sesión ordinaria de Junta Directiva No. 1589.

Norma para la Habilitación de una Clínica Odontológica

Descargar aquí este reglamento

«Norma para la Habilitación de Consultorio de Atención Odontológica General y Especializada»
No. 41813 -S

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE SALUD

En uso de las facultades que le confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 25 inciso 1 ), 27 inciso 1 ), 28 inciso 2) acápite b) de la Ley No. 6227 del 02 de mayo de 1978 «Ley General de la Administración Pública»; 1,2,3,4 y 7 de la Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973 «Ley General de Salud»; 1, 2 y 6 de la Ley No. 5412 del 8 de noviembre de 1973 «Ley Orgánica del Ministerio de Salud».

 

CONSIDERANDO:

1.- Que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado.

2.- Que la Ley General de Salud dispone que las personas físicas o jurídicas públicas o privadas que requieran brindar servicios de salud, deberán obtener el permiso o autorización del Ministerio de Salud, previo a su instalación y operación; para lo cual deben garantizar que reúnen o cumplen los requisitos legales generales y particulares establecidos.

3.- Que el Ministerio de Salud, por sus competencias constitucionales, legales y por su función de rectoría, de velar por la salud de la población, está en la obligación de tomar las providencias necesarias para salvaguardar a los habitantes, por lo cual establece normas que garantizan estándares óptimos con el fin de cumplir con la misión que le corresponde.

4.- Que es función del Estado velar por la protección de la salud de la población y garantizar el bienestar de los ciudadanos, no siendo esto un obstáculo para la resolución de permisos y autorizaciones de manera expedita, con ello permitir la atracción y consolidación de las inversiones en el país. Esto, desde luego, previo al cumplimiento de los requisitos necesarios, para garantizar los mandatos constitucionales y legales, en materia de salud y ambiente.

5.- Que existe la necesidad de crear reglamentación específica, para definir los estándares particulares que se deben solicitar a cada tipo de servicio de salud según la actividad a desarrollar; como es el caso de los consultorios de atención odontológica general o especializada, quienes deben cumplir con requisitos y condiciones previas, para obtener el Certificado de Habilitación por parte del Ministerio de Salud.

6.- Que se ha considerado pertinente y oportuno actualizar y adecuar la «Norma para la habilitación de consultorios de atención odontológica general o especializada» de acuerdo con los conocimientos científicos y técnicos más recientes.

7.- Que por lo anterior, se considera necesario y oportuno declarar de interés público y nacional la «Norma para la habilitación de consultorios de atención odontológica general o especializada» y su respectiva implementación.

8° . Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo No. 37045 del 22 de febrero de 2012 y su reforma «Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos», esta regulación cumple con los principios de mejora regulatoria, de acuerdo con el informe No. D11R-DAR-INF-134-18 emitido por la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

POR TANTO,

 

DECRETAN

 

OFICIALIZACIÓN Y DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y NACIONAL DE LA «NORMA PARA LA HABILITACIÓN DE CONSULTORIOS DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA GENERAL O ESPECIALIZADA»

 

Artículo 1.- Oficialícese y declárese de Interés Público y Nacional la «Norma para la habilitación de consultorios de atención odontológica general o especializada», para efectos de aplicación obligatoria, la cual deberá ser utilizada por los servicios de salud de este tipo tanto públicos, privados corno mixtos, incluso que sean ofrecidos en establecimientos como en unidades móviles, que soliciten el certificado de habilitación de primera vez como de renovación.

A partir de la entrada en vigencia de esta norma todas las solicitudes de habilitación de este tipo de servicios de salud, sean de primera vez o de renovación, se regirán de acuerdo a las disposiciones de la presente norma.



Ficha articulo

Artículo 2.- Corresponderá a las Autoridades de Salud del Ministerio de Salud, velar porque dicha Norma sea cumplida.

Ficha articulo

Artículo 3.- La citada Norma se pone a disposición, para las personas que deban consultarla, en la página web del Ministerio de Salud, cuya dirección electrónica es www.ministeriodesalud.go.cr. Y una versión impresa estará disponible en las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud.

Ficha articulo

Artículo 4.- Deróguese el Decreto Ejecutivo No. 29939-S del 04 de octubre de 2001, «Normas para la Habilitación de Establecimientos Odontológicos, Tipo A, B 1, B2.», publicado en La Gaceta No. 219 del 14 de noviembre de 2001.

 


 Ficha articulo

            Transitorio l. Los servicios de salud que obtuvieron un certificado de habilitación antes de la entrada en rigor de la presente norma mantendrán dicha autorización por el tiempo que les fue extendida, debiendo en todo momento cumplir con las condiciones bajo las cuales se otorgó dicha habilitación.

Ficha articulo

Transitorio II. El administrado que hubiese iniciado los trámites de solicitud del certificado de habilitación, antes de la entrada en vigencia de esta norma, continuará con el proceso bajo las condiciones vigentes al momento de iniciado el trámite.

Ficha articulo

Artículo 5.- Rige a partir de los tres meses de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil diecinueve.

Ficha articulo

ANEXO

NORMA PARA LA HABILITACIÓN DE CONSULTORIOS DE ATENCIÓN

 

ODONTOLÓGICA GENERAL O ESPECIALIZADA

 

l. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

 

La presente norma tiene como objetivo especificar las condiciones y requisitos, que deben cumplir todos los consultorios de atención odontológica general o especializada, para poder obtener el Certificado de Habilitación por parte del Ministerio de Salud.

 

El ámbito de aplicación es nacional y aplica para todos los servicios de salud que desarrollan la actividad de atención odontológica de forma ambulatoria, ya sean públicos, privados o mixtos.

 

II. JUSTIFICACIÓN.

 

El Estado tiene la función indelegable de velar por la protección de la salud de la población y garantizar el bienestar de los ciudadanos. La Ley General de Salud dispone que las personas físicas o jurídicas públicas o privadas que requieran brindar servicios de salud deben obtener el permiso o autorización del Ministerio de Salud, previo a su instalación y operación; para lo cual deben garantizar que reúnen o cumplen los requisitos legales generales y particulares establecidos.

 

Así mismo, también la Ley General de Salud dispone la necesidad de crear reglamentación específica para definir los estándares particulares que se deben solicitar a cada tipo de servicio de salud según la actividad a desarrollar.

 

III. ACTUALIZACIÓN.

 

La presente normativa deberá ser actualizada como máximo cada 5 años, sin perjuicio de que se tengan que realizar actualizaciones en un tiempo menor.

 

IV. DEFINICIONES.

 

Para efectos de interpretación de la presente norma se establecen las siguientes definiciones y abreviaturas:

 

a. Accesibilidad física: Condiciones del establecimiento sin barreras constructivas o físicas para el libre tránsito de todas las personas.

 

b. Accesibilidad: Grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.

 

c. Área clínico operativa: Cubículo donde se encuentra la unidad dental completa y donde se realizan los procedimientos propios de la odontología.

 

d. Atención ambulatoria: Aquella que se brinda sin necesidad de internar al paciente.

 

e. Atención odontológica: conjunto de prestaciones que un profesional en odontología incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, brinda a un individuo con el fin de promover, proteger y restaurar su salud oral.

 

f. Barrera de acceso físico: Toda limitante que interfiera con la movilidad de las personas

 

y el desplazamiento dentro o en el perímetro del establecimiento.

 

g. Esterilización: Proceso mediante el cual se da la eliminación o muerte de todos los microorganismos y esporas que contiene un objeto o sustancia y que se encuentra acondicionado de tal manera que no puede contaminarse nuevamente. Un producto se considera estéril cuando la probabilidad de encontrar unidades contaminantes es menor de un millón de unidades idénticas procesadas. La esterilización reduce el número hasta un nivel seguro, dado que la eliminación total es virtualmente imposible.

 

h. Expediente de salud: Registro individual y confidencial, físico o digital, que reúne en un sólo documento de carácter obligatorio, debidamente identificado, con información de interés concerniente al usuario; así como intervenciones realizadas en el servicio de salud. Este documento debe de incluir la historia clínica del paciente, la cual incluya antecedentes personales patológicos y no patológicos, alergias a medicamentos, ingesta de medicamentos, historia odontológica, intervenciones odontológicas.

 

i. Odontología: Ciencia de la salud que se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del aparato estomatognático, el cual incluye además de los dientes, las encías, el tejido periodontal, el maxilar superior, el maxilar inferior y la articulación temporomandibular.

 

j. Privacidad: Es un derecho que tiene todo ser humano, de ser atendido con un trato respetuoso, digno, sin discriminación, en un ambiente confidencial, separado y particular, que contribuya a la salud y bienestar individual y colectivo, aplicado a la atención odontológica, debe entenderse como la separación física entre las unidades dentales instaladas en una área clínico operativa que impida el contacto visual y auditivo, con personas ajenas a su atención, mediante puertas y paredes que cubran en su totalidad la distancia entre el nivel de piso y nivel de cielo terminado.

 

k. Profesional en odontología: persona graduada por una facultad o escuela de odontología universitaria con grado mínimo de licenciatura y con la debida incorporación del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica para el ejercicio de la profesión.

 

l. Unidad móvil: Vehículo o remolque, debidamente equipado y acondicionado para brindar un servicio de salud en su interior. Esta unidad móvil puede desplazarse a distintas zonas del país.

 

V. ESPECIFICACIONES.

 

Las especificaciones de la norma están clasificadas en los siguientes rubros:

 

1. Recursos humanos.

 

2. Planta Física.

 

3. Recursos Materiales.

 

4. Documentación y gestión de la información.

 

5. Seguridad e Higiene.

 

Para el caso de los servicios en unidades móviles los estándares que aparecen marcados con un asterisco (*) no serán aplicables.

 

1 . Recurso Humano.

 

1.1. El consultorio odontológico debe contar con, al menos, un profesional en odontología durante todo el horario de funcionamiento para la atención de los usuarios.

 

1.2. Los profesionales en odontología que laboren en el consultorio deben estar inscritos y activos en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

 

1.3. Las personas que laboren en el consultorio deberán portar un carné de identificación en el cual se consigne al menos los siguientes datos:

 

1.3.1. Nombre completo.

 

1.3.2. Profesión u oficio.

 

1.3.3. Código profesional (en los casos que aplique).

 

2. Planta Física.

 

2.1. El consultorio odontológico debe contar con las siguientes áreas:

 

2.1.1. * Área de espera para los usuarios (puede ser compartida con otros servicios).

 

2.1.2. Área clínico-operativa: la cual deberá contar con espacio mínimo de 6m2 por cada silla odontológica que se instale.

 

2.1.3. * Cuando haya más de un silla odontológica en el área clínico-operativa, se deberá:

 

2.1.3. l. Contar con divisiones internas entre las sillas, con una altura de al menos 1,6 metros del nivel del piso.

 

2.1.3 .2. Contar con al menos un cubículo de atención individual, que garantice la privacidad del usuario.

 

2.1.4. Área exclusiva para el lavado y la esterilización de equipos. Esta área debe contar con los siguientes espacios:

 

2.1.4.1. Espacio para prelavado de instrumental.

 

2.1.4.2. Espacio para lavado de instrumental.

 

2.1.4.3. Espacio para secado y empaque de instrumental.

 

2.1.4.4. Espacio para esterilización.

 

2.1.5. * Área administrativa (puede ser compartida con otros servicios). Ésta no puede estar en el área clínico-operativa.

 

2.1.6. Área de servicios sanitarios (puede ser compartida).

 

2.1.7. Espacio exclusivo para almacenar equipo y suministros de limpieza (puede ser compartido con otros servicios).

 

2 .2. Movilidad y accesibilidad.

 

2.2.1. Todas las áreas deben estar libres de barreras constructivas, de equipamiento y mobiliario que impidan el tránsito libre a los usuarios.

 

2.2.2. * Todos los pasillos y circulaciones secundarios que den a los aposentos deben tener un ancho libre de al menos 90 centímetros.

 

2.2.3. * Cuando existan diferencias de nivel internas o externas, estas deben ser salvadas por rampas.

 

2.2.4. En caso de necesitar rampas, estas deben cumplir con los siguientes condiciones:

 

2.2.4.1. Ancho no menor de 90 centímetros.

 

2.2.4.2. Pendiente no mayor al 12%.

 

2.2.4.3. Piso antideslizante.

 

2.2.5. * En los edificios con más de una planta la accesibilidad a cada piso debe estar garantizada por medio de rampas que cumplan las disposiciones de la Ley 7600 o por medio de ascensores, elevadores, salva-niveles, o cualquier medio mecánico o hidráulico que garantice la seguridad de las personas.

 

2.2.6. Cuando haya escaleras, estas deben:

 

2.2.6.1. Estar libres de alfombras o aditamentos similares.

 

2.2.6.2. Contar con iluminación.

 

2.2.6.3. Contar con pisos antiderrapantes, o con cinta adherente antideslizante en sus orillas.

 

2.2.6.4. Contar con barandillas para sujeción de 90 centímetros de altura, medidos a partir de las aristas de cada escalón.

 

2.2.6.5. Las barandillas deben contar con separación entre los barrotes de 10 centímetros o menos.

 

2.2.6.6. Los escalones deben tener huella de ancho mínimo de 28 centímetros.

 

2.2.6.7. Los escalones deben tener contrahuella altura máxima de dieciocho 18 centímetros.

 

2.3. Condiciones de supraestructura.

 

2.3 .1. Las paredes en todas las áreas deben estar en buen estado para lo cual deben estar libres de los siguientes defectos:

 

2.3.1.1. Desplomes.

 

2.3.1.2. Pandeos.

 

2.3.1.3. Oxidación.

 

2.3.1.4. Infiltraciones.

 

2.3.1.5. Roturas.

 

2.3.1.6. Desprendimientos.

 

2.3.1.7. Astillamientos.

 

2.3.1.8. Salientes punzo-cortantes.

 

2.3.2. El cielo raso en todas las áreas deben estar en buen estado para lo cual deben estar libres de los siguientes defectos:

 

2.3.2.1. Desplomes.

 

2.3.2.2. Pandeos.

 

2.3.2.3. Oxidación.

 

2.3.2.4. Goteras.

 

2.3.2.5. Roturas.

 

2.3.2.6. Desprendimientos.

 

2.3.2.7. Astillamientos.

 

2.3.2.8. Salientes punzo-cortantes.

 

2.3.3. Los pisos en todas las áreas deben estar en buen estado para lo cual deben estar libres de los siguientes defectos:

 

2.3.3.1. Grietas.

 

2.3.3.2. Hundimientos.

 

2.3.3.3. Infiltraciones.

 

2.3.3.4. Partes sueltas.

 

2.3.3.5. Astillamientos.

 

2.3 .3 .6. Salientes punzo-cortantes.

 

2.3.4. Las ventanas en todas las áreas deben estar en buen estado para lo cual deben estar libres de los siguientes defectos:

 

2.3.4.1. Grietas.

 

2.3.4.2. Desplomes.

 

2.3.4.3. Pandeos.

 

2.3.4.4. Oxidación.

 

2.3.4.5. Partes sueltas.

 

2.3.4.6. Roturas.

 

2.3.4.7. Desprendimientos.

 

2.3.4.8. Astillamientos.

 

2.3.4.9. Salientes punzo-cortantes.

 

2.3.5. Las ventanas que estén a una altura menor de 1 metro del suelo deben estar protegidas con barandillas, rejas, barrotes o similares.

 

2.3.6. Las puertas en todas las áreas deben estar en buen estado para lo cual deben estar libres de los siguientes defectos:

 

2.3.6.1. Grietas.

 

2.3.6.2. Desplomes.

 

2.3.6.3. Oxidación.

 

2.3.6.4. Partes sueltas.

 

2.3.6.5. Roturas.

 

2.3.6.6. Desprendimientos.

 

2.3.6.7. Astillamientos.

 

2.3.6.8. Salientes punzo-cortantes.

 

2.4. Iluminación y ventilación.

 

2.4.1. Las distintas áreas del serv1c10 deben tener condiciones que permitan la ventilación ya sea por medios naturales o artificiales.

 

2.4.2. Las distintas áreas del servicio deben tener iluminación natural o artificial.

 

3. Recurso material.

 

3 .1. Aspectos generales. El consultorio odontológico debe disponer de:

 

3 .1.1. Rotulación que identifique cada una de las áreas, colocada en lugares visibles.

 

3.1.2. Una línea telefónica fija o móvil, que permita la comunicación.

 

3:1.3. Todo el mobiliario en todas las áreas debe estar en buen estado para lo cual

 

deben estar libres de los siguientes defectos:

 

3 .1.3 .1. Base inestable que sea propensa a caídas.

 

3.1.3.2. Oxidación

 

3.1.3.3. Roturas.

 

3.1.3.4. Astillarnientos.

 

3 .1.3. 5. Salientes punzo-cortantes.

 

3.2. El área clínico operativa debe contar con los siguientes equipos:

 

3 .2.1. Sillón Dental, el cual debe tener las siguientes características:

 

3.2.1.1. Anatómico.

 

3.2.1.2. Con cabezal.

 

3.2.1.3. Manual o con sistema hidráulico.

 

3.2.1.4. Tapicería de material de fácil desinfección y limpieza.

 

3.2.1.5. La tapicería no debe tener roturas.

 

3.2.2. Mesa de instrumentos, la cual debe tener las siguientes características:

 

3.2.2.1. Amplia.

 

3.2.2.2. Con bandeja para instrumentos.

 

3.2.2.3. Montada en un brazo articulado o un módulo rodable.

 

3 .2.2.4. De fácil desinfección.

 

3.2.3. Dispositivo de succión de saliva.

 

3.2.4. Escupidera, la cual debe tener las siguientes características:

 

3 .2.4.1. De acero inoxidable o de material resistente.

 

3.2.4.2. De fácil limpieza y con filtro.

 

3.2.5. Lámpara Dental, la cual debe tener las siguientes características:

 

3.2.5.1. Bombilla de halógeno o de LED.

 

3.2.5.2. Luz fría focalizada.

 

3.2.5.3. Sin sombras.

 

3.2.5.4. Con brazo articulado.

 

3.2.6. Compresor de tipo dental o industrial, el cual debe tener las siguientes características:

 

3.2.6.1. Manómetro indicador de la presión en el tanque.

 

3.2.6.2. Purga automática o manual.

 

3.2.6.3. Válvula de seguridad para sobrepresiones.

 

3.2.6.4. Regulador de presión.

 

3.2.6.5. Filtro automático de precipitado de agua a la salida del compresor.

 

3.2.6.6. Incluir los filtros de aire en la entrada del sistema.

 

3 .2.6. 7. Conexión eléctrica específica y de acuerdo al fabricante.

