Leyes y reglamentos

Reglamento de Fondo de Retiro Odontológico

Descargar aquí este reglamento

Capítulo I

Creación y Distribución de Responsabilidades

 

Articulo 1:

El presente Reglamento tiene por objeto regular el Fondo del Retiro Odontológico, creado por la disposición del artículo 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y que en este reglamento se llamará Fondo.

Artículo 2:

Se establece la separación obligatoria de los activos y de la contabilidad de los fondos del Colegio, así como de los activos de cualquier ente que participe en la administración del Fondo.

Para ello se deberá emplear la vía legal necesaria, que garantice la separación entre:

  1. Los activos contables del Fondo.
  2. Los activos contables del Colegio.
  3. Los activos de cualquier ente administrador que se contrate.

 

Artículo 3:

La Junta Directiva del Colegio es por disposición expresa de la Ley Orgánica del Colegio el ente que tiene la responsabilidad final y autoridad para controlar y manejar la operación y administración del Fondo.

La Junta Directiva está autorizada para delegar cualquiera de las siguientes funciones operativas, siempre que existan estudios técnicos de terceros que muestren las ventajas y conveniencia para el Colegio:

  1. El manejo e inversión de los activos del Fondo.
  2. La certificación de consolidación de derechos y pago de beneficios.
  3. El mantenimiento de los registros básicos de información y estadísticas.
  4. La contabilidad y elaboración de reportes financieros y estadísticos periódicos.

Para la delegación de cualquiera de estas funciones, se requerirá además de los estudios indicados, autorización de la Asamblea del Colegio.

La comunicación oficial con los participantes la realizará directamente la Junta Directiva del Colegio, salvo en el caso de informes periódicos que requieran apoyo externo.

 

Artículo 4:

Política de Inversiones

Los recursos financieros del Fondo de Retiro Odontológico, deberán invertirse dando prioridad a la seguridad y diversificación de la cartera. Las inversiones podrán realizarse tanto en títulos del sector público como del sector privado, así como en  colocaciones mediante préstamos a los colegiados, garantizados en un reglamento de crédito a los colegiados.

Corresponde a la Junta Directiva del Colegio, dictar el reglamento de crédito y la política y estrategias de inversión, las cuales deberán revisarse anualmente.

Artículo 5:

Delegación de Funciones

En caso de que la Junta Directiva considere pertinente la delegación de funciones, deberá exigir por medio de contrato, responsabilidad solidaria y fiduciaria del ente administrador, cuando éste ejerza una actividad discrecional, realice la programación y control de inversiones, manejo de los recursos financieros o realice la administración en general de recursos del Fondo.

En todo caso el contrato deberá ser refrendado por el Auditor y el Actuario Asesor del Fondo.

 

Artículo 6:

La Junta Directiva tiene la obligación de contratar anualmente la auditoría externa del Fondo y cada tres años las evaluaciones actuariales, de acuerdo con lo que establece el artículo 19 de este reglamento.

 

Capítulo II

De los Beneficios

 

Artículo 7:

El Fondo de Retiro Odontológico ofrece un beneficio de retiro por jubilación al colegiado activo que alcance 65 años de edad y 20 años cotizados al Fondo, siempre que no se encuentre inválido o con incapacidad permanente y se encuentre al día en el pago de sus obligaciones con el Colegio.

El beneficio de retiro corresponde a un capital de retiro, el cual se entrega al beneficiario una vez que cumpla con los requisitos de trámite que establezca el Colegio.

El monto del beneficio dependerá de la antigüedad en la colegiatura de acuerdo con el siguiente detalle:

Antigüedad en Años                                                                                  Monto en Colones

20                                                                                                   625,000

21                                                                                                   687,500

22                                                                                                   750,000

23                                                                                                   812,500

24                                                                                                   875,000

25                                                                                                   937,500

26                                                                                                   1,000,000

27                                                                                                   1,062,500

28                                                                                                   1,125,000

29                                                                                                   1,187,500

30 y más                                                                                        1,250,000

 

 

Artículo 8:

Financiamiento

El financiamiento del Fondo de Retiro Odontológico, se realiza mediante la capitalización colectiva completa y comprende los siguientes recursos financieros:

  1. Los fondos de reserva acumulados.
  2. La contribución mensual a cargo de cada colegiado, la cual no podrá ser inferior al 10% de la cuota de colegiatura establecida por la Asamblea General del Colegio. Anualmente dicha contribución tendrá un incremento equivalente al porcentaje de inflación, con el propósito de aumentar el monto del beneficio en caso de retiro por vejez.
  3. Los rendimientos financieros de los recursos.
  4. Otros recursos a juicio de la Junta Directiva del Colegio.

 

Artículo 9:

Revalorización de los beneficios

Anualmente, la Junta Directiva someterá a la Asamblea General, una propuesta para el aumento en el monto del beneficio de retiro, con fundamento en lo siguiente:

  1. La evaluación actuarial del Fondo, comprobando el equilibrio o superávit actuarial en el largo plazo y que dicha evaluación cumpla las siguientes condiciones:
    1. Haya contemplando los aumentos propuestos.
    2. Haya sido realizada en fecha que no supere los seis meses del inicio de la fecha del aumento propuesto.
    3. Haya sido realizada por un actuario matemático, debidamente autorizado para ejercer la profesión en el país.
    4. Haya sido aprobada por la Junta Directiva del Colegio.
  2. Que los egresos del año en curso o siguiente, causados por la modificación propuesta hayan sido debidamente incluidos en el presupuesto anual correspondiente.

 

Capítulo III

De la Participación y las Contribuciones

Artículo 10:

Todos los actuales miembros del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, son miembros participantes del Fondo, lo mismo que aquellos que ingresen al Colegio antes de cumplir los 45 años de edad. Aquellas personas que ingresen al Colegio con más de 45 años de edad, no podrán ser miembros ordinarios del Fondo de Retiro Odontológico, tampoco cotizarán para dicho Fondo.

 

Artículo 11:

De la cuota de colegiatura se destinará al Fondo de Retiro Odontológico, el monto que defina la Asamblea General, siempre que no sea inferior al 10% indicado en el artículo 8 de este reglamento.

 

Artículo 12:

La Junta Directiva tiene la obligación de girar al Fondo la suma especificada en el artículo anterior de la cuota de colegiatura recaudada. Esto deberá hacerse en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a la recaudación.

Artículo 13:

El pago de la cuota de colegiatura mensual es obligatorio conforme a la Ley Orgánica para todos los miembros del Colegio. Cuando un colegiado activo alcance los 65 años de edad, estará exento del pago de las contribuciones al Fondo de Retiro Odontológico. En caso de atrasos, se aplicará lo que dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 14:

Cuando alguno de los miembros del Fondo debe ausentarse del país, deberá seguir cubriendo la cuota que señala el artículo 33 de la Ley Orgánica por el tiempo que dure su ausencia. En el caso de que el colegiado se atrase más de dos meses, se procederá conforme se indica en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Colegio.

 

Artículo 15:

El miembro que incurra en atrasos de más de dos meses podrá perder sus derechos como tal, sin responsabilidad alguna para el Fondo y el Colegio. En este caso, la Junta Directiva actuará conforme se indica en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Colegio.

En caso de suspensión del colegiado y revocatoria de la misma, el interesado deberá pagar

las cuotas adeudadas con intereses del 2% mensual, cifra que podrá ser modificada de acuerdo con el último estudio actuarial y previa aprobación de la Junta Directiva.

 

Artículo 16:

El aporte de los miembros del Fondo, se iniciará en el momento de la incorporación al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y terminará en las fechas de su muerte o en caso de invalidez, o cuando se acojan al beneficio de retiro por jubilación a los 65 años de edad.

 

Capítulo IV

De la Administración

 

Artículo 17:

La Junta Directiva tendrá la potestad de escoger el tipo de administración del Fondo dentro de la organización del Colegio o bien contratar los entes administrativos externos de reconocida solvencia moral y profesional, autorizados conforme a las leyes del país. En caso de que la Junta Directiva se decida por la contratación de ente externo, deberá informar sobre los alcances del contrato y ventajas para el Colegio a la Asamblea General.

 

Artículo 18:

La Junta Directiva dictará las disposiciones, directrices y procedimientos que considere necesario, con el fin de obtener la eficiente administración y manejo de los recursos del Fondo y la entrega oportuna de los beneficios estipulados en este reglamento.

 

Artículo 19:

La Junta Directiva deberá incluir en su informe anual a la Asamblea General Ordinaria del Colegio, un resumen sobre la situación financiero actuarial del Fondo, acompañado de los respectivos reportes financiero contables pertinentes, debidamente avalados por una auditoría externa.

 

Artículo 20:

La Junta Directiva del Colegio queda facultada para contratar los servicios profesionales externos necesarios para el debido planeamiento y control técnico actuarial del Fondo.

 

Artículo 21:

Los valores de toda clase que se adquieran por cuenta del Fondo, deberán mantenerse en custodia en:

  1. Central de Valores de la Bolsa Nacional de Valores, supervisado por la SUGEVAL.
  2. Banco público y / o privado del Sistema Financiero Nacional, supervisado por la SUGEF.

 

Artículo 22:

Los recursos del Fondo, deberán ser invertidos para el provecho de los participantes, procurando un adecuado equilibrio entre seguridad, rendimiento y liquidez, conforme a la política de inversiones que para tal efecto dicte la Junta Directiva. La inversión de los recursos del Fondo podrán efectuarse sólo en:

  1. Valores emitidos, avalados o afianzados por el sector público y/o   privado.
  2. Valores emitidos por entidades financieras supervisadas y autorizadas por la SUGEF.
  3. Préstamos personales, debidamente respaldados mediante garantía real, destinados al mejoramiento profesional de los miembros del Fondo.
  4. Los valores indicados en los incisos a) y b) deben ser de oferta pública, estar debidamente autorizados y estar clasificados por una calificadora de riesgos debidamente autorizada y recomendados por el Comité de Inversiones.

Las prioridades, las garantías, el interés y las condiciones por las cuáles se rigen las operaciones mencionadas en el inciso c) del presente artículo deben especificarse en un reglamento de préstamos promulgado por la Junta Directiva.

 

Artículo 23:

Todo pago por concepto de los beneficios que establece este reglamento se efectuará en los lugares designados por la Junta Directiva. En caso de que la persona interesada estuviere imposibilitada para recibir personalmente los beneficios que le corresponden, la Junta Directiva establecerá los requisitos y procedimientos para la realización del pago.

 

Artículo 24:

Las únicas circunstancias admitidas para que un colegiado salga del grupo de activos cotizantes del Fondo son: muerte, invalidez, alcanzar los 65 años de edad o renuncia que éste haga a los derechos de inscripción o derechos del Colegio.

 

Artículo 25:

El presente reglamento deroga el anterior aprobado en Asamblea General del Colegio el 17 de octubre de 1998, reformado el 15 de mayo del 2003, sin perjuicio de los derechos adquiridos con base en este último y rige a partir de su publicación en el diario Oficial La Gaceta.

 

Capítulo V

Disposiciones Transitorias

Transitorio I:

Todos los colegiados pensionados por el Fondo y los activos que al 14 de octubre del 2004 superen los 58 años y 6 meses de edad, siempre que se encuentren al día en el pago de sus contribuciones al colegio o a quienes les ocurra el riesgo de invalidez o muerte en el curso de los próximos 18 meses, conservan los derechos estipulados en el reglamento que se deroga, al cumplir los 60 años dejarán de cotizar para el Fondo común del Colegio.

En el caso de los pensionados y activos mayores de 58 años y 6 meses, éstos deberán optar al beneficio en un solo pago, equivalente al valor presente de los derechos adquiridos, calculados mediante liquidación actuarial.

 

Transitorio II:

La Junta Directiva del Colegio garantizará mediante acuerdo, en el curso de los próximos 15 días hábiles, el monto de los fondos para financiar dichos beneficios, con respaldo en los pertinentes estudios actuariales.

Dichos fondos deberán constituirse con recursos altamente líquidos, con el fin de realizar la liquidación del régimen de pensiones en un plazo prudencial.

 

Transitorio III:

Los activos que al 14 de octubre del 2004 superen los 58 años y 6 meses de edad no cotizarán para este Fondo.

Publicado según Gaceta N.229 del 23 de noviembre del 2004.

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta  N.157 del 18 de Agosto del 2014.

Reglamento del Fondo de Mutualidad y Subsidios

Descargar aquí este reglamento
I-Creación y Distribución de Responsabilidades

 

Artículo 1:

El presente Reglamento tiene por objeto regular el Fondo de Mutualidad y Subsidio creado por disposición del artículo 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y que en este reglamento se llamará Fondo.

Artículo 2:

Se establece la separación obligatoria de los activos y de la contabilidad de los fondos del Colegio, así como de los activos de cualquier ente que participe en la administración del Fondo.

Para ello se deberá emplear la vía legal necesaria, que garantice la separación entre:

  1. Los activos contables del Fondo.
  2. Los activos contables del Colegio.
  3. Los activos de cualquier ente administrador que se contrate.

 

Artículo 3:

La Junta Directiva del Colegio es por disposición expresa de la Ley Orgánica del Colegio el ente que tiene la responsabilidad final y autoridad para controlar y manejar la operación y administración del Fondo.

La Junta Directiva está autorizada para delegar cualquiera de las siguientes funciones operativas, siempre que existan estudios técnicos de terceros que muestren las ventajas y conveniencia para el Colegio:

  1. El manejo e inversión de los activos del Fondo.
  2. La certificación de consolidación de derechos y pago de beneficios.
  3. El mantenimiento de los registros básicos de información y estadísticas.
  4. La contabilidad y elaboración de reportes financieros y estadísticos periódicos.

Para la delegación de cualquiera de estas funciones, se requerirá además de los estudios indicados, autorización de la Asamblea del Colegio.

La comunicación oficial con los participantes la realizará directamente la Junta Directiva del Colegio, salvo en el caso de informes que requieran apoyo externo.

 

Artículo 4:

Política de Inversiones

Los recursos financieros del Fondo de Mutualidad y Subsidio, deberán invertirse dando prioridad a la seguridad y diversificación de la cartera. Las inversiones podrán realizarse tanto en títulos del sector público como del sector privado, así como en colocaciones mediante préstamos a los colegiados, garantizados en un reglamento de crédito a los colegiados.

Corresponde a la Junta Directiva del Colegio, dictar el reglamento de crédito y la política y estrategias de inversión, las cuales deberán revisarse anualmente.

 

Artículo 5:

Delegación de Funciones

En caso de que la Junta Directiva considere pertinente la delegación de funciones, deberá exigir por medio de contrato, responsabilidad solidaria y fiduciaria del ente administrador, cuando éste ejerza una actividad discrecional, realice la programación y control de inversiones, manejo de los recursos financieros o realice la administración en general de recursos del Fondo.

En todo caso el contrato deberá ser refrendado por el Auditor y el Actuario Asesor del Fondo.

 

Artículo 6:

La Junta Directiva tiene la obligación de contratar anualmente la auditoría externa del Fondo, y cada tres años las evaluaciones actuariales, de acuerdo con lo que establece el artículo 19 de este reglamento.

 

Capítulo II

De los Beneficios

 

Artículo 7:

El Fondo de Mutualidad y Subsidio del Colegio ofrece beneficios en caso de invalidez o incapacidad y en caso de muerte del colegiado activo menor de 65 años de edad.

El beneficio en caso de muerte corresponde a un capital de defunción, equivalente a ¢1,250,000.

El beneficio en caso de invalidez corresponde a una indemnización en un solo pago, el cual depende del número de años contribuidos al Fondo de acuerdo con el siguiente detalle:

 

Años Contribuidos                                                                          Monto del Beneficio en Colones

De 3 a 19 años                                                                                              625,000

De 20 a 24 años                                                                                            750,000

De 25 a 29 años                                                                                           1,000,000

De 30 y más                                                                                                 1,250,000

 

Anualmente, dichos beneficios tendrán un incremento equivalente al porcentaje de inflación.

En ambos casos dicho monto se entrega al beneficiario, una vez cumplidos los requisitos de trámite requeridos por el Colegio.

El colegiado no inválido, que sobreviva hasta los 65 años de edad, tendrá derecho a los beneficios que se ofrecen por medio del Fondo de Retiro Odontológico.

 

Artículo 8:

Requisitos para acceder a beneficios de invalidez o incapacidad

Tendrá derecho al beneficio de invalidez o incapacidad, aquel miembro activo menor de 65 años de edad, que haya contribuido al menos durante 3 años al Fondo y que demuestre a satisfacción de la Junta Directiva que se encuentra imposibilitado para el ejercicio de su profesión, por causa de invalidez o incapacidad permanente.

 

Artículo 9:

Todo miembro del Colegio participante del Fondo que sufra de algún tipo de invalidez que lo incapacite para ejercer la profesión y que desee acogerse a los beneficios del Fondo, hará una solicitud escrita a la Junta Directiva o al ente por ella designado, quien actuará de la siguiente manera:

Si el solicitante trabaja con alguna institución y por lo tanto se encuentra cubierto por el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, el Colegio le asignará el beneficio por invalidez o incapacidad total permanente, en el momento en que la Caja Costarricense de Seguro Social lo declare inválido o el Instituto Nacional de Seguros reconozca la incapacidad total permanente y se le brinde el beneficio correspondiente.

Si el solicitante del beneficio se ha dedicado únicamente a la práctica privada, no habiendo cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Junta Directiva nombrará una comisión médica pagada por ella, para que vierta el dictamen correspondiente.

Además, el miembro que solicite el beneficio por invalidez o incapacidad de acuerdo con este reglamento, deberá someterse al reconocimiento médico que designe la Junta Directiva, cuando ésta lo considere pertinente. El incumplimiento de esta obligación podrá a juicio de dicha Junta, hacer que se deniegue o suspenda al miembro renuente el beneficio establecido en este reglamento.

El plazo para realizar el reclamo del beneficio por invalidez o incapacidad, prescribe en un año después de la fecha en que fue declarado inválido o incapacitado permanentemente.

 

Articulo 10:

Requisitos para acceder a beneficios en caso de muerte

Todo colegiado activo deberá nombrar un beneficiario para el caso de fallecimiento antes de los 65 años de edad, el cual debe estar debidamente anotado en los formularios especiales que para tal efecto suministra el Colegio.

Si el miembro que fallece antes de los 65 años de edad, hubiera omitido hacer dicho nombramiento o el beneficiario hubiere fallecido, el pago correspondiente se hará a los herederos legales o testamentarios.

El plazo para realizar el reclamo del beneficio por muerte, prescribe un año después de la fecha en que se produjo el fallecimiento del colegiado.

 

Artículo 11:

Financiamiento

El financiamiento del Fondo de Mutualidad y Subsidio, se realiza mediante la capitalización colectiva completa y comprende los siguientes recursos financieros:

  1. Los fondos de reserva acumulados.
  2. La contribución mensual a cargo de cada colegiado, la cual no podrá ser inferior al 10% de la cuota de colegiatura establecida por la Asamblea General del Colegio. Anualmente, dicha contribución tendrá un incremento equivalente al porcentaje de inflación, con el propósito de aumentar el monto de los beneficios en caso de invalidez o muerte.
  3. Los rendimientos financieros de los recursos.
  4. La suma que anualmente disponga la Junta Directiva que conforme a la Ley del Timbre Odontológico (Ley No 3752 del 4 de octubre de 1966) le corresponde al Fondo y no podrá ser menor al 10% de la recaudación total o entrega global.
  5. Otros recursos a juicio de la Junta Directiva del Colegio.

 

Artículo 12:

Revalorización de los beneficios

Anualmente, la Junta Directiva someterá a la Asamblea General, una propuesta para el aumento en el monto de los beneficios en caso de invalidez o muerte, con fundamento en lo siguiente:

  1. La evaluación actuarial del Fondo, comprobando el equilibrio o superávit actuarial en el largo plazo y que dicha evaluación cumpla las siguientes condiciones:
    1. Haya contemplando los aumentos propuestos.
    2. Haya sido realizada en fecha que no supere los seis meses del inicio de la fecha del aumento propuesto.
    3. Haya sido realizada por un actuario matemático, debidamente autorizado para ejercer la profesión en el país.
    4. Haya sido aprobada por la Junta Directiva del Colegio.
  2. Que los egresos del año en curso o siguiente, causados por la modificación propuesta hayan sido debidamente incluidos en el presupuesto anual correspondiente.

 

Capítulo III

De la Participación y las Contribuciones

 

Artículo 13:

Todos los actuales miembros del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, son miembros participantes del Fondo, lo mismo que aquellos que ingresen al Colegio antes de cumplir los 40 años de edad. Aquellas personas que ingresen al Colegio con más de 40 años de edad, no podrán ser miembros ordinarios del Fondo de Mutualidad y Subsidio, tampoco cotizarán para este Fondo.

 

Artículo 14:

De la cuota de colegiatura se destinará al Fondo de Mutualidad y Subsidio, el monto que defina la Asamblea General, siempre que no sea inferior al 10% indicado en el artículo 11 de este reglamento.

 

Artículo 15:

La Junta Directiva tiene la obligación de girar al Fondo la suma especificada en el artículo anterior de la cuota de colegiatura recaudada. Esto deberá hacerse en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a la recaudación.

 

Artículo 16:

El pago de la cuota de colegiatura mensual es obligatorio conforme a la Ley Orgánica para todos los miembros del Colegio. Cuando un colegiado activo alcance los 65 años de edad, estará exento del pago de las contribuciones al Fondo de Mutualidad y Subsidio.

En caso de atrasos, se aplicará lo que dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

 

Artículo 17:

Cuando alguno de los miembros del Fondo debe ausentarse del país, deberá seguir cubriendo la cuota que señala el artículo 33 de la Ley Orgánica por el tiempo que dure su ausencia. En el caso de que el colegido se atrase más de dos meses, se procederá conforme se indica en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Colegio.

 

Artículo 18:

El miembro que incurra en atrasos de más de dos meses podrá perder sus derechos como tal, sin responsabilidad alguna para el Fondo y el Colegio. En este caso, la Junta Directiva actuará conforme se indica en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Colegio.

En caso de suspensión del colegiado y revocatoria de la misma, el interesado deberá pagar las cuotas adeudadas con intereses del 2% mensual, cifra que podrá ser modificada de acuerdo con el último estudio actuarial y previa aprobación de la Junta Directiva.

 

 

Artículo 19:

El aporte de los miembros del Fondo, se iniciará en el momento de la incorporación al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y terminará en las fechas de su muerte o en caso de invalidez, o cuando se acojan al beneficio de retiro por jubilación a los 65 años de edad.

 

Capítulo IV

De la Administración

Artículo 20:

La Junta Directiva tendrá la potestad de escoger el tipo de administración del Fondo dentro de la organización del Colegio o bien contratar los entes administrativos externos de reconocida solvencia moral y profesional, autorizados conforme a las leyes del país. En caso de que la Junta Directiva se decida por la contratación de ente externo, deberá informar sobre los alcances del contrato y ventajas para el Colegio a la Asamblea General.

 

Artículo 21:

Con el fin de respaldarse financieramente de manera adecuada en caso de un accidente o tragedia colectiva marítima, aérea, terrestre, el Fondo de Mutualidad y Subsidio, contratará una póliza especial de seguros. Esta póliza deberá establecer como mínimo el pago, de la suma de un millón doscientos cincuenta mil colones, por cada muerte en caso de accidente con más de cuatro participantes muertos en el mismo, monto que cambiará conforme varié el beneficio indicado en el artículo 7 de este reglamento.

Cuando un grupo de cuatro o más miembros del Colegio viajen o vayan a asistir a algún tipo de convención, congreso, paseo, o actividad en que se requiera transporte común por vía aérea, marítima o terrestre, deberán notificarlo por escrito al Colegio, con ocho días de anticipación, para que se hagan los trámites necesarios de cobertura con el Instituto Nacional de Seguros.

 

Artículo 22:

La Junta Directiva dictará las disposiciones, directrices y procedimientos que considere necesario, con el fin de obtener la eficiente administración y manejo de los recursos del Fondo y la entrega oportuna de los beneficios estipulados en este reglamento.

 

Artículo 23:

La Junta Directiva deberá incluir en su informe anual a la Asamblea General Ordinaria del Colegio, un resumen sobre la situación financiero actuarial del Fondo, acompañado de los respectivos reportes financiero contables pertinentes, debidamente avalados por una auditoría externa.

 

Artículo 24:

La Junta Directiva del Colegio queda facultada para contratar los servicios profesionales externos necesarios para el debido planeamiento y control técnico actuarial del Fondo.

 

Artículo 25:

Los valores de toda clase que se adquieran por cuenta del Fondo, deberán mantenerse en custodia en:

  1. Central de Valores de la Bolsa Nacional de Valores, supervisado por la SUGEVAL.
  2. Banco público y/o privado del Sistema Financiero Nacional, supervisado por la SUGEF.

 

Artículo 26:

Los recursos del Fondo, deberán ser invertidos para el provecho de los participantes, procurando un adecuado equilibrio entre seguridad, rendimiento y liquidez, conforme a la política de inversiones que para tal efecto dicte la Junta Directiva.

La inversión de los recursos del Fondo podrán efectuarse sólo en:

  1. Valores emitidos, avalados o afianzados por el sector público y/o privado.
  2. Valores emitidos por entidades financieras supervisadas y autorizadas por la SUGEF.
  3. Préstamos personales, debidamente respaldados mediante garantía real, destinados al mejoramiento profesional de los miembros del Fondo.

Los valores indicados en los incisos a) y b) deben ser de oferta pública, estar debidamente autorizados y estar clasificados por una calificadora de riesgos debidamente autorizada y recomendados por el Comité de Inversiones.

Las prioridades, las garantías, el interés y las condiciones por las cuáles se rigen las operaciones mencionadas en el inciso c) del presente artículo deben especificarse en un reglamento de préstamos promulgado por la Junta Directiva.

 

Artículo 27:

Todo pago por concepto de los beneficios que establece este reglamento se efectuará en los lugares designados por la Junta Directiva. En caso de que la persona interesada estuviere imposibilitada para recibir personalmente los beneficios que le corresponden, la Junta Directiva establecerá los requisitos y procedimientos para la realización del pago.

 

Artículo 28:

Las únicas circunstancias admitidas para que un colegiado salga del grupo de activos cotizantes del Fondo son: muerte, invalidez, alcanzar los 65 años de edad o renuncia que éste haga a los derechos de inscripción o derechos del Colegio.

 

Artículo 29:

El presente reglamento deroga el anterior aprobado en Asamblea General del Colegio el 17 de octubre de 1998, reformado el 15 de mayo del 2003, sin perjuicio de los derechos adquiridos con base en este último y rige a partir de su publicación en el diario Oficial La Gaceta.

 

Capítulo V

Disposiciones Transitorias

 

Transitorio I:

Todos los colegiados activos que sean menores de 58 años y 6 meses, al 14 de octubre de 2004, tendrán derecho por una única vez a un beneficio por reconocimiento a su antigüedad como colegiado, siempre que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones con el Colegio.

El monto del beneficio será un capital equivalente a ¢27,000 colones a valor facial de la cartera de títulos del Fondo a dicha fecha, por cada año completo de colegiatura. Dicho monto de ¢27, 000 colones por cada año, deberá ajustarse mediante un índice financiero actuarial ligado al momento en que se realice el pago, tomando en consideración la liquidez de la cartera de inversiones y su valor en el mercado.

 

Transitorio II:

La Junta Directiva del Colegio, mediante acuerdo, deberá establecer en el curso de los próximos 15 días hábiles, un fondo con una cartera de inversiones cuyo valor facial sea equivalente a ¢612.4 millones de colones, a fin de financiar los beneficios indicados en el transitorio anterior y adoptar las medidas pertinentes para realizar el pago de todos los beneficios en un plazo prudencial.

 

Transitorio III:

Los activos que al 14 de octubre del 2004 superen los 58 años y 6 meses de edad no cotizarán para este Fondo.

Publicado según Gaceta No 229 del 23 de Noviembre del 2004.

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta  N.157 del 18 de Agosto del 2014.

Resolución Sobre Obligados Tributarios Ante La Administración Tributaria

Acuerdo de Políticas y Licencias sobre el uso del logo alternativo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica

Descargar aquí este reglamento

USO DEL LOGO ALTERNATIVO DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA

La Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica en su sesión 1539 del día 17 del mes de agosto del 2013, aprobó el uso del logo alternativo del Colegio para uso de los colegas afiliados y que estén al día con sus compromisos económicos. A continuación le presentamos  toda la información que se requiere para adquirir la licencia sobre uso el logoalternativo.

 

 


 

Aprobado por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica en su sesión N°1539 del día 17del mes de agosto del 2013

I. Uso del Logo alternativo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica

El logo alternativo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica representa un elemento importante de la identidad de nuestra institución. Los miembros de buena reputación podrán utilizar el logo alternativo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica previa autorización de la Junta Directiva, para identificarse como miembros de nuestra institución. El uso del logo alternativo del CCDCR por los miembros demuestra orgullo en el Colegio y ayuda a identificar al CCDCR a los pacientes y al público. El logo alternativo CCDCR aparece a continuación:

II. El uso del Logo de la Filial del CCDCR

Las Filiales del Colegio podrán utilizar el logo alternativo del CCDCR previa autorización de la Junta Directiva, para indicar su pertenencia a la organización. El logo alternativo del CCDCR y el Nombre Oficial de la Filial deberá figurar en todos los membretes, boletines y otras publicaciones, anuncios, la correspondencia y la Filial designada para el reconocimiento de miembros. Como se trata de la responsabilidad del Colegio de mantener la marca CCDCR, las Filiales deben adherirse a las directrices del Acuerdo de Licencias de Logos CCDCR y los (as) Presidentes deben firmar y devolver el contrato. El acuerdo se mantendrá en los archivos de la Filial. El logo de la Sección CCDCR consiste en:

  • Nombre de la Filial: El nombre oficial de la Filial CCDCR específica.
  • Nombre del Colegio: Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica
  • La marca de letra: Las iniciales CCDCR No simplemente cinco letras, sino el elemento gráfico de diseño personalizado.

Ejemplo:

III. El uso de otras marcas CCDCR

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica tiene las siguientes marcas:

Certificación Clínica Dental Verde

Programa Regalando Sonrisas

Programa de Educación Continua

Certificación Oficina Verde

Estas marcas son indicadores utilizados por el CCDCR para identificar los productos antes mencionados y los acontecimientos que se originaron en el Colegio y se distinguen de otras organizaciones. Las marcas anteriores deben estar inscritas con los artículos correspondientes en todas las publicaciones. Estos logos son de uso exclusivo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y no son otorgados a través de una licencia.

IV. Contrato de licencia

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica dará licencia para el uso de sus logos a cualquier miembro que acepte y cumpla los términos del Contrato de licencia que se establece en esta política. POR FAVOR LEA EL ACUERDO CUIDADOSAMENTE. Las partes deben estar de acuerdo con sus términos, e indicar la aceptación firmando donde se indica al final del Acuerdo el cual debe ser aprobado o no por la Dirección Administrativa. Este contrato se conservará en el archivo de membrecía.


ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USO DE LOGOS ALTERNATIVOS DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA

En consideración a una licencia limitada del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica (“CCDCR”) para usar sus logos de acuerdo con los términos y condiciones establecidos a continuación, por este medio acuerdan lo siguiente:

1.- Reconozco que el logo alternativo del CCDCR es propiedad única y exclusiva del CCDCR. Mediante el uso del logo del CCDCR no se adquiere ningún derecho de este logo que no sea como se establece en la presente licencia.

2.- Me comprometo a utilizar el logo alternativo de miembro activo del CCDCR sólo mientras siga siendo un miembro en pleno derecho del CCDCR

3.- Me comprometo a dejar de utilizar inmediatamente el logo alternativo del CCDCR si dejo de ser miembro del CCDCR, y si entro en la categoría de suspendido por el plazo que establezca la Junta Directiva. De inmediato haré la modificación apropiada en el uso del logo alternativo del CCDCR si mi categoría de miembro activo cambia.

4.- Reconozco que el CCDCR podrá revocar mi licencia para utilizar el logo alternativo del CCDCR en cualquier momento y por cualquier motivo. En la presente renuncio a cualquier derecho que pueda tener para impugnar la revocación del CCDCR de mi derecho a utilizar el logo alternativo del CCDCR.

5.- Me comprometo a no revisar o modificar el logo alternativo del CCDCR como se establece en modo alguno, utilizando el logo alternativo que aparece en la actualidad, excepto en términos de tamaño. Puedo utilizar el logo alternativo sólo en mi escritorio, en los listados de directorios telefónicos y en mi sitio web. Si me propongo utilizar el logo alternativo del CCDCR en otros anuncios pagados al público, dicho contenido debe ser revisado y aprobado por la Dirección Administrativa del CCDCR antes de su publicación. Mientras la aprobación no se produzca el interesado no podrá hacer gestión alguna de publicación.

6.- No obstante lo anterior, es posible que el CCDCR rechace la publicación en los términos presentados, debido a que desacredita al CCDCR, es falsa o engañosa, viola los derechos de otros o que viole cualquier ley, reglamento u otra política pública.

7.- Me comprometo no hacer ningún reclamo que afirme o implique aval, aprobación, patrocinio o certificación de mí o de mi práctica por el CCDCR. Inmediatamente dejare de utilizar el logo CCDCR y otras marcas si se me condena por un delito grave; si se encontró que tenía un problema de abuso de sustancias, si el permiso de Habilitación de Clínica Dental expedido por el Ministerio de Salud está vencido o revocado, suspendido o restringido, o tener un procedimiento disciplinario contra mí por el CCDCR, cualquier autoridad, o una institución similar.

8.- Si se solicita por el CCDCR, daré las muestras de mi uso del logo alternativo del CCDCR. Estoy de acuerdo en renunciar a cualquier y todos los derechos para utilizar el logo alternativo si el CCDCR, a su única discreción, determina que mi uso del logo alternativo no es estrictamente en acuerdo con los términos y condiciones de esta licencia.
9.- Me comprometo a dirigir cualquier pregunta relacionada con el uso del logo alternativo del CCDCR o los términos y condiciones de esta licencia a la Dirección Administrativa del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica ya sea por teléfono al 22563100 o por correo electrónico a info@colegiodentistas.org.

10.-Al ser aprobada la licencia, el Colegio de Cirujanos Dentistas le enviará los logos a utilizar vía correo electrónico, el cual debe ser facilitado por el solicitante en esta misma formula.


ACEPTACIÓN DE LA LICENCIA DE LOGO ATERNATIVO CCDCR A LOS MIEMBROS

He leído y acepto el Acuerdo CCDCR de Licencia de Logo alternativo del CCDCR.

Nombre y Apellidos: ________________________________________________
Código ___________________
Fecha: _____________________

Correo electrónico: __________________________________
Firma: __________________________________________________________

Dirección: Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica Barrio Gonzales Lahman calle 21 entre avenida segunda y avenida seis, 50 metros norte de la esquina noreste de la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de San José.

 

De uso administrativo:

  • El Colegiado se encuentra activo y esta al día con sus responsabilidades y pagos en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
  • El Colegiado se encuentra libre de sanciones por parte del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
  • No tiene ningún proceso abierto en la Fiscalía.

Código Electoral

Descargar aquí este reglamento

Detalles – Creado en Miércoles, 01 Junio 2011 18:00

  1. A partir de la segunda quincena del mes de julio se publicará la convocatoria a las elecciones que se celebrarán el primer domingo de noviembre y el sábado anterior en la sede del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, y el sábado anterior en las demás Juntas Receptoras si así lo acuerda el Tribunal Electoral. Posteriormente a esta fecha se entregará en la Secretaría del Tribunal Electoral los Formularios de Recolección de Firmas.
  2. Desde el 1° de agosto y hasta el 31 de agosto de cada año, se recibirá la documentación  correspondiente para la inscripción de papeletas.
  3. Únicamente podrán hacer propaganda de cualquier tipo las papeletas que se encuentren debidamente inscritas ante el Tribunal Electoral.
  4. La propaganda electoral terminará el día anterior de las elecciones, con excepción  de la propaganda en los medios de comunicación colectiva, la que deberá ser suspendida dos días naturales antes de las elecciones.

 

CODIGO ELECTORAL

COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA.

TÍTULO I

De los electores, del voto y de las condiciones de impedimentos para ser elegidos.

CAPITULO UNICO.

¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR?

Artículo 1

¿QUIÉNES SON LOS ELECTORES Y CONDICIONES PARA SER ELEGIDOS?

Son electores los Odontólogos inscritos en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica  que se encuentren al día en todas sus obligaciones económicas con el Colegio el día de la elección, que no se encuentren suspendidos y publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

 

FORMA EN QUE SE EMITE EL VOTO.

Artículo 2

El voto es un acto secreto, absolutamente personal, emitido en forma directa y ante una Junta Receptora o vía electrónica.
El Tribunal Electoral estará facultado para implementar formas electrónicas de votar,  que permitan garantizar el acceso universal del voto a los colegiados.
Se faculta al Tribunal Electoral a implementar el uso del voto electrónico siempre y cuando, previo a la elección real, se haya verificado la seguridad del sistema de votación electrónica por parte de una empresa especializada.

EJERCICIO VÁLIDO DEL SUFRAGIO

Artículo 3

El Odontólogo ejercerá válidamente el derecho del sufragio por una única vez, en la Junta Receptora de la Sede Central o emitiendo voto electrónico.

PUESTOS A ELEGIR

Artículo 4.

 

Los puestos por elegir en cada elección son: en los años  impares se elige Presidente, Vicepresidente y Dos Vocales y en los años pares se eligen Secretario, Tesorero y Fiscal.
Ningún profesional en odontología empleado del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica podrá tomar partido con alguna papeleta inscrita, ni ser candidato.  Si desea hacerlo deberá renunciar al cargo en el momento en que la papeleta sea inscrita.
El Tribunal está facultado para analizar e investigar el expediente de cada uno de los integrantes de las diferentes papeletas, previo a aprobar su inscripción.

 

TITULO II
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

CAPITULO I
¿CUÁLES SON LOS ORGANISMOS ELECTORALES?

Artículo 5

Los organismos electorales son:

      • Tribunal Electoral.
      • Juntas Receptoras.

 

DONDE SE INSTALAN LOS ORGANISMOS ELECTORALES.

Artículo 6

La sede del Tribunal  Electoral y las Juntas Receptoras será:

  • Para el Tribunal Electoral la Junta Receptora será la Sede Central del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
  • Para las demás Juntas Receptoras la sede será la designada por el Tribunal Electoral.

 

CAPITULO II
DEL TRIBUNAL ELECTORAL

SUS ATRIBUCIONES

Artículo 7

El Tribunal Electoral, es un órgano independiente  y autónomo de los demás órganos del Colegio, y a cuyo cargo está todo lo concerniente al proceso electoral.
Corresponde exclusivamente al Tribunal a convocar, organizar la dirección, vigilar la propaganda y todo lo relacionado con el sufragio, para lo cual puede nombrar delegados y cualquier otro tipo de personal de apoyo para el buen desempeño del proceso electoral.

La Asamblea General incluirá en el presupuesto general del Colegio una partida suficiente para que el Tribunal Electoral pueda cubrir todos los gastos en que se incurra por elecciones y destinar dentro de la partida una suma suficiente para que el Tribunal Electoral pueda hacer una campaña de motivación para las elecciones todos los años, para interesar a los colegiados a votar.

SERÁN DEBERES DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Artículo 8

Deberá publicar e integrar por lo menos un mes antes de las elecciones:

A. Los lugares de recepción de votos.
B. Declarar integradas las Juntas Receptoras.
C. Velar por el buen desempeño del proceso electoral y verificar que se desarrolle apegado a las Leyes y Reglamentos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

 

SU CONSTITUCIÓN

Artículo 9

El Tribunal Electoral estará constituido por cinco miembros propietarios elegidos por la Asamblea General del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y dos suplentes electos por el mismo Tribunal Electoral, quiénes suplirán a los propietarios en sus ausencias temporales y en las definitivas hasta no se haga el nuevo nombramiento, esta designación la hará el Presidente del Tribunal Electoral. Tanto los propietarios como los suplentes durarán en sus funciones cuatro años pudiendo ser reelectos en forma indefinida. Cuando un miembro propietario deje de ser miembro del Tribunal Electoral por cualquier motivo, el mismo Tribunal elegirá el sustituto por el resto del período. Los miembros del Tribunal Electoral serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria que se celebre en año impar cuando corresponda hacer la elección y tomará posesión de sus cargos el primer día hábil del mes de enero siguiente.
Los miembros suplentes serán elegidos en la primera sesión que celebre el Tribunal Electoral en su nuevo período.

El Tribunal Electoral nombrará de entre sus miembros propietarios al Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal I, los otros dos miembros suplentes sustituirán las ausencias temporales de los propietarios. El Vicepresidente presidirá las reuniones del Tribunal Electoral en caso de ausencia del Presidente.

La condición de miembro, propietario o suplente, se perderá cuando el miembro del Tribunal Electoral deje de asistir a tres sesiones seguidas o cinco alternas durante el período para el que fuera electo y no haya presentado la correspondiente justificación en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir del día en que se celebró la sesión a la que no asistió.

Ninguno de sus miembros podrá tomar partido con alguna papeleta inscrita, ni ser candidato, para lo cual tendrá tiempo de renunciar, hasta el último día del mes de julio del año en que se deba hacer la elección.

 

CAPITULO III
SUS OBLIGACIONES

Artículo 10

El Tribunal Electoral tendrá hecha por orden alfabético de apellidos, las listas definitivas de sufragantes (padrón electoral general regionalizado) que deberá entregarse con un mínimo de 15 días hábiles  de anticipación a la elección  a las Juntas Receptoras y grupos contendientes. El odontólogo incorporado con posterioridad a la entrega, deberá aportar una constancia extendida por el Colegio con copia al Tribunal Electoral.
El Tribunal Electoral tendrá autonomía para decidir sobre cualquier situación que se presente en el transcurso del proceso electoral y que no esté contemplado en el Código Electoral, siendo sus decisiones de acatamiento obligatorio y no tendrán ningún tipo de recurso.

 

IMPRESIÓN Y ENTREGA DE PAPELETAS.