 

3.2.6.8. Si es de tipo industrial debe tener filtros de aceite y agua.

 

3.2.6.9. Si es de tipo industrial debe tener aislamiento sonoro.

 

3.2.7. Al menos 3 piezas de mano de alta velocidad (:)

 

3.2.8. Al menos 1 pieza de mano de baja velocidad (:)

 

(:) En el caso de estos dos estándares esta es la cantidad mínima con que deberá contarse cuando se realice la visita de inspección previa al inicio de funcionamiento del servicio. Una vez que el servicio entre en funcionamiento la cantidad deberá ser ajustada conforme al volumen de usuarios atendidos.

 

3.2.9. Estación de lavado de manos, de uso exclusivo para esta área, que debe cumplir con lo siguiente:

 

3.2.9.1. Estar ubicada a una altura entre 75 y 100 cm del nivel del piso.

 

3.2.9.2. Contar con suministro de toallas no textiles desechables.

 

3.2.9.3. Contar con un dispensador de papel toalla.

 

3.2.9.4. Contar con un dispensador con jabón líquido.

 

3.2.9.5. Contar con jabón antibacterial líquido.

 

3.2.10. Taburete odontológico, el cual debe tener las siguientes características:

 

3.2.10.1. Respaldo de soporte lumbar.

 

3.2.10.2. Altura ajustable.

 

3 .2 .1 O .3. Con movimiento de reclinación.

 

3 .2.10.4. Fabricado de material resistente y de fácil limpieza.

 

3.2.10.5. Montado en rodines.

 

3 .2.11. Recipientes para residuos bioinfecciosos.

 

3 .3. En caso de que el consultorio cuente con equipos emisores de radiaciones ionizantes para la toma de radiografías, se debe contar con el siguiente equipo:

 

3.3.1. Delantal plomado que cubran la parte anterior del cuerpo.

 

3 .3 .2. Cuello tiroideo.

 

3 .3 .3. Si la atención está dirigida a niños y adultos debe contar con delantales de

 

plomo para niños y adultos.

 

3.4. El servicio debe contar con un botiquín con medicamentos para reacciones alérgicas:

 

3.4.1. Ampolla de dexametasona de 4 mg con su respectiva jeringa para inyectar intramuscular.

 

3 .4.2. Ampolla de clorfeniramina de 4 mg con su respectiva jeringa para inyección intramuscular.

 

3.4.3. Ampolla de epinefrina solución 1:1.000 con su respectiva jeringa para inyección intramuscular.

 

3.5. El área para la esterilización de instrumental y equipo odontológico debe contar con:

 

3. 5 .1. Limpiador enzimático.

 

3.5.2. Mobiliario hecho de material no poroso y de fácil desinfección.

 

3.5.3. Pila de acero inoxidable o material no poroso, exclusiva para esta actividad.

 

3.5.4. Autoclave para instrumental de odontología.

 

3.5.5. Gabinetes para almacenaje del material estéril, colocados a una altura superior a 90 cm.

 

3.6. Debe contar con instrumental estéril, empacado individualmente, según tipo de tratamiento.

 

3.7. El espacio para equipos y suministros de limpieza debe tener:

 

3.7.1. Mecanismo de seguridad (cerrojo, candado u otros) para restringir el acceso.

 

3. 7.2. Pileta y escurridor.

 

3.7.3. Mascarillas.

 

3.7.4. Guantes.

 

3.8. Los servicios sanitarios deben cumplir con los siguientes aditamentos.

 

3. 8. l. Inodoros.

 

3.8.2. Por cada inodoro debe haber:

 

3.8.2.1. Un dispensador de papel, ubicado a altura entre 90 y 100 cm.

 

3.8.2.2. Un basurero con tapa y de accionar con el pie.

 

3.8.2.3. Suministro de papel higiénico.

 

3.8.3. Una estación de lavamanos por cada 2 inodoros.

 

3.8.4. Cada estación de lavado de manos, debe cumplir con lo siguiente:

 

3.8.4.1. Estar ubicada a una altura entre 75 y 100 cm del nivel del piso.

 

3.8.4.2. Contar con suministro de toallas no textiles desechables.

 

3.8.4.3. Contar con un dispensador de papel toalla.

 

3.8.4.4. Contar con un dispensador con jabón líquido.

 

3.8.4.5. Contar con jabón antibacterial líquido.

 

4. Documentación y gestión de la información.

 

El consultorio odontológico debe contar con la siguiente documentación:

 

4.1. Expedientes personales para los usuarios, ya sea en versión física o digital.

 

4.2. Los expedientes deben contener espacios al menos para la siguiente información:

 

4.2.1. Nombre completo del usuario.

 

4.2.2. Número de identificación.

 

4.2.3. Fecha de nacimiento.

 

4.2.4. Edad.

 

4.2.5. Sexo.

 

4.2.6. Dirección completa.

 

4.2. 7. Número telefónico de contacto en caso de emergencia

 

4.2.8. Nombre de la persona a contactar.

 

4.2.9. Historial de tratamientos y alguna condición importante a tener en cuenta.

 

4.2.10. Periodontograma

 

4.2.11. Odontograma.

 

4.3. Debe existir un mecanismo de seguridad para custodiar los expedientes, ya sea físico o digital, de forma que solo las personas encargadas de la atención de los usuarios tengan acceso.

 

4.4. El consultorio odontológico debe tener los siguientes documentos actualizados:

 

4.4.1. Protocolo de limpieza del servicio.

 

4.4.2. Protocolo de manejo de residuos bioinfecciosos.

 

4.4.3. Protocolo de limpieza y esterilización de instrumental.

 

4.5. Autorización vigente de operación de equipos emisores de radiaciones ionizantes emitida por el Ministerio de Salud, en el caso de los consultorios odontológicos donde se cuente con estos equipos.

 

5. Seguridad e Higiene.

 

El consultorio odontológico debe cumplir con las siguientes condiciones:

 

5 .1. Tener basureros con tapa y de accionar con el pie en las áreas de uso común.

 

5.2. Contar con un extintor de incendios tipo ABC, el cual debe:

 

5.2.1. Tener carga vigente.

 

5.2.2. Estar ubicado en un lugar fácilmente accesible.

 

5.3. Contar con suministro de agua para el consumo humano.

 

5.4. Contar con un sistema de detectores de humo.

 

5.5. La distribución de todo el mobiliario debe asegurar un espacio de libre circulación de al menos 90cm.

 

5.6. El piso del área clínico operativa deben estar libres de alfombras textiles.

 

5.7. Las paredes del área clínico operativa deben ser lisas, libres de ornamentos y decoraciones.

 

5.8. Las ventanas deben estar libres de cortinas o persianas de origen textil.

 

Ficha articulo

Fecha de generación: 16/02/2022 02:43:20 p.m.

Ley Orgánica

Descargar aquí este reglamento

LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA

No. 5784

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

Artículo 1
El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica es una Corporación formada por todos los profesionales en Odontología, autorizados legalmente para ejercer esta profesión en el territorio nacional.
Esta Corporación, para el cumplimiento de sus fines, se regirá de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

Artículo 2
Para ejercer la profesión de cirujano dentista o sus especialidades se necesita estar incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 3
El Colegio de Cirujanos Dentistas tiene personería jurídica plena y ejerce sus funciones por medio de la Asamblea General y de la Junta Directiva. La representación judicial y extrajudicial corresponde al presidente de ésta, con las facultades del artículo 1255 del Código Civil.

Artículo 4

Los objetivos del Colegio de Cirujanos Dentistas son:

  1. Defender los derechos de sus miembros y hacer todas las gestiones que fueren necesarias, para facilitar y asegurar su labor profesional y su bienestar socio-económico;
  2. Promover nexos científicos y estrechar más los lazos de amistad, respeto y cooperación con los otros colegios profesionales, ya sea directamente o a través de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios;
  3. Cooperar con las universidades en el desarrollo de la odontología cuando aquellas lo soliciten o la ley lo ordene;
  4. Promover y defender el decoro y realce de la profesión;
  5. Cooperar con las autoridades e instituciones de salud pública para el cumplimiento de sus fines,
  6. Mantener y estimular el espíritu de unión de los profesionales en la ciencia de la salud oral;
  7. Representar a sus miembros en los organismos nacionales, en la Federación Odontológica de Centro América y Panamá y demás organismos internacionales que tengan relación con la profesión; y
  8. Auspiciar las asociaciones gremiales, científicas y culturales que formen sus miembros para proteger el ejercicio de la profesión y promover el mejoramiento tanto individual como colectivo de los colegiados.

Artículo 5
Forman el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, a saber:

  1. Los cirujanos dentistas actualmente, inscritos; y
  2. Aquellos profesionales que cumplan con los requisitos de inscripción, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II de esta ley y bajo las siguientes condiciones:
  1. Los nacionales graduados por una universidad costarricense;
  2. Los costarricenses que hayan estudiado en una universidad extranjera y cuyos títulos hayan sido reconocidos por una universidad costarricense y que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos; y
  3. Los extranjeros cuyos títulos hayan sido convalidados por una universidad costarricense y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y en los reglamentos.

Artículo 6
No pueden ser miembros del Colegio, los cirujanos dentistas que por sentencia estuvieren inhabilitados para ejercer cargos públicos, los profesores extranjeros que contrate una universidad para la docencia de la odontología, ni aquellos que cumplan contratos anuales con alguna institución estatal. Para que dichos profesionales puedan ejercer su profesión sin restricciones, deberán llenar los requisitos de esta ley.

CAPITULO II

DE LA INSCRIPCIÓN

Artículo 7
Los requisitos de inscripción en el Colegio de Cirujanos Dentistas para los costarricenses graduados en la Facultad de Odontología de una universidad costarricense son:

  1. Presentar ante la Secretaría del Colegio solicitud escrita en idioma oficial, en papel sellado de cincuenta céntimos, con diez colones de timbre odontológico;
  2. Certificación del acta de nacimiento extendida por el Registro Civil;
  3. Certificación del Registro de Delincuentes en que se declara que el solicitante no ha sido inscrito en dicho registro. Sin embargo, cuando se certifique que existe inscripción en contra del solicitante éste podrá ser inscrito como cirujano dentista, cuando demuestre, a juicio de la Junta Directiva del Colegio, que es persona moralmente solvente y apta para el ejercicio de la odontología;
  4. Certificación de una universidad costarricense en que conste que el solicitante se graduó en la Facultad de Odontología respectiva;
  5. Certificación de haber desempeñado, durante un año, el servicio social odontológico obligatorio de acuerdo con las leyes respectivas;
  6. Satisfacer los derechos o requisitos complementarios que pudiera señalarle la Junta Directiva;
  7. Suministrar la información que solicite la Secretaría del Colegio; y
  8. Constancia de pago de la cuota de inscripción y de mutualidad extendida por la Tesorería del Colegio.

Artículo 8
Los requisitos de inscripción en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, para los costarricenses graduados en universidades extranjeras son:

  1. Presentar ante la Secretaría del Colegio solicitud escrita en el idioma oficial en papel sellado de cincuenta céntimos, con diez colones de timbre odontológico;
  2. Certificación del acta de nacimiento extendida por el Registro Civil;
  3. Certificación del Registro de Delincuentes en que se declare que el solicitante no ha sido inscrito en dicho registro. Sin embargo, cuando se certifique que existe inscripción en contra del solicitante éste podrá ser inscrito como Cirujano Dentista, cuando demuestre, a juicio de la Junta Directiva del Colegio, que es persona moralmente solvente y apta par el ejercicio de la odontología;
  4. Certificación de una universidad costarricense en que conste que la Facultad de Odontología respectiva convalidó el título del solicitante;
  5. Certificación de haber desempeñado, durante un año, el servicio social odontológico obligatorio de acuerdo con las leyes respectivas;
  6. Satisfacer los derechos o requisitos complementarios que pudiera señalarle la junta directiva;
  7. Información completa pedida en el formulario que proporcione la Secretaría del Colegio; y
  8. Constancia del pago de la cuota de inscripción y de mutualidad extendida por la Tesorería del Colegio.

Artículo 9
Los requisitos de inscripción en el Colegio de Cirujanos Dentistas para los extranjeros son:

  1. Presentar ante la Secretaría del Colegio, solicitud escrita en idioma oficial en papel sellado de cincuenta céntimos, con diez colones de timbre odontológico;
  2. Certificación del acta de nacimiento de su país de origen o algún otro documento probatorio de su identidad, debidamente autenticado;
  3. Certificación del Registro de Delincuentes de su país de origen o del país donde hubiere residido los últimos tres años, en que se declare que el solicitante no ha sido inscrito en dicho registro. Sin embargo, cuando se certifique que existe inscripción en contra del solicitante éste podrá ser inscrito como cirujano dentista, cuando demuestre, a juicio de la Junta Directiva, que es persona moralmente solvente y apta para el ejercicio de la odontología;
  4. Certificación de una universidad costarricense en que conste que la Facultad de Odontología respectiva convalidó el título del solicitante;
  5. Certificación de haber desempeñado durante un año el servicio social odontológico obligatorio de acuerdo con las leyes respectivas;
  6. Satisfacer los derechos o requisitos complementario que pudiera señalarle la junta directiva;
  7. Suministrar la información que le solicite la Secretaría del Colegio;
  8. Constancia de pago de la cuota de inscripción y de mutualidad extendida por la Tesorería del Colegio.
  9. Los odontólogos extranjeros, además de llenar los requisitos anteriores, deberán comprobar que en su país de origen los costarricenses pueden ejercer su profesión en análogas circunstancias, mediante certificación actualizada.

Artículo 10
No será aplicable lo dispuesto en el inciso c) del artículo quinto y los incisos d), i) y j) del artículo noveno anterior, a los cirujanos dentistas extranjeros que sean contratados por instituciones del Estado para prestar servicios en el país, estos odontólogos no podrán ejercer la profesión fuera de lo establecido en sus contratos anuales, los cuales deberán ser renovados anualmente hasta por un máximo de cinco años, pero una vez terminado el contrato con esas instituciones deberán llenar los requisitos del artículo noveno, si desean pertenecer al Colegio de Cirujanos Dentistas.
Los cirujanos dentistas extranjeros sólo podrán ser contratados cuando no hubieren cirujanos dentistas costarricenses dispuestos a prestar sus servicios en las condiciones exigidas por esas instituciones. En todo caso, debe hacerse previamente revisión de atestados y capacitación por el Colegio de Cirujanos Dentistas o por la Facultad de Odontología de una universidad costarricense.

Artículo 11
Una vez aprobada la solicitud de inscripción, por la junta directiva, el presidente juramentará al candidato y lo declarará incorporado como miembro del Colegio de Cirujanos Dentistas de la República.

Artículo 12
Los incorporados en el Colegio recibirán un certificado en el que conste el folio de inscripción. Los derechos de certificación correrán por cuenta del interesado y se fijan en la suma de cien colones.
Este certificado llevará las firmas del presidente y secretario del Colegio y la del interesado.

Artículo 13
El Colegio de Cirujanos Dentistas comunicará a las instituciones administradoras de salud y demás entidades las suspensiones que la junta directiva apruebe y la de aquellos profesionales que dejaren de ser miembros del Colegio.

CAPÍTULO III

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS COLEGIADOS.

Artículo 14
Tendrán el carácter de cirujanos dentistas, ante las autoridades de la República, los incorporados al Colegio. Para el ejercicio de las especialidades odontológicas deberá cumplirse con las disposiciones del reglamento correspondiente. Asimismo, aquellos odontólogos que obtengan un permiso para realizar el servicio social obligatorio en odontología o que tengan un contrato anual renovable con una institución.

Artículo 15
Las funciones públicas para las cuales la ley exija la calidad de cirujanos dentista sólo pueden ser desempeñadas por los miembros incorporados al colegio.

Artículo 16
Los cirujanos dentistas están obligados a:

  1. Concurrir a las asambleas generales;
  2. Desempañar los cargos y funciones que se les encomienden;
  3. Pagar las contribuciones que el Colegio imponga;
  4. Acatar y cumplir con todos los deberes que el Código de Ética establece; y
  5. Someterse al régimen disciplinario del Colegio

CAPÍTULO IV

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DEL COLEGIO

Artículo 17
Son atribuciones de la asamblea general:

  • Dictar los reglamentos necesarios para que el Colegio cumpla debidamente su cometido;

  • Conocer el informe económico anual y aprobar el presupuesto de gastos para el año siguiente;

  • Examinar los actos de la junta directiva y conocer de las quejas que se presenten contra la misma, por infracciones a la ley y a los reglamentos del Colegio.

  • Conocer en apelación de las resoluciones de la junta directiva;

  • Establecer las cuotas obligatorias para sus miembros;

  • Elegir anualmente la junta directiva, total o parcialmente, en la forma dispuesta por el reglamento respectivo. Cuando se presente la renuncia de un solo miembro, que no sea el presidente, la elección la hará la junta directiva; y

  • Fijar las dietas que devengarán los miembros de la junta directiva o las comisiones especiales que se nombren.

 

Artículo 18
La asamblea general ordinaria se reunirá el primer domingo de diciembre de cada año, con el objeto de nombrar los miembros de la junta directiva, de acuerdo con el reglamento de votaciones. Las asambleas extraordinarias se celebrarán siempre que la directiva o el diez por ciento de los miembros del colegio lo soliciten por escrito. La nueva junta directiva se instalará durante el mes de enero inmediato siguiente.

Artículo 19
Para que se verifique válidamente una asamblea ordinaria o extraordinaria es preciso que se convoque, mediante aviso que se publicará durante dos días consecutivos en los diarios de mayor circulación, debiendo mediar por los menos cinco días naturales entre la primera publicación y el día señalado e indicar en el aviso el objeto de la convocatoria. Formarán quórum veinte miembros del Colegio. En caso de no formarse quórum para esa reunión, podrá celebrarse una hora después y en ese caso formarán quórum, doce miembros siempre y cuando al hacer la convocatoria se indique esa circunstancia. Toda asamblea debe verificarse en el salón de actos del Colegio.

Artículo 20
Las resoluciones de las asambleas generales en matera de su competencia, conforme a la presente ley, tendrán fuerza de sentencia ejecutoria.

CAPITULO V

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 21
La junta directiva estará integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un fiscal, un tesorero y dos vocales. Los miembros durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por un período o múltiples alternos y se renovarán por mitades.

Artículo 22
La junta directiva celebrará un sesión ordinaria cada dos semanas y extraordinariamente cada vez que la convoque el presidente o la soliciten tres de sus miembros.