Artículo 11

El Tribunal Electoral ordenará imprimir las papeletas electorales en cantidad mayor a la cifra correspondiente del Padrón Electoral y tendrán como mínimo los siguientes requisitos:

a. Todas serán de igual forma, tamaño y con fotografía.
b. La lista de candidatos y el puesto a elegir irá en columna vertical para cada grupo contendor.
c. Debajo de la lista de cada grupo contendor habrá un cuadro donde se marcará el voto con una equis.
d. Las papeletas serán marcadas con un sello de color del Tribunal Electoral.
e. En su parte posterior tendrá las líneas impresas para las firmas del Presidente o el suplente de la Junta Receptora de votos y los Fiscales nombrados por los grupos contendientes.
f. Se decidirá la ubicación de los candidatos en la papeleta por sorteo en presencia de un representante de cada papeleta y ante inconformidades se aplicará el artículo 10.

 

¿QUÉ ES Y CÓMO DEBE HACERSE EL DOCUMENTO ELECTORAL?

Artículo 12

El documento electoral es donde debe consignarse la apertura, incidencias y cierre de votación. Constará de un Acta de Apertura, un Acta de Cierre de Votación y un Acta de Conteo de Votos y resultados de la elección.

ENVIO DE MATERIAL ELECTORAL A LAS JUNTAS RECEPTORAS.

Artículo 13

Cinco días hábiles antes del proceso electoral las juntas receptoras regionales deberán poseer el material electoral y la documentación (paquete electoral):

a) Lista definitiva de electores regionales ( padrón registro)

b) Número de papeletas electorales equivalentes al número de electores ( a juicio del Tribunal)

c) Documento electoral.

d) Lápiz tinta para la emisión del voto.

e) Urna para la introducir  el voto.

f) Papel goma para el sellado de la urna.

g) Sobre de manila para el envío de la documentación electoral al Tribunal Electoral.

h) Documento Electoral Guía

i) Hoja de inventario del material recibido.

j) Cualquier otro que el Tribunal Electoral considere conveniente.

 

APERTURA DE LOS PAQUETES ELECTORALES.

Artículo 14

Las Juntas Receptoras por convocatoria del Presidente de esa Junta se reunirán una hora antes de empezar las votaciones, abrirán y contarán el material y documentación electoral.
Deberán comunicar al Tribunal Electoral cualquier faltante para que se subsane la omisión, la comunicación se hará por medio de correo electrónico de seguridad, a una cuenta que para tal efecto tendrá el Tribunal Electoral o en su defecto vía telefónica, si todo estuviera correcto se firmará la hoja de inventario a que hace referencia al artículo anterior.

CAPITULO IV
DE LAS JUNTAS RECEPTORAS.
Artículo 15

Habrá Juntas Receptoras de votos en todos aquellos lugares que cuenten con Filiales Odontológicas inscritas en el Colegio como tal, en la sede del Colegio o en los lugares que el Tribunal Electoral designe.

Artículo 16

La Junta Receptora de votos de la Sede del  Colegio de Cirujanos Dentistas estará integrada por el propio Tribunal.
Las Filiales tendrán la responsabilidad de nombrar un Presidente y un Suplente, para el proceso electoral, de acuerdo con el reglamento que la rige.

 

ATRIBUCIONES DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS.

Artículo 17

Corresponde a las juntas receptoras de votos:

Designar un espacio adecuado para la emisión del voto secreto

a. Recibir el voto de los electores.

b. Hacer el escrutinio de votos recibidos

c. Llenar un documento electoral.

d. Comunicar el resultado del escrutinio al Tribunal Electoral por vía telefónica o correo electrónico y enviar el material electoral en sobre cerrado y firmado, por correo certificado a: Tribunal Electoral, Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, Apartado Postal No 698, San José o entregarlo personalmente en el transcurso de ocho días inmediatos.

f. El encargado y responsable del material, documentación electoral y urna de votación será el Presidente de la Junta Receptora de votos o su suplente.

g. Toda otra función que expresamente les encomiende este Código y el Tribunal Electoral.

 

FORMA EN QUE PUEDEN ACTUAR LAS JUNTAS RECEPTORAS.

Artículo 18

Las Juntas Receptoras iniciarán su labor con cualquier número de sus miembros que se presente, y si solo uno estuviese asumirá la función de Presidente Ad-hoc, debiendo reportar en forma inmediata la situación al Tribunal Electoral y dejando la constancia respectiva en el documento electoral.

TITULO III
DE LOS GRUPOS CONTENDORES.

CAPITULO I
ORGANIZACIÓN

Artículo 19

La organización del proceso electoral es libre, debiéndose sujetar únicamente a las disposiciones de este Código y las del Tribunal Electoral. Para la inscripción de una papeleta el Tribunal Electoral deberá recibir los siguientes requisitos en los días hábiles del mes de agosto:

a) Integrantes de la papeleta, con nombre, apellidos, cédula de identidad, código de colegiado, fotografía tamaño pasaporte

b) Ideología y Plan de Trabajo

c) Signos externos y colores

d) El nombre del Fiscal General y su suplente.

e) En las Juntas Receptoras de provincia, podrán nombrar un fiscal con su suplente

f) Una certificación del Fiscal del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, en que se certifique que los miembros que la integran están a derecho con todas las obligaciones que tienen  para con el Colegio.

g) Que no han sido sancionados, los miembros de la papeleta, por ningún órgano del Colegio de Cirujanos Dentistas u otras instancias judiciales de la República de Costa Rica (Hoja delincuencia)

h) La papeleta debe presentarse con el Formulario de Recolección de Firmas, en el cual se consigna una lista no menor del 5% de los miembros activos del Colegio indicando su apoyo a la papeleta. En este formulario deben señalar el nombre, dos apellidos, número de código y firma de cada uno de los que apoyan dicha papeleta.

i) La lista debe presentarse en los Formularios de Recolección de firmas que suministrará el Tribunal Electoral.  Cada formulario llevará hojas debidamente foliadas, que llevará el sello del Tribunal y la firma del funcionario que lo entregue y llevarán el siguiente encabezado:

 

Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica
Tribunal Electoral

Los suscritos miembros activos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica apoyamos a la siguiente papeleta para las elecciones que se celebrarán el ….. de ….. de ….

Cargos a elegir                                                Nombre del Candidato

j) Lista con los nombres de los Fiscales Generales y los Fiscales de Mesa deberán estar nombrados el día de inscripción de la papeleta.

k) Esta documentación se deberá entregar al Tribunal Electoral hasta el 31 de agosto inclusive (si fuese un día hábil).

 

TITULO IV
PROPAGANDA Y FISCALIZACIÓN

CAPITULO I
DE LA PROPAGANDA.

Artículo 20

Toda forma de propaganda se encuentra sometida a las siguientes disposiciones:

a) En cualquier forma la propaganda debe ser presentada ante el Tribunal Electoral para que éste imparta su aprobación o desaprobación,  la propaganda desaprobada no podrá hacerse pública.  A esta disposición queda sometida también cualquier frase, título, etc., que se haya consignado dentro del programa de trabajo presentado ante el Tribunal Electoral, y se quiera destacar por separado durante la Campaña Electoral.

b) El Colegio de Cirujanos Dentistas no podrá realizar ni patrocinar ninguna actividad un mes antes del día de las elecciones tanto dentro como fuera de sus instalaciones.

c) Únicamente podrán hacer propaganda de cualquier tipo las papeletas que se encuentren debidamente inscritas ante el Tribunal Electoral.

d) La propaganda electoral terminará el día anterior de las elecciones, con excepción  de la propaganda en los medios de comunicación colectiva, la que deberá ser suspendida dos días naturales antes de las elecciones.

e) Los grupos contendores no podrán utilizar en ninguna forma ni el escudo, ni los colores oficiales del Colegio.

f) Durante el proceso electoral ninguno de los grupos contendores podrá autoproclamarse como papeleta oficial.

g) Cada partido inscrito deberá tener uno o dos colores oficiales en su propaganda debidamente inscrito y autorizado por el Tribunal Electoral y no podrá ser igual al de las otras papeletas, ni los de la bandera de Costa Rica.

h) La propaganda se limitará a exponer los planes de trabajo, ideología dar respuesta a planteamientos de los colegiados y el currículo de los odontólogos que integran las diferentes papeletas.

i) No se permite ningún tipo de patrocinio de personas físicas o jurídicas públicas o privadas en la propaganda, ni la participación de éstas en el proceso electoral.

j) Los electores si pueden patrocinar  cualquier tipo de propaganda o actividad y el Tribunal tiene facultades para recabar, investigar, fiscalizar, estos patrocinios.

k) Los partidos inscritos que incumplan con lo establecido en este artículo quedará automáticamente y en forma inmediata eliminada del proceso electoral, sin necesidad de resolución razonada del Tribunal Electoral.

l) Queda terminantemente prohibido fuera del período electoral que corresponda, cualquier tipo de proselitismo masivo, campaña pública como correos electrónicos o impresos masivos, redes sociales y similares por cualquier medio de comunicación.

 

CAPITULO II
FISCALIZACIÓN

Artículo 21

Los grupos contendientes tienen derecho a fiscalizar el proceso electoral mediante personas debidamente acreditadas ante el Tribunal Electoral, que serán nombradas como Fiscales Generales.
Los Presidentes de las Filiales Odontológicas no podrán ser nombrados Fiscales ante el Tribunal Electoral.
Los Fiscales Generales y los Fiscales de Mesa deberán estar nombrados el día de inscripción de la papeleta.

FORMA EN QUE DEBEN EJERCER FUNCIONES.

Artículo 22

Los Fiscales Generales de los grupos contendores podrán participar de todo el proceso electoral el día de las elecciones.

ATRIBUCIONES DE LOS FISCALES.

Artículo 23

Los fiscales tienen derecho a:

a. Hacer  reclamaciones que juzguen pertinentes, por escrito ante el Tribunal Electoral, c días cinco hábiles después del escrutinio, quedando registro en el Acta Electoral.

b. De permanecer en el recinto del organismo electoral mientras se cumpla con el artículo 21.

c. A exigir de la Junta Receptora de votos certificación firmada del resultado de la votación.

 

PROHIBICIÓN DE MAS DE UN FISCAL.

Artículo 24

No se permitirá en el recinto de las juntas más de un fiscal por cada grupo. Si el propietario no asistiere o se ausentara, entrará el respectivo suplente.

¿CÓMO ACREDITAN SU PERSONERÍA LOS FISCALES?

Artículo 25

Los fiscales acreditarán su personería mediante tarjeta o certificación sellada por el Tribunal Electoral.

TITULO V
CONVOCATORIA, VOTACION, ESCRUTINIO Y ELECCION.

Artículo 26

La convocatoria a elección la hará el Tribunal Electoral en la segunda quincena del mes de julio inmediato anterior a la fecha en que han de celebrarse éstas. Fecha en que se entregará la documentación pertinente.

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL COLEGIO DE CIRUJANOS
DENTISTAS DE COSTA RICA

En cumplimiento de las disposiciones del Art. 26 del Código Electoral convoca a elecciones de que se celebrarán el primer domingo de noviembre y el sábado anterior en la sede del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, y el sábado anterior en las demás Juntas Receptoras si así lo acuerda el Tribunal Electoral.
De acuerdo con el artículo 19 las papeletas deberán presentarse ante el Tribunal para su inscripción así como su ideología, su plan de trabajo y sus signos externos para su respectiva aprobación, en los días hábiles del mes de agosto, ante la Secretaría del Tribunal Electoral.

Artículo 27

Las elecciones deberán llevarse a cabo el primer domingo de noviembre y el sábado anterior en la sede del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, el sábado anterior en las demás Juntas Receptoras si así lo acuerda el Tribunal.
Si solo se inscribiera una papeleta, se prescindirá de la elección, haciéndolo constar así el Tribunal Electoral ante la Asamblea General para que esta proceda conforme al artículo 40 del presente Código.
En caso que no se presentara ninguna papeleta, el Tribunal Electoral convocará inmediatamente después del último día hábil del mes de agosto, a nuevas elecciones, dando un plazo de quince días naturales a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria, para proceder a la inscripción de papeletas.
Cuando la papeleta sea denegada por el Tribunal Electoral no podrá hacerse uso de la documentación presentada ante el Tribunal en el período que venció el último día hábil del mes de agosto.

CAPITULO II
LOCAL EN QUE SE EFECTUARAN LAS VOTACIONES.

Artículo 28

El local de las votaciones se acondicionará de modo que en una parte de él se establezca la Junta Receptora y en la otra, con todas las garantías necesarias para ejercer el derecho al voto  en forma secreta por parte del elector.
El Tribunal Electoral o sus delegados tienen la potestad de distribuir los puestos de propaganda en los diferentes centros de votación.

 

COLOCACION DE LA URNA ELECTORAL

Artículo 29

Las urnas electorales se colocarán frente a la mesa de trabajo de la Junta Receptora, de modo que pueda tenerla bajo su autoridad y vigilancia.

HORA EN QUE SE EFECTUARAN LAS VOTACIONES

Artículo 30
Las votaciones deben efectuarse sin interrupción, durante el tiempo comprendido entre las ocho horas y las diecisiete horas del sábado y entre las ocho horas y las doce horas del domingo en la Junta Receptora del Colegio.
Para las Filiales Odontológicas previo acuerdo con el Tribunal Electoral y con cinco días hábiles de anticipación, podría ser el sábado de ocho horas a las diecisiete horas, con la posibilidad de trasladar la votación al domingo de ocho horas a las doce horas.
Para emitir el voto electrónico se aplicará el horario de las cero horas del día sábado hasta las doce horas del día domingo.

 

HORA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS RECEPTORAS.

Artículo 31

Los miembros de las Juntas Receptoras tienen la obligación de presentarse al local designado para la votación, el día de las elecciones a las siete horas, con el objeto de que la votación pueda iniciarse una hora después.

PROHIBICIÓN PARA INTERRUNPIR LA VOTACIÓN.

Artículo 32

Por ningún motivo se interrumpirá la votación ni se cambiará de local, ni se extraerán las papeletas depositadas en la urna, ni se retirará de la mesa el material que ha de servir para la votación, durante el horario establecido, salvo por algún motivo de fuerza mayor.

AUSENCIA DE ALGUN MIEMBRO DE LA JUNTA RECEPTORA.

Artículo 33

Si durante la votación se ausentara un miembro de la mesa, lo reemplazará su suplente. Si fuese el Presidente y no tuviese suplente, él nombrará un coordinador Ad-Hoc, entre los miembros de la Junta Receptora. Estas incidencias se deben anotar el margen del Padrón-Registro.

COMO SE INICIA LA VOTACIÓN.

Artículo 34

Antes de iniciarse la votación, los miembros de la Junta que estén presentes procederán a revisar el material electoral a fin de consignar en el Documento Electoral el número de papeletas recibidas. Se llenarán los blancos restantes hasta completar el acta en donde se exprese la hora en que se inicie la votación.

COMO SE PROCEDE AL PRESENTARSE LOS ELECTORES.

Artículo 35

A cada elector se le preguntará su nombre y apellidos, si aparece en el padrón se exigirá la identificación, cédula de identidad, licencia de conducir o carné del Colegio, para cotejar su número.
Si constare la identidad del elector, se le entregará la papeleta debidamente firmada por los miembros de la Junta (Presidente o Suplente de la Junta Receptora) y los Fiscales que se encuentren presentes.
Las firmas se estamparán en uno de los extremos al dorso de cada papeleta, de modo que quedan visibles al ser dobladas por el elector antes de introducirlos en la urna.

COMO PUEDE PROCEDER EL ELECTOR AL EMITIR SU VOTO.

Artículo 36

El elector pasará al local secreto, y emitirá su voto marcando con una equis en el recuadro que corresponda al grupo de su preferencia.
Luego doblará la papeleta en cuatro tantos de modo que las firmas de todos los miembros de la Junta (Presidente o Suplente de la Junta Receptora) y los Fiscales queden visibles. Mostrará a los miembros las firmas e introducirá inmediatamente la papeleta en la urna. En caso que el elector por alguna razón abra la papeleta y muestre su voto, el mismo quedará nulo en forma inmediata.
Se podrá hacer el voto público en caso de incapacidad física del votante (acompañado), pero deberá hacerse en presencia de los miembros de la Junta Receptora de votos y de los fiscales de cada grupo participante, siempre y cuando estén presentes.

CASO DE QUE SE INUTILICE UNA PAPELETA.

Artículo 37

No podrá la Junta reponer ninguna de las papeletas que se inutilice. Estas papeletas inutilizadas deberán ser enviadas al Tribunal Electoral, razones por las cuales dichas papeletas fueron inutilizadas deberán indicarse en forma precisa en el documento electoral.

 

FORMA DE INDICAR EN EL DOCUMENTO ELECTORAL QUIENES HAN EMITIDO EL VOTO.

Artículo 38

Una vez emitido el voto, el Presidente de la Junta escribirá en el margen derecho del Padrón-Registro y en el renglón donde aparece el nombre del elector la expresión “ si votó” e indicará al elector que firme.

COMO SE PROCEDE AL CIERRE DE LA VOTACIÓN.

Artículo 39

Terminada la recepción de votos según el horario, la Junta procederá de la manera y en el orden siguiente:

a. Se anotará el número de electores que hubiere votado en el recuadro respectivo del acta del cierre de votación.

b. Se anotarán las papeletas no usadas.

c. Se escribirá en dorso de las papeletas no usadas la expresión sobrante y la firmará cualquier miembro de la Junta.

d. Se abrirán las urnas y el Presidente revisará las firmas a las que se refiere el artículo 36.

e. Se separarán las papeletas en grupos según sea el caso de votos nulos, votos en blanco y de diferentes grupos contendores.

f. Se contarán los votos y se anotarán en el recuadro del acta final, consignando los datos que ella exija y firmarán esta acta todos los miembros de la Junta (Presidente o Suplente de la Junta Receptora) y los Fiscales  presentes.

g. El padrón registro, el material sobrante y toda la documentación electoral se colocarán en el sobre correspondiente.

h. Se comunicará el resultado por teléfono, fax o correo electrónico al Tribunal Electoral y se enviará el sobre según el artículo 17.

CAPITULO III.
OBLIGACIÓN DE INICIAR EL ESCRUTINIO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE Y DECLARATORIA DE ELECCIÓN.

Artículo 40

El Tribunal Electoral, iniciará el escrutinio respectivo con el material electoral respectivo de su junta y sumará los datos enviados por teléfono, fax o correo electrónico de todas las juntas receptoras y tendrá el resultado provisional de las elecciones.

Después tendrá 8 días hábiles para revisar todo el material electoral y dar la Declaración de Elección.

Artículo 41

Una vez obtenido el resultado de las elecciones, éste se hará del conocimiento público y se presentará a la Asamblea General Ordinaria del primer domingo de diciembre.
La Asamblea General acatando la decisión de la mayoría o a las disposiciones del presente Código en el caso en que únicamente se presentara una papeleta, procederá a nombrar a los nuevos miembros de la Junta Directiva, de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
Si en las elecciones se presentara empate, entre dos o más papeletas, así lo declarará el Tribunal Electoral y la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el primer domingo de diciembre procederá a la elección por votación secreta entre las papeletas que hubieran empatado.  Si el empate persiste después de la primera votación hecha por la Asamblea General se tendrá por ganadora la papeleta encabezada por el candidato de mayor edad, sea el candidato a Presidente cuando se elige éste o el Secretario en la elección en que se elige éste.
Los electos serán juramentados en la misma Asamblea General por el Presidente del Tribunal Electoral o un miembro del Tribunal, sin ninguno de ellos estuviere presente serán juramentados por quien presida esa Asamblea General y tomarán posesión de sus cargos el 1° de enero siguiente.
En ausencia parcial o total de la Junta Directiva que impida formar quórum, el Presidente del Tribunal Electoral o quién lo sustituya convocará de inmediato a la Asamblea General únicamente para elegir los cargos vacantes por el resto del período.  Actuarán como Presidente y Secretario de esa Asamblea General los miembros del Tribunal Electoral o quien los sustituya.

 

TITULO VI
TRANSGRESIONES Y PENALIDADES.

CAPITULO UNICO.

Artículo 42

Todo colegiado que incumpla o viole cualquier disposición de este Código deberá ser acusado ante el Tribunal Electoral, el cual podrá someterlo a conocimiento y trámite del Tribunal de Honor del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. Además  el Tribunal Electoral puede de oficio someterlo al indicado Tribunal de Honor.

 

Artículo 43

El presente Código deroga en su totalidad el actual Código Electoral, sus reformas y cualquiera otra disposición de igual valor que se le oponga.

El presente Código Electoral fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria No.49 celebrada el 31 de mayo del 2011.

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 20 de junio del 2011.

Transitorio:
Artículo Transitorio: En las elecciones que se verificarán los días 03 y 04 de noviembre del dos mil doce, no se aplicarán o sólo se aplicarán en Junta Receptora de la Sede Central del Colegio, las siguientes disposiciones de este Código:
a) Artículo 8 – Los incisos a) y b) de este artículo se aplicarán únicamente en la Junta Receptora de la Sede Central. Los artículos 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, y 40, se aplicarán únicamente en la Junta Receptora de la Sede Central.
b) Artículo 30, se adiciona con un párrafo final que dice: “Para emitir el voto electrónico se aplicará el horario de las cero horas del día sábado hasta las doce horas del día domingo.”
Las presentes reformas y el Artículo Transitorio fueron aprobadas en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 9 de julio de 2012 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta  N° 147 del 31 de julio del 2012 .