Artículo 23
Para que la junta directiva pueda sesionar se necesita que concurran no menos de cuatro de sus miembros. Todo acuerdo o resolución se tomará por simple mayoría de los presentes. En caso de empate, el voto del presidente se computará como doble. Las decisiones de la junta directiva podrán ser revisadas en la siguiente sesión y serán apelables ante la asamblea general.

Artículo 24
Las atribuciones de la junta directiva son:

  • Acordar las convocatorias de la asamblea general ordinaria y de las asambleas extraordinarias conforme a la ley.

  • Representar al Colegio de Cirujanos Dentistas en las asambleas universitarias conforme a la ley;

  • Elegir las materias que han de ser objeto preferente de estudio, investigación y debate en las reuniones académicas del Colegio;

  • Dirigir las publicaciones periódicas que se hagan por cuenta del Colegio y subvencionar las que estime conveniente para el desarrollo de la odontología;

  • Examinar las cuentas de la tesorería;

  • Acordar todo gasto extraordinaria que no pase de dos mil colones;

  • Promover congresos nacionales y centroamericanos de odontología. Favorecer el intercambio profesional entre los cirujanos dentistas nacionales y extranjeros e invitar a profesores universitarios, conferenciantes nacionales y extranjeros;

  • Administrar el Fondo de Mutualidad y Subsidios en la forma en que establece esta ley;

  • Presentar a la asamblea general el informe económico anula y el presupuesto de gastos del año siguiente, para su examen y aprobación;

  • Conocer de las faltas de los miembros del Colegio y de las que cometan los empleados y demás funcionarios del mismo y aplicar las sanciones correspondientes;

  • Nombrar y remover los funcionarios y empleados del Colegio, no pudiendo recaer esos nombramientos en miembros de la propia junta directiva;

  • Examinar la memoria anual de la directiva que elaborará el secretario para ser presentada a la asamblea general;

  • Resolver los asuntos de orden interno que no estén reservados a la asamblea general;

  • Remover al miembro que sin causa justificada, no asista a cuatro sesiones ordinarias o extraordinaria en un período de seis meses; y

  • Las demás atribuciones que la ley y los reglamentos le señalen.

Artículo 25
Son atribuciones del Presidente:

  • Presidir las sesiones tanto de la asamblea general, como de la junta directiva;

  • Proponer el orden en que deben tratarse los asuntos y dirigir los debates;

  • Levar la correspondencia con los funcionarios de su misma jerarquía;

  • Decidir la votación, tanto en las asambleas generales, como en las de junta directiva, cuando hubiere empates;

  • Conceder licencia a los miembros de la junta directiva, hasta por dos sesiones, cuando existiere causa justa.

  • Nombrar a los miembros del Colegio que han de integrar las diferentes comisiones;

  • Autorizar los gastos que no pasen de quinientos colones, de lo que dará cuenta a la junta directiva en su próxima sesión;

  • Firmar en unión del secretario las actas de las sesiones,

  • Firmar conjuntamente con el tesorero los cheques que se emitan en pago de gastos autorizados por la junta directiva;

  • Firmar los títulos profesionales, junto con el secretario;

  • Revisar, junto con el fiscal, el sistema contable, dejando constancia en los libros del Colegio del resultado obtenido, y

  • Convocar a la junta directiva a sesiones extraordinarias; y presidir todos los demás actos del Colegio.

Artículo 26
Las ausencias del presidente serán suplidas por el vicepresidente y en ausencia de éste, por los vocales en el orden de su nombramiento.

Artículo 27
Son atribuciones del fiscal:

  • Velar por el fiel cumplimiento de estos estatutos, de los reglamentos, así como del movimiento económico del Colegio.

  • Presidir las reuniones de la junta administrativa del Colegio;

  • Dirigir y orientar las funciones de los delegados de fiscalía a nivel de asociaciones provinciales;

  • Dar parte a las autoridades respectivas de las faltas o delitos, que llegaren a su conocimiento por ejercicio indebido o ilegal de la profesión o por falsificación y adulteración de medicamentos,

  • Registrar los nombres de las personas que fueran juzgadas por los hechos a que se refiere el inciso anterior, en un libro que se llevará para tal efecto;

  • Revisar, junto con el presidente, el sistema contable y dejar constancia en los libros del Colegio del resultado obtenido, y

  • Velar por el cumplimiento de las leyes de la República que rigen el ejercicio profesional

Artículo 28
Son atribuciones del tesorero:

  • Custodiar los fondos del Colegio y mantenerlos depositados en los bancos del Sistema Bancario Nacional,

  • Velar por la recaudación de los ingresos del Colegio;

  • Firmar, conjuntamente con el presidente, los cheques que se emitan por concepto de gastos autorizados por la junta directiva.

  • Presentar mensualmente a la junta directiva los estados financieros;

  • Presentar a la junta directiva el informe económico anual y someterlo a fin de año al proyecto de presupuesto;

  • Revisar los libros de contabilidad del Colegio, y

  • Suscribir una póliza de fidelidad con el Instituto Nacional de Seguros. El pago de la prima correspondiente correrá por cuenta del Colegio.

Artículo 29
Son atribuciones de secretario:

  • Redactar las actas de las sesiones y firmarlas junto con el presidente;

  • Llevar la correspondencia del Colegio que no fuere exclusiva del presidente;

  • Firmar, junto con el presidente, los títulos profesionales,

  • Extender las certificaciones solicitadas;

  • Custodiar el archivo del Colegio;

  • Hacer las convocatorias y citaciones que la junta directiva o el presiente disponga, y

  • Elaborar la memoria anual del Colegio, la cual será leída en la sesión inaugural de cada año.

Artículo 30
En caso de impedimento o falta accidental del fiscal, del tesorero o del secretario, el presidente designará un vocal que sustituya al directivo ausente.

CAPITULO VI

DE LOS FONDOS DEL COLEGIO

Artículo 31
Constituirán los fondos del Colegio:

  • El patrimonio actual del Colegio;

  • Las sumas que se pagan por inscripción;

  • Las cuotas que deben satisfacer sus miembros;

  • Las contribuciones y multas que se impongan a los miembros del Colegio.

  • Las donaciones y subvenciones que se acuerden a su favor;

  • Los ingresos por concepto del timbre odontológico,

  • Los intereses provenientes del fondo de Préstamos del Colegio; y

  • Los alquileres y cualquier otro ingreso proveniente de otras fuentes.

Artículo 32
Los inmuebles que pertenezcan al Colegio quedan exentos del pago del impuesto territorial.

CAPITULO VII

DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS

Artículo 33
Los miembros del Colegio estarán obligados a pagar una cuota cuyo monto, forma de pago y distribución fijará la Asamblea General. Lo recaudado por dicha cuota será destinado al Fondo de Mutualidad y Subsidios, Fondo común del Colegio y al Fondo de Retiro Odontológico.

Artículo 34
La administración de los fondos del Colegio corresponde a la junta directiva, conforme a las disposiciones de este capítulo y de los reglamentos que al respecto aprueba la asamblea general.

Artículo 35
El cirujano dentista que se atrase más de dos meses en el pago de la cuota de Mutualidad, será apercibido, dándosele un mes de plazo para el pago en caso de incumplimiento será suspendido en el ejercicio de sus funciones por resolución de la junta directiva y se publicará en el Diario Oficial. La revocatoria de la suspensión se publicará en el mismo Diario, cuando el interesado haya cancelado las cuotas que a esa fecha deba.

Artículo 36
Estarán exentos de contribución para el Fondo de Mutualidad, conservando todos los derechos, los mutualistas mayores de sesenta y cinco años y, temporalmente, los miembros a quienes la junta directiva conceda esa gracia en atención a dificultades económicas.

CAPITULO VIII

DEL TRIBUNAL DE HONOR

Artículo 37
El Tribunal de Honor será integrado por el presidente o vicepresidente del Colegio o en su defecto por el vocal quien actuará como coordinador; por el secretario y dos odontólogos designados por la junta directiva. El Tribunal llevará sus actas en el libro respectivo.

Artículo 38
El fallo del tribunal es de acatamiento obligatorio por los interesados, su pena de que se les suspenda, hasta por un año, del goce de todas las prerrogativas que tienen los colegiados. Si el renuente fuese persona extraña al Colegio y el caso lo amerita, se ordenará acción judicial contra él.

Artículo 39
Cuando se presente queja por incumplimiento del Código de Ética y la queja sea pertinente, a juicio de la junta directiva, ésta ordenará que se reúna el Tribunal de Honro en la forma prevista en el artículo treinta y siete de esta ley. Una vez concluida la investigación secreta por el Tribunal y demostrada la falta, podrán imponerse las penas siguientes:

  • Amonestación confidencial;

  • Advertencia a los colegiados;

  • Advertencia pública;

  • Multa hasta de mil colones;

  • Suspensión temporal de todos los deberes y derechos inherentes a los cirujanos dentistas inscritos en esta institución; y Expulsión definitiva

Artículo 40
La deliberación y la votación del Tribunal serán secretas. El Tribunal dará audiencia a las partes, previo al fallo. La sentencia se mandará a publicar cuando se estime conveniente.

CAPITULO IX

DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 41
La presente ley deroga a todas las que se le opongan.

Artículo 42
Esta ley rige a partir de su publicación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo
Asamblea Legislativa.-San José a los treinta días del mes de julio de mil novecientos setenta y cinco

ALFONSO CARRO ZÚÑIGA RAFAEL ANGEL ROJAS JIMÉNEZ

Presidente Primer Secretario

CARLOS LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

Segundo Secretario

Casa Presidencial.- San José, a los diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos setenta y cinco.

Ejecútese y Publíquese

DANIEL ODUBER

El Ministro de Salud.

HERMAN WEINSTOK WOLFOWICZ.

Alcance No. 138 del 30 de agosto

Ley General de Salud

Descargar aquí este reglamento

ARTÍCULOS SELECCIONADOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD
De los deberes y restricciones en el ejercicio de las profesiones y oficios en ciencias de la salud

Articulo 40.-

Se consideran profesiones en Ciencias de la Salud: la Farmacia, la Medicina, la Microbiología Química Clínica, la Odontología, la Veterinaria y la Enfermería. Sin perjuicio de las exigencias a que leyes especiales y los colegios o asociaciones profesionales hagan a sus afiliados respecto a los requisitos para ejercer esas profesiones o cualquiera otras u oficios relacionados de manera principal, incidental o auxiliar con la salud de las personas y sobre la forma honorable y acuciosan que deben ejercerlos, limitándose al área técnica que el título legalmente conferido o la autorización pertinente les asigna, tales profesionales se entienden obligados colaboradores de las autoridades de la salud, particularmente en aquellos períodos en que circunstancias o de peligro para la salud de la población requieran de medidas extraordinarias dictadas por esa autoridad.

Articulo 41.-

En todo caso los profesionales a quienes se refiere el artículo anterior, deberán colaborar dentro de su área de acción, en las campañas y programas del Ministerio cumpliendo y haciendo cumplir las medidas que l autoridad disponga y denunciando hecho o práctica que atente en contra de la salud pública.

Artículo 42.-

Todo médico, en caso de epidemia, de emergencia o de desastre nacional, hasta tanto no intervenga la autoridad de salud, estará investido de autoridad suficiente para tomar las primeras medidas y requerir la colaboración obligada de las autoridades locales para hacerlas cumplir.

Artículo 43.-

Sólo podrán ejercer las profesiones a que se refiere el artículo 40, las personas que tengas el título o licencia que los habilite para ese ejercicio y que estén debidamente incorporados al correspondiente colegio o inscritos en el Ministerio si ése no hubiese constituido para la profesión.

Artículo 44.- Quedan exceptuadas de la prohibición Anterior Las personas que estén realizando, de conformidad a las disposiciones reglamentarias, el servicio obligatorio médico y los servicios obligatorios que se establezcan para otras profesiones de común acuerdo con los colegios respectivos, la Universidad y el Ministerio como requisito previo para la habilitación en el ejercicio de alguna de las profesiones en ciencias de la salud.

Artículo 45.-

Se entiende que una persona ejerce ilegalmente una profesión u oficio en ciencias de la salud cuando provista de un título o certificado que lo habilita legalmente para su ejercicio excede las atribuciones que el correspondiente colegio profesional o el Ministerio según corresponda, hayan fijado para ese ejercicio.

Artículo 46.-

Los profesionales debidamente especializados e inscritos como tales en sus respectivos colegios, podrán ejercer actividades propias de su especialidad.

Artículo 47.-

Se presume de derecho que una persona ejerce ilegalmente las profesiones a que se refiere el artículo 40 cuando sin estar incorporado al respectivo colegio o careciendo de la licencia, en su caso, tenga en su poder instrumental, equipo o material requerido para el ejercicio de las profesiones aludidas, salvo que pruebe con las correspondientes patentes o permisos vigentes que se dedica al comercio legal de tales bienes. Se presume de derecho, asimismo, que una persona ejerce ilegalmente las profesiones citadas cuando careciendo del correspondiente título se anuncie o se haga pasar ostensiblemente como profesional en ciencias de la salud.

Artículo 48.-

Los profesionales en Ciencias de la Salud, a que se refiere el artículo 40, solo podrán delegar, o asociarse para delegar algunas de sus funciones a personas debidamente capacitadas, lo cual harán en todo caso bajo su responsabilidad, y conforme a los reglamentos de esta ley y el del respectivo colegio.

Artículo 49.-

Queda prohibido a todo profesional, comerciante distribuidor, suministrar o vender aparatos, equipos, instrumental o sustancias materiales que sean de uso exclusivo para el ejercicio de las profesiones, a que se refiere esta sección, o que están incluidos en listas restrictivas del Ministerio a personas no habilitadas legalmente para este ejercicio.

Artículo 50.-

Los profesionales o personas autorizadas para ejercer en ciencias de la salud responsables, en razón de su profesión, por la dirección técnica científica de cualquier establecimiento de atención médica, farmacia y afines, serán responsables solidariamente con el propietario de dicho establecimiento, por las infracciones legales o reglamentarias que se cometieren en dicho establecimiento.

Artículo 51.-

Se declara incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más de las profesiones de la salud mencionadas en el artículo 40.

Artículo 52.-

Solo los médicos y los odontólogos, en ejercicio legal de sus profesiones podrán certificar el estado de salud de las personas, siempre que les conste personalmente en virtud de ese ejercicio.

Artículo 54.-
Sólo podrán prescribir medicamentos los médicos. Los odontólogos, veterinarios y obstétricas, solo podrán hacerlo dentro del área de su profesión.

Artículo 55.-

Los profesionales autorizados legalmente para prescribir medicamentos y los autorizados para despacharlos, deberán atenerse a los términos de las farmacopeas declaradas oficiales por el poder Ejecutivo y quedan, en todo caso, sujetos a las disposiciones reglamentarias y a las órdenes especiales que dicho poder dicte, para el mejor control de los medicamentos y el mejor resguardo de la salud y seguridad de las personas.

Artículo 60.-

Los odontólogos y veterinarios, podrán recetar estupefacientes dentro del ejercicio de su profesión en dosis terapéuticas oficiales y para ser usadas en las setenta y dos horas siguientes como máximo.

Artículo 61.- Los mecánicos dentales limitaran su trabajo profesional a las solicitudes e instrucciones del odontólogo con quien trabajen, quedándoles prohibido ejecutar otros trabajos de odontología.

Artículo 64.-

Los profesionales en ciencias de la salud que intervengan en investigaciones experimentales científicas que tengan como sujeto a seres humanos, deberán inscribirse en el Ministerio declarado la naturaleza y fines de la investigación y el establecimiento en que se realizara.

Artículo 65.-

La investigación experimental científica que tenga como sujeto a seres humanos, sólo podrá ser realizada por profesionales especialmente calificados, quienes asumirán la absoluta responsabilidad de las experiencias, en establecimientos que el Ministerio haya autorizado para tales efectos.

Artículo 67.-

Ningún profesional podrá someter a un enfermo a experimentación clínica terapéutica sin informar debidamente sobre la necesidad, interés y riesgos que el experimento tiene para el paciente a fin de que éste, o la persona llamada a dar legalmente el consentimiento, lo otorguen previamente con debido conocimiento de causa.

Artículo 69.-

Son establecimientos de atención médica, para los efectos legales y reglamentarios, aquellos que realicen actividades de promoción de salud, prevención de enfermedades o presten atención general o especializada, en forma ambulatoria o interna, a las personas para su tratamiento y consecuente rehabilitación física o mental. Se incluyen en esta consideración, las maternidades, las casas de reposo para convalecientes y ancianos, las clínicas de recuperación nutricional, los centros para la atención de toxicómanos, alcohólicos o pacientes con trastornos de conducta y los consultorios profesionales particulares.

(Reformado por el artículo 74 de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600 de 2 de mayo de 1996).

Articulo 70.-

Todo establecimiento de atención médica deberá reunir los requisitos que dispongan las normas generales que el Poder Ejecutivo dicte para cada categoría de éstos, en especial, normas técnicas de trabajo y organización; tipo de personal necesario; planta física; instalaciones; equipos; sistemas de saneamiento y de eliminación de residuos y otras especiales que procedan atendiendo a la naturaleza y magnitud de la operación del establecimiento.

Ley del Timbre Odontológico

Descargar aquí este reglamento

LEY DEL TIMBRE

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Nº 3752

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

Articulo 1

Reformase el inciso 5) del artículo 22, Capítulo V de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. Nº 24 de 19 de Noviembre de 1941, para que se lea así:

INCISO 5)

a. El Colegio de Cirujanos Dentistas emitirá un timbre denominado “Timbre Odontológico” que deberá adherirse a cualquier factura que se expida por la venta de toda clase de materiales o instrumentos para el ejercicio de la Odontología.

b. Toda factura por venta de contado o crédito deberá llevar timbres Odontológicos según la tabla siguiente:

De ¢ 00.5 a ¢10.00 pagarán ¢ 0.50 de timbres.

De ¢10.05 a ¢ 20.00 pagarán ¢ 1.00 de timbres.

De ¢20.05 a ¢ 30.00 pagarán ¢ 1.50 de timbres.

De ¢ 30.05 a ¢ 40.00 pagarán ¢ 2.00 de timbre.

De ¢40.05 a ¢ 50.00 pagarán ¢ 2.50 de timbres.

De ¢50.05 a ¢ 60.00 pagarán ¢ 3.00 de timbres.

De ¢ 60.05 a ¢ 70.00 pagarán ¢ 3.50 de timbre.

De ¢70.05 a ¢ 80.00 pagarán ¢ 4.00 de timbres.

De ¢80.05 a ¢ 90.00 pagarán ¢ 4.50 de timbres.

De ¢ 90.05 a ¢ 100.00 pagarán ¢ 5.00 de timbre.

Las facturas mayores de ¢ 100.00 pagarán el 5%.

c. El Colegio de Cirujanos Dentistas hará imprimir los timbres que considere necesarios para la mecánica de esta ley, en los siguientes valores: ¢ 0.50, ¢ 1.00, ¢ 2.00, ¢ 5.00 y ¢ 10.00; y los entregará para su expendio a un Banco del Sistema Bancario Nacional. Deducidos los gastos de administración y comisión que corresponden al Banco Administrador, el saldo integro de la venta de esos timbres pasará a la cuenta respectiva del Colegio de Cirujanos Dentistas en el Banco Recaudador, y será única y exclusivamente para llenar las necesidades económicas del Colegio, debiendo apartarse anualmente una suma para Fondo de Mutualidad y Subsidios, que nunca podrá ser menor del 10% de la entrega global.

d. Las casas comerciales o personas que ocasionalmente hagan importaciones de materiales, medicamentos o equipos dentales, que no sean capaces para la venta al detalle, deberán cubrir el impuesto respectivo poniendo los timbres correspondientes a los documentos de desalmacenajes y de acuerdo con la tabla señalada en el inciso b) ad-valorem.

Los depósitos dentales y establecimientos comerciales que burlen esta ley haciendo ventas de las materias específicas sin la respectiva factura timbrada, pagarán diez veces el valor del timbre que dejaron de agregar a la factura, de acuerdo con la tabla establecida en el inciso b) de este artículo. Los timbres que lleven las facturas deberán ser cancelados o matados por el vendedor de los materiales o instrumentos odontológicos. El Colegio de Cirujanos Dentistas podrá suspender hasta por un mes en el ejercicio de su profesión, al odontólogo que adquiera materiales o instrumentos sin el pago de los timbres correspondientes.

Artículo 2

Estarán exentas del pago de este timbre todas las instituciones de beneficencia, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salubridad Pública y la Universidad de Costa Rica.

Artículo 3

Esta ley rige treinta días después de su publicación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa, San José, a los diecinueve días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y seis.

Rodrigo Carazo Odio

Presidente

José Rafael Vega Rojas

Armando Araúz Aguilar

Primer Secretario

Segundo secretario

Casa Presidencial, San José, a los cuatro días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y seis.

Ejecútese y Publíquese,

J.J. TREJOS FERNÁNDEZ

El Ministerio de Policía, Justicia y Gracia. C.TATTENBACH:

Ley de Servicio Social

Descargar aquí este reglamento

LEYES No. 7559 DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS PROFESIONALES EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

Artículo 1

-Principios

Esta ley se fundamenta en principios de solidaridad, justicia social e igualdad, para lograr los objetivos básicos de un servicio social cuya prestación se realizará por medio del sistema nacional de salud. Este servicio satisfará necesidades sociales, institucionales y docente, extendiendo los servicios de salud a la comunidad, como una forma de retribución del profesional a la sociedad. Artículo 2

– Creación del Servicio Social Obligatorio

Se crea el servicio social obligatorio para los profesionales en ciencias de la salud, como requisito indispensable para ejercer la profesión. Para tales efectos, se consideran profesiones en ciencias de la salud las siguientes:

a) Medicina.

b) Odontología.

c) Microbiología.

d) Farmacia.

e) Enfermería.

f) Nutrición.

Artículo 3

– Requisito para el ejercicio profesional

La prestación del servicio social será requisito indispensable para ejercer las profesiones enumeradas en el artículo anterior, costarricense o extranjero, los profesionales graduados en universidades nacionales o del exterior, que soliciten autorización para ejercer su profesión en Costa Rica en forma permanente.

Artículo 4

– Cobertura

El servicio socia se prestará en e territorio nacional, con preferencia en las zonas de bajos índices socioeconómicos y de salud. Se cumplirá en los establecimientos del sistema nacional de salud, según se establezca en el reglamento respectivo.

Artículo 5

– Remuneración

Quienes deban prestar el servicio social recibirán una remuneración en concordancia con el salario del profesional que inicia sus labores en la Administración Pública.

Artículo 6

– Prioridad de los costarricenses

En igualdad de condiciones, los profesionales costarricenses tendrán prioridad respecto de los extranjeros para cumplir con el servicio social.

Artículo 7

– Duración del Servicio Social

El servicio social tendrá una duración equivalente a la jornada laboral ordinaria de un año de prestación efectiva y continua, sin perjuicio del número de carreras en que se haya graduado el interesado, salvo que haya realizado el servicio social en otra carrera de las ciencias de la salud, a juicio de la Comisión de Servicio Social Obligatorio, creada en esta ley.

Artículo 8

– Suspensión del Servicio Social

Cuando, en casos calificados, un profesional deba suspender su servicio social obligatorio, deberá solicitar previamente la autorización a la Comisión de Servicio Social. Para completar el tiempo faltante de servicio social, deberá cumplir con lo que estipula el reglamento respectivo.

Artículo 9

– Coordinación del Servicio Social

Con el objeto de brindar oportunidad a todos los aspirantes al servicio social, la Comisión de Servicio Social Obligatorio deberá coordinarlo con las entidades universitarias y del sistema nacional de salud, para procurar un balance entre los postulantes y el número de plazas disponibles.

El estado deberá asegurar las plazas necesarias para realizar el servicio social obligatorio. No obstante, si por causas debidamente justificadas no se obtiene el total de plazas requerido, ello no constituirá impedimento para incorporar al profesional al colegio respectivo.

Artículo 10

– Solicitud para prestar el servicio

Los profesionales postulantes deberán formular su solicitud para prestar el servicio social ante la Comisión del Servicio Social Obligatorio, de conformidad con el reglamento de esta ley. Los solicitantes deberán acreditar su récord académico ante la Comisión.


Artículo 11

– Creación de la Comisión de Servicio Social Obligatorio

Se crea la Comisión de Servicio Social Obligatorio, para asesorar y asistir al Ministro de Salud en todo lo relacionado con el cumplimiento del servicio a que se refiere esta ley. Estará integrada por los siguientes miembros:

a) El Director General de Salud o su representante, quien la presidirá.

b) El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social o su representante.

c) El Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros o su representante.

d) El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o su representante.

e) Un representante del Consejo Nacional de Rectores.

f) Un representante del Consejo Nacional de Educación Superior.

g) Un representante de cada uno de los colegios profesionales, que reúna a los profesionales de las ciencias citadas en el artículo 2 de esta ley.

Los miembros de la Comisión no devengarán dietas y contaran con una unidad administrativa de apoyo facilitada por el Ministerio de Salud.

Artículo 12

– Funciones de la Comisión

La Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar el proceso de asignación de las plazas de servicio social, según las necesidades institucionales, sociales y docentes del sistema.

b) Realizar el sorteo para la asignación de plazas.

c) Proponer, planear, revisar, regular y aprobar, junto con las instituciones involucradas, los programas de investigación, capacitación y acción comunitaria que se asignen a los profesionales de servicio social.

d) Recomendar al Ministro de Salud la aprobación o desaprobación del cumplimiento del servicio social obligatorio.

e) Recomendar los traslados del personal nombrado en plazas de servicio social. Cuando se trate de profesionales con estudios de postgrado de especialidad, previamente deberá contarse con la autorización del colegio profesional respectivo.

f) Recomendar o no recomendar un régimen de equiparación de oportunidades considerando las necesidades particulares de quienes presenten alguna discapacidad.

g) Rendir, ante el Ministro de Salud, por lo menos un informe semestral sobre el control de proceso de reclutamiento, selección, distribución geográfica e institucional de los profesionales que se encuentren prestando el servicio social.

Artículo 13

– Códigos Presupuestarios

Se autoriza la creación de los códigos presupuestarios que requieran las instituciones interesadas por cumplir con esta ley.

Artículo 14

– Órganos ejecutores

Correspondiente al Ministro de Salud y a la Comisión de Servicio Social Obligatorio la aplicación y cumplimiento de la presente ley.

Artículo 15

– Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley, en un plazo máximo de noventa días hábiles a partir de su publicación.

Artículo 16

– Derogaciones

Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley.

Artículo 17

– Vigencia

Rige a partir del 1 de mayo de 1996.

COMISION LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA.—Aprobado el anterior proyecto el día veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

Rolando González Ulloa. Presidente – Humberto Fuentes González. Secretario.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. – San José, a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Comuníquese al Poder Ejecutivo

Antonio Álvarez Desanti. Presidente. – Álvaro Azofeifa Astúa. Primer Secretario. – Manuel Antonio Barrantes Rodríguez. Segundo Secretario.

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los nueve días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Ejecútese y publíquese

JOSE MARÍA FIGUERES OLSEN. – El Ministro de Salud, Herman Weinstok W. – 1 vez. – C.10.-(64906).

Publicado en La Gaceta, el jueves treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Ley 7600

Descargar aquí este reglamento

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 112, del 29 de mayo de 1996)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Interés público

Se declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes.

ARTÍCULO 2.- Definiciones

Se establecen las siguientes definiciones:

Igualdad de oportunidades: Principio que reconoce la importancia de las diversas necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la planificación de la sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias.

Equiparación de oportunidades: Proceso de ajuste del entorno, los servicios, las actividades, la información, la documentación así como las actitudes a las necesidades de las personas, en particular de las discapacitadas.

Discapacidad: Cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o más de las actividades principales de un individuo.

Organización de personas con discapacidad: Son aquellas organizaciones dirigidas por personas con discapacidad o por sus familiares cuyos fines y objetivos están dirigidos a la promoción y defensa de la igualdad de oportunidades.

Ayuda técnica: Elemento requerido por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y garantizar su autonomía.

Servicio de apoyo: Ayudas técnicas, equipo, recursos auxiliares, asistencia personal y servicios de educación especial requeridos por las personas con discapacidad para aumentar su grado de autonomía y garantizar oportunidades equiparables de acceso al desarrollo.

Necesidad educativa especial: Necesidad de una persona derivada de su capacidad o de sus dificultades de aprendizaje.

Estimulación temprana: Atención brindada al niño entre cero y siete años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso lógico de la maduración.

 

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 3.- Objetivos

Los objetivos de la presente ley son:

a) Servir como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los derechos y deberes establecidos en nuestro sistema jurídico.

b) Garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos.

c) Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.

d) Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad costarricense adoptar medidas necesarias para la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 4. Obligaciones del Estado

Para cumplir con la presente ley, le corresponde al Estado:

a) Incluir en planes, políticas, programas y servicios de sus instituciones, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios que, con base en esta ley, se presten; así como desarrollar proyectos y acciones diferenciados que tomen en consideración el menor desarrollo relativo de las regiones y comunidades del país.

b) Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las instalaciones de atención al público sean accesibles para que las personas los usen y disfruten.

c) Eliminar las acciones y disposiciones que, directa o indirectamente, promueven la discriminación o impiden a las personas con discapacidad tener acceso a los programas y servicios.

d) Apoyar a los sectores de la sociedad y a las organizaciones de personas con discapacidad, con el fin de alcanzar la igualdad de oportunidades.

e) Garantizar el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad de participar en las acciones relacionadas con la elaboración de planes, políticas, programas y servicios en los que estén involucradas.

f) Divulgar esta ley para promover su cumplimiento.

g) Garantizar, por medio de las instituciones correspondientes, los servicios de apoyo requeridos por las personas con discapacidad para facilitarles su permanencia en la familia.

h) Garantizar que las personas con discapacidad agredidas física, emocional o sexualmente, tratadas con negligencia, que no cuenten con una familia o se encuentren en estado de abandono, tengan acceso a los medios que les permitan ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna.

ARTÍCULO 5.- Ayudas técnicas y servicios de apoyo

Las instituciones públicas y las privadas de servicio público deberán proveer, a las personas con discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridos para garantizar el ejercicio de sus derechos y deberes.

ARTÍCULO 6.- Concienciación

Cuando, por cualquier razón o propósito, se trate o utilice el tema de la discapacidad, este deberá presentarse reforzando la dignidad e igualdad entre los seres humanos. Ningún medio de información deberá emitir mensajes estereotipados ni menospre-ciativos en relación con la discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad deberán ser consultadas sobre este tema.

ARTÍCULO 7.- Información

Las instituciones públicas y las privadas que brindan servicios a personas con discapacidad y a sus familias deberán proporcionar información veraz, comprensible y accesible en referencia a la discapacidad y los servicios que presten.

ARTÍCULO 8.- Programas y servicios

Los programas y servicios que cuenten con el financiamiento total o parcial o con el beneficio del Estado o las Municipalidades y los programas privados, tendrán la obligación de cumplir con las normas establecidas en la presente ley.

ARTÍCULO 9.- Gobiernos locales

Los gobiernos locales apoyarán a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 10.- Comunidad

Las personas con discapacidad tendrán la misma oportunidad para involucrarse en la definición y ejecución de las actividades que se desarrollan en las comunidades.

ARTÍCULO 11.- Familia

Todos los miembros de la familia deben contribuir a que la persona con discapacidad desarrolle una vida digna y ejerza plenamente sus derechos y deberes.

Las personas con discapacidad que no disfruten del derecho de vivir con su familia, deberán contar con opciones para vivir, con dignidad, en ambientes no segregados.

La Procuraduría General de la República solicitará, de oficio, la curatela para la persona con discapacidad en estado de abandono de hecho, cuando así lo solicite un particular o un ente estatal. En este caso, el tribunal comprobará, de previo, el estado de abandono.

ARTÍCULO 12.- Organizaciones de personas con discapacidad

Las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben:

a) Ejercer su derecho a la autodeterminación y a participar en la toma de decisiones que les afecten directa o indirectamente.

b) Contar con una representación permanente, en una proporción de un veinticinco por ciento (25%), en el órgano directivo de la institución pública rectora en materia de discapacidad.

c) Disponer de recursos para reunir, reproducir, traducir y transmitir información ágil y oportuna sobre la discapacidad, con el fin de informar y asesorar a las instituciones, empresas y público en general sobre la eliminación de barreras, ayudas técnicas y servicios de apoyo. Para ello, se contará con un comité constituido por representantes de esas organizaciones.

Los recursos para este fin serán asignados por la institución pública rectora en materia de discapacidad o por cualquier fuente de ingresos que proporcionen las entidades públicas o privadas.

ARTÍCULO 13.- Obligación de consultar a organizaciones de personas con discapacidad

Las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben ser consultadas por parte de las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la discapacidad.

TÍTULO II
CAPÍTULO I
ACCESO A LA EDUCACIÓN

ARTÍCULO 14.- Acceso

El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas, independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Esta disposición incluye tanto la educación pública como la privada en todas las modalidades del Sistema Educativo Nacional.

ARTÍCULO 15.- Programas educativos

El Ministerio de Educación Pública promoverá la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas especiales y velará por ella, en todos los niveles de atención.

ARTÍCULO 16.- Participación de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad participarán en los servicios educativos que favorezcan mejor su condición y desarrollo, con los servicios de apoyo requeridos; no podrán ser excluidas de ninguna actividad.

ARTÍCULO 17.- Adaptaciones y servicios de apoyo

Los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y proporcionarán los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las personas a la educación sea efectivo. Las adaptaciones y los servicios de apoyo incluyen los recursos humanos especializados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, metodología, recursos didácticos y planta física. Estas previsiones serán definidas por el personal del centro educativo con asesoramiento técnico-especializado.

ARTÍCULO 18.- Formas de sistema educativo

Las personas con necesidades educativas especiales podrán recibir su educación en el Sistema Educativo Regular, con los servicios de apoyo requeridos. Los estudiantes que no puedan satisfacer sus necesidades en las aulas regulares, contarán con servicios apropiados que garanticen su desarrollo y bienestar, incluyendo los brindados en los centros de enseñanza especial.

La educación de las personas con discapacidad deberá ser de igual calidad, impartirse durante los mismos horarios, preferentemente en el centro educativo más cercano al lugar de residencia y basarse en las normas y aspiraciones que orientan los niveles del sistema educativo.

ARTÍCULO 19.- Materiales didácticos

Los programas de estudio y materiales didácticos que incluyan textos o imágenes sobre el tema de discapacidad, deberán presentarlos de manera que refuercen la dignidad y la igualdad de los seres humanos.

ARTÍCULO 20.- Derecho de los padres de familia

A los padres de familia o encargados de estudiantes con discapacidad, se les garantiza el derecho de participar en la selección, ubicación, organización y evaluación de los servicios educativos.

ARTÍCULO 21.- Períodos de hospitalización o convalecencia

El Ministerio de Educación Pública garantizará que los estudiantes que, por causa de hospitalización o convalecencia, se encuentren imposibilitados para asistir temporalmente a un centro educativo, cuenten con las opciones necesarias para continuar con su programa de estudios durante ese período. Estos estudios tendrán el reconocimiento oficial.

ARTÍCULO 22.- Obligaciones del Ministerio de Educación Pública

Para cumplir con lo dispuesto en este capítulo, el Ministerio de Educación Pública suministrará el apoyo, el asesoramiento, los recursos y la capacitación que se requieran.

CAPÍTULO II
ACCESO AL TRABAJO

ARTÍCULO 23.- Derecho al trabajo

El Estado garantizará a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales.

ARTÍCULO 24.- Actos de discriminación

Se considerarán actos de discriminación el emplear en la selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su discapacidad, a un trabajador idóneo.

También se considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos.

ARTÍCULO 25.- Capacitación prioritaria

Será prioritaria la capacitación de las personas con discapacidad mayores de dieciocho años que, como consecuencia de su discapacidad, no hayan tenido acceso a la educación y carezcan de formación laboral.

ARTÍCULO 26.- Asesoramiento a los empleadores

El Estado ofrecerá a los empleadores asesoramiento técnico, para que estos puedan adaptar el empleo y el entorno a las condiciones y necesidades de la persona con discapacidad que lo requiera. Estas adaptaciones pueden incluir cambios en el espacio físico y provisión de ayudas técnicas o servicios de apoyo.

ARTÍCULO 27.- Obligación del patrono

El patrono deberá proporcionar facilidades para que todas las personas, sin discriminación alguna, se capaciten y se superen en el empleo.

ARTÍCULO 28.- Afiliaciones

Las personas con discapacidad que realicen una labor lucrativa, independientemente de su naturaleza, estarán incorporadas en los regímenes de riesgos del trabajo, enfermedad y maternidad e invalidez, vejez y muerte.

ARTÍCULO 29.- Obligaciones del Estado

Cuando una persona asegurada por el Estado presente una discapacidad como consecuencia de una enfermedad o lesión, la Caja Costarricense de Seguro Social le proporcionará atención médica y rehabilitación, así como las ayudas técnicas o los servicios de apoyo requeridos. Asimismo, el Estado le otorgará una prestación económica durante el período de hospitalización, si es necesario, hasta por un año, y esta no podrá ser inferior a la pensión mínima del régimen contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Estado garantizará la capacitación laboral de las personas que, como consecuencia de una enfermedad o lesión, desarrollen una discapacidad que les impida continuar con el trabajo que realizaban. Esta capacitación procurará que se adapten a un cargo de acuerdo con las nuevas condiciones.