Reglamento Protección contra Radiaciones Ionizantes

Descargar aquí este reglamento

Nº 24037-S

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE SALUD

 

En uso de la facultad que otorgan los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política; de conformidad con el artículo 16 de la Ley Básica de Energía Atómica para Usos Pacíficos, Nº 4383, del 18 de agosto de 1969 y artículos 1, 2, 63, 72, 139, 146, 239, 246, 247, 248, 249, 250, 275, 345, inciso 9) y 369 la Ley General de Salud, del 30 de octubre de 1973.

 

Considerando:

 

1º.- Que el empleo de las radiaciones ionizantes ha experimentado un constante aumento en las últimas décadas, y el desarrollo científico y tecnológico continúa abriendo nuevas posibilidades de aplicación.

 

2º.- Que los beneficios derivados del uso de las radiaciones ionizantes, están claramente evidenciados, pero además, existe prueba de los riesgos y daños para la salud y el medio ambiente que ocasionan ciertos niveles de radiación, cuando no se adoptan adecuadas medidas de protección.

 

3º.- Que tanto la Ley Básica de Energía Atómica para Usos Pacíficos como la Ley General de Salud, han contemplado normas fundamentales para controlar el empleo de las radiaciones ionizantes, en resguardo de la salud y seguridad de la población, delegando dichas leyes la regulación de múltiples aspectos, mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria.

 

4º.- Que las nuevas recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, en materia de Protección Radiológica han sufrido cambios de fondo importantes.

 

5º.- Que el actual Reglamento de Protección contra las Radiaciones Ionizantes, decreto ejecutivo Nº 11366 SPPS, publicado en “La Gaceta” Nº 98 del 23 de mayo de 1980, se encuentra obsoleto por los cambios tecnológicos a nivel internacional.

 

Por tanto,

 

DECRETAN:

 

El siguiente:

 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

 

IONIZANTES

 

CAPITULO I

 

Disposiciones Generales

 

Artículo 1º.- Del objeto: El presente Reglamento tiene por objeto establecer los criterios tendientes a proteger la salud de la población de los riesgos radiológicos que puedan derivarse del empleo de las radiaciones ionizantes y actividades afines. Establece los requisitos que deberán cumplir las instalaciones radiactivas, equipos emisores de radiaciones ionizantes, personal que trabaja en ellas, opere los equipos y realice cualquier otra actividad afín como lo son: producción, importación, exportación, transporte, transferencia de material radiactivo o equipos generadores de radiaciones ionizantes.

La finalidad del presente Reglamento es asegurar la protección del personal ocupacionalmente expuesto, así como a la población en general, contra los eventuales efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

 

Artículo 2º.- Del alcance: Su alcance comprende a todas las personas naturales y jurídicas, que realicen actividades o que estén relacionadas con las radiaciones ionizantes, dentro del territorio nacional, así como sus bienes y el medio ambiente.
Artículo 3º.- El presente reglamento establece los requisitos que se deberán cumplir para iniciar toda actividad relacionada en forma directa o indirecta con la emisión de radiaciones ionizantes, así como a la instalación e inicio de operaciones de instalaciones radiactivas y para el uso de equipos generadores de radiaciones ionizantes, para todo lo cual se deberá contar previamente con la autorización de la autoridad competente, según la designa este reglamento.

 

Artículo 4°-El representante del Ministerio de Salud ante la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica, será un funcionario técnico de la Autoridad Competente definida en el artículo 7° del presente Reglamento.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 5º.- Se prohíbe la importación y uso en el país de fuentes radiactivas de radio 226 con fines de tratamientos médicos.

 

Artículo 6º.- De las definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: Autoridad Competente: autoridad designada o reconocida por el Ministerio de Salud para los fines específicos relacionados con la seguridad radiológica y nuclear.

 

Bulto: Embalaje con su contenido radiactivo tal como se presenta para el transporte.

 

Ciclo anual dosimétrico: Período establecido por la autoridad competente durante el cual se controlará que no se superen los límites de dosis establecidos en el presente reglamento.

 

Comisión: Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.

 

Dosis efectiva: Suma ponderada de las dosis equivalentes recibidas en los distintos órganos.

 

Dosis equivalente: Energía transferida por un determinado tipo de radiación ionizante a la unidad de masa de un tejido u órgano dado.

 

Entidad Pública Autorizada: Toda Institución que brinde servicios asociados a la Protección Radiológica, a la población, previamente autorizada por la autoridad competente.

 

Embalaje: Conjunto de todos los componentes necesarios para alojar completamente el contenido radiactivo, como por ejemplo: uno o varios recipientes, materiales absorbentes, estructuras de separación, blindajes, dispositivos de amortiguamiento, refrigeración, absorción y cualesquiera otros.

 

Exposición: Término empleado en protección radiológica tanto en un sentido cuantitativo, específicamente definido, como en sentido general:

 

  1. a) Sentido general: Acción de someter, estar sometido o expuesto, tanto personas como material, a las radiaciones ionizantes Sinónimo de Irradiación.

 

  1. b) Sentido Cuantitativo: Ionización del aire, producida por radiación electromagnética, por unidad de masa.

 

Exposición especial planificada: Aquella que pueda derivarse de una emergencia, accidente, o mantenimiento o actividad de una instalación de forma tal que la probabilidad de exceder los límites anuales de dosis es muy alta. La intervención, en estas exposiciones debe estar de acuerdo a un plan preestablecido y la situación hace justificable e imprescindible tal intervención.

 

Equipos generadores de Radiaciones Ionizantes: Dispositivo capaz de emitir, controladamente radiaciones ionizantes.

Fuente sellada: Fuente radiactiva cuya estructura de contención es tal que impide, en condiciones normales de empleo, toda dispersión de material radiactivo al medio ambiente.

 

Fuente no sellada (léase también fuente abierta): Fuente radiactiva que, por su forma física, puede dispersarse en el medio ambiente. Su estructura de contención no asegura la no dispersión.

 

Grupo crítico: Personas del público cuya exposición es razonablemente homogénea y característica de los individuos que reciben las más altas dosis equivalente o dosis efectiva, procedentes de una determinada fuente.

 

Historial dosimétrico: Documento, o conjunto de ellos, que certifican las dosis recibidas por una persona expuesta a las radiaciones ionizantes, durante toda su vida laboral.

 

Indice de transporte: Número único asignado a un bulto sin embalar que se utiliza para controlar el nivel de exposición a las radiaciones ionizantes. Expresa el máximo nivel de radiación a la distancia de un metro de las superficies externas del bulto, medida en mSv/h y multiplicado por un factor 100.

 

Instalación radiactiva: Lugar que alberga equipos destinados a la utilización, producción, fabricación, tratamiento, manipulación o almacenamiento de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes.

 

Justificación: Término empleado en protección radiológica que establece, como principio, que la autoridad competente no debe autorizar ninguna práctica que se traduzca en una exposición del ser humano a las radiaciones, a menos que la introducción de dicha práctica produzca un beneficio neto positivo.

 

Limite: Valor de una magnitud que no debe sobrepasarse.

 

Limite Anual de Incorporación (LAI): Es un límite secundario para la irradiación ocupacional interna y es el menor valor de la incorporación de un radionucleido determinado en un año, por el hombre de referencia, que se traduciría o, en una dosis efectiva integrada durante 50 años de 50 mSv, o bien en una dosis equivalente integrada durante 50 años de 150 mSv en el cristalino, o de 500 mSv en cualquier órgano o tejido.

 

O.I.E.A : Abreviación para indicar al Organismo Internacional de Energía Atómica.

 

Operador: Persona autorizada, por la autoridad competente, para realizar actividades directamente vinculadas a la operación de fuentes radiactivas o equipos emisores de radiaciones ionizantes, en condiciones de seguridad radiológica.

 

Optimización: Concepto que impone que el diseño y uso de fuentes emisoras de radiaciones ionizantes y las prácticas correspondientes, deben ser tales que se tenga la seguridad que las exposiciones se reduzcan al valor más bajo que sea razonablemente posible, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales.

 

Personal expuesto: Ver Trabajador expuesto

Público general: Miembros de la población, excluyendo al trabajador expuesto y grupo crítico.

 

Radiaciones Ionizantes (Radiaciones): Radiación de energía suficientemente alta, capaz de producir pares de iones en una materia o en materias biológicas.

 

Responsable de la Protección Radiológica: Persona natural perteneciente al cuerpo técnico de una instalación donde se utilicen radiaciones ionizantes, quien ejercerá labores en el campo de la protección radiológica, independientemente de sus labores como técnico.

 

Sección: (Derogado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Sievert (Sv): Unidad empleada para la dosis equivalente, puede presentarse en submúltiplos miliSievert (mSv).

 

Titular de la licencia de funcionamiento: Persona natural o jurídica a la cual la autoridad competente le ha otorgado una autorización para realizar, actividades específicas con fuentes o equipos emisores de radiaciones ionizantes.

 

Trabajador expuesto: Persona que realiza actividades directamente o indirectamente vinculadas con el uso o manipulación de material radiactivo dentro de una instalación u opere equipos generadores de radiaciones ionizantes.

 

Vigilancia Radiológica: Conjunto de medidas y procedimientos orientados a evaluar el impacto de las radiaciones ionizantes en las personas y público general.

 

Zona controlada: Area de acceso restringido y sometida a un programa de vigilancia radiológica.

 

Zona supervisada: Area de acceso no controlado, en la cual las condiciones de protección radiológica deben mantenerse bajo permanente revisión, aún cuando en ellas no son normalmente necesarias programas especiales de vigilancia radiológica.
CAPITULO II

 

De la autoridad competente

 

Artículo 7º.- (*) Para la aplicación del presente reglamento, la Autoridad Competente será el Ministerio de Salud, a través del Programa de Control de Radiaciones de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, la que deberá:

 

(*) (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

  1. a) Emitir las normas y criterios técnicos complementarios a este reglamento, orientados a proteger a las personas y al medio ambiente de eventuales contaminaciones radiactivas y de exposiciones no deseadas a las radiaciones ionizantes.

 

  1. b) Corresponde a las Áreas Rectoras de Salud del Ministerio, otorgar el permiso sanitario de funcionamiento para los establecimientos donde operen equipos o fuentes emisoras de radiaciones ionizantes, bajo los lineamientos que señale el nivel central.

 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 35145 de 23 de enero de 2009).

 

  1. c) Autorizar mediante un carne a todo trabajador ocupacionalmente expuesto para trabajar con fuentes o equipos emisores de radiaciones ionizantes.

 

  1. d) Autorizar a toda persona física o jurídica, que cumpla los requisitos que se establezcan en este Reglamento y cualesquiera otras normas establecidas por la Autoridad Competente para prestar servicios vinculados con la seguridad radiológica del trabajador expuesto, del público en general, de las instalaciones y del medio ambiente.

 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

  1. e) Autorizar mediante una licencia toda otra actividad vinculada al uso, manipulación, transporte, comercialización, transferencia, eliminación y confinamiento de equipos o fuentes emisoras de radiaciones ionizantes.

 

  1. f) Eximir de todo requerimiento a fuentes y equipos generadores de radiaciones ionizantes que, a juicio de la autoridad competente y por la naturaleza misma de estos elementos, justifiquen su exención.

 

  1. g) Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y de cualquier otra norma técnica que el Ministerio establezca en materia de radioprotección.

 

CAPITULO III

 

De la clasificación de las instalaciones y los correspondientes

 

requisitos

 

Artículo 8º.- Para los efectos de la aplicación del presente reglamento y considerando:

 

1.- La peligrosidad de los equipos o fuentes emisoras de radiaciones que se van a manipular.

 

2.- El mayor o menor control que sobre las instalaciones se debe tener, por la complejidad en el manejo de los equipos o fuentes emisoras de radiaciones.

 

3.- La cantidad de personal técnico directa o indirectamente expuesto a radiaciones.

 

4.- Las posibles consecuencias para la salud de las personas y el medio ambiente, en caso de un accidente radiológico.

 

Las instalaciones se clasificarán en las siguientes categorías:

 

  1. a) Son instalaciones del TIPO I las siguientes:

 

1.- Los irradiadores industriales.

 

2.- Las instalaciones médicas en donde se realicen prácticas de terapia, mediante radiaciones ionizantes.

 

3.- Las instalaciones médicas en donde se realicen prácticas de diagnóstico con rayos X con equipos cuyo potencial de operación por diseño, sea mayor de 70 Kilovolts.

 

4.- Las instalaciones médicas en donde se manipule o trate material radiactivo, en forma de fuentes no selladas, para uso en terapia o diagnóstico con técnicas “in vivo”.

 

5.- Las instalaciones de uso industrial en donde se trate o manipule material radiactivo.

 

6.- Los aceleradores de partículas o de investigación o de uso industrial.

 

7.- Las instalaciones y equipos para gamagrafía o radiografía industrial, sea mediante el uso de fuentes radiactivos o equipos emisores de rayos X.

 

8.- Los depósitos de desechos radiactivos, tanto transitorios como definitivos.

 

9.- Las instalaciones en donde se produzca, fabrique, repare o se haga manutención de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes.

 

  1. b) Son instalaciones del TIPO II las siguientes:

 

1.- Las instalaciones médicas en donde se manipule o trate material radiactivo, en forma de fuentes no selladas, para uso en diagnóstico con técnicas “in vitro”.

 

2.- Las instalaciones de investigación en donde se trate o manipule material radiactivo, en forma de fuentes no selladas.

 

3.- Las instalaciones que alberguen equipos con fuentes selladas de uso industrial como, por ejemplo, los medidores de nivel, medidores de flujo, medidores de espesor, densitómetros, pesómetros.

 

  1. c) Son instalaciones del TIPO III las siguientes:

 

1.- Instalaciones en donde se realice la práctica de radiografía dental.

 

2.- Las instalaciones que alberguen espectrómetros y difractómetros de rayos X.

 

3.- Instalaciones y equipos para fluoroscopía de uso industrial.

 

  1. d) Son instalaciones del TIPO IV las siguientes:

 

1.- Las instalaciones que alberguen fuentes patrones.

 

2.- Las instalaciones donde se almacenen o vendan detectores de humo que contienen fuentes radiactivas.

 

3.- Las instalaciones que alberguen equipos de rayos x para control de equipaje o correspondencia.

 

4.- Las instalaciones donde se manipulen, instalen y almacenen estimuladores cardíacos que contengan fuentes radiactivas.

 

CAPITULO IV

De los distintos tipos de instalaciones

 

Artículo 9º.- Previo a la solicitud de autorización, el interesado deberá estar inscrito en la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud, así también las fuentes o equipos objeto de autorización.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 10.- Las instalaciones del tipo I a que alude el artículo 8º de este reglamento, requerirán de autorización previa, otorgada por la autoridad competente, para su construcción, operación y cuando corresponda, de cierre definitivo.

 

Los equipos radiactivos móviles, solo requerirán de autorización de operación y cuando corresponda, de cierre definitivo.

 

Artículo 10.- Las instalaciones del tipo I a que alude el artículo 8º de este reglamento, requerirán de autorización previa, otorgada por la autoridad competente, para su construcción, operación y cuando corresponda, de cierre definitivo.

 

Los equipos radiactivos móviles, solo requerirán de autorización de operación y cuando corresponda, de cierre definitivo.

 

Artículo 11.- Las instalaciones del tipo II requerirán autorización de operación y cuando corresponda, cierre definitivo, otorgada por la autoridad competente.

 

Artículo 12.- Las instalaciones del tipo III sólo requerirán de autorización de operación, otorgada por la autoridad competente.

 

Artículo 13.- Las instalaciones del tipo IV requerirán estar inscritas en los registros de la autoridad competente, así también las personas físicas o jurídicas que exploten la instalación.

 

CAPITULO V

 

De los requisitos para autorizar las instalaciones

 

Artículo 14.- Para solicitar la autorización de construcción de una instalación del TIPO I, el interesado deberá presentar a la autoridad competente lo siguiente:

 

  1. a) Planos de la instalación que incluyan detalles de la calidad y espesores de pisos, paredes, sistemas de ventilación, barreras biológicas, blindajes y sistemas de seguridad y control tanto de tipo radiológicos, como físicos.

 

  1. b) Plan de utilización de las fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes expresado en horas por mes.

 

  1. c) Informe escrito que incluya la caracterización técnica de cada uno de los equipos o fuentes asociados a la instalación.

 

  1. d) Plano de ubicación de la instalación a escala 1:500.

 

Artículo 15.- Para toda solicitud de permiso sanitario de funcionamiento para una instalación del TIPO I, el interesado deberá presentar a la autoridad competente la siguiente documentación:

 

  1. a) Lista del personal que trabaja en la instalación, inscritos en el registro nacional de la autoridad competente.

 

  1. b) Nombre del responsable de la protección radiológica.

 

  1. c) Informe escrito conteniendo la descripción de la entidad pública.

 

  1. d) Manual de procedimientos de la instalación que como mínimo deberá contener:

 

1.- Procedimientos de Operación

 

2.- Procedimientos de mantenimiento

 

3.- Procedimientos de protección radiológica operacional

 

4.- Procedimiento de manejo de los desechos radiactivos

 

5.- Procedimientos en emergencias.

 

  1. e) Certificado, emitido por una entidad autorizada, de la actividad de las fuentes radiactivas o certificado de calibración del haz de radiación de los equipos generadores de radiaciones ionizantes.

 

  1. f) En caso de fuentes radiactivas deberá presentar nota certificada por el fabricante donde se compromete a recibir en el país de origen la fuente radioactiva cuando se considere desecho radioactivo o deje de ser útil para el solicitante del permiso sanitario de funcionamiento.

 

(Así adicionado el inciso anterior mediante el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 16.- Para toda solicitud de permiso sanitario de funcionamiento de una instalación del TIPO II, el interesado deberá presentar a la autoridad competente la siguiente documentación:

 

  1. a) Lista del personal que trabaja en la instalación, inscrito en el registro nacional de la autoridad competente.

 

  1. b) Nombre del responsable de la protección radiológica

 

  1. c) Informe que contenga la descripción de la instalación en detalles, la calidad de pisos, paredes, sistemas de ventilación, barreras biológicas, blindajes y sistemas de seguridad y control tanto de tipo radiológicos, como físicos.

 

  1. d) Manual de procedimientos de la instalación que mínimo deberá contener:

 

1.- Procedimientos de Operación

 

2.- Procedimientos de mantenimiento

 

3.- Procedimientos de protección radiológica operacional

 

4.- Procedimiento de manejo de los desechos radiactivos.

 

  1. e) Certificado de una entidad pública autorizada, de la actividad de las fuentes radiactivas o certificado de calibración del haz de radiación de los equipos generadores de radiaciones ionizantes.

 

  1. f) Plano de ubicación de la instalación a escala 1:500

 

  1. g) En caso de fuentes radioactivas deberá presentarse nota certificada por el fabricante donde se compromete a recibir en el país de origen la fuente radioactiva cuando se considere desecho radioactivo o deje de ser útil para el solicitante del permiso sanitario de funcionamiento.

 

(Así adicionado el inciso anterior mediante el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

Artículo   17.-Para toda solicitud de permiso sanitario de funcionamiento de una instalación tipo III, el interesado deberá,  presentar a la Autoridad Competente la siguiente documentación:

 

 

  1. a) Lista del personal ocupacionalmente expuesto inscrito en el Registro del Ministerio de Salud.

 

  1. b) Certificación de buen funcionamiento del equipo, emitida por una entidad autorizada por la Autoridad Competente.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 18.- Para solicitar la autorización de cierre definitivo de una instalación del tipo I o II, el interesado deberá presentar a la autoridad competente la siguiente documentación:

 

  1. a) Procedimientos de seguridad radiológica que se adoptará para el cierre.

 

  1. b) Autorización de transferencia del material radiactivo o del equipo generador de radiaciones ionizantes existente en la instalación, explicitando su destino final.

 

  1. c) Certificación, cuando corresponda, de los niveles de contaminación existentes en la instalación.

 

Artículo 19.- El cierre definitivo sólo podrá autorizarse una vez que la autoridad competente (capítulo II de este Reglamento) inspeccione y verifique las condiciones de seguridad de la instalación desmantelada.

 

Artículo 20.- Para solicitar permiso sanitario de funcionamiento de equipos móviles que contengan fuentes radiactivas, el interesado deberá presentar ante la autoridad competente:

 

  1. a) Lista del Personal que opera el equipo debidamente registrado ante la autoridad competente y con su autorización vigente.

 

  1. b) Informe conteniendo la descripción de la instalación de almacenamiento del equipo.

 

  1. c) Manual de procedimientos que deberá contener, al menos:

 

1.- Procedimientos de operación

 

2.- Procedimientos de mantenimiento

 

3.- Procedimientos de protección radiológica operacional

 

4.- Procedimiento de manejo de la fuente una vez que sea considerada desecho radiactivo.

 

5.- Procedimientos de emergencia.

 

  1. d) Certificación de la actividad de la actividad de la fuente, otorgada por el fabricante.

 

  1. e) Certificación de buen funcionamiento del equipo, emitida por una entidad pública autorizada.

 

Artículo 21.- Para solicitar permiso sanitario de funcionamiento de equipos móviles, generadores de radiaciones ionizantes, el interesado deberá presentar ante la autoridad competente:

 

  1. a) Lista del personal que opera el equipo debidamente registrado ante la autoridad competente y con su autorización vigente.

 

  1. b) Manual de procedimientos que deberá contener, al menos:

 

1.- Procedimientos de operación

 

2.- Procedimientos de mantenimiento

 

3.- Procedimientos de protección radiológica operacional

 

  1. c) Certificación de buen funcionamiento del equipo, emitida por una entidad autorizada.

 

Artículo 22.- Los permisos sanitarios de funcionamiento tendrán una validez de 5 años y el titular de dicho permiso deberá solicitar su renovación, a la autoridad competente, tres meses antes de la fecha de su vencimiento.

 

CAPITULO VI

 

Del titular de la licencia de instalación y sus obligaciones.

 

Artículo 23.- Toda persona que realice actividades vinculadas con las radiaciones ionizantes, trabaje dentro de una instalación radiactiva, opere fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes o manipule material radiactivo, deberá poseer una autorización de operador emitida por la autoridad competente.

 

Artículo 24.- El titular de la licencia de la instalación será responsable de la seguridad radiológica de la instalación y sólo estará autorizado para realizar las actividades expresamente especificadas en dicha licencia y bajo los límites y condiciones allí establecidos.

 

Artículo 25.- Asimismo será responsable ante la autoridad competente, de disponer de las correspondientes autorizaciones para la puesta en servicio, operación y, cuando sea el caso, de cierre definitivo.

 

Artículo 26.- Todo titular de una licencia de instalación debe:

 

  1. a) Mantener la cantidad de personal de operación suficiente, debidamente autorizado y con aptitudes físicas y psíquicas compatibles con la función que este debe desempeñar.

 

  1. b) Nombrar, cuando corresponda, un responsable de la protección radiológica quien deberá mantener un programa de protección radiológica operacional que permita verificar que los niveles de radiación, externos o incorporados, no excedan los valores autorizados por la autoridad competente.

 

  1. c) Proporcionar a su personal, libre de costo, todos los elementos de protección personal, dosimetría, capacitación y de cualquier otro elemento necesario para el cumplimiento de sus funciones en condiciones de seguridad, según el tipo de funciones y la determinación de la autoridad competente.

 

Artículo 27º.- El titular de licencia de instalación será responsable de informar a la autoridad competente, en forma oportuna, de cualquier acción, alteración del diseño de la instalación, o cambio en las condiciones de seguridad radiológica de esta instalación.

 

CAPITULO VII

 

De las obligaciones del operador y sus requisitos

 

Artículo 28º.- Será responsabilidad del personal expuesto:

 

  1. a) Contar con la correspondiente autorización de Operador, otorgada por la autoridad competente y mantenerla permanentemente vigente.

 

  1. b) Tomar todas las medidas, acciones y precauciones necesarias para que las exposiciones a las radiaciones ionizantes sean tan bajas como razonablemente puedan alcanzarse.

 

  1. c) Utilizar correctamente los elementos de protección y control personal.

 

  1. d) Dar cuenta inmediata al responsable de la protección radiológica de la instalación, de cualquier anomalía que exista dentro de ella, tanto en la operación, en el diseño de la misma, como de operaciones que estén fuera del marco de la licencia y que puedan ocasionar riesgos adicionales de irradiación o contaminación del personal expuesto, del público general o del ambiente.

 

  1. e) Utilizar correctamente el dosímetro personal, durante toda su jornada de trabajo y de entregarlo oportunamente al encargado de la protección radiológica para su recambio.

 

  1. f) Informar al responsable de la protección radiológica de cualquier situación que haga necesario reducir las dosis de radiación a que pueda estar expuesto.

 

Artículo 29º.- (*) Para obtener la licencia de operador por parte de la Autoridad Competente, el trabajador oeupacionalmente expuesto, deberá presentar certificaciones emitidas por entidades autorizadas de que cumple con los requisitos siguientes:

 

(*) (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

  1. a) Bachiller de Segunda Enseñanza o título académico universitario según lo determine la Autoridad Competente.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

  1. b) Certificación de conocimiento de manejo del correspondiente equipo, fuente o material radiactivo, emitido por una entidad autorizada.

 

  1. c) Haber realizado un curso básico sobre protección radiológica, cuyo programa este previamente aprobado por la autoridad competente.

 

  1. d) Certificación de condiciones psico-físicas compatibles con la función, otorgado por una entidad pública autorizada y reconocida por la autoridad competente.

 

CAPITULO VIII

 

Del responsable de la protección radiológica y sus requisitos

 

Artículo 30.- Será obligación del responsable de la protección radiológica contar con su respectiva licencia, otorgada por la autoridad competente, y mantenerla permanentemente al día.

 

Artículo 31.- Serán funciones del responsable de la protección radiológica, sin perjuicio de otras que pueda corresponderle como técnico del servicio, las siguientes:

 

  1. a) Informar a la autoridad competente de cualquier situación que pueda poner en peligro evidente o potencial la salud tanto del personal como del público en general.

 

  1. b) Remitir los dosímetros personales, al servicio de dosimetría personal, con la periodicidad establecida en la correspondiente autorización.

 

  1. c) Llevar los registros que correspondan a la seguridad radiológica de la instalación.

 

  1. d) Informar a la autoridad competente de los movimientos de personal, tales como pensiones, vacaciones, incapacidades y cualquier otro hecho que estime importante para la seguridad radiológica, tanto de las personas como de las instalaciones y medio ambiente.

 

  1. e) Colaborar con la autoridad competente en el campo de la educación e instrucción, en materia de protección radiológica.

 

  1. f) Velar porque las normas de protección radiológica dispuestas por la autoridad competente se cumplan.

 

  1. g) Otras que le puedan ser asignadas dentro de la correspondiente licencia.

 

Artículo 32.- Para optar a la autorización de responsable de la protección radiológica, el interesado deberá presentar certificaciones expedidas por entidades públicas ante la autoridad competente que cumple, como mínimo, con los siguientes requisitos:

 

  1. a) Tener vigente la licencia de operador.

 

  1. b) Ser mayor de 21 años.

 

  1. c) Tener el segundo año aprobado de una carrera universitaria a fín con el puesto.

 

  1. d) Formar parte del cuerpo técnico del centro de trabajo.

 

  1. e) Haber realizado un curso avanzado sobre protección radiológica, cuyo programa esté previamente aprobado por la autoridad competente.

 

Artículo 33.- La licencia de operador y de responsable de la protección radiológica tendrá una validez de 2 años y su renovación deberá solicitarse ante la autoridad competente con un mes de anticipación a su vencimiento y con los siguientes documentos:

 

  1. a) Historial dosimétrico.

 

  1. b) Certificado de conocimientos actualizados de protección radiológica.

 

  1. c) Certificación de condiciones psico-físicas compatibles con la función que desempeñará.

 

De las autorizaciones para las actividades afines

 

 

 

Artículo 34.- Toda persona física o jurídica que importe, exporte, instale, manufacture, repare, transporte, comercie o de cualquier forma o por cualquier motivo manipule material radiactivo, fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes, deberá solicitar a la Autoridad Competente Permiso Sanitario de Funcionamiento que lo habilite para realizar la actividad específica.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

CAPITULO IX

 

Del transporte de material radiactivo.

 

Artículo 35.- Las personas físicas o jurídicas de derecho público o privado que transportan fuentes o material radioactivo, como actividad principal o incidental, dentro del territorio nacional, deberán contar con una licencia de transporte específica, otorgada por la autoridad competente.

 

Así mismo toda persona física o jurídica que ingrese una fuente o material radiactivo, con el único propósito de transportarlo para remitirlo a otro país deberá previamente, solicitar a la autoridad competente la correspondiente autorización de transporte.

 

Artículo 36.- Para solicitar la autorización de transporte, el interesado deberá presentar a la autoridad competente, la siguiente documentación:

 

  1. a) Identificación de las personas naturales o jurídicas que intervienen en el transporte. Propietario, remitente y destinatario del material radiactivo.

 

  1. b) Especificaciones del material radiactivo, radionucleido, actividad, forma física y clasificación del transporte de acuerdo con la norma internacional de transporte establecida por el O.I.E.A (Art. 6).

 

  1. c) Especificaciones del bulto y correspondiente etiquetado, consignando, índice de transporte, tipo y categoría del bulto, de acuerdo con la norma internacional de transporte establecida por el O.I.E.A.

 

  1. d) Identificación del transportista y vehículo en el cual se realizará el transporte.

 

  1. e) Medidas de seguridad físicas del transporte, cuando corresponda.

 

Artículo 37.- El transportista, que tendrá a cargo el transporte del material radiactivo o fuente, deberá certificar, ante la autoridad competente:

 

  1. a) Que su licencia de conducir está vigente.

 

  1. b) Que el vehículo en que se transporten fuentes o materiales radiactivos cumple al menos, con los siguientes requisitos:

 

1.- Certificación de buena condición mecánica.

 

2.- Ser vehículo de carga y llevar en forma visible el símbolo internacional de presencia de radiactividad, a ambos lados y en la parte trasera del vehículo.

 

3.- Contar con los sistemas necesarios para fijar o sujetar los contenedores, bultos o elementos empleados para el transporte y también, con los elementos de carga y descarga adecuados, para evitar estar en contacto directo con las fuentes de radiación.

 

  1. c) Certificar que la distancia entre la fuente radiactiva y el conductor y su o sus acompañantes sea tal que no superarán los límites de dosis convencionales permitidos por la autoridad competente.

 

Artículo 38.- Cuando un vehículo que transporte materiales radiactivos, sufra algún accidente que pueda ocasionar derrame de material radiactivo o pérdida de fuentes, corresponderá al transportista tomar las primeras medidas de prevención para evitar dispersión de la contaminación o pérdida de fuentes, y comunicar el accidente en forma inmediata a la autoridad competente y al remitente del transporte.

 

Artículo 39.- Los bultos y contenedores utilizados para el transporte de materiales radiactivos deberán:

 

  1. a) Estar aprobados por la autoridad competente.

 

  1. b) Estar visible y debidamente etiquetados durante todo el transporte.

 

  1. c) Estar debidamente asegurados a la estructura del vehículo.

Artículo 40.- El etiquetado de los bultos o embalajes deberá proporcionar, al menos, la siguiente información:

 

  1. a) Indice de transporte tipo y categoría del bulto.

 

  1. b) Forma física del material radiactivo.

 

  1. c) Actividad por contenedor, expresado en Becquerel.

 

Artículo 41.- En los vehículos que transporten equipos, sustancias o fuentes radiactivas, y según la categoría del transporte, solo podrán viajar aquellas personas expresamente autorizadas por la autoridad competente en la licencia respectiva.

 

Artículo 42.- En los casos o situaciones no previstas en el presente reglamento, en materia de transporte de material radiactivo, la autoridad competente aplicará los criterios y disposiciones establecidas en reglamentos internacionales para el transporte seguro de material radiactivo del O.I.E.A.

 

CAPITULO X

 

De la autorización de importación

 

Artículo 43.- Todo ingreso de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes, al territorio nacional, requerirán de una autorización de importación otorgada por la autoridad competente.

 

Artículo 44.- Para solicitar la autorización de importación, el interesado deberá presentar a la autoridad competente al menos los siguientes antecedentes técnicos correspondientes a las fuentes o equipos, que se van a importar:

 

  1. a) Actividad de las correspondientes fuentes, si es el caso.

 

  1. b) Especificaciones técnicas de los equipos, si es el caso.

 

  1. c) Especificación del uso destinado para las fuentes o equipos a importar.

 

  1. d) Estado físico y forma química del material radiactivo.

 

  1. e) Peso y volumen del material radiactivo.

 

  1. f) Otros antecedentes que, a juicio de la autoridad competente, sean necesarios.

 

Artículo 45.- Las autoridades aduaneras no podrán autorizar el desalmacenaje de fuentes emisoras de radiaciones ionizantes, sin las correspondientes autorizaciones de importación y transporte debidamente tramitada ante la autoridad correspondiente.
Artículo 46.- Las aduanas deberán contar con sitios exclusivos, especialmente habilitados para el almacenamiento temporal de fuentes y material radiactivo, debidamente identificados con el símbolo de presencia de material radiactivo que se señala en el  ANEXO I. El acceso a estos sitios estará prohibido para todo el personal no autorizado previamente por la autoridad competente.

 

Artículo 47.- Queda expresamente prohibido el almacenaje de fuentes o materiales radiactivos junto a elementos inflamables, explosivos o corrosivos.

 

CAPITULO XI

 

De la autorización de exportación

 

Artículo 48.- Toda exportación de fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes, requerirán de una autorización de exportación otorgada por la autoridad competente.

 

Artículo 49.- Para solicitar la autorización de exportación, el interesado deberá presentar a la autoridad competente, al menos los siguientes antecedentes técnicos correspondientes a las fuentes o equipos, que se van a exportar:

 

  1. a) Actividad de las correspondientes fuentes o material radiactivo, si es el caso.

 

  1. b) Especificaciones técnicas de los equipos, si es el caso.

 

  1. c) Estado físico y forma química del material radiactivo.

 

  1. d) Peso y volumen del material radiactivo.

 

  1. e) Otros antecedentes que, a juicio de la autoridad competente, sean necesarios.

 

CAPITULO XII

 

De la autorización de transferencia.

 

Artículo 50.- La transferencia a cualquier título, de instalaciones radiactivas, fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes, requerirán de una autorización de transferencia otorgada por la autoridad competente.

 

Artículo 51.- Para solicitar la autorización de transferencia, el interesado deberá presentar a la autoridad competente, al menos, los siguientes antecedentes técnicos correspondientes a la transferencia a realizar:

 

  1. a) Identificación de las fuentes o equipos a ser transferidos:

 

1.- Actividad de las correspondientes fuentes o material radiactivo, si es el caso.

 

2.- Estado físico y forma química del material radiactivo.

 

3.- Peso y volumen del material radiactivo.

 

4.- Especificaciones técnicas de los equipos, si es el caso.

 

5.- Otros antecedentes que, a juicio de la autoridad competente, sean necesarios.

 

  1. b) Identificación de las personas naturales o jurídicas que intervendrán en la transferencia.

 

  1. c) Identificación de las instalaciones radiactivas que intervienen en la transferencia.

 

  1. d) Identificación del responsable de la protección radiológica de la instalación receptora.

 

Artículo 52.- La autorización de transferencia, no exime al poseedor de la misma de gestionar ni contar con otras autorizaciones establecidas en este reglamento.

 

CAPITULO XIII

 

De las inspecciones

 

Artículo 53.- La autoridad competente, se considerará autoridad de salud y ejercerá sus facultades de supervisión, fiscalización, inspección y control en todas aquellas actividades asociadas a las radiaciones ionizantes, por medio de técnicos y profesionales pertenecientes a la planta de su personal.

 

Artículo 54.- Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo anterior, los técnicos y profesionales de la autoridad competente, realizarán inspecciones periódicas a todo tipo de instalaciones, públicas o privadas y también, a cualquier tipo de instalaciones, dependencias, vehículos, sitios públicos o privados, en donde existan o se presuma que existan fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes.

 

Artículo 55.- Mediante las inspecciones se verificarán y comprobarán en general los siguientes hechos:

 

  1. a) El cumplimiento de este reglamento.

 

  1. b) El cumplimiento de las condiciones y limitaciones establecidas en los correspondientes permisos sanitarios de funcionamiento.

 

  1. c) El cumplimiento de las normas específicas o guías técnicas que, respecto a la seguridad radiológica, se dicten con posterioridad a la fecha de aprobación de este reglamento.

 

  1. d) El estado de seguridad de la instalación, de los equipos y fuentes.

 

  1. e) La correcta operación de equipos, fuentes y material radiactivo y condiciones de seguridad del manejo y transporte de estos elementos.

 

  1. f) La detección de posibles daños que se presenten en los equipos o fuentes, que pongan en peligro la salud del trabajador expuesto de la población o del medio ambiente.

 

  1. g) La existencia y aplicación de las medidas de seguridad exigidas por la autoridad competente, como así también de los planes de emergencia.

 

  1. h) La existencia de posibles fallas, anomalías, defectos, mal uso de la instalación o del material radiactivo, que puedan derivar en incidentes o accidentes con repercusiones hacia el trabajador expuesto o hacia la población.

 

  1. i) La existencia de denuncias sobre fallas incidentes, accidentes, pérdida, hurto o abandono de material radiactivo.

 

  1. j) El cumplimiento de las medidas correctivas que aplique la autoridad competente, en caso de sanciones.

 

  1. k) La denuncia de toda infracción a la ley, reglamentos, normas, condiciones de licencias e instrucciones dada por la autoridad competente.

 

  1. l) Toda irregularidad, hecho o circunstancia que afecte la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.

 

Artículo 56.- Los inspectores tendrán fe pública en cuanto a los hechos que reporten, informen o denuncien, en cumplimiento de sus funciones.

 

Artículo 57.- Para el buen cumplimiento de sus funciones el inspector debidamente identificado podrá, durante las inspecciones:

 

  1. a) Emplear cualquier tipo de equipo o instrumental que requiera.

 

  1. b) Realizar cualquier comprobación que estime necesaria.

 

  1. c) Tomar cualquier tipo y cantidad de muestras que tenga relación con el propósito de su inspección.

 

  1. d) Examinar, sacar copias, tomar notas o hacer resúmenes de cualquier manual, libro, registro u otro documento que tenga relación con el propósito de la inspección.

 

  1. e) Levantar acta de todas las actividades realizadas con motivo de la inspección.

 

Artículo 58.- Los titulares de la licencia, propietarios, administradores o cualquier otra persona que esté a cargo de la instalación, planta, laboratorio, fuente, equipo, o lugar donde se repare, manipule, transporte, material radiactivo, fuentes o equipos emisores de radiaciones ionizantes, deberán otorgar a los inspectores, acreditados por la autoridad competente y debidamente identificados, el máximo de facilidades para el desempeño de su labor.

 

Artículo 59.- En caso de existir oposición al cumplimiento de las funciones del inspector, este podrá solicitar Orden de Allanamiento ante las autoridades judiciales.

 

Artículo 60.- Los inspectores elaborarán un informe sobre lo actuado en base al cual, la autoridad competente dictará las respectivas indicaciones.

 

Artículo 61.- Si como resultado de una inspección procede formular simples indicaciones correctivas, éstas se comunicarán por escrito al titular de la licencia de la instalación con copia, al responsable de la protección, radiológica y al personal expuesto al riesgo. Las correcciones deberán ser consignadas en el informe correspondiente y la solución a los problemas detectados serán exigidos dentro de un plazo prudencial, no mayor de tres meses.

 

Artículo 62.- Si durante una inspección se verifican hechos que comprometan gravemente la salud de las personas los inspectores informarán a la autoridad competente pudiendo disponer en forma inmediata las medidas que consideren necesarias o convenientes para poner remedio oportuno a la situación. El inspector podrá ordenar ejecutar entre otras alguna de las medidas siguientes:

 

  1. a) Que la instalación equipo o fuente sea puesta en condiciones de seguridad en forma inmediata o tan pronto como sea posible.

 

  1. b) Que la instalación, lugar afectado, o medio de transporte sea evacuado, cerrado y debidamente sellado.

 

  1. c) Que la fuente, equipo o material radiactivo sea debidamente envasada, sellada, rotulada y debidamente confinada y si corresponde decomisada.

 

  1. d) Ordenar la paralización inmediata de actividades de la instalación, cuando a juicio del inspector existe peligro inminente para las personas, los bienes los recursos naturales o el medio ambiente. Tal acción durará mientras no se corrija la deficiencia que originó la decisión.

 

Artículo 63.- La autoridad competente, evaluando la situación generadora de la infracción podrá conceder plazos prudenciales, no mayores de tres meses, para subsanar deficiencias de las instalaciones o para cumplir exigencias interpuestas con motivo de la inspección.

 

CAPITULO XIV

 

De las áreas de trabajo y actividades en ellas

 

Artículo 64.- Las áreas de trabajo donde se realicen prácticas con material radiactivo serán zonas controladas o supervisadas, según sean definidas por el titular de la licencia y aprobadas por la autoridad competente.

 

Artículo 65.- Toda zona controlada o supervisada deberá estar demarcada y señalizada con el símbolo estandarizado que se presenta en el ANEXO 1.

 

Artículo 66.- Toda práctica que se realice con material radiactivo o equipos generadores de radiaciones ionizantes, estarán sujetos a los principios de justificación, de optimización y de limitación de dosis. Se exceptúa la exposición con fines médicos la que solo estará sujeta a los principios de justificación y optimización.

 

Artículo 67.- Las personas que trabajen en las proximidades de una zona controlada o que ocasionalmente entren en ella, solo serán consideradas ocupacionalmente expuestas cuando a juicio del encargado de la protección radiológica lo justifique a los efectos de los artículos 28 y siguientes de este reglamento. Esta resolución podrá apelarse ante la autoridad competente.

 

CAPITULO XV

 

De los límites de dosis individuales

 

Artículo 68.- Para los fines de la aplicación del presente reglamento se establecen los siguientes límites anuales de dosis, para el trabajador ocupacionalmente expuesto y para el público general.

 

1.- Límites anuales de dosis para trabajadores ocupacionalmente expuestos:

 

  1. a) El límite anual de dosis para la totalidad del organismo referido a cualquier período de doce meses consecutivos es de 20 miliSievert, pudiendo sobrepasarse este valor siempre y cuando en un período de cinco años consecutivos no se sobrepasen los 100 miliSievert y nunca los 50 miliSievert en un solo año.

 

  1. b) El limite anual de dosis equivalente para manos, pies y piel será de 500 miliSievert.

 

  1. c) El límite anual de dosis equivalente para el cristalino será de 150 miliSievert.