El Estado deberá tomar las medidas pertinentes, con el fin de que las personas con discapacidad puedan continuar en sus funciones o en otra acorde con sus capacidades.

ARTÍCULO 30.- Obligación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantendrá un servicio con profesionales calificados para brindar el asesoramiento en readaptación, colocación y reubicación en el empleo de las personas con discapacidad. Para facilitar sus acciones, este servicio deberá mantener contacto con las organizaciones de personas con discapacidad.

 

CAPÍTULO III
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

ARTÍCULO 31.- Acceso

Los servicios de salud deberán ofrecerse, en igualdad de condiciones, a toda persona que los requiera. Serán considerados como actos discriminatorios, en razón de la discapacidad, el negarse a prestarlos, proporcionarlos de inferior calidad o no prestarlos en el centro de salud que le corresponda.

ARTÍCULO 32.- Procedimientos de coordinación y supervisión

La Caja Costarricense de Seguro Social establecerá los procedimientos de coordinación y supervisión para los centros de salud públicos que brinden servicios especializados de rehabilitación, con el fin de facilitar el establecimiento de políticas congruentes con las necesidades reales de la población.

ARTÍCULO 33.- Servicios de rehabilitación

La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros deberán ofrecer servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios. Estos deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos y servicios de apoyo necesarios para garantizar la atención óptima.

ARTÍCULO 34.- Disponibilidad de los servicios

Las Instituciones públicas de salud responsables de suministrar servicios de rehabilitación, deberán garantizar que los servicios a su cargo estén disponibles en forma oportuna, en todos los niveles de atención, inclusive la provisión de servicios de apoyo y las ayudas técnicas que los usuarios requieran.

ARTÍCULO 35.- Medios de transporte adaptados

Las instituciones públicas que brindan servicios de rehabilitación deberán contar con medios de transporte adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.

 

 

 

ARTÍCULO 36.- Responsabilidad del Ministerio de Salud

Es responsabilidad del Ministerio de Salud certificar la calidad y el estricto cumplimiento de las especificaciones de las ayudas técnicas que se otorguen en las instituciones estatales o se distribuyan en el mercado.

ARTÍCULO 37.- Imposibilidad de negar seguros de vida o pólizas

No podrá negarse la adquisición de un seguro de vida o una póliza de atención médica, basándose exclusivamente en la presencia de una discapacidad.

ARTÍCULO 38.- Condiciones de la hospitalización

Cuando una persona con discapacidad sea hospitalizada, no se le podrá impedir el acceso a las ayudas técnicas o servicios de apoyo que, rutinariamente, utiliza para realizar sus actividades.

ARTÍCULO 39.- Normas específicas

Los centros de salud o servicios en los cuales se brinda atención de rehabilitación, deberán establecer para los usuarios y sus familias, normas específicas para promover y facilitar el proceso de rehabilitación.

ARTÍCULO 40.- Medidas de seguridad, comodidad y privacidad

Con el fin de no lesionar la dignidad y facilitar el logro de los objetivos establecidos, los servicios de rehabilitación deberán garantizar que sus instalaciones cuentan con las medidas de seguridad, comodidad y privacidad que los usuarios requieren.

CAPÍTULO IV
ACCESO AL ESPACIO FÍSICO

ARTÍCULO 41.- Especificaciones técnicas reglamentarias

Las construcciones nuevas, ampliaciones o remodela-ciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios y otros espacios de propiedad pública, deberán efectuarse conforme a las especificaciones técnicas reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados de la materia.

Las edificaciones privadas que impliquen concurrencia y brinden atención al público deberán contar con las mismas características establecidas en el párrafo anterior.

Las mismas obligaciones mencionadas regirán para los proyectos de vivienda de cualquier carácter, financiados total o parcialmente con fondos públicos. En este tipo de proyectos, las viviendas asignadas a personas con discapacidad o familias de personas en las que uno de sus miembros sea una persona con discapacidad deberán estar ubicadas en un sitio que garantice su fácil acceso.

ARTÍCULO 42.- Requisitos técnicos de los pasos peatonales

Los pasos peatonales contarán con los requisitos técnicos necesarios como: rampas, pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y táctiles con el fin de garantizar que sean utilizados sin riesgo alguno por las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 43.- Estacionamientos

Los establecimientos públicos y privados de servicio al público, que cuenten con estacionamiento, deberán ofrecer un cinco por ciento (5%) del total de espacios destinados expresamente a estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten. Pero, en ningún caso, podrán reservarse para ese fin menos de dos espacios. Esos vehículos deberán contar con una identificación y autorización para el transporte y estacionamiento expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Esos espacios deberán estar ubicados cerca de la entrada principal de los locales de atención al público. Las características de los espacios y servicios expresamente para personas con discapacidad serán definidas en el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 44.- Ascensores

Los ascensores deberán contar con facilidades de acceso, manejo, señalización visual, auditiva y táctil, y con mecanismos de emergencia, de manera que puedan ser utilizados por todas las personas.

CAPÍTULO V
ACCESO A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 45 .- Medidas técnicas

Para garantizar la movilidad y seguridad en el transporte público, deberán adoptarse medidas técnicas conducentes para adaptarlo a las necesidades de las personas con discapacidad; asimismo, se acondicionarán los sistemas de señalización y orientación del espacio físico.

Los medios de transporte colectivo deberán ser totalmente accesibles y adecuados a las necesidades de todas las personas.

ARTÍCULO 46.- Permisos y concesiones

Para obtener permisos y concesiones de explotación de servicios de transporte público, será requisito que los beneficiarios de este tipo de contrato presenten la revisión técnica, aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que compruebe que cumplen con las medidas establecidas en esta ley y su reglamento.

ARTÍCULO 47.- Taxis

En el caso del transporte público en su modalidad de taxi, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes estará obligado a incluir, en cada licitación pública de concesiones o permisos, por lo menos un diez por ciento (10 %) de vehículos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 48.- Terminales y estaciones

Las terminales y estaciones de los medios de transporte colectivo contarán con las facilidades requeridas para el ingreso de usuarios con discapacidad, así como para el abordaje y uso del medio de transporte.

ARTÍCULO 49.- Facilidades de estacionamiento

Las autoridades policiales administrativas facilitarán el estacionamiento de vehículos que transporten a personas con discapacidad, así como el acceso a los diversos medios de transporte público.

CAPÍTULO VI
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 50.- Información accesible

Las instituciones públicas y privadas deberán garantizar que la información dirigida al público sea accesible a todas las personas, según sus necesidades particulares.

ARTÍCULO 51.- Programas informativos

Los programas informativos transmitidos por los canales de televisión, públicos o privados, deberán contar con los servicios de apoyo, inclusive intérpretes o mensajes escritos en las pantallas de televisión, para garantizarles a las personas con deficiencias auditivas el ejercicio de su derecho de informarse.

ARTÍCULO 52.- Teléfonos

El ente encargado de las telecomunicaciones deberá garantizar a todas las personas el acceso a los aparatos telefónicos. Los teléfonos públicos deberán estar instalados y ubicados de manera que sean accesibles para todas las personas.

ARTÍCULO 53.- Bibliotecas

Las bibliotecas públicas o privadas de acceso público, deberán contar con servicios de apoyo, incluyendo el personal, el equipo y el mobiliario apropiados, para permitir que puedan ser efectivamente usadas por todas las personas.

CAPÍTULO VII
ACCESO A LA CULTURA, EL DEPORTE Y
LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS

ARTÍCULO 54.- Acceso

Los espacios físicos donde se realicen actividades culturales, deportivas o recreativas deberán ser accesibles a todas las personas. Las instituciones públicas y privadas que promuevan y realicen actividades de estos tipos, deberán proporcionar los medios técnicos necesarios para que todas las personas puedan disfrutarlas.

ARTÍCULO 55.- Actos discriminatorios

Se considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, se le niegue a una persona participar en actividades culturales, deportivas y recreativas que promuevan o realicen las instituciones publicas o privadas.

TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO
ACCIONES

ARTÍCULO 56.- Medidas presupuestarias

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta de Protección Social de San José, los centros públicos de educación superior y las demás instituciones del Estado, deberán tomar las medidas presupuestarias para adquirir las ayudas técnicas y prestar los servicios de apoyo, tratamientos médicos, equipo y prótesis que se requieran para cumplir lo dispuesto por la presente ley.

ARTÍCULO 57.- Ayuda estatal a los centros de educación superior

El Estado promoverá los centros de educación superior y los apoyará para que impartan carreras de formación específica en todas las disciplinas y niveles, a fin de que la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad esté efectivamente garantizada.

ARTÍCULO 58.- Temática sobre discapacidad

Para garantizar el derecho de todos al desarrollo, los centros de educación superior deberán incluir contenidos generales y específicos sobre discapacidad pertinentes a las diferentes áreas de formación, en la currícula de todas las carreras y niveles, .

ARTÍCULO 59.- Programas de capacitación

Las instituciones publicas y las privadas de servicio público, incluirán contenidos de educación, sensibilización e información sobre discapacidad, en los programas de capacitación dirigidos a su personal.

ARTÍCULO 60.- Medidas institucionales para evitar la discriminación

Los educadores, patronos o jerarcas tendrán la responsabilidad de mantener condiciones de respeto en el lugar de trabajo o estudio, mediante una política interna que prevenga la discriminación por razón de una discapacidad, no la promueva y la evite.

Por esta ley, las instituciones públicas y de servicio público están obligadas a elaborar y divulgar esa política, la cual deberá comunicarse por escrito a directores, jefes, supervisores, asesores, representantes, educadores, empleados, estudiantes y usuarios de esos organismos.

Para los efectos de esta ley, esas instituciones adoptarán las medidas y sanciones pertinentes en sus reglamentos internos, convenios colectivos, arreglos directos, circulares y demás actos administrativos.

ARTÍCULO 61.- Divulgación

Los educadores, patronos o jerarcas serán responsables de divulgar el contenido de la presente ley.

 

TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

ARTÍCULO 62.- Multa

Será sancionada con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido en la Ley NE 7337, del 5 de mayo de 1993, la persona física o jurídica que cometa cualquier tipo de discriminación determinada por distinción, exclusión o preferencias, por una discapacidad, que limite la igualdad de oportunidades, en cuanto a la accesibilidad o el trato en materia de trabajo, educación, salud, transporte u otros campos.

ARTÍCULO 63.- Sanciones por irregularidades en el reclutamiento y selección de personal

En el Estado, sus instituciones y corporaciones, será anulable, a solicitud de la parte interesada, todo nombramiento, despido, suspensión o traslado, permuta, ascenso, descenso o reconocimientos que se efectúen en contra de lo dispuesto en esta ley .

Los procedimientos para reclutar y seleccionar personal carecerán de eficacia en lo que resulte violatorio contra esta ley.

Los funcionarios causantes de la acción en contra de lo dispuesto en esta ley serán, personalmente, responsables y responderán con su patrimonio por los daños y perjuicios que resulten.

ARTÍCULO 64.- Legislación aplicable

Para determinar la verdad real de los hechos y aplicar lo establecido en el artículo anterior, se seguirá el procedimiento ordinario contenido en la Ley General de la Administración Pública y los artículos correspondientes de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa.

ARTÍCULO 65.- Multa de tránsito

Se le impondrá una multa de cinco mil colones conforme lo establecido en el artículo 131 de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, No. 7331, al vehículo que sea estacionado en lugares exclusivos para el estacionamiento de vehículos debidamente identificados para transportar a personas con discapacidad.

ARTÍCULO 66.- Multa a los concesionarios de transporte público

Serán sancionados con una multa no menor de diez mil colones ni mayor a los treinta mil colones, los concesionarios de transporte público que incumplan las regulaciones establecidas en esta ley sobre el derecho de toda persona de utilizar el transporte público.

Deberán corregir el problema en un lapso no mayor de tres meses; de lo contrario, la situación será justificante para suprimir la unidad hasta que se le efectúen las adaptaciones que correspondan para no conceder o prorrogar concesiones de esa clase.

ARTÍCULO 67.- Sanción por desacato de las normas de accesibilidad

Los encargados de construcciones que incumplan las reglas de accesibilidad general establecidas en esta ley o su reglamento, podrán ser obligados, a solicitud del perjudicado, a realizar a costa de ellos las obras para garantizar ese derecho. No se tramitarán permisos de construcción ni se suspenderán los ya otorgados hasta que se realicen las remodelaciones.

 

TÍTULO V
CAPÍTULO I
REFORMAS
SECCIÓN I

Reformas del Código de Comercio

ARTÍCULO 68.- Reformas de la Ley No. 3284

Se reforma el Código de Comercio, Ley No. 3284, del 30 de abril de 1964 y sus reformas, en sus artículos 411, 412 y 413, cuyos textos dirán:

«Artículo 411.- Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma, el lenguaje o idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con este Código o con leyes especiales, deban otorgarse en escritura pública o requieran forma o solemnidades necesarias para su eficacia.»

«Artículo 412.- Cuando la ley exija consignar por escrito un contrato, esta disposición incluirá también el braille y se aplicará igualmente a todas las modificaciones del contrato.»

«Artículo 413.- Los contratos que por disposición de la ley deban consignarse por escrito, llevarán las firmas originales de los contratantes. Si alguno de ellos no puede firmar, lo hará a su ruego otra persona, con la asistencia de dos testigos a su libre elección. La persona ciega o con deficiencias visuales que lo requiera firmará por sí misma en presencia de dos testigos a su libre elección. Las cartas, telegramas o facsímiles equivaldrán a la forma escrita, siempre que la carta o el original del telegrama o facsímil estén firmados por el remitente, o se pruebe que han sido debidamente autorizados por este.»

SECCIÓN II

Reformas del Código Penal

ARTÍCULO 69.- Reformas de la Ley No. 4573

Se reforma el Código Penal, Ley No.4573, del 4 de mayo de 1970 y sus reformas, en las siguientes disposiciones: el artículo 101, el inciso a) del artículo 102, los artículos 144, 184, 185 y 237, el inciso 2) del artículo 395, el inciso 5) del artículo 403, los artículos 406, 407, 408 y 409. Los textos dirán:

«Artículo 101.- Son medidas curativas:

1) El ingreso en un hospital psiquiátrico.

2) El ingreso en un establecimiento de tratamiento especial educativo.

3) Someterse a un tratamiento psiquiátrico.»

«Artículo 102.- Las medidas de seguridad se aplicarán así:

a) En servicios psiquiátricos idóneos o establecimientos de tratamiento especial educativo, se internarán los enfermos mentales, toxicómanos habituales, alcohólicos y sujetos de imputabilidad disminuida que hayan intentado suicidarse.[…]»

«Artículo 123.- Se impondrá prisión de tres a diez años a quien produzca una lesión que cause una disfunción intelectual, sensorial o física o un trastorno emocional severo que produzca incapacidad permanente para el trabajo, pérdida de sentido, de un órgano, de un miembro, imposibilidad de usar un órgano o un miembro, pérdida de la palabra o pérdida de la capacidad de engendrar o concebir.»

«Artículo 144.- Quien encuentre perdido o desamparado a un menor de diez años o a una persona herida o amenazada de un peligro cualquiera y omita prestarle el auxilio necesario según las circunstancias, cuando pueda hacerlo sin riesgo personal, será reprimido con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley NE 7337, del 5 de mayo de 1993. El juez podrá aumentar esta sanción hasta en el doble, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción.»

«Artículo 184.- Será reprimido, con prisión de seis meses a dos años, quien sustraiga a un menor de doce años o a una persona sin capacidad volitiva o cognoscitiva, del poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas o el que lo retenga contra la voluntad de estos; pero si ha prestado consentimiento y es mayor de doce años rebajará la pena prudencialmente. Igual pena tendrá quien sirva de intermediario para que un menor de edad salga de la patria potestad de sus padres sin llenar los requisitos de ley. La pena se aumentará en un tercio cuando la intervención se haga con ánimo de lucro.»

«Artículo185.- Se impondrá prisión de un mes a dos años o una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, al padre, adoptante, tutor o guardador de un menor de dieciocho años o de una persona que no pueda valerse por sí misma, que deliberadamente, mediando o no sentencia civil, omita prestar los medios indispensables de subsistencia a los que está obligado.

El juez podrá aumentar esa pena hasta en el doble, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y gravedad de la acción.

La misma pena se les impondrá a los obligados a brindar alimentos. La responsabilidad del autor no queda excluida por el hecho de que otras personas hayan proveído medios de subsistencia.

Igual pena se impondrá al hijo respecto de los padres desvalidos y al cónyuge respecto del otro cónyuge, separado o no, o divorciado cuando esté obligado, y al hermano respecto del hermano incapaz.»

«Artículo 237.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años quien con ánimo de lucro y abusando de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de una persona con deficiencias de su capacidad cognoscitiva o volitiva, lo induzca a realizar un acto que importe efectos jurídicos perjudiciales a él o a un tercero.»

«Artículo 393.- Será castigado con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, la cual podrá ser aumentada hasta en el doble a criterio del juez, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción o a tres meses de privación de libertad.[…]

2) El facultativo que, habiendo asistido a una persona que se encuentre en una situación que represente peligro para sí misma o para los demás, omita avisar a la autoridad.[…]»

«Artículo 401.- Serán reprimidos con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, la cual podrá ser aumentada hasta en el doble a criterio del juez, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción, además de efectuar las reformas pertinentes:

[…]

5) El que viole los reglamentos de construcción sobre ornato público y accesibilidad para todas las personas.»

«Artículo 404.- Será penado, con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, el encargado de una persona declarada en estado de interdicción o con evidente falta de capacidad volitiva y cognoscitiva, que descuide su vigilancia, si ello representa un peligro para sí misma o para los demás, o el encargado que no avise a la autoridad cuando la persona en mención se sustraiga a su custodia.

El juez podrá aumentar hasta en el doble la sanción, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y gravedad de la acción.»

«Artículo 405.- Será penado, con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, quien, sin dar inmediatamente aviso a la autoridad o sin autorización, cuando sea necesaria, reciba para su custodia personas con discapacidad intelectual o trastornos emocionales severos o las ponga en libertad.

El juez podrá aumentar hasta en el doble la sanción, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción.»

«Artículo 406.- Se impondrá una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, a quien ponga en manos de una persona con discapacidad cognoscitiva o volitiva cualquier arma, objeto peligroso, material explosivo o sustancia venenosa o los deje a su alcance.

El juez podrá aumentar la pena hasta en el doble, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción.»

«Artículo 407.- Será penado con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, y además con suspensión de su cargo por un mes, el culpable de las infracciones previstas en los tres artículos anteriores, si es el director de un hospital psiquiátrico o un centro para el desarrollo de personas que no gozan de capacidad cognoscitiva y volitiva.

El juez podrá aumentar la sanción hasta en el doble, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción de inseguridad.»

SECCIÓN III

Reformas del Código de Procedimientos Penales

ARTÍCULO 70.- Reformas de la Ley No. 5377

Se reforma el artículo 241 del Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377, del 19 de octubre de 1973, y sus reformas, cuyo texto dirá:

«Artículo 241.- No podrán ser peritos los menores de edad, los declarados en estado de interdicción, quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos o quienes hayan sido citados como tales, los condenados ni los inhabilitados.»

 

SECCIÓN IV
Reformas del Código Procesal Civil

ARTÍCULO 71.- Reformas de la Ley No. 7130

Se reforma el Código Procesal Civil, Ley No. 7130, del 17 de agosto de 1989, en sus artículos 115 y 844, así como los incisos 1) y 4) del artículo 824. Los textos dirán:

«Artículo 115.- Si la parte no sabe firmar o si pese a saber no puede hacerlo por una discapacidad, firmará a su ruego otra persona, en presencia de dos testigos de libre escogencia de la primera. La persona ciega o con deficiencias visuales que lo requiera, firmará por sí misma, en presencia de dos testigos a su libre elección.»

«Artículo 824.- La solicitud de declaratoria de interdicción de una persona deberá reunir los siguientes requisitos:

1)El nombre y las calidades del solicitante y de la presunta persona cuya declaratoria en estado de interdicción se solicita.

4)El dictamen médico en el que se diagnostique la falta de capacidad cognoscitiva o volitiva.»

«Artículo 844.- La Procuraduría General de la República podrá pedir el nombramiento o la remoción de un curador para una persona declarada en estado de interdicción.»

 

 

 

SECCIÓN V
Reformas de la Ley Orgánica del Notariado

ARTÍCULO 72.- Reformas de la Ley No. 39, del 5 de enero de 1943

Se reforman los artículos 16 bis, 18, 59, 60 y 86 de la Ley Orgánica del Notariado, NE 39, del 5 de enero de 1943, cuyos textos dirán:

«Artículo 16 bis.- Están absolutamente impedidos para ser testigos instrumentales:

1) Los declarados en estado de interdicción.
2) Las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos.
3) Quien haya sido condenado por perjurio o falso testimonio o por delito contra la propiedad.

Están relativamente impedidos:

1) Quienes estén directamente interesados en el acto o contrato a que se refiere la escritura.
2) El ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano, tío o sobrino, por consanguinidad o afinidad, y el empleado del notario.
3) Quienes estén ligados por matrimonio o por cualquiera de los otros vínculos especificados en el inciso anterior, con el otorgante que adquiera derechos en virtud del acto o contrato objeto de la escritura.»

«Artículo 18.- Están legalmente impedidos para ejercer el notariado:

1) El que tenga impedimento para dar fe.
2) El declarado en estado de interdicción.»

«Artículo 59.- Cuando quienes concurran como interesados al otorgamiento de una escritura o alguno de ellos, no comprenda el idioma o el lenguaje de que se trate, intervendrá un intérprete oficial o un intérprete designado o aceptado por las partes. Si el notario comprende el idioma extranjero o el lenguaje de que se trate, no habrá necesidad de intérprete y, en tal caso, el notario, bajo su responsabilidad, traducirá en forma verbal la escritura, a fin de que se enteren debidamente del contenido las partes que no comprenden el idioma o lenguaje.

Para su capacidad, condiciones y prohibiciones, se considerará al intérprete como un testigo instrumental.»

«Artículo 60.- En los casos del artículo anterior, se consignará en la escritura quién de los interesados no comprende el idioma o lenguaje, cuál es el idioma o lenguaje que comprende, si el notario comprende ese idioma o lenguaje, en qué idioma o idiomas fue leída la escritura por el intérprete o por el notario en su caso; también se consignarán el nombre, los apellidos y las generales del intérprete cuando intervenga.»

«Artículo 86.- Los testimonios serán extendidos en papel común o papel para escritura en braille, pero los que contengan operaciones destinadas a inscribirse en el Registro Público, se extenderán en papel de oficio. El funcionario que los expida deberá tasar, al pie de ellos, el valor del papel sellado, los timbres y los derechos de inscripción que hayan de pagarse.»

SECCIÓN VI
Reformas de la Ley Fundamental de Educación

ARTÍCULO 73.- Reformas de la Ley No. 2160

Se modifica la Ley Fundamental de Educación, No. 2160, del 25 de setiembre de 1957, en sus artículos 27 y 29, cuyos textos dirán:

«Artículo 27.- La educación especial es el conjunto de apoyos y servicios a disposición de los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea que los requieran temporal o permanentemente.»

«Artículo 29.- Los centros educativos deberán suministrar a sus alumnos y a los padres, la información necesaria para que participen, comprendan y apoyen el proceso educativo.»

SECCIÓN VII
Reformas de la Ley General de Salud

ARTÍCULO 74.- Reformas de la Ley No. 5395

Se reforma la Ley General de Salud, No. 5395, del 30 de octubre de 1973, en sus artículos 13, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 69, cuyos textos dirán:

«Artículo 13.- Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad.

Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales gozarán de servicios especializados.»

«Artículo 20.- Las personas deben proveer al restablecimiento de su salud y la de los dependientes de su núcleo familiar y tienen derecho a recurrir a los servicios de salud estatales; para ello contribuirán económicamente, en la forma fijada por las leyes y los reglamentos pertinentes.»

«Artículo 29.- Las personas con trastornos emocionales severos así como las personas con dependencia del uso de drogas u otras sustancias, incluidos los alcohólicos, podrán someterse voluntariamente a tratamiento especializado ambulatorio o de internamiento en los servicios de salud y deberán hacerlo cuando lo ordene la autoridad competente, por estimarlo necesario, según los requisitos que los reglamentos pertinentes determinen.»

«Artículo 30.- Cuando la internación de personas con trastornos emocionales severos o deficiencias, toxicómanos y alcohólicos, no es voluntaria ni judicial, deberá ser comunicada por el director del establecimiento al juzgado de familia de su jurisdicción, en forma inmediata y deberá cumplir con las obligaciones y los requisitos de la curatela.»

«Artículo 31.- Las personas con trastornos emocionales severos, los toxicómanos y los alcohólicos que no se encuentren internados en un hospital por orden judicial, podrán salir del establecimiento de conformidad con las disposiciones reglamentarias pertinentes, por egreso médico o por alta exigida a petición del paciente o de sus familiares, cuando su salida no involucre peligro para la salud o la vida del paciente o de terceros.»

«Artículo 32.- Queda prohibido mantener a personas con trastornos emocionales severos y a toxicómanos en establecimientos públicos o privados que no estén autorizados para tal efecto por el Ministerio.»

«Artículo 33.- Los familiares de la persona con trastornos emocionales severos o con deficiencia intelectual, física y sensorial o los familiares del toxicómano sometido a tratamiento, podrán requerir atención médico-social de los servicios de salud, con sujeción a las normas reglamentarias para los miembros del hogar del paciente.»

«Artículo 34.- Se prohíbe a las personas comerciar con los medicamentos y otros bienes que las instituciones entreguen.»

«Artículo 69.- Son establecimientos de atención médica, para los efectos legales y reglamentarios, aquellos que realicen actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades o presten atención general o especializada, en forma ambulatoria o interna, a las personas para su tratamiento y consecuente rehabilitación física o mental.

Se incluyen en esta consideración, las maternidades, las casas de reposo para convalecientes y ancianos, las clínicas de recuperación nutricional, los centros para la atención de toxicómanos, alcohólicos o pacientes con trastornos de conducta y los consultorios profesionales particulares.»

SECCIÓN VIII
Reformas de la Ley de impuesto sobre la renta

ARTÍCULO 75.- Reformas de la Ley No. 7092

Se reforma el segundo párrafo del inciso b) del artículo 8 de la Ley de impuesto sobre la renta, No. 7092, del 21 de abril de 1988, cuyo texto dirá:

«ARTÍCULO 8.- Gastos deducibles

[…]

Además, podrá deducirse una cantidad igual adicional a la que se pague por los conceptos mencionados en los párrafos anteriores de este artículo a las personas con discapacidad a quienes se les dificulte tener un puesto competitivo, de acuerdo con los requisitos, las condiciones y normas que se fijan en esta ley. Asimismo, los costos por las adecuaciones a los puestos de trabajo y en las adaptaciones al entorno en el sitio de labores incurridas por el empleador.

[…]»

 

SECCIÓN IX
Reformas de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres

ARTÍCULO 76.- Reformas de la Ley No. 7331

Se reforma el inciso c) del artículo 67 y se adiciona el artículo 67 bis a la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, No. 7331, del 13 de abril de 1993, cuyos textos dirán:

«Artículo 67.-

[…]

c) Presentar un examen médico que verifique la idoneidad del conductor para el manejo de vehículos o del vehículo específico que se pretende conducir.»

«Artículo 67 bis.- En el caso de una persona con discapacidad, el procedimiento para obtener el certificado de idoneidad para conducir un vehículo, no podrá ser diferente del que utilice el resto de los conductores.»

SECCIÓN X
Reformas de la Ley de Migración y Extranjería

ARTÍCULO 77.- Reformas de la Ley No. 7033

Se reforma el inciso 6) del artículo 60 de la Ley de Migración y Extranjería, No. 7033, del 4 de agosto de 1986, cuyo texto dirá:

«Artículo 60.-

[…]

6) Los reconocidos internacionalmente como traficantes de drogas y que lucren con la prostitución.»

SECCIÓN XI
Reformas de la Ley de Pensiones Alimenticias

ARTÍCULO 78.- Se reforman los artículos 10 y 11 de la Ley de Pensiones Alimenticias, No. 1620, del 5 de agosto de 1953 y sus reformas, cuyos textos dirán:

«Artículo 10.-: Tienen personería para demandar alimentos en favor de menores de edad o de mayores que por su discapacidad no tienen acceso a la presentación personal de los trámites judiciales, tanto sus representantes legales como sus simples guardadores; en tal caso, estas circunstancias deberán probarse junto con la demanda.»

«Artículo 11.- En caso de menores y de personas con discapacidad abandonadas que no tengan acceso a la presentación personal de los trámites judiciales los agentes judiciales podrán actuar de oficio o a instancia o denuncia del Patronato Nacional de la Infancia, de sus juntas provinciales, la Procuraduría de la Familia o los jefes de los establecimientos que tengan la guarda, custodia o protección de los demandantes.»

SECCIÓN XII
Reformas del Código Civil

ARTÍCULO 79.- Reformas de la Ley XXX del 28 de setiembre de 1887 y sus reformas

Se reforman los artículos 41, 47, 48, 36, 545 y 595 del Código Civil, Ley XXX del 28 de setiembre de 1887 y sus reformas; asimismo los incisos 1) y 2) de su artículo 587. Los textos dirán:

«Artículo 41.- Los actos o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva serán relativamente nulos, salvo que la incapacidad esté declarada judicialmente, en cuyo caso serán absolutamente nulos.»

«Artículo 47.- La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna.»

«Artículo 48.- Si la imagen o fotografía de una persona se publica sin su consentimiento y no se encuentra dentro de alguno de los casos de excepción previstos en el artículo anterior, aquella puede solicitarle al Juez como medida cautelar sin recursos, suspender la publicación, exposición o venta de las fotografías o de las imágenes, sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva. Igual medida podrán solicitar la persona directamente afectada, sus representantes o grupos de interés acreditados, en el caso de imagen o fotografías que estereotipen actitudes discriminantes.»

«Artículo 63.- La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia de un modo absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se limita conforme a la ley por su estado civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva o su incapacidad legal. En las personas jurídicas, por la ley que las regula.»

«Artículo 545.- No podrán ser albaceas:

1) Quienes no puedan obligarse

2) Quien tenga domicilio fuera de la República y quien haya sido condenado una vez o haya sido removido por dolo en la administración de cosa ajena.»

«Artículo 587.- El testamento cerrado puede no estar escrito por el testador, pero siempre ha de estar firmado por él. Lo presentará después, cerrado y sellado, al cartulario quien extenderá en la cubierta del testamento una escritura en la cual conste:

1) Que el testamento encerrado en la cubierta le fue presentado por el mismo testador.

2) Las declaraciones de este en cuanto al número de hojas del testamento y sobre si está escrito y firmado por él; además, constará si el testamento contiene algún borrón, enmienda, entrerrenglonadura o nota marginal. Esta escritura será firmada por el cartulario, el testador y tres testigos presenciales de todo el acto. Si el testador, en el acto de extender la cubierta, se halla impedido para firmar, el cartulario lo hará constar. Concluida la diligencia, deberá devolverse el testamento al testador.

Quien no sepa escribir no podrá hacer testamento cerrado.»

«Artículo 595.- El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal de que deje asegurados los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor y por toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse por sí mismo; además, deberá asegurar la manutención de sus padres y la de su consorte mientras la necesiten.

Si el testador omite cumplir con la obligación de proveer alimentos, el heredero solo recibirá de los bienes lo que sobre, después de dar al alimentario, previa estimación de peritos, una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos.

Si los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir el testador, bienes suficientes, el testador no estará obligado a dejarles alimentos.»

SECCIÓN XIII
Reformas del Código de Familia

ARTÍCULO 80.- Reformas de la Ley No. 5476

Se reforma el Código de Familia, Ley No. 5476, del 21 de diciembre de 1973 y sus reformas, en las siguientes disposiciones: el inciso 2) del artículo 15, el artículo 18, el inciso b) del artículo 65, el inciso 3) del artículo 169, los incisos 1) y 2) del artículo 187, el inciso 2) del artículo 189 y el artículo 230. Los textos dirán:

«Artículo 15.- Es anulable el matrimonio:

[…]

2) De quien carezca, en el acto de celebrarlo, de capacidad volitiva o cognoscitiva.»

«Artículo 18.- El matrimonio celebrado por las personas a quienes se refieren los incisos 1) y 2) del artículo 15, quedará revalidado sin necesidad de declaratoria expresa por el hecho de que los cónyuges no se separen durante el mes siguiente al descubrimiento del error, al cese del miedo grave o la violencia, o a que la persona recupere su capacidad volitiva o cognoscitiva.»

«Artículo 65.- La nulidad de los matrimonios a la que se refiere el artículo 15 podrá ser demandada:

[…]

b) Al celebrarse el matrimonio de cualquier persona que carezca de capacidad volitiva o cognoscitiva, por el cónyuge que no la carezca y por los padres o el curador de la persona que carezca de capacidad volitiva o cognoscitiva.»

«Artículo 169.- Deberá proveer alimentos:

[…]

3) Los hermanos a los hermanos menores o a los que padezcan una discapacidad que les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos menores y a los que por tener una discapacidad, no puedan valerse por sí mismos; y los bisabuelos a los bisnietos menores y a los que, por una discapacidad no puedan valerse por sí mismos, cuando los parientes más inmediatos del alimentario antes señalado no puedan darles alimentos o en el tanto en que no puedan hacerlo; y los nietos y bisnietos a los abuelos y bisabuelos, en las mismas condiciones indicadas en este párrafo.»

«Artículo 187.- No podrá ser tutor:

1) El menor de edad y la persona declarada en estado de interdicción.

2)La persona que presente una discapacidad que le dificulte tratar personalmente los negocios propios.»

«Artículo 189.- Será separado de la tutela:

[…]

2) El declarado en estado de interdicción, el inhábil o impedido para ejercer la tutela, desde que sobrevenga su incapacidad o impedimento.

[…]»

«Artículo 230.- Están sujetos a curatela, los mayores de edad que presenten una discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que les impida atender sus propios intereses, aunque en el primer caso tengan intervalos de lucidez.»

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES DEROGATORIAS

ARTÍCULO 81.- Derogaciones

Se deroga la siguiente normativa:

a) El artículo 415 del Código de Comercio, Ley No. 3284, del 30 de abril de 1964 y sus reformas.

b) Los incisos 2), 3), 4), 5) y 7) del artículo 60 de la Ley de Migración y Extranjería, N? 7033, del 4 de agosto de 1986.

c) El inciso c) del numeral 2 del artículo 378 del Código Penal, Ley No. 4573, del 4 de mayo de 1970 y sus reformas.

d) El artículo 42 del Código Civil, Ley No. XXX, del 28 de setiembre de 1887.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 82.- Reglamento
En el lapso de un año a partir de la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará su operacionalización.

ARTÍCULO 83.- Aplicación
La presente ley es de orden público.

ARTÍCULO 84.- Vigencia
Esta ley rige a partir de su publicación en el diario oficial.

 

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.- El Ministerio de Educación Pública iniciará, de inmediato y con los recursos existentes, la ejecución de las obligaciones señaladas en la presente ley y la completará en un plazo que no exceda de siete años.

TRANSITORIO II.- El espacio físico construido, sea de propiedad pública o privada, que implique concurrencia o atención al público, deberá ser modificado en un plazo no mayor a diez años a partir de la vigencia de esta ley. Estas modificaciones quedarán estipuladas en el contrato de arrendamiento y correrán a cargo del propietario, o del arrendatario cuando se trate de oficinas públicas o establecimientos comerciales.

TRANSITORIO III.- La Dirección General de Servicio Civil adaptará los procedimientos y mecanismos de reclutamiento y selección de personal, en un plazo máximo de dos años, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 24 de esta ley.

TRANSITORIO IV.- La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros iniciarán, de inmediato y con los recursos existentes la ejecución de las obligaciones señaladas en la presente ley y la completará en un plazo máximo de siete años.

TRANSITORIO V.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 41de esta ley, las instituciones públicas y privadas de servicio público iniciarán, de inmediato y con los recursos existentes, la ejecución de sus obligaciones y la completará en un plazo máximo de siete años.

TRANSITORIO VI.- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes iniciará, de inmediato y con los recursos existentes, la ejecución de las obligaciones señaladas en la presente ley y la completará en un plazo máximo de siete años.

TRANSITORIO VII.- Se otorgará un plazo de cinco años para que las telefonías existentes sean adaptadas para cumplir con lo dispuesto en el artículo 52.

Dada en la Sala de la Comisión Permanente Especial de Redacción a los dieciocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.