 

2.- Límites anuales para público:

 

  1. a) El límite anual de dosis para la totalidad del organismo referido a cualquier período de doce meses consecutivos es de 1 miliSievert.

 

  1. b) El límite anual de dosis equivalente para cualquier órgano considerado individualmente será de 50 miliSievert con excepción del cristalino en cuyo caso el limite será de 15 miliSievert.

 

Artículo 69.- Para el cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 68 del presente autoridad competente hará uso, cuando así lo requiera, de los límites secundarios y derivados establecidos en las normas de protección radiológica más recientes emitidas por el O.I.E.A.

 

Artículo 70.- Ninguna mujer ocupacionalmente expuesta podrá ser asignada a labores que involucren contacto directo o indirecto con radiaciones ionizantes desde la certificación del embarazo y hasta el término de la gestación. Lo anterior no implica el despido de la persona únicamente el traslado a otras labores.

 

Artículo 71.- Las personas menores de 18 y mayores de 16 años sólo podrán exponerse a radiaciones con fines de capacitación y sus límites anuales de dosis equivalentes no podrán exceder de 1/3 de los señalados para trabajadores ocupacionalmente expuestos, señalados en el artículo 68 del presente reglamento.

 

Artículo 72.- Las personas menores de 16 años no podrán desarrollar actividades como trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes ni siquiera con fines de capacitación o entrenamiento.

CAPITULO XII

 

De la dosimetría personal

 

Artículo 73.- Todo trabajador ocupacionalmente expuesto que trabaje en una zona controlada deberá portar su dosímetro personal durante toda la jornada laboral Aquellos que sólo lo hagan en zonas supervisadas quedaran sujetas, en cuanto al uso del dosímetro, a la evaluación y decisión de la autoridad competente.

 

Artículo 74.- El no cumplimiento de la disposición señalada en el artículo 73 de este reglamento, el uso indebido, la inadecuada manutención y la no observancia de las medidas prescritas para el uso del dosímetro personal, será sancionado por la autoridad competente, mediante amonestación escrita la primera vez, de reincidir se le cancelará su licencia de modo que no podrá laborar como personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones.
Artículo 75.-El servicio de dosimetría personal podrá ser brindado por personas físicas, o jurídicas autorizadas por la Autoridad Competente, previo satisfacer la norma específica emitida por el Ministerio de Salud. El costo de este servicio será cubierto por el empleador.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 76.- Será obligación del empleador.

 

  1. a) Mantener un historial dosimétrico durante toda la vida laboral del trabajador

 

  1. b) Informar a los profesionales y técnicos de su instalación, de las dosis obtenidas

 

Artículo 77.- El historial dosimétrico del personal expuesto como mínimo deberá consignar.

 

  1. a) Nombre del trabajador expuesto

 

  1. b) Nombre de la institución o instalación en la que trabaja.

 

  1. c) Dosis del período

 

  1. d) Dosis acumulada.

 

Artículo 78.- Toda persona que de acuerdo con el control dosimétrico sobrepase o pueda sobrepasar los límites establecidos en este reglamento:

 

  1. a) Podrá, si la autoridad competente lo estima necesario, ser restringido en el ejercicio de sus funciones o también ser sometido a un control médico específico.

 

  1. b) Deberá ser sometida, por parte de la autoridad competente, a una evaluación de los procedimientos operacionales empleados y también de las condiciones de seguridad del diseño de la instalación, de los equipos o fuentes.

 

CAPITULO XVII

 

De la exposición especial planificada

 

Artículo 79.- Toda exposición especial planificada deberá ser autorizada en forma escrita, por el titular de la licencia de la instalación y comunicada oportunamente a la autoridad competente.

 

La dosis efectiva recibida por la persona expuesta, no deberá exceder de 100 miliSievert, después de finalizada la exposición especial planificada.

 

Artículo 80.- No podrán someterse a exposiciones especiales planificadas, personas que hayan sufrido, anteriormente, exposiciones iguales o superiores a 100 miliSievert y en ningún caso mujeres en edad fértil, dado el riesgo de un embarazo aun ignorado, pudiendo incorporarse a trabajos con radiaciones ionizantes, al finalizar el ciclo anual dosimétrico

 

Artículo 81.- Toda persona que participe en una exposición especial planificada deberá ser informada, por el titular de la licencia de la instalación, de los riesgos potenciales asociados a esta actividad y también de las medidas que se deben adoptar con el fin de reducir las dosis a los niveles más bajos posibles.

 

Artículo 82.- Ninguna persona podrá ser obligada a participar en actividades que impliquen o puedan implicar exposiciones especiales planificadas y de hacerlo, deberán manifestar su consentimiento por escrito, copia del documento deberá ser enviado a la autoridad competente.

 

Artículo 83.- Toda persona que se someta voluntariamente a una exposición especial planificada, será considerada como persona ocupacionalmente expuesta.

 

CAPITULO XVIII

 

De los desechos radiactivos.

 

 

Artículo 84.-En las instalaciones, ya existentes, de tipo I y de tipo II definidas en el artículo 8 de este reglamento, donde se empleen fuentes o material radioactivo, debe existir un lugar especialmente diseñado para el almacenamiento temporal de desechos radiactivos, debidamente autorizado por la Autoridad Competente.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 85.- La autoridad competente autorizará, en cada caso, cualquier eliminación, así como los procedimientos y límites derivados de eliminación de desechos radiactivos al medio ambiente o de aquellos elementos que puedan ser considerados como tales.

Artículo 86.- Sin la autorización citada en el artículo 85 de este Reglamento, queda prohibida la eliminación, por cualquier vía o método, de cualquier desecho radiactivo al medio ambiente, sean estos sólidos, líquidos o gaseosos. Así mismo, queda prohibido desechar o eliminar por cualquier vía o método los envases o embalajes que hayan contenido material radiactivo de cualquier especie o forma física.

 

Artículo 87.- Todo desecho sólido o líquido proveniente de cualquier práctica, sea de carácter industrial, médico o de investigación, deberá almacenarse en un depósito previamente autorizado para ello y confinado en recipientes especialmente diseñados y autorizados por la autoridad competente para ese fin.

 

Artículo 88.- Quedan exentas del cumplimiento de los preceptos señalados en los artículos 84, 85, 86 y 87 de este reglamento, las excreciones de personas sometidas a diagnóstico y terapia con materiales radiactivos.

 

Artículo 89.- Queda prohibido el ingreso, al territorio nacional, de cualquier material o fuente en calidad de desecho radiactivo o que a juicio de la autoridad competente, pueda tener tal categoría.

 

Artículo 90.- Para el caso de los desechos radiactivos de tipo gaseosos o aerotransportados, las instalaciones deberán disponer de los sistemas de filtros adecuados para retenerlos y cumplir con los límites derivados de descargas autorizados por la autoridad competente.

 

Artículo 91.- En las instalaciones del Tipo IV definidas en el artículo 8 de este Reglamento, en donde se empleen fuentes o material radiactivo, será responsabilidad del titular de la licencia de la instalación, a través del responsable de la protección radiológica remitir a la autoridad competente, un informe escrito de como desechará las fuentes gastadas o en desuso para su disposición final.

 

CAPITULO XIX

 

De la protección radiológica en la practica médica.

 

Artículo 92.- Toda práctica médica deberá estar sujeta a los principios de justificación y optimización, de la protección radiológica y en consecuencia la autoridad competente podrá prohibir toda práctica:

 

  1. a) Que no está adecuadamente justificada.

 

  1. b) Que pueda ser reemplazada por otra que constituya una opción más ventajosa y con mayores beneficios técnicos.

 

Artículo 93.- Toda fuente o equipo generador de radiaciones ionizantes, empleado en la práctica médica deberá someterse a programas de control de calidad, con la periodicidad que establezca la autoridad competente, en el correspondiente permiso sanitario de funcionamiento.

 

Artículo 94.- Toda fuente portátil, o material radiactivo portátil de uso habitual, deberá ser almacenado en sitios apropiados, aprobados por la autoridad competente, con los sistemas de seguridad física y radiológica que correspondan, así como también con los correspondientes sistemas de control administrativo.

 

Artículo 95.- Todo paciente implantado o al cual se le administra o inocula material radiactivo, con fines de tratamiento médico deberá ser internado y aislado en condiciones tales que los niveles de radiación no afecten a otros pacientes o personas. El médico tratante o el responsable de la protección radiológica, en este caso, deberán instruir adecuadamente al paciente, a los visitantes y familiares de las medidas básicas de protección radiológica que deben ser tomadas en cuenta para su protección personal.

 

Artículo 96.- Todo paciente tratado con fuentes no selladas sólo podrá ser dado de alta cuando el médico tratante, o el responsable de la protección radiológica, certifique la actividad residual que porta el paciente no supera mílicuries del material inicialmente administrado.

 

Artículo 97.- Será función del responsable de la protección, radiológica, en el caso de pacientes tratados con fuentes no selladas dado de alta, instruir a su grupo familiar mas próximo y a él, acerca de las medidas básicas de protección radiológica que deben ser tomadas en cuenta para la protección de su familia.

 

Artículo 98.- Ningún paciente, cuyo tratamiento sea realizado mediante implante de fuentes radiactivas selladas, podrá ser dado de alta mientras porte tales fuentes.

 

Artículo 99.- Será función del responsable de la protección radiológica establecer los procedimientos para:

 

  1. a) El tratamiento manejo y desecho de las excreciones contaminadas.

 

  1. b) El traslado, dentro del hospital, del paciente implantado o tratado con fuentes no selladas.

 

  1. c) El transporte interno de las fuentes y material radiactivo.

Artículo 100.- En caso de embalsamamiento, autopsia, inhumación o cremación de cadáveres que contengan algún tipo de material radiactivo o fuentes incorporadas, implantes, marcapasos, radiofármacos o cualquier otro, corresponderá al responsable de la protección radiológica evaluar y determinar las medidas de seguridad radiológica que se deben adoptar. En ningún caso se autorizará la cremación o inhumación de un cadáver que dentro de su organismo lleve fuentes selladas.

 

CAPITULO XX

 

De las emergencias radiológicas

 

Artículo 101.- La autoridad competente solicitará y fiscalizará las acciones tendientes a prevenir, mitigar y responder ante emergencias radiológicas en aquellas instalaciones, empresas u hospitales que se dediquen al almacenamiento, transporte, fabricación, distribución, venta, manipulación o importación de sustancias radiactivas.

Artículo 102.- La autoridad competente mantendrá un registro actualizado sobre los accidentes ocurridos durante el transporte, manipulación, fabricación, venta, distribución de almacenamiento de sustancias radiactivas.

 

Artículo 103.- Toda instalación, empresa u hospital donde ocurra una emergencia radiológica, será sometida a la respectiva evaluación técnica por parte de la autoridad competente, para lo cual la instalación, compañía u hospital estará en la obligación de suministrar la información que se considere necesaria.

 

Artículo 104.- Ocurrida una emergencia radiológica y demostrado que existe grave peligro para la población o los trabajadores, la autoridad competente podrá revocar el permiso de funcionamiento.

 

Artículo 105.- La autoridad competente, será el ente encargado de las acciones de primera respuesta ante emergencias radiológicas.

 

Artículo 106.- Ninguna persona natural o jurídica podrá impedir el paso de los personeros del Cuerpo de Bomberos, funcionarios de la autoridad competente o de cualquier otra institución de respuesta inmediata, que se presenten a la escena de una emergencia radiológica debidamente identificados y en función de su cargo, o bien autorizados por el Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos o Comité Asesor Técnico en Emergencias Tecnológicas de la Comisión Nacional de Emergencia.

 

CAPITULO XXI

 

De las sanciones

 

Artículo 107.- Las infracciones al presente reglamento serán corregidas por la autoridad competente, de conformidad con la Ley Nº 5395, Ley General de Salud libro III.

 

Artículo 108.- Los recursos y procedimientos procedentes contra las resoluciones dictadas por la autoridad competente se regirán por las normas establecidas en la Ley Nº 5395, Ley General de Salud.

 

Artículo 109.- El trabajador ocupacionalmente expuesto que por dos veces consecutivas no entregue su dosímetro en el momento de efectuarse el recambio del mismo, será denunciado por el encargado de la protección radiológica a la autoridad competente, la cual procederá a suspender la correspondiente licencia por tres meses.

 

La autoridad competente podrá cancelar la licencia del operador en forma definitiva, cuando éste incurra nuevamente en la misma falta. Del mismo modo, el encargado de la protección radiológica que no informe oportunamente de la falta antes citada, podrá hacerse merecedor al mismo tipo de sanción.

 

CAPITULO XXII

 

De los plazos

 

Artículo 110.- El plazo para recibir información solicitada será de 10 días naturales a partir de la fecha de solicitud.

 

Artículo 111.- El plazo para resolver cualquier solicitud planteada será de 3 meses a partir de la fecha de presentación de todos los documentos.

 

CAPITULO XXIII

 

Disposiciones finales

 

Artículo 112.- La autoridad competente clasificará a toda fuente, equipo generador de radiaciones ionizantes o material radiactivo, que no se encuentre especificado dentro de las categorías de instalaciones ya señaladas en este reglamento o no puedan asimilarse a dichas categorías.

 

Artículo 113.-Del mismo modo, cualquier límite anual de incorporación que se requiera será fijado por la Autoridad Competente.

 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 26983 del 22 de abril de 1998)

 

Artículo 114.- La autoridad competente podrá exigir condiciones de seguridad adicionales, a toda instalación, equipo, fuente o actividad ya descritas en este reglamento toda vez que, con motivo de una inspección y evaluación de seguridad se compruebe que deben ser exigidos requisitos adicionales o complementarios a los ya establecidos en la licencia original.
Artículo 115.- La autoridad competente podrá exigir al solicitante de una autorización de importación, una certificación de la autoridad competente del país de origen, o de alguna entidad reconocida por ella, que acredite que dicha fuente, o equipo en la condiciones de importación en ese momento, está autorizado para operar en dicho país.

 

Artículo 116.- Toda documentación que deba ser presentada para la aprobación de la autoridad competente, debe ser consignada en idioma español.

 

Artículo 117.- Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 11366 de 23 de mayo de 1980.

 

Artículo 118.- El presente reglamento rige partir del día 22 de diciembre de 1994.

 

Transitorio: Toda persona natural o jurídica que sea titular de una licencia de instalación, tendrá el plazo de un año para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en este reglamento, a partir de la fecha de su publicación en “La Gaceta”. De la misma forma operadores y responsables de la protección radiológica, tendrán el mismo plazo para actualizar sus correspondientes autorizaciones y licencias.

Reglamento para la Afilición de Trabajadores Independientes

<a href=”http://www.colegiodentistas.org/sitInicio/descargas/reglamentos/ReglamentoparalaAfiliaciondeTrabajadoresIndependientes..pdf”>Descargar aquí este reglamento</a>

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 21º de la sesión 7877, celebrada el 5 de agosto de 2004, acordó aprobar la reforma al Reglamento para la afiliación de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios, en los siguientes términos:

 

 

REGLAMENTO PARA LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES

INDEPENDIENTES

(Así cambiada su denominación en sesión No. 7909 del 25 de noviembre del 2004)

SECCIÓN I

CAMPO DE APLICACIÓN

Artículo 1º—De la cobertura y del cálculo de las cuotas. Las coberturas del seguro social y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los trabajadores independientes manuales o intelectuales que desarrollen por cuenta propia algún tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos; sin perjuicio de lo que dispone el artículo 4° de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. El monto de las cuotas que con base en el artículo 3° de la Ley Constitutiva se deban pagar por parte de los Trabajadores Independientes, se calculará sobre el ingreso de referencia que establezca la Junta Directiva, en el tanto la Caja no determine que el ingreso del Trabajador Independiente es superior a dicho ingreso de referencia, en cuyo caso las cuotas se pagarán sobre el ingreso finalmente determinado por la Caja, el cual en ningún caso será inferior al porcentaje que sobre los salarios mínimos acuerde la Junta Directiva.  El ingreso de referencia lo establece la Junta Directiva, con fundamento en las facultades otorgadas en el artículo 3° de la Ley Constitutiva, previo estudio técnico.

Artículo 2º—De la obligatoriedad. Toda persona que califique como trabajador independiente, está obligada a cotizar para los regímenes de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, tal como lo disponen los artículos: 3° de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 7° del Reglamento del Seguro de Salud y 2° del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte.

La condición de trabajador asalariado, y como tal, obligado a cotizar sobre el total de las remuneraciones que reciba, no exime a la persona de la obligación de cotizar como trabajador independiente, cuando ostente ambas condiciones.

No se consideran asegurados obligatorios, los trabajadores independientes con ingresos inferiores al ingreso mínimo de referencia que periódicamente establezca la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La Caja se reserva la potestad de practicar revisiones de la situación de estos trabajadores, de tal forma que si detecta que sus ingresos igualan o superan el ingreso mínimo indicado, los incluirá como asegurados obligatorios.

No se consideran asegurados obligatorios en el seguro de invalidez, vejez y muerte, los trabajadores independientes, mayores de 50 años, que no cumplan con el número de cuotas acreditadas, que para cada edad se establece en la siguiente tabla:

 

Edad (años) Cuotas Acreditadas
50 5
51 10
52 15
53 20
54 30
55 40
56 50
57 60
58 70
59 80
60 90

 

Si al momento en que el Trabajador Independiente se afilia se encuentra en estado de invalidez, en los términos que define el Reglamento de Invalidez Vejez y Muerte, su ingreso al régimen cubre únicamente los riesgos de Vejez y Muerte.

Los trabajadores independientes que al momento de entrar en vigencia la obligatoriedad, ya estaban incluidos dentro del Sistema de Seguro Voluntario, se les aplicará la obligatoriedad en los términos establecidos en la Ley Constitutiva y en este artículo.

SECCIÓN II Administración

Artículo 3º—De las obligaciones. Son obligaciones de los Trabajadores Independientes:

1.   Inscribirse como tales ante la Caja en los ocho días hábiles posteriores al inicio de la actividad o adquisición de la empresa o negocio. Para tal efecto deberá aportar, como mínimo, la siguiente información:

Nombre y calidades: presentar el respectivo documento de identificación, brindar nombre del negocio y la actividad a que se dedica; señalar la dirección, números de teléfono, apartado y facsímil, dirección de correo electrónico, si los hubiere.

2.   Suministrar a la administración la información que permita establecer los ingresos, sobre los que se debe calcular la cuota respectiva.

En la determinación de los ingresos se tomará en cuenta que los gastos a deducir, propios de la(s) actividad (es) o negocio(s), sean normales de acuerdo con el giro de estos, necesarios, estrictamente imprescindibles y que mantengan proporcionalidad con el volumen de operaciones.

Los ingresos reportados, podrán ser modificados, por la Administración, cuando se determine que el verdadero ingreso es diferente al que sirve de base para la cotización del asegurado.  El nuevo ingreso que resultare, en ningún caso podrá ser inferior al mínimo establecido en la escala contributiva aplicable a los trabajadores independientes.

3.   Variaciones que se produzcan referentes a cambios en el nombre, actividad o domicilio.

4.   Presentar dentro de los plazos programados y en la forma que disponga la administración (disquete, cintas, facsímil, etc), la planilla correspondiente al mes inmediato anterior con los datos requeridos.

5.   Pagar en los plazos establecidos y en la forma que disponga la administración, las cuotas correspondientes.

Pasada la fecha máxima de pago, el trabajador independiente deberá cancelar los recargos correspondientes, así como los intereses legalmente establecidos (tasa básica pasiva del Banco Central).  El incumplimiento en el pago conlleva el trámite de cobro administrativo y de cobro judicial, según corresponda, conforme los procedimientos establecidos por la Institución.

6.   Para recibir las prestaciones del Seguro de Salud, el asegurado debe presentar su documento de identificación, carné del Seguro Social y comprobación de derechos vigente al momento en que demanda los servicios.

El Trabajador Independiente responderá íntegramente por el pago de las prestaciones otorgadas, cuando haya incumplido con la obligación de asegurarse oportunamente o cuando se encuentre en condición de moroso.

Cualquier dato falso que se brinde o consigne, u omisión en que se incurra, por parte de los Trabajadores Independientes, en el acto de su inscripción ante la Caja o al suministrar los reportes correspondientes, que induzcan a la Caja a otorgar prestaciones a las que no se tenga derecho de conformidad con las prescripciones de este Reglamento y de los Reglamentos de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte, los hará acreedores, aparte de la obligación de pagar esas prestaciones, a la aplicación, en lo que corresponda, de las sanciones establecidas en la Sección VI de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

 

Artículo 4º—De los beneficios. Los Trabajadores Independientes tienen derecho a los beneficios regulados en los Reglamentos de Salud y de Invalidez, Vejez y Muerte sujetos al cumplimiento de los requisitos y plazos de calificación respectivos.

 

Artículo 5º—De la vigencia de los derechos. Los beneficios que se derivan de este aseguramiento podrán disfrutarse a partir de la fecha en que se haya cumplido con los plazos de calificación establecidos para cada beneficio, y se hayan cancelado las cuotas respectivas. Todo en conformidad con lo establecido en el Reglamento de Salud, Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte y en los correspondientes instructivos.

 

Artículo 6º—Del procedimiento. Para efectos de hacer cumplir la obligatoriedad de aseguramiento de los Trabajadores Independientes, establecida legal y reglamentariamente, se procederá, en lo pertinente, conforme con lo regulado en el “Reglamento para Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones Patronales y de Asegurados”.

 

Artículo 7º—Otros procedimientos administrativos. Tratándose de otros procedimientos administrativos como son las devoluciones de cuotas, anulaciones y reconstrucciones, entre otros, que por aspectos contributivos presenten los Trabajadores Independientes, se tramitarán en los mismos términos en que se atienden los presentados por los patronos, trabajadores y pensionados.

SECCIÓN III Financiamiento

Artículo 8º—De las cotizaciones. Este Seguro tiene como fuentes de financiamiento:

1.   La cotización obligatoria del trabajador independiente, según la aplicación de las tablas y escalas contributivas establecidas por la Junta Directiva, de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección Actuarial y de Planificación Económica.

2.   El aporte complementario del Estado por la diferencia entre el porcentaje con que contribuye el asegurado y el porcentaje de cotización global establecido por la Junta Directiva, de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, en las tablas respectivas de los Seguros de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte.

3.   La contribución del 0.25% que corresponde al Estado como tal.

 

Artículo 9º—De la cotización mínima. En los casos en que proceda aplicar la cotización mínima esta se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 63° del Reglamento del Seguro de Salud y en el artículo 34° del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte.  Ténganse como excepciones al pago de la cotización mínima, en lo que apliquen, las contenidas en el artículo 63° del Reglamento de Seguro Salud.

SECCIÓN IV Disposiciones especiales

Artículo 10.—De las normas supletorias. Los aspectos no contemplados expresamente en el presente reglamento, se regirán por lo dispuesto en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Reglamento de Seguro de Salud, el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, así como cualquier otra normativa institucional aplicable, el Código de Trabajo, los principios generales del derecho, y en general cualquier otra disposición internacional que resultare aplicable.

Artículo 11.—De las derogatorias. Este reglamento deroga el Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes y los Asegurados Voluntarios aprobado en la sesión N° 7712 celebrada el 10 de diciembre del 2002, sus reformas y cualquier otra norma de igual o menor rango que se le oponga.”

San José, 28 de octubre del 2004.

Reglamento de Timbre Odontológico

Descargar aquí este reglamento

LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL

COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA

En uso de las facultades conferidas por los artículos 3º y 17 a) de su Ley Orgánica Nº 5784, de 19 de agosto de 1975,

CONSIDERANDO:

I- Que el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica es acreedor del Timbre Odontológico, creado por Ley N° 3752, de 4 de octubre de 1966.

II- Que de conformidad con el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, el Colegio de Cirujanos Dentistas, por ser el fiscalizador y perceptor del Timbre Odontológico, tiene el carácter de Administración Tributaria, y como tal está facultado para aplicar los procedimientos de dicho Código para la fiscalización, determinación y cobro correcto de dicho timbre.

III- Que si bien el Colegio de Cirujanos Dentistas, por disposición de su Ley Orgánica, debe hacer imprimir los timbres que considere necesarios en valores de: ¢0.50, ¢ 1.00, ¢ 2.00, ¢ 5.00 y ¢ 10.00, el artículo 10 de la Ley 8131, de 4 de septiembre del 200l, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, establece que los entes u órganos del sector público definirán los medios de pago que podrán utilizarse en procura de la mayor conveniencia para las finanzas públicas. Atendiendo a los principios de eficiencia y seguridad, podrán establecer que para determinados pagos se utilice un medio único e implementar los mecanismos y las condiciones para captar y recibir recursos. Así, esta disposición le permite al Colegio imprimir timbres por valores múltiplos de ¢ 10.00.

IV- Que al Tesorero le corresponde velar por la recaudación de los ingresos del Colegio.

V- Que a la Junta Directiva le corresponde imponer sanciones disciplinarias VI- Que es conveniente establecer una guía que facilite el ejercicio de las citadas competencias legales, por lo cual la Asamblea General , en sesión Nº 031-2006 de 16 de marzo del dos mil seis, aprobó el siguiente

REGLAMENTO PARA APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION DEL COBRO DEL TIMBRE ODONTOLÓGICO Y DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES

CAPÍTULO I

DE LA EMISIÓN Y PAGO DEL TIMBRE

Artículo 1º- Del timbre. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 3752, de 4 de octubre de 1966, el Colegio de Cirujanos Dentistas emitirá un timbre denominado “Timbre Odontológico” que deberá adherirse a cualquier factura que se expida por la venta de toda clase de materiales o instrumentos para el ejercicio de la odontología.

Artículo 2º- Tarifa. Toda factura por venta de contado o crédito deberá llevar Timbres Odontológicos según la tabla siguiente: de ¢ 0.05 a ¢ 10.00 pagarán ¢ 0.50 de timbre; de ¢ 10.05 a ¢ 20.00, ¢ 1.00 de timbres; de ¢ 20.05 a ¢ 30.00, ¢ 1.50 de timbres; de ¢ 30.05 a ¢ 40.00, ¢ 2.00 de timbres; de ¢ 40.05 a ¢ 50.00, ¢ 2.50 de timbres; de ¢ 50.05 a ¢ 60.00, ¢ 3.00 de timbres; de ¢ 60.05 a ¢ 70.00, ¢ 3.50 de timbres; de ¢ 70.05 a ¢ 80.00, ¢ 4.00 de timbres; de ¢ 80.05 a ¢ 90.00, ¢ 4.50 de timbres, de ¢ 90.05 a ¢ 100.00, ¢ 5.00 de timbres. Las facturas mayores de ¢ 100.00 pagarán el 5%.

Artículo 3º- Valores de los timbres. El Colegio hará imprimir timbres en valores múltiplos de ¢ 10,00 para adecuarlos a los precios actuales de los materiales e instrumentos de odontología, al amparo del artículo 10 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 citada.

Artículo 4º- Pago del timbre en las ventas locales. Los timbres que lleven las facturas deberán ser agregados a éstas y cancelados o matados por el vendedor de los materiales o instrumentos odontológicos.

Artículo 5º- Pago del timbre en las importaciones. En las importaciones de materiales, medicamentos o equipos, el cobro y recaudación del timbre se sujetará a los procesos electrónicos preestablecidos por el Ministerio de Hacienda, que constan de los siguientes pasos.

a) Los importadores incluirán en los formularios electrónicos de Declaración Única Aduanera (DUA) el monto del Timbre Odontológico en la liquidación pertinente.

Una vez validado el DUA por parte del sistema TIC@ “Tecnología de la Información para el Control Aduanero”, se enviarán los débitos en tiempo real por medio del Sistema Interbancario de Negociación de Pagos Electrónicos (SINPE), de manera que el cobro se concretará mediante débitos a las cuentas clientes de los auxiliares de la función pública aduanera o declarantes que realicen las importaciones y se acreditarán al Fondo General de Gobierno en la fecha de liquidación correspondiente. Este cobro y acreditación se hará en colones costarricenses, para lo cual el TIC@ hará las conversiones respectivas al tipo de cambio vigente para el día de la transacción e irá acumulando en una tabla y cuenta contable independiente para el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica los montos adeudados.

b) La Tesorería Nacional realizará los traslados de los fondos recaudados a favor del citado Colegio por medio del SINPE. Para el efecto, como parte de un proceso inicial de matrícula, el Colegio deberá comunicar formalmente el número de cuenta cliente en la que se le depositarán los montos correspondientes, adjuntando una certificación emitida por el respectivo banco en la cual deberán consignarse tanto la cuenta cliente con los 17 dígitos requeridos, como el número de cédula de persona jurídica del Colegio. Cualquier modificación en la cuenta cliente en que desee que se le deposite, deberá comunicarla por escrito a la Tesorería Nacional la nueva certificación emitida por el banco y la Tesorería Nacional tendrá ocho días hábiles para registrar el cambio respectivo, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para este efecto.

c) La Tesorería Nacional trasladará los fondos pertenecientes al Colegio, recaudados y acreditados en la cuenta de reserva del Fondo General en el Banco Central de Costa Rica, en forma bisemanal el día hábil siguiente a la fecha de corte, fecha que será definida en el mes de diciembre de cada año por la Tesorería Nacional en consideración de los días feriados de ley y que comunicará al Colegio por correo electrónico a más tardar en la segunda semana de diciembre de cada año. Para ello se utilizará el servicio de Créditos Directos del SINPE y el depósito se realizará en colones costarricenses al tipo de cambio con el cual se acreditaron los fondos al Fondo General.

En casos fortuitos o de fuerza mayor en que no se hubiera acreditado el crédito en la fecha prevista, la Tesorería Nacional ejecutará las acciones pertinentes para realizar el depósito el día hábil siguiente una vez solventado el inconveniente o el infortunio acaecido.

d) En aquellos casos en que la transacción de acreditación de fondos no sea efectiva por causas atribuibles al Colegio, la Tesorería Nacional informará el motivo del rechazo y estará en la obligación de incluir lo pendiente en el siguiente envío programado. Para ello el TIC@ deberá contemplar dicho pago como no realizado y dejarlo pendiente para el siguiente corte.

e) De forma complementaria a cada uno de los traslados de fondos realizados, la Tesorería Nacional remitirá al Colegio, a la dirección electrónica que éste indique, un informe con el detalle de los DUA de importación correspondientes.

Asimismo el Colegio tendrá a disposición en el TIC@ la información sobre el detalle de cobros pendientes y ya depositados en un período dado, por medio de un acceso a dicho sistema que le proporcionará la Dirección General de Informática.

f) En caso de que se hubiese trasladado al Colegio una suma que no correspondiera por no haberse concretado el trámite de importación respectivo o por ajustes en los valores declarados, éste se encargará de atender la solicitud de devolución que le presentare el sujeto afectado aportando la documentación de respaldo y realizará el trámite de devolución, si fuere procedente. Este trámite es de competencia propia del Colegio y la Tesorería Nacional no asume responsabilidad alguna al respecto.

g) En las Aduanas en que aún no se haya instalado el sistema TIC@, los importadores de materiales, medicamentos o equipos dentales, que no sean para la venta al detalle, deberán cubrir el impuesto respectivo poniendo los timbres correspondientes o los certificados que los representen a los documentos de desalmacenaje, como lo dispone la Ley Nº 3752.

CAPÍTULO II

DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS INSPECTORES

Artículo 6- Nombramiento de inspectores. La Junta Directiva del Colegio nombrará uno o más inspectores, según lo considere necesario, cuya función será verificar el fiel cumplimiento de la Ley del Timbre Odontológico por parte de odontólogos, depósitos dentales, establecimientos comerciales, importadores y, en general, por cualquier persona física o jurídica, en la importación, compra y venta de materiales, medicinas o instrumentos necesarios para el ejercicio de la odontología.

El acuerdo de su nombramiento se publicará en el Diario Oficial “La Gaceta”.

Artículo 7- Requisitos de los inspectores. Los inspectores deberán ser contadores incorporados al colegio respectivo.

Artículo 8- Facultades y deberes de los inspectores. Los inspectores sujetarán su actuación a las facultades y deberes inherentes a la Administración Tributaria, previstos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en cuanto fueren aplicables.

Artículo 9- Colaboración de las Aduanas. Las Aduanas suministrarán a los inspectores la información que éstos les requieran referente al desalmacenaje de materiales, medicamentos y equipos dentales.

Artículo 10- Información de los interesados y de terceros. Los depósitos dentales, establecimientos comerciales, importadores y, en general, cualquier persona física o jurídica, que compre y venda materiales, medicinas o instrumentos para el ejercicio de la odontología, presentarán a los inspectores, cuando éstos les soliciten, los libros, los archivos, los registros contables y toda otra información que interese para verificar si se ha pagado correctamente o no el Timbre Odontológico.

Les suministrarán también copia de los documentos que los inspectores requieran, cuyo costo correrá a cargo del Colegio.

CAPÍTULO III

DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO

Artículo 11- Formas de determinación. La determinación del tributo se debe realizar aplicando los siguientes sistemas:

Sobre base cierta, tomando en cuenta las facturas originales de las transacciones; y

Si no fuere posible contar con las facturas originales, sobre base presunta, tomando en cuenta otros documentos, libros, registros, hechos y circunstancias que permitan determinar la existencia y cuantía de la obligación.

Artículo 12- Vista inicial. Si del examen de los documentos se comprobare que el obligado a adherir el Timbre Odontológico no lo ha hecho, o lo ha hecho en forma incompleta, el inspector le propondrá por escrito que regularice la situación mediante el pago del monto correspondiente al Timbre omitido. En el supuesto de que este sujeto pasivo no regularice su situación, el inspector continuará el procedimiento trasladándole las observaciones o los cargos que se le formulen; en el mismo acto le prevendrá que debe señalar un lugar o número de fax para recibir notificaciones.

Artículo 13- Reclamo del contribuyente. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de notificación del traslado que menciona el artículo anterior, el contribuyente puede impugnar por escrito las observaciones o cargos formulados por el inspector. En tal caso especificará los hechos y las normas legales en que fundamenta su reclamo, alegará las defensas que considere pertinentes con respecto a las infracciones que se le atribuyan y proporcionará u ofrecerá las pruebas respectivas.

Artículo 14- Resolución del Tesorero. Interpuesta o no la impugnación, el Tesorero del Colegio dictará y firmará la resolución que corresponda, resolviendo las cuestiones debatidas en el reclamo si lo hubiere, o en su defecto, con lo que conste en el expediente.

Dicha resolución se dictará dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo de treinta días para interponer el reclamo a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 15- Requisitos de la resolución determinativa. La resolución determinativa deberá llenar los siguientes requisitos:

  1. Enunciación del lugar y fecha;

  2. Indicación del tributo;

  3. Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas;

  4. Fundamentos de hecho y de derecho de la decisión;

  5. Elementos de la determinación aplicados, en caso de estimación sobre base presunta;

  6. Determinación de los montos exigibles por el Timbre Odontológico;

  7. Firma del Tesorero.

Artículo 16- Recursos contra la resolución determinativa. Contra la resolución a que se refiere el artículo anterior caben los recursos de revocatoria y apelación subsidiaria, que se interpondrán ante el Tesorero, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada.

El recurso de revocatoria será resuelto dentro de los quince días naturales siguientes a su interposición.

Si el Tesorero denegare la revocatoria, en el mismo acto admitirá la apelación subsidiaria y elevará el expediente a la Junta Directiva dentro de los cinco días siguientes. Ésta resolverá el recurso dentro del plazo máximo de dos meses y su resolución agotará la vía administrativa.

CAPITULO IV

DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 17- Domicilio para notificaciones. Al contestar el traslado a que se refiere al artículo 7°, el reclamante deberá señalar un lugar o un número de fax para recibir notificaciones.

Artículo 18- Contenido de las notificaciones. La notificación contendrá el texto íntegro de la resolución y, además, la indicación de los recursos que quepan contra ella, el plazo para interponerlos, ante quien se han de interponer, quienes los resolverán, de conformidad con el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 19- Formas de notificación. En todo lo relativo al trámite de determinación del tributo el Colegio utilizará las formas de notificación establecidas en el artículo 137 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y, supletoriamente, por las establecidas en el artículo 6º de la Ley de notificaciones, citaciones y otras comunicaciones judiciales Nº 7637, de 21 de octubre de 1996.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 20- Procedimiento común. Para aplicar las sanciones de multa y de suspensión del ejercicio profesional que establece la Ley N° 3752 del 4 de octubre de 1966, se seguirá el procedimiento ordinario previsto en el Libro Segundo, Título Sexto, Capítulo Primero, de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas.

Artículo 20.- Designación de un órgano director. La Junta Directiva designará un órgano director del procedimiento.

Artículo 21.- Trámite. En todo lo relativo a la comparecencia se aplicará la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 22- Dictado del acto final. Terminada la comparecencia el asunto quedará listo para dictar el acto final, lo cual deberá hacer la Junta Directiva dentro del plazo de quince días naturales, contado a partir de la fecha de la comparecencia.

Artículo 23- Comunicación del acto final. El acto final se comunicará al interesado utilizando las formas establecidas en el Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley General de la Administración Pública y, supletoriamente, por las establecidas en el artículo 6º de la Ley de notificaciones, citaciones y otras comunicaciones judiciales Nº 7637, de 21 de octubre de 1996.

Artículo 24- Recursos contra el acto final. La resolución a que se refiere el artículo anterior tendrá los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria para ante la Asamblea General, que deberán interponerse ante el órgano director del procedimiento, dentro de tres días hábiles contados a partir de la notificación.

Artículo 25- Trámite de los recursos. El órgano director emplazará a las partes ante la Junta Directiva, a la cual remitirá el expediente. Ésta resolverá el recurso de revocatoria y si lo denegare remitirá el expediente a la Junta Directiva.

El trámite y resolución de los recursos se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, con la salvedad de que deben añadirse los plazos que estipula la Ley Orgánica del Colegio para la celebración de la Asamblea General.

Artículo 26- Ejecución de la suspensión del ejercicio profesional. Cuando esté firme el acto final, la suspensión se publicará una vez en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación; la sanción comenzará a cumplirse el día siguiente de la publicación.

Artículo 27- Normas supletorias. En lo no previsto en este Reglamento se aplicarán supletoriamente el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Ley General de la Administración Pública y la Ley General de Aduanas Nº 7557, de 20 de octubre de 1995 y sus reformas.

Artículo 28- Vigencia. Rige a partir de su publicación. excepto en cuanto al trámite ante la Tesorería Nacional, que puede hacerse antes e independientemente de la emisión de este Reglamento.

Reglamento Fiscalización del Timbre Odontologico

Descargar Reglamento Fiscalización Timbre Odontológic

LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL

COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA

En uso de las facultades conferidas por los artículos 3º y 17 a) de su Ley Orgánica Nº 5784, de 19 de agosto de 1975,

CONSIDERANDO:

I- Que el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, en adelante el  Colegio, es acreedor del Timbre Odontológico, creado por la Ley  N° 24 del 19 de noviembre de 1941 reformada por la Ley N° 3752 del 04 de octubre de 1966.

II- Que conforme con el artículo 22 de la Ley N° 24 de cita,  el Colegio, ostenta las facultades de fiscalización y control sobre la recaudación del Timbre Odontológico.

III- Que de conformidad con el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, el Colegio, por ser el fiscalizador y perceptor del Timbre Odontológico, tiene el carácter de Administración Tributaria, y como tal está facultado para aplicar los procedimientos de dicho Código para la fiscalización, determinación y cobro correcto de dicho timbre.

IV- Que si bien el Colegio por disposición de su Ley Orgánica, debe hacer imprimir los timbres que considere necesarios en valores de: ¢0.50, ¢ 1.00, ¢ 2.00, ¢ 5.00 y ¢ 10.00, el artículo 10 de la Ley 8131, de 4 de septiembre del 200l, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, establece que los entes u órganos del sector público definirán los medios de pago que podrán utilizarse en procura de la mayor conveniencia para las finanzas públicas. Atendiendo a los principios de eficiencia y seguridad, podrán establecer que para determinados pagos se utilice un medio único e implementar los mecanismos y las condiciones para captar y recibir recursos. Así, esta disposición le permite al Colegio imprimir timbres por valores múltiplos de ¢ 10.00.

V- Que el Colegio como Administración Tributaria conforme con el artículo 22 de la Ley  N° 24 del 19 de noviembre de 1941 y sus reformas, le corresponde velar por la recaudación de los ingresos producto del Timbre odontológico.

VI- Que a la Junta Directiva le corresponde de conformidad con el artículo 24 inciso j) de la Ley N° 5784 de cita,  imponer sanciones disciplinarias.

VII- Que es conveniente establecer un reglamento que facilite el ejercicio de las citadas competencias legales, por lo cual la Asamblea General, en sesión Nº075 de 18 de agosto del dos mil xx, aprobó el siguiente:

 

 

REGLAMENTO PARA APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION DEL COBRO DEL TIMBRE ODONTOLÓGICO Y DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Marco normativo.

Las facultades, funciones y actividades que ejerce el Colegio como administración tributaria están enmarcadas por:

  1. a) La Constitución Política.
  2. b) Los tratados internacionales.
  3. c) Las leyes sustantivas y formales en materia tributaria aplicables al Colegio, en particular la Ley N° 24 del 19 de noviembre de 1941 reformada por la Ley N° 3752.
  4. d) Los reglamentos emitidos por el Colegio.
  5. e) Las resoluciones y directrices generales emitidas por el Colegio.
  6. f) Los pronunciamientos vinculantes de la Procuraduría General de la República.
  7. g) Otras disposiciones relativas a otras ramas del derecho de aplicación supletoria.

Artículo 2.- Definiciones.

Sin perjuicio de otras definiciones contenidas en el resto del articulado y demás normativa tributaria, para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

Administración Tributaria. Es el órgano administrativo encargado de gestionar y fiscalizar el timbre odontológico.

Aplazamiento de pago. Autorización que otorga la Administración Tributaria al obligado tributario, para hacer el pago de una deuda tributaria y sus intereses.

Colegio: el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Establecimiento permanente: se entiende como tal un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa o persona realiza toda o parte de su actividad.

Información por requerimiento individualizado. Información que obtiene el Colegio a través de un requerimiento de información individualizado a un obligado tributario, en relación con su situación tributaria

Información de trascendencia tributaria. Aquella que se considera como información previsiblemente pertinente para la determinación del timbre odontológico.

Registro Único Tributario. Base de datos que contiene la información identificativa de contribuyentes, declarantes y responsables del pago del timbre odontológico; así como de los deberes formales que les corresponde como obligados tributarios.