Carmen Ma. Valverde Acosta María Luisa Ortiz Meseguer
Presidenta Secretaria

Mary Albán López Alberto Cañas Escalante
Diputados

Código de Ética

Descargar aquí este reglamento
Capítulo I 
Disposiciones generales

Artículo I

Todo profesional inscrito en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica está en la obligación de respetar el presente Código de Ética cualquiera que sea la modalidad profesional en la que presta sus servicios, incluyendo las instituciones del Estado. En caso de que se denuncie la violación de alguna de sus normas, y se compruebe la responsabilidad del denunciado, se aplicará la sanción correspondiente, de acuerdo con la gravedad de la falta.

Artículo II

Ante el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, el cirujano dentista está sujeto únicamente a responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad penal o patrimonial por hechos cometidos en el ejercicio de la profesión será competencia exclusiva de los tribunales de justicia o de la autoridad competente correspondiente.
Ningún colegiado podrá alegar desconocimiento de la Ley, de las disposiciones del presente Código, ni de las Leyes y Reglamentos del  Colegio, ni práctica o uso en contrario.

Artículo III

El cirujano dentista en el ejercicio de su profesión debe aplicar todos los conocimientos técnico-científicos que haya adquirido para ello, y se abstendrá de toda conducta perjudicial hacia la vida o la salud de sus pacientes. La protección de la salud de los pacientes estará por encima de cualquier otro interés.
El cirujano dentista deberá procurar una permanente actualización de sus conocimientos técnicos y científicos mientras se mantenga activo profesionalmente.

Artículo  IV

El cirujano dentista debe atender con la misma probidad y diligencia a todos los pacientes, independientemente de su condición individual, sin tomar en cuenta situación socio-económica, raza, sexo, religión, opinión, naturaleza del problema de salud o cualquier otra situación o circunstancia personal o social. Asimismo no se debe hacer ninguna distinción en la calidad de la atención ya sea en práctica privada, institucional o de beneficencia.

Artículo V

Corresponde al paciente la libre elección en cuanto a los servicios odontológicos que requiera. En el trabajo institucional se respetará, en lo posible, este derecho.
El cirujano dentista respetará igualmente la libertad del paciente para prescindir de sus servicios.
Será obligación del odontólogo hacer constar por escrito en el expediente  cuando el paciente haga abandono total o parcial del tratamiento dental, liberando de responsabilidad al odontólogo ante el paciente sobre el abandono comprobado.

Artículo VI

Como profesional en una ciencia de la salud, el cirujano dentista estará obligado  a  colaborar  con   las autoridades sanitarias del país, especialmente en aquellos períodos en que circunstancias de emergencia o de peligro para la salud de la población requieran de la aplicación de medidas extraordinarias dictadas por dichas autoridades.

Artículo VII

Siendo la salud un bien de interés público tutelado por el Estado, el cirujano dentista debe brindar su colaboración en toda actividad o iniciativa cuyo fin primordial sea mejorar la salud bucodental de la población, sin que ello le permita incurrir en violaciones a lo previsto en este Código de Ética y cualquier norma que rige el ejercicio profesional.

Artículo VIII

El cirujano dentista tiene derecho a aceptar o rechazar la responsabilidad de atender y tratar a un paciente, salvo cuando éste se encuentre en una situación de emergencia que justifique la atención inmediata y el cirujano dentista esté en posibilidades de brindar el servicio.
Una vez que el cirujano dentista acepte la atención del paciente, queda comprometido a asegurarle la continuidad de sus servicios profesionales.
En caso de que un cirujano dentista se niegue a atender o continuar con la atención de un paciente, deberá tener una causa justa que amerite tal decisión, tales como la falta de capacitación o destreza para atender un determinado problema  ó la incompatibilidad con el paciente. El colegiado deberá entregar las sumas de dinero que por concepto de abonos o adelantos haya percibido, siempre y cuando no hayan sido utilizados parcial o totalmente en el tratamiento, lo  cual deberá demostrar cuando así lo solicite el paciente. En  caso de que el paciente haga abandono del tratamiento sin una justa causa se libera de toda responsabilidad al colegiado y el paciente perderá el derecho de cualquier reclamo patrimonial.
Cuando un paciente suficientemente informado, rechazara los tratamientos o se negare a seguir las instrucciones que el cirujano dentista le dé, éste último deberá consignarlo en el expediente clínico.

Artículo IX

El cirujano dentista debe cobrar honorarios por sus servicios profesionales, respetando las tarifas mínimas decretadas por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
Será permitida la prestación de servicios de forma gratuita o el ofrecimiento de descuentos siempre y cuando se ajusten a lo establecido en el tarifario aprobado anualmente por la Junta Directiva. Se faculta al cirujano dentista para no cobrar o realizar descuentos en sus honorarios profesionales a sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o a cualquier colega.
La atención de pacientes en obras de caridad, bien social, ferias de la salud o cualquier otra similar deberá darse bajo la supervisión del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, quien verificará entre otras cosas que el servicio prestado no responde a estrategias para captar clientela de manera desleal, o cobrar tarifas inferiores a las autorizadas por el Colegio.
La participación de cirujanos dentistas en campañas publicitarias y ofertas de casas comerciales podrá darse respetando los lineamientos establecidos por este Código de Ética.

Artículo X

Para establecer sus honorarios, el cirujano dentista se basará en el principio de razonabilidad, teniendo en cuenta, entre otros factores, la importancia de los servicios prestados, las circunstancias particulares del caso, la infraestructura y tecnología empleadas en la clínica, así como su propia especialización profesional. Es un derecho del paciente conocer la tarifa de los tratamientos antes de que se le practiquen y los deberá aceptar por escrito antes de que el cirujano dentista pueda iniciar algún tratamiento.
En el caso de que sean varios colegas los que intervienen en el tratamiento, se especificarán los honorarios correspondientes a cada uno de ellos.
Los cirujanos dentistas, aún cuando presten servicios profesionales como asalariados de personas físicas o jurídicas, deberán oponerse a todo anuncio publicitario en cualquier medio, o actividad  que irrespete los honorarios mínimos establecidos por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Ningún profesional en odontología podrá laborar en establecimientos comerciales o clínicas sean éstas fijas, móviles, institucionales o de índole privado que en forma demostrada incumplan con las tarifas mínimas establecidas por el Colegio para la profesión odontológica, independientemente de la modalidad en la que presta sus servicios. La violación a lo anterior será considerado una falta ética muy grave y cumplido el Debido Proceso, se le impondrán las sanciones correspondientes según lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo XI

Toda clínica dental deberá cumplir para la atención de pacientes con las normas mínimas de bioseguridad (correcta esterilización, control de infecciones, utilización de barreras de protección), además deberá contar con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud al día.

Artículo XII

El cirujano dentista no podrá delegar en ningún personal auxiliar los servicios e intervenciones reservados a los profesionales debidamente incorporados al Colegio, aún cuando esos servicios o intervenciones no presenten ningún grado de dificultad a criterio suyo o del paciente.
Los mecánicos y asistentes dentales deberán limitar su trabajo a las instrucciones y solicitudes del cirujano dentista, sin que les sea posible ejecutar por su cuenta ningún tipo de procedimiento clínico.
La violación a este artículo será considerada falta grave para todos los efectos y deberá ser puesta en conocimiento de las autoridades administrativas, judiciales y penales competentes para determinar la posible comisión del delito de ejercicio ilegal de la profesión odontológica.

Artículo XIII

Conforme a las disposiciones de la Ley No. 7476 de 3 de febrero de 1995, denominada LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA, y en especial su artículo 11 que obliga a todos los colegios profesionales, se tendrá como violación al presente código cualquier actuación de un miembro de este Colegio, que violente dicha Ley.

Artículo XIV

Es obligación del cirujano dentista registrar todo acto clínico en el expediente de los pacientes que atienda.

Se entiende por expediente clínico  la ficha donde el cirujano dentista realiza su diagnóstico y registro diario de tratamiento efectuado, y debe incluir radiografías, modelos, fotografías, diapositivas, y otros elementos que complementen el diagnóstico

El paciente tendrá derecho de solicitar una copia de su expediente al cirujano dentista, incluyendo todos los elementos diagnósticos indicados en el párrafo anterior, siempre y cuando cubran el costo de dichas copias

Cuando se hagan copias de los expedientes clínicos y se entreguen al paciente, el cirujano debe hacer la anotación respectiva en el expediente original y solicitar la firma de aceptación del paciente.

El cirujano dentista está obligado a conservar el expediente clínico y documentos o materiales que lo completen por un mínimo de cinco años, aún cuando el paciente manifieste su deseo de ser atendido en otra clínica dental. La transmisión de una parte o del total del contenido del expediente se hará en forma escrita, de manera inteligible y bajo las reglas del secreto profesional.

En caso de que un cirujano dentista preste sus servicios en las modalidades de relación laboral asalariada, relación de servicios profesionales con una determinada clínica o acuerdos contractuales por porcentajes, el expediente pertenecerá a la clínica donde se presten las labores o los servicios profesionales y deberá permanecer en ella aún cuando la relación termine.

El cirujano dentista que preste el servicio y no sea el dueño de la clínica, tendrá el derecho de solicitar copia del expediente y de los elementos diagnósticos de los pacientes atendidos por este.

El paciente mencionado en este caso tendrá el derecho de escoger libremente con cual cirujano dentista continuara el tratamiento.

En casos de arrendamiento de clínicas que pertenecen a otros odontólogos o convenios para utilizar una determinada clínica para un tratamiento concreto, mediando o no retribución económica, el expediente pertenecerá al cirujano dentista tratante.

Artículo XV

El cirujano dentista está en la obligación de suministrar al paciente información veraz sobre el diagnóstico, pronóstico y las alternativas y posibilidades terapéuticas según su condición.
Si los efectos y consecuencias derivados de las intervenciones clínicas propuestas por el cirujano dentista pudieran suponer un riesgo importante para el paciente, el cirujano dentista deberá proporcionar información suficiente a fin de obtener el consentimiento por escrito para practicarlas.
El consentimiento informado debe ser explicado en una terminología clara, entendido y firmado por el paciente y es individual para cada paciente según el tratamiento a realizarse. Deberá adjuntarse siempre al expediente clínico y en aquellas circunstancias en que el paciente no estuviere en condiciones de prestar su consentimiento a la intervención profesional por minoría de edad, incapacidad o urgencia de la situación, deberá solicitarlo a su representante legal, y si no le resultara posible, ante una situación de urgencia deberá prestar los cuidados que le dicte su conciencia profesional.
Siempre que sea posible, el consentimiento informado deberá ser manifestado frente a un testigo.

Artículo XVI

Las relaciones entre cirujanos dentistas deben estar inspiradas por el respeto mutuo, por los principios deontológicos y por la solidaridad colegial. Las diferencias académicas e interprofesionales que no sea posible resolver directamente, serán sometidas a la consideración de la Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
Será sancionado el comentario, insinuación o crítica maliciosa respecto a las actuaciones profesionales de otros compañeros sin fundamento, la cual se verá agravada si se da en presencia de pacientes o terceros

Artículo XVII

Cuando el cirujano dentista necesite consultar para formular un diagnóstico o ejecutar un tratamiento, recomendará a su paciente los servicios profesionales de un especialista o de un colega de mayor experiencia o bien se asociará con este para ejecutarlo. Si el odontólogo no está muy claro en cuanto al diagnóstico, tratamiento o ejecución del mismo, es necesario que se realice la interconsulta con el especialista en el área.
Artículo XVIII

El cirujano dentista consultado, mantendrá los detalles de una interconsulta con carácter confidencial y no asumirá la responsabilidad del tratamiento, sin previa autorización del cirujano dentista consultante.

Artículo XIX

El cirujano dentista que acepte un paciente referido, deberá limitar su intervención estrictamente a lo indicado. El paciente deberá ser restituido al colega una vez concluido el tratamiento para el cual fue referido respetando la libertad del paciente en la elección del profesional.

Artículo XX

Cuando se trate de errores clínicos evidentes en el tratamiento de un paciente, es obligatorio llamar al colega y explicárselo, previa su atención. Cuando el problema sea repetitivo, es deber ético ponerlo en conocimiento de la Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica para lo que corresponda. Quien recibe un paciente en estas circunstancias debe llamar al colega para verificar que no existan saldos pendientes por concepto de honorarios con el anterior cirujano dentista.
Solo se podrá atender un paciente que se encuentre en un tratamiento transitorio  o que tenga algún error clínico evidente,  cuando este renuncie expresamente y por escrito a someterse nuevamente a tratamiento con el profesional anterior, eximiendo esto de responsabilidad al nuevo odontólogo.

Artículo XXI

Ningún cirujano dentista, aún actuando en una posición de jefe, supervisor o director de un centro de atención odontológica de pacientes, público o privado, podrá emitir criterio sobre un procedimiento clínico que efectúe otro cirujano dentista sino le ha sido solicitado expresamente. Si esta es la situación, puede emitirse dictamen u opinión sobre tratamientos efectuados por un cirujano dentista cuando ello sea solicitado por dicho profesional, el paciente, la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, autoridad competente o por la Comisión de Fiscalía del Colegio.
En caso de ser solicitado por el paciente o autoridad competente, se debe enviar copia del dictamen u opinión al cirujano dentista que efectuó el tratamiento en mención y el informe debe circunscribirse concretamente al estado actual de los tratamientos efectuados y la descripción de los hallazgos clínicos y radiográficos, establecer un pronóstico, posibles consecuencias de dichos tratamientos y recomendaciones. Es obligación del cirujano dentista dictaminante informarse sobre los antecedentes y circunstancias previas que mediaron en un determinado tratamiento. No proceder de esta manera será considerado una violación ética para los efectos del artículo XXI.
Artículo XXII

El cirujano dentista podrá negarse a emitir su opinión o dictamen cuando se lo solicite un cirujano dentista o el paciente, haciendo constar las razones por las cuales se niega. En el caso de solicitudes de autoridad competente, de la Junta Directiva, de la Fiscalía o Comisión de Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica no podrá negarse, salvo en aquellos casos en que haya participado en el tratamiento o tenga relación de parentesco o afinidad con el cirujano dentista que efectuó dicho tratamiento, debiendo en estos casos comunicarlo así a la autoridad competente, quien tendrá la facultad de pedirlo nuevamente aun conociendo esas razones.
En cuanto a los peritajes que soliciten las instancias disciplinarias del Colegio o cualquier autoridad judicial, el perito debe limitarse exclusivamente a la consulta sobre la cual se ha requerido su criterio.
Queda prohibido a todo cirujano dentista que sea nombrado como perito continuar con la atención profesional del paciente referido.

Artículo XXIII

Es obligación del cirujano dentista prestar sus servicios profesionales a un paciente cuando éste los requiera por ausencia o por impedimento temporal del cirujano dentista que lo ha escogido previamente para sustituirlo. Estos servicios tienen carácter de emergencia y deben ser considerados transitorios, y el cirujano dentista que los presta debe informar oportunamente al colega sobre el tratamiento suministrado. Se considerará falta grave que un cirujano dentista se valga de tácticas desleales para atraer pacientes atendidos por otro colega sin que este último sea advertido por el colega o por el paciente.

Artículo XXIV

Ningún cirujano dentista debe confiar trabajos de prótesis a laboratorios cuando éstos sean regentados por técnicos de laboratorios dentales que a su vez ejerzan clandestinamente actividades propias del Cirujano Dentista.
Al conocer este hecho el cirujano dentista tendrá la obligación de denunciarlo ante el Fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas, con el fin de que éste disponga lo pertinente y a la vez al Ministerio Público por el delito de ejercicio ilegal de la profesión.

Artículo XXV

Incurrirá en falta grave a la ética profesional el cirujano dentista que facilite la clínica e instalaciones para el ejercicio ilegal de la profesión o el que encubra estas actividades.

Artículo XXVI
Los artículos y conferencias para el público se limitarán exclusivamente a divulgar conocimientos científicos y clínicos.
Al dirigirse al público no odontológico por cualquier medio, se deberá tener en todo momento apego al presente código.

Artículo XXVII

La publicidad de profesionales y clínicas dentales deberá basarse en el principio de veracidad hacia el paciente y hacia los colegas, de manera que lo que se anuncie se ajuste a la realidad de las cosas.

Todos los anuncios y rótulos deberán llevar el nombre del o los cirujanos dentistas que laboren en la clínica, cada nombre debe ir yuxtapuesto del título del cirujano dentista o de la especialidad en la que se encuentre inscrito en el Registro de Especialidades del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Los anuncios de clínicas cuyos nombres incluyan los términos Clínica de Especialidades o alguna especialidad odontológica deberán indicar el nombre del o de los especialistas debidamente registrados como tales ante el Colegio de Cirujanos Dentistas que atienden en ella. En caso de que no haya especialistas registrados, deberá abstenerse de anunciar especialidades dentro del nombre de la clínica.

Se permite el uso de recursos accesorios como eslóganes comerciales, participación en promociones u ofrecimiento de garantías por los servicios prestados que se ajusten a lo establecido en el presente Código.

Está prohibido, el uso del Logo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Toda publicidad relacionada con tarifas deberá ajustarse a lo establecido en el listado de tarifas Mínimas aprobado anualmente por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y respetando los principios éticos y morales que rigen la profesión odontológica.

Cualquier violación a lo mencionado en cuanto a publicidad faculta una intervención de la Fiscalia del Colegio de Cirujanos Dentistas mediante una  prevención,  una denuncia de oficio y la apertura de un expediente al colegiado que la cometa en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de la evidencia.

Artículo XXVIII
Es obligación de todo cirujano dentista cumplir con lo establecido en la Ley  del Timbre Odontológico en las compras de materiales dentales, equipo e instrumental especifico para el ejercicio de la Odontología.
La violación a este artículo será sancionada de acuerdo a lo que establece la Ley del Timbre Odontológico y como una falta grave al presente Código.

Artículo XXIX

Toda clínica dental deberá contar con un regente responsable de hacer cumplir las leyes y reglamentos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, y quien deberá responder ante las instancias correspondientes del Colegio por las violaciones a este Código de Ética y demás leyes y reglamentos relacionados con la materia.

Es obligación del regente odontológico estar al día con sus obligaciones económicas y profesionales ante el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y deberá estar inscrito en el registro que para tal fin tendrá la institución.
Ningún odontólogo podrá laborar en clínicas donde no exista un regente odontológico inscrito en el Colegio.
Para efectos de referencia transcribimos textualmente el  Artículo 50 de la Ley General de Salud, relacionado con la responsabilidad solidaria de las Empresas y los odontólogos: “Los profesionales o personas autorizadas para ejercer en ciencias de la salud responsables, en razón de su profesión, por la dirección técnica o científica de cualquier establecimiento de atención médica, farmacia y afines, serán responsables solidariamente con el propietario de dicho establecimiento, por las infracciones legales o reglamentarias que se cometieren en dicho establecimiento.”

Artículo XXX

Se considera la docencia como parte integral del ejercicio de la profesión odontológica, de manera tal que sólo podrán ejercerla aquellos cirujanos dentistas que se encuentren debidamente incorporados y al día con sus obligaciones gremiales.

Capítulo II 
Bioética 

Artículo XXXI

El cirujano dentista deberá estar consciente que no todo lo que es  técnica y científicamente posible,  es éticamente admisible o permitido.

Artículo XXXII

Todos los resultados de la investigación científica serán utilizados para el servicio de la humanidad.

Artículo XXXIII

El cirujano dentista deberá analizar, de manera particular; todos y cada uno de los estudios que propone, y realizar la investigación correspondiente para evitar lesionar la dignidad humana. Deberá especialmente tener rigor científico en el diseño de protocolos, el análisis de resultados, así como en la interpretación de éstos.

Artículo XXXIV

El cirujano dentista nunca deberá manipular de manera fraudulenta los datos de una investigación.

Artículo XXXV

El cirujano dentista nunca deberá manipular resultados para favorecer materiales o equipos propios o de fabricantes, aún cuando estos apoyen la investigación con incentivos económicos.

Artículo XXXVI

El cirujano dentista no deberá figurar como autor de artículos en los que no ha participado, ni tampoco presentarlos públicamente atribuyéndose su autoría.

Artículo XXXVII

En artículos o cualquier otro trabajo científico, se deberán respetar los derechos de autor.
Cuando se utilizan metodologías tomadas de otra investigación previa, deberán ser reconocidas con su correspondiente bibliografía.

Artículo XXXVIII

Toda investigación en seres humanos, debe ser aprobada por la respectiva Comisión de Bioética del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica respetando la legislación vigente.
Capítulo III 

Sanciones

Artículo XXXIX

Cuando se presente queja y/o denuncia contra un cirujano dentista por incumplimiento del Código de Ética se trasladará el caso a la Comisión de Fiscalía ó al Tribunal de Honor,  para que proceda a la instrucción total del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, según lo indican las Leyes y Reglamentos vigentes del Colegio y supletoriamente la Ley General de la Administración Pública en su Libro II.

Al finalizar la instrucción del caso, la Comisión de Fiscalía ó el Tribunal de Honor, emitirán una resolución final, que incluirá los hechos probados y no probados, la valoración de las pruebas ofrecidas y la sanción para el infractor o la posible absolutoria en los casos que proceda.

Analizada la recomendación de la Comisión de Fiscalía ó del Tribunal de Honor, la Junta Directiva podrá acogerla en todos sus extremos o bien apartarse de manera razonada del criterio de aquella y procederá a imponer la sanción respectiva según lo indica el artículo 24 de la Ley Orgánica, ó en su defecto a dictar la absolutoria correspondiente según el caso.

Cuando la Junta Directiva así lo estime oportuno, dependiendo de cada caso concreto, ésta podrá asumir de forma directa la sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo.

Artículo XL

En caso de que un cirujano dentista sea reincidente en la violación de este Código, la sanción aplicada la segunda vez, no podrá ser igual o menor a la sanción anteriormente impuesta.

Para tal efecto sólo se tomarán en cuenta, las faltas por las que haya sido sancionado durante los últimos cinco años.

Artículo XLI

Será obligatorio para todo cirujano dentista comparecer cuando sea citado por alguno de los órganos disciplinarios del Colegio, sea en el curso de un procedimiento administrativo o de forma preventiva, salvo que una causa justa se lo impida.

No será calificada como causa justa la distancia entre el lugar de trabajo o de residencia del citado y la sede del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, siempre y cuando la citación se haya hecho con al menos ocho días hábiles de antelación.

Artículo XLII

El presente código rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Publicado en el diario oficial la Gaceta No. 246 del día 22 de diciembre de 2011.

NORMATIVA DE INCORPORACIÓN DEL ODONTÓLOGO GENERAL AL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA

Descargar aquí

La Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, en su sesión No 1668 celebrada el día 05 de abril del 2018, tomó el siguiente acuerdo que literalmente expresa:

La Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, considerando:

l. Que la Ley n° 5784 del 19 de agosto de 1975, Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica establece en su numeral 2° que para ejercer la profesión de Cirujano Dentista se requiere estar incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

ll. Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido en su jurisprudencia que como parte de las competencias de los colegios profesionales está analizar el cumplimiento de los requisitos para la incorporación de nuevos profesionales, no solo desde el punto de vista formal sino también de manera sustancial, colaborando con otras dependencias creadas al efecto y en cumplimiento de la ley, pues solo así se podrá evitar el gran perjuicio a la sociedad con la incorporación de profesionales no aptos académica y éticamente para el ejercicio profesional, es decir, su labor puede y debe ser también cautelar. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución n° 2011012250 de las 10:51 horas del 09 de setiembre de 2015).

lll. Que en los numerales 7 al 12 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica se establece lo referente al régimen de incorporación de esta Corporación Profesional.

lV. Que la Ley n° 7559 del 09 de noviembre de 1995, Servicio Social Obligatorio para Profesionales en Ciencias de la Salud resulta de obligatoria observancia para quienes soliciten la incorporación al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

V. Que deviene en necesario especificar los requisitos que deben cumplir los cirujanos dentistas para incorporarse al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, por lo que se dicta la presente:

NORMATIVA DE INCORPORACIÓN DEL ODONTÓLOGO GENERAL AL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA

 

Artículo 1.- Del objetivo y ámbito de aplicación.

Esta normativa tiene como objetivo especificar los requisitos que deben cumplir los cirujanos dentistas para incorporarse al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, requisitos que deben cumplirse obligatoriamente y a cabalidad para poder ejercer libremente la profesión de Odontología en Costa Rica.

Su ámbito de aplicación es nacional y aplica para cirujanos dentistas costarricenses, extranjeros graduados de universidades nacionales, extranjeros graduados de universidades internacionales y cualquier otro cirujano dentista que solicite ejercer la profesión de odontología en el territorio nacional.

Artículo 2.- De las solicitudes de incorporación, aspectos generales.

Para dar inicio a las gestiones orientadas a la incorporación en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, los solicitantes deben acatar lo siguiente:
a) Los requisitos establecidos en esta normativa serán presentados ante la Fiscalía del Colegio, dentro del plazo fijado por esa Fiscalía y que de previo será anunciado en el sitio web del Colegio y se notificará a las universidades que imparten la carrera de Licenciatura en Odontología. Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado no serán consideradas, sin perjuicio de que sean presentadas nuevamente para la siguiente incorporación.
b) La presentación de la documentación requerida es personal, para lo cual el solicitante deberá mostrar al personal de Fiscalía documento que acredite su identidad (cédula de identidad, residencia o pasaporte); no obstante el solicitante podrá extender autorización a un tercero para que realice el trámite, autorización que deberá estar autenticada con el correspondiente timbre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
c) La Fiscalía del Colegio procederá a la revisión de los requerimientos de incorporación, los cuales están establecidos en los numerales 7 al 12 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica así como en la Ley de Servicio Social Obligatorio para Profesionales en Ciencias de la Salud y en la presente Normativa; para lo cual en caso de ausencia de algunos de estos requisitos no se podrá recibir la documentación incompleta.

Artículo 2.- De las instancias que participan del proceso de incorporación y el carácter de sus intervenciones.

La Fiscalía conocerá de las solicitudes de incorporación de nuevos miembros, para lo cual constados los requisitos, emitirá la correspondiente recomendación de incorporación o no a la Junta Directiva, instancia esta última que se pronunciará en definitiva sobre la aprobación o no de la incorporación.

Artículo 3.- De los requisitos de incorporación Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Los solicitantes deberán cumplir con lo preceptuado en la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos de Costa Rica, según se trate de costarricenses graduados en la Facultad de Odontología de una universidad costarricense; costarricenses graduados en universidades extranjeras; extranjeros; ello según lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Además se deberá cumplir con lo siguiente:
a) Completar el formulario de datos que establezca la Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, el cual se encontrará disponible en el sitio web del Colegio donde podrá ser descargado; formulario que deberá ser llenado en forma clara –legible- .
b) Cancelar los derechos de incorporación que fije la Junta Directiva, para lo cual deberá adjuntarse a la solicitud de incorporación el comprobante de pago de derechos, monto para el cual no se aplican devoluciones al solicitante en caso de rechazo de la gestión, se podrá congelar el monto para la siguiente incorporación.
c) Certificación extendida por la Comisión de Servicio Social Obligatorio del Ministerio de Salud, referente al cumplimiento de ese servicio social o en su caso que no se obtuvo la plaza correspondiente. Para ello además el cirujano dentista deberá haber participado como requisito obligatorio en la Rifa del Servicio Social Obligatorio, y cumplir con lo señalado en la Ley No. 7559, Ley del Servicio Social Obligatorio y en el Reglamento del Servicio Social Obligatorio para los profesionales en Ciencias de la Salud.
d) Participar y aprobar el curso Bi-Modal de Incorporación.
e) Asistir a la ceremonia de juramentación en la fecha que fuese fijada al efecto. La asistencia a esta ceremonia es obligatoria, conforme se indica más detalladamente en esta Normativa.

Los documentos otorgados en el extranjero deberán cumplir con el requisito de autenticación de las autoridades del país de origen, los sellos consulares y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sin perjuicio de lo establecido en el Convenio de la Haya, Ley n° 8923 del 22 de febrero de 2011, Convención para la Eliminación del Requisito de Legalización para los Documentos Públicos Extranjeros (Convención de la APOSTILLA).

Todo documento aportado en idioma distinto del oficial de la República de Costa Rica, deberá acompañarse de traducción oficial.

Artículo 3.- Funciones de la Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica en el proceso de incorporación.

Conforme con lo preceptuado en el numeral 2° de la presente Normativa, corresponde a la Fiscalía la instrucción de las solicitudes de incorporación al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, para lo cual esta instancia deberá:
a) Recibir las solicitudes de incorporación, abrir el expediente y revisar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos.
b) En caso de incumplimiento de alguno o algunos de los requisitos de incorporación, se le devolverán los documentos y deberá entregarlos nuevamente, una vez que los tenga completos.
c) Revisar documentación del solicitando y extender autorización para que participe en la Rifa del Servicio Social Obligatorio, misma que podrá firmar algún (a) Auxiliar de Fiscalía.
d) Enviar a la Junta Directiva la lista de participantes que cumplan con los requisitos y se presentarán a la Rifa del Servicio Social Obligatorio. e) Velar por el adecuado registro de incorporaciones del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 6.- De la intervención de la Fiscalía en orden a la recepción de las solicitudes, su calificación, el dictado de prevenciones y la recomendación a la Junta Directiva.

Recibidas las solicitudes de incorporación se abrirá el expediente correspondiente y se dará inicio la instrucción del asunto. El personal de Fiscalía constará el efectivo cumplimiento de los requisitos de incorporación y en caso de que faltare alguno o alguno de ellos, devolverá la documentación al interesado y le indicará los requisitos pendientes para que subsane la inconsistencia, otorgándole un plazo que se definirá en el momento dependiendo de las fechas establecidas para la recepción de documentos por parte del Ministerio de Salud, para lo cual se suspende el plazo para resolver la gestión. Transcurrido el plazo otorgado al interesado continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver.

Una vez que la Fiscalía haya constatado el cumplimiento de los requisitos de incorporación, remitirá a la Junta Directiva una lista de los solicitantes con la respectiva recomendación. La recomendación en virtud de tratarse de un informe o acto preparatorio, carece de gestiones recursivas.

En caso de duda acerca de la veracidad de la documentación presentada o del cumplimiento de todos los requisitos, la Fiscalía podrá requerir los documentos que sean necesarios para determinar si el solicitante puede ser incorporado al Colegio, lo que incluye en caso de ser necesario girar las consultas de rigor al Consejo Nacional de Rectores –Conare-, al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada –Conesup- o a cualquier otra instancia que deba ser consultada. Tales requerimientos de información deben ser realizados en atención del principio de calificación única y dentro del plazo indicado en el primer párrafo del presente artículo, sin perjuicio de que una vez recibida la documentación por la que se previno, se requiera de alguna aclaración.

En caso de falsedad de alguno o algunos de los documentos presentados deberá ponerse el asunto en conocimiento de la Junta Directiva, para que esa instancia valore la interposición de las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

Artículo 7.- De la resolución que emite la Junta Directiva y las gestiones recursivas procedentes.

Del expediente que le fuere remitido por la Fiscalía, conocerá la Junta Directiva en la sesión ordinaria inmediata siguiente. La aprobación de la solicitud por parte de la Junta Directiva se comunicará a la Administración del Colegio, a afectos de que se incluya al solicitante en la ceremonia de juramentación programada.

El rechazo de la gestión se comunicará al solicitante y contra ese acto cabrá únicamente recurso de revocatoria ante la Junta Directiva, el cual deberá interponerse en el plazo de 8 días hábiles, con indicación clara de los agravios en que se funda la gestión recursiva.

De acogerse la revocatoria plantada, se comunicará de manera inmediata a la Administración del Colegio con el fin de que sin mayor dilación se incluya al solicitante en la ceremonia de juramentación programada.

Desde la presentación de la solicitud de incorporación por el solicitante hasta la resolución final de Junta Directiva no debe transcurrir un plazo mayor a treinta días naturales.

Artículo 8.- Ceremonia de juramentación.

Las ceremonias de juramentación se realizarán en sesión de Junta Directiva, según la calendarización anual fijada para ese fin. En esta el cirujano dentista recibirá el título y código profesional que lo certifique como miembro activo e incorporado a este colegio profesional. Esta entrega y este acto se realizarán bajo un protocolo obligatorio señalado por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y el costo del acto protocolario se cancelará directamente en las cajas de este colegio profesional, en la suma que fuere fijada por la Junta Directiva, en el momento que el solicitante entregue los documentos requeridos para incorporarse al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

De manera excepcional la Junta Directiva podrá acordar la realización de una o más incorporaciones extraordinarias, siempre que concurran motivos razonables para ello.

La asistencia a la ceremonia de juramentación es obligatoria y en ella deberán participar quienes hayan completado satisfactoriamente los requisitos de incorporación. Quienes por motivo de fuerza mayor entre ellos un impedimento de salud de lo que deberá presentar certificado médico u odontológico correspondiente validado por el correspondiente servicio de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, no asistiere a la ceremonia de incorporación, podrá ser convocado a sesión ordinaria o extraordinaria de Junta Directiva y prestar juramento, para cumplir con tal requisito; gestión de la que conocerá y resolverá la Junta Directiva.

Si el solicitante no se presentara a la ceremonia de incorporación y no mediare justificación para ello, se anulará el título de incorporación emitido y cualquier otra credencial; no obstante la documentación referente al cumplimiento de los requisitos se podrá mantener como presentada, salvo los casos de documentos sujetos a vencimiento, en cuyo caso deben ser aportados nuevamente en el periodo que se abra para recepción de documentos. En estos casos no se harán devoluciones de dinero y el solicitante deberá cancelar el monto correspondiente a la próxima incorporación.

Artículo 9.- Disposiciones finales.

La presente normativa deroga cualquier otra anterior que se le oponga. Queda facultada la Junta Directiva para su reforma.

La Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, considerando:

l. Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido en su jurisprudencia que como parte de las competencias de los colegios profesionales está analizar el cumplimiento de los requisitos para la incorporación de nuevos profesionales, no solo desde el punto de vista formal sino también de manera sustancial, colaborando con otras dependencias creadas al efecto y en cumplimiento de la ley, pues solo así se podrá evitar el gran perjuicio a la sociedad con la incorporación de profesionales no aptos académica y éticamente para el ejercicio profesional, es decir, su labor puede y debe ser también cautelar. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución n° 2011012250 de las 10:51 horas del 09 de setiembre de 2015).
ll. Que la Odontología es una profesión en ciencias de la salud, así dispuesta en la Ley n° 5395 del 30 de octubre de 1973, Ley General de Salud, profesión que impacta bienes jurídicos superiores de la población como la vida y la salud y que por ende está sujeta a una serie de disposiciones éticas, resultándole aplicables diversas disposiciones del ordenamiento jurídico sanitario costarricense que el cirujano dentista debe conocer.
lll. Que la Normativa de Incorporación del Odontólogo General al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica establece como uno de los requisitos participar y aprobar el Curso Bi-Modal de Incorporación, resultando necesario establecer las condiciones referentes a la regulación de ese curso, por lo que se dicta la presente:

NORMATIVA DEL CURSO BI-MODAL DE INCORPORACIÓN

 Artículo 1.- De la participación y aprobación del Curso Bi-Modal de Incorporación.

Como parte de la idoneidad profesional del Cirujano Dentista, lo que compete al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica tutelar, quien solicite la incorporación a este Colegio deberá participar y aprobar el Curso Bi-Modal de Incorporación, el cual desde una metodología teórica y práctica induce al egresado de la carrera de Odontología y futuro Cirujano Dentista en el ámbito del ordenamiento jurídico sanitario, en cuanto a su vínculo con la Odontología y las obligaciones éticas en esta profesión, así como también informar sobre el funcionamiento del Colegio y los beneficios que se brindan a los agremiados.

Artículo 2.- De la metodología seguida en el curso y los requerimientos para su aprobación.

El curso está integrado en una parte presencial y otra virtual, para lo cual el egresado deberá asistir a la sede del Colegio donde se impartirá el curso o en algún otro lugar habilitado para ese fin, en la fecha indicada oportunamente por la Fiscalía del Colegio.

El egresado deberá ingresar a la página web habilitada para llevar a cabo la parte virtual. Una vez vista la información, los videos y cualquier otro material que constituya contenido del curso, deberá enviar a una dirección electrónica dispuesta para ello, un entregable que se especificará en esa misma página, contando con un lapso de 8 días para la realización y su envío.

La realización y envío de ese entregable es requisito indispensable a fin de valorar los conocimientos relacionados con las disposiciones jurídicas, éticas y morales que rigen el ejercicio de la profesión, entre otros temas.

Artículo 3.- Del costo del curso

El costo del curso estará integrado en la suma que corresponde a los derechos de incorporación, cuyo monto es fijado por la Junta Directiva.

Artículo 4.- Incumplimiento del requisito.

Para aquellos casos en los que se incumplieren todos o algunos de los requisitos establecidos en la presente normativa y no aprobaren el curso, se tendrá por no satisfecho el requisito y por ende el solicitante no podrá participar de la ceremonia de juramentación, debiendo realizar nuevamente el curso en la convocatoria inmediata siguiente.