Capítulo II

De la obligación tributaria

Artículo 3: Sujeto activo. El ente acreedor del timbre odontológico es el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 4: Sujeto pasivo: es el sujeto que realiza el hecho generador, de conformidad con lo establecido en la Ley  N° 24 del 19 de noviembre de 1941 reformada por la Ley N° 3752.

Artículo 5: Del hecho generador: la venta de toda clase de materiales o instrumentos para el ejercicio de Odontología, de conformidad con lo establecido en la Ley  N° 24 del 19 de noviembre de 1941 reformada por la Ley N° 3752.

Capítulo III

DE LA EMISIÓN Y PAGO DEL TIMBRE

Artículo 6.- Del timbre. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° inciso a) de la Ley Nº 3752 de cita,  el Colegio emitirá un timbre denominado “Timbre Odontológico” que deberá adherirse a cualquier factura que se expida por la venta de toda clase de materiales o instrumentos para el ejercicio de la odontología.

Artículo 7.- Tarifa. Toda factura por venta de contado o crédito deberá llevar Timbres Odontológicos según la tabla siguiente: de ¢ 0.05 a ¢ 10.00 pagarán ¢ 0.50 de timbre; de ¢ 10.05 a ¢ 20.00, ¢ 1.00 de timbres; de ¢ 20.05 a ¢ 30.00, ¢ 1.50 de timbres; de ¢ 30.05 a ¢ 40.00, ¢ 2.00 de timbres; de ¢ 40.05 a ¢ 50.00, ¢ 2.50 de timbres; de ¢ 50.05 a ¢ 60.00, ¢ 3.00 de timbres; de ¢ 60.05 a ¢ 70.00, ¢ 3.50 de timbres; de ¢ 70.05 a ¢ 80.00, ¢ 4.00 de timbres; de ¢ 80.05 a ¢ 90.00, ¢ 4.50 de timbres, de ¢ 90.05 a ¢ 100.00, ¢ 5.00 de timbres. Las facturas mayores de ¢ 100.00 pagarán el 5%.

Artículo 8.- Valores de los timbres. El Colegio hará imprimir timbres en valores múltiplos de ¢ 10,00 para adecuarlos a los precios actuales de los materiales e instrumentos de odontología, al amparo del artículo 10 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 citada.

Artículo 9.- Pago del timbre en las ventas locales. Los timbres que lleven las facturas deberán ser agregados a éstas y cancelados o matados por el vendedor de los materiales o instrumentos odontológicos.

Capítulo III

De los derechos y deberes de los obligados tributarios

Sección i: de los deberes de inscripción, DESINSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE APODERADOS

Artículo 10.- Obligación de inscripción. Las personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, que realicen venta de toda clase de materiales o instrumentos para el ejercicio de la odontología tienen el deber de inscribirse ante la Administración Tributaria del Colegio de Cirujanos Dentistas.

La inscripción debe realizarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que inicie actividades u operaciones.

La inscripción debe realizarse por medio de un formulario creado al efecto o los medios y en la forma que determine la Administración Tributaria del Colegio. En esta debe consignarse toda la información que solicite la Administración Tributaria y que permita identificar en forma clara al obligado tributario, su actividad económica -principal y secundaria-, el domicilio de la actividad económica, el nombre del representante legal cuando proceda, la dirección del domicilio fiscal, dirección de la casa de habitación del representante legal y la identificación personal o social del que se inscribe, datos de establecimientos auxiliares, así como cualquier otra información adicional que determine la Administración Tributaria, mediante resolución general.

Artículo 11.- Obligación de comunicar la modificación de datos. Los obligados tributarios deben comunicar toda modificación de sus datos de trascendencia tributaria, únicamente en la forma y por los medios que determine la Administración Tributaria, vía resolución general, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la modificación.

 

Artículo 12.- Obligación de desinscripción. En los casos en que los obligados tributarios cesen en sus actividades, dejen de realizar el hecho generador o las actividades establecidas por ley, están obligados a desinscribirse.

Si existe omisión en la regulación de este deber en alguna normativa tributaria, la obligación de desinscripción subsiste y los obligados tributarios deben solicitarla dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de cese de las actividades lucrativas o cuando dejen de realizar el hecho generador o las actividades establecidas por ley.

Las obligaciones pendientes con la Administración subsisten durante el plazo de prescripción que establece el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, aunque exista desinscripción del obligado tributario. Se incluyen las entidades que carezcan de personalidad jurídica.

Artículo 13.- Acreditación de apoderados. Utilizando los medios que determine la Administración Tributaria, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica deben acreditar a su representante legal, con indicación expresa de su domicilio fiscal. Asimismo, tanto ellos como las personas físicas, pueden acreditar a cualquier apoderado que estimen conveniente para actuar ante la Administración Tributaria en nombre de los obligados tributarios, siempre y cuando tenga facultades suficientes conforme a la ley.

La Administración Tributaria debe disponer de una base de datos para mantener actualizada la información de las personas acreditadas, indicando la calidad del poder que ostenten, de conformidad con lo que disponen los artículos 1251 y concordantes del Código Civil.

No son susceptibles de acreditación permanente los apoderados especiales y especialísimos, por lo que solo se deben acreditar en el expediente correspondiente al trámite específico en que actúen.

Artículo 14.- Actuación de apoderados acreditados. En tanto la acreditación esté vigente, basta con que el apoderado muestre su cédula de identidad al funcionario competente de la Administración Tributaria, para realizar gestiones verbales o escritas.

En actuaciones escritas donde el apoderado no actúe personalmente ante la Administración Tributaria, la firma del documento donde conste la gestión de que se trate, debe estar debidamente autenticada por un Notario Público.

En el caso de actuaciones a través del portal digital, basta con el uso de la clave de acceso previamente asignada por la Administración Tributaria o con la firma digital, según sea la modalidad utilizada por la Administración.

Artículo 15.- Actuación de apoderados no acreditados. Quienes demuestren poder legal suficiente, aun cuando no estén acreditados, podrán actuar ante la Administración Tributaria en el procedimiento o trámite específico en que se apersonen.

 

SECCIÓN II: De la inscripción, modificación de datos y desinscripción de oficio en el registro de obligados tributarios del timbre odontológico

 

Artículo 16.- Inscripción, modificación de datos y desinscripción de oficio. Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 5, 6 y 7 de este Reglamento, la Administración Tributaria del Colegio procederá de oficio a realizar la inscripción, modificación de datos y desinscripción, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos siguientes, así como en las resoluciones y directrices que se dispongan al efecto.

 

Artículo 17.- Omisión en la obligación de inscripción. Cuando el obligado tributario incurra en la omisión de la inscripción, la Administración Tributaria inscribirá de oficio a aquellos que detecte en sus labores de verificación y control.

 

Artículo 18.- Omisión en la obligación de modificar datos. Ante la omisión de los obligados tributarios de comunicar cualquier modificación de datos de trascendencia tributaria, la Administración Tributaria está facultada para modificar de oficio aquellos datos que no se conformen con la realidad del obligado tributario.

 

Artículo 19.- Omisión en la obligación de desinscripción. Cuando la Administración Tributaria constate que un obligado tributario no se ha desinscrito, a pesar de haber dejado de realizar labores o actividades generadoras de obligaciones tributarias, desinscribirá de oficio a aquellos que no hayan cumplido con tal obligación, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones administrativas pertinentes.

 

Artículo 20.- Actualización de oficio de los datos del Registro Único Tributario. El funcionario que determine la existencia de datos inexactos, incompletos u omitidos, que consten en el Registro Único Tributario de la Administración Tributaria del Colegio o una omisión en la presentación de la declaración de inscripción o desinscripción, debe levantar un acta de hechos y dar inicio al proceso de inscripción o desinscripción de oficio, según proceda.

No se requerirá acta de hechos cuando exista otro documento que sirva de prueba del motivo de la actualización de oficio que regula el presente artículo, ni cuando se trate de actuaciones masivas de desinscripción.

El funcionario a cargo de la diligencia debe elaborar el formulario establecido por la Administración Tributaria para la inscripción, modificación o desinscripción de oficio, consignando la información actualizada del obligado tributario y lo notificará en los casos que corresponda, conforme al artículo siguiente.

La actualización de oficio surtirá efectos a partir del día hábil siguiente a su notificación; sin perjuicio de las obligaciones tributarias incurridas con anterioridad a la inscripción y será aplicable a períodos fiscales anteriores dentro del plazo prescriptivo.

Artículo 21.- Notificación del acto administrativo que inscribe, modifica o desinscribe de oficio.

1) El formulario en que conste el acto administrativo de inscripción, modificación o desinscripción de oficio en el Registro Único Tributario, debe ser notificado al obligado tributario cuando se varíen o incluyan los siguientes datos:

  1. a) Cuando se inscriba o se desinscriba al obligado tributario ante la Administración Tributaria, salvo que se trate de actuaciones masivas de desinscripción.
  2. b) Cuando se indique un domicilio fiscal diferente al comunicado por el obligado tributario.
  3. c) Cuando se indique una actividad económica principal diferente a la registrada por el interesado.
  4. d) Cuando se incluyan o se varíen actividades económicas secundarias y/o establecimientos auxiliares diferentes a los registrados por el interesado.

2) No es necesario notificar el formulario de modificación de datos de oficio, en las siguientes situaciones:

  1. a) Cuando de oficio la Administración Tributaria actualice información del representante legal que conste en el Registro Nacional.
  2. b) Cuando se actualice el teléfono fijo o celular, fax o correo electrónico.
  3. c) Cuando se actualice el nombre comercial.
  4. d) Cuando se amplíen las señas del domicilio fiscal, pero no se altere o modifique el existente.

Sección III Del domicilio fiscal para efectos DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS REFERENTES Al Timbre Odontológico

Artículo 22.- Obligación de comunicar el domicilio fiscal. Corresponde al obligado tributario dar las referencias necesarias para fijar e identificar el domicilio fiscal para efectos de sus relaciones con la Administración Tributaria del Colegio, en los casos en que esté obligado a inscribirse como obligado tributario. Los datos del domicilio fiscal deben ser ciertos, claros y necesariamente indicar en forma detallada, la provincia, el cantón, el distrito, el barrio y las señas adicionales que permitan la fácil ubicación de la oficina, negocio, empresa o lugar donde se lleve a cabo la actividad económica.

Mediante resolución general la Administración Tributaria indicará aquellos casos en que se considere oportuno exigir el registro de un domicilio fiscal aunque no exista un deber legal de inscripción.

Para cumplir con el deber de comunicar el domicilio fiscal, el obligado tributario debe utilizar únicamente los medios y la forma que establezca la Administración Tributaria. En los casos en que no se consignen todos los datos y elementos necesarios para ubicar correctamente el domicilio fiscal, no se tendrán por señalados; sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda oportunamente.

La Administración Tributaria puede en cualquier momento comprobar o rectificar el domicilio fiscal del obligado tributario, según el procedimiento de modificación de domicilio fiscal establecido en este Reglamento.

Artículo 23.- De las personas físicas. Las personas físicas están obligadas a comunicar su domicilio fiscal al momento de la inscripción ante la Administración Tributaria.

Para la fijación y comunicación del domicilio fiscal, se deben acatar las siguientes disposiciones:

Las personas físicas que desarrollen actividades económicas que realicen el hecho generador  del timbre odontológico deben señalar como su domicilio fiscal, el lugar donde estén centralizadas esas actividades económicas o se ubique la dirección de las actividades que desarrollan. En su defecto, el lugar donde tengan su residencia habitual.

En el caso de que la persona física ejerza actividades económicas y se encuentre residiendo temporalmente en Costa Rica, se considera como el domicilio fiscal el lugar donde esté ejerciendo sus actividades económicas.

Artículo 24.- De las personas jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica. Las personas jurídicas están obligadas a comunicar su domicilio al momento de la inscripción ante la Administración Tributaria.

Se considera como el domicilio fiscal de las personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

Artículo 25.- De las personas domiciliadas en el extranjero. Las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que residan en el extranjero, están obligadas a establecer su domicilio fiscal, según se indica a continuación:

  1. a) Las personas físicas con establecimiento permanente en el país, se regirán por el artículo 18 de este Reglamento.
  2. b) Las personas jurídicas y demás entes colectivos sin personalidad jurídica con establecimiento permanente en el país, se regirán por lo establecido en el artículo 19 de este Reglamento.
  3. c) En los demás casos, cuando no exista establecimiento permanente en el país, el sujeto pasivo debe comunicar un domicilio fiscal, respetando el siguiente orden:

1) El domicilio del representante legal en el país y a falta de este;

2) El lugar donde ocurra el hecho generador de la obligación tributaria. En este caso, el sujeto pasivo está obligado a designar un apoderado en el país.

Artículo 26.- Obligación de comunicar el cambio de domicilio fiscal. Los obligados tributarios deben comunicar a la Administración Tributaria el cambio del domicilio fiscal y surtirá efectos a partir del momento de efectuada la comunicación.

El cambio de domicilio fiscal que se realice sin observar la forma y los medios que la Administración Tributaria ha dispuesto, no surtirá efectos jurídicos.

Artículo 27.- Domicilio fiscal infructuoso o incumplimiento en la fijación del domicilio fiscal. Si el obligado tributario ha incumplido la obligación de establecer un domicilio fiscal o el facilitado resultare infructuoso, la Administración Tributaria puede fijar de oficio el domicilio fiscal.

Determinado el domicilio fiscal se debe levantar un acta en que se consigne y registre la nueva dirección, y notificarla al obligado tributario, luego de lo cual, el nuevo domicilio fiscal será válido para efectuar notificaciones de todos los procedimientos que se inicien con posterioridad.

Sección IV De la potestad verificadora del Colegio de Cirujanos Dentistas

Artículo 28:  Al Fiscal y al Tesorero del Colegio le asisten por la vía supletoria,  aparte de las facultades de control y verificación que le otorga la Ley Orgánica del Colegio al Presidente,  las facultades y deberes propios del fisco, contemplados en el Titulo IV Capítulo I del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, entre ellos las facultades de control, verificación, fiscalización y recaudación del tributo, y la facultad de determinación de la obligación tributaria contemplada también en el Capítulo II del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con estricta observancia de los procedimientos establecidos en la Sección cuarta del mismo cuerpo legal. Así, el Colegio en tanto sujeto acreedor, emisor y recaudador del tributo, y de acuerdo a los artículos 25 inciso k), 27 inciso f), 28 incisos a), b) y f) de la Ley N° 5784 de supra cita, y del inciso 5) del artículo 22 de la Ley N° 24 indicada, ostenta facultades de fiscalización y control sobre la recaudación del timbre odontológico

Sección V: Información por medio de suministro

Artículo 29.- Deber de proporcionar información previsiblemente pertinente. Las personas, físicas, jurídicas, públicas o privadas y entidades sin personalidad jurídica, en calidad de informantes, están obligadas a proporcionar a la Administración Tributaria del Colegio de Cirujanos Dentistas la información previsiblemente pertinente sobre los obligados tributarios que se halle en su poder, con las limitaciones que establece la ley. La información podrá ser requerida dentro o fuera de un procedimiento de determinación de oficio.

La Administración Tributaria está facultada para requerir dicha información mediante suministros generales o por requerimientos individualizados; en formato impreso o digital, y por los medios que ella defina.

Artículo 30.- Suministros generales de información. Por resolución general, la Administración Tributaria está facultada para imponer a determinadas personas físicas, jurídicas, públicas o privadas y entidades sin personalidad jurídica, la obligación de suministrar, en forma periódica, la información previsiblemente pertinente que se halle en su poder y que derive de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas que sean obligados tributarios actuales o potenciales del timbre odontológico.

Esta resolución debe indicar en forma precisa los obligados tributarios, la clase de información exigida y la periodicidad con que debe ser suministrada en los medios que defina la Administración Tributaria del Colegio, indicando la fecha o plazo máximo que se otorga para cumplir con este deber.

Artículo 31.- Requerimientos individualizados de información. La Administración Tributaria del Colegio está facultada para requerir información individualizada que resulte previsiblemente pertinente para efectos tributarios, al sujeto inspeccionado o a terceros relacionados con este, con el fin de procurar la correcta verificación de la situación tributaria objeto de comprobación. En ese sentido, los depósitos dentales, establecimientos comerciales, importadores y, en general, cualquier persona física o jurídica, que compre y venda materiales, medicinas o instrumentos para el ejercicio de la odontología, presentarán a los inspectores, cuando éstos les soliciten, los libros, los archivos, los registros contables y toda otra información que interese para verificar si se ha pagado correctamente o no el Timbre Odontológico.

Les suministrarán también copia de los documentos que los inspectores requieran, cuyo costo correrá a cargo del Colegio.

Los requerimientos de referencia deben ser motivados y notificados al obligado tributario.

El obligado tributario dispondrá de un plazo de diez días hábiles para cumplir con esta obligación. No obstante, en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor o en los supuestos de especial complejidad, a criterio del superior del funcionario a cargo, podrá prorrogarse este plazo hasta por veinte días hábiles adicionales, previa solicitud del obligado tributario.

Contra el requerimiento de información no cabe recurso alguno.

Artículo 32.- Corrección de las declaraciones informativas. Las personas físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica, que estén obligadas a proporcionar a la Administración Tributaria información previsiblemente pertinente deducida de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas, pueden modificar los registros o corregir los errores de contenido u omisiones de la información proporcionada, en los medios y modelos que la Administración Tributaria disponga. Toda información que el sujeto pasivo presente con posterioridad a la inicial será considerada rectificación de la inicial o de la última modificada.

Sección VI: de la confidencialidad de la información

Artículo 33.- Carácter confidencial de la información. La información de naturaleza privada de los obligados tributarios e incluso de cualquier persona o entidad que fuere obtenida por la Administración Tributaria del Colegio tendrá como fin el cumplimiento de las facultades otorgadas por ley y su carácter es confidencial.

La confidencialidad implica la protección de los datos y documentos que reflejen el estado económico y financiero individualizado del contribuyente.

Artículo 34.- Información de acceso público. Es de acceso público la información referida al nombre de los sujetos pasivos, períodos y montos de las deudas respecto de las cuales haya vencido el plazo legal para el pago de la obligación tributaria sin que haya cumplido esta obligación; así como el nombre de aquellos que hayan omitido la presentación de las declaraciones, una vez vencidos los plazos establecidos por ley y el nombre de aquellos sujetos pasivos que habiendo realizado actividades económicas incumplan el deber de inscripción.

Se faculta a la Administración Tributaria para publicar la lista de morosos. No obstante lo anterior, los nombres y montos podrán ser suministrados siempre que se encuentren firmes en sede administrativa y no hayan acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

Excepto en los casos en que exista una ley que autorice al requirente a tener acceso a información confidencial, sea sujeto de Derecho Público o de Derecho Privado, únicamente se le podrá proporcionar al solicitante la que surja de la publicación de datos estadísticos generalizados, pero no individualizados ni que permita conocer la situación financiera del sujeto pasivo.

Artículo 35.- Uso de la información confidencial. La información recabada por la Administración Tributaria del Colegio no puede ser utilizada para fines distintos a los tributarios, salvo norma legal que así lo autorice y siempre dentro de las facultades otorgadas a la Administración Tributaria. El carácter privado de la información capturada para fines tributarios del Timbre Odontológico prevalece y debe resguardarse según lo dispone la ley.

Los servidores de la Administración Tributaria únicamente están autorizados a acceder a la información propia de la gestión administrativa que estén tramitando y conforme a los casos específicos que le han sido asignados por parte de su superior.

La información tributaria confidencial puede utilizarse para fines no tributarios por parte de otras entidades ajenas a la Administración Tributaria, cuando el acceso a dicha información esté respaldado en una norma legal que así lo permita.

Todos los requerimientos de información confidencial solicitados a la Administración Tributaria del Colegio deben justificar el uso que se le dará a esta información, estando totalmente prohibido un uso distinto a aquel que por norma legal se les haya asignado.

Artículo 36.- Requerimientos de información confidencial por parte de la Administración Tributaria. La información obtenida por otros entes públicos debe ser trasladada a la Administración Tributaria cuando así se les requiera, en forma individual o generalizada, siempre que la información tenga el carácter de previsiblemente pertinente para efectos tributarios de la gestión, fiscalización o recaudación del Timbre Odontológico.

 

Artículo 37.- Requerimientos de información a terceros. En todos los casos en que se requiera información a terceros, la justificación del requerimiento se limitará a los fundamentos legales que permiten solicitarla y a por qué se considera previsiblemente pertinente.

SECCIÓN VII: DE LAS DENUNCIAS

Artículo 38.- Denuncias. Las denuncias que presenten las personas físicas o jurídicas ante la Administración Tributaria, relacionadas con hechos o situaciones que conozcan y puedan tener trascendencia o incidir en la gestión del timbre odontológico, serán trasladadas a los órganos competentes de la Administración Tributaria. Estos órganos deben programar las actuaciones que procedan, si se considera que existen indicios suficientes que ameriten la instrucción del caso.

Se deben archivar sin más trámite, aquellas denuncias que no especifiquen ni concreten suficientemente los hechos denunciados.

No se considera al denunciante como parte interesada en la actuación administrativa que se inicie a raíz de la denuncia, ni legitimado para interponer recursos o reclamaciones en relación con los resultados de la misma. Sin embargo, si se le da trámite a la denuncia, tal situación se le comunicará.

Sección VIII: de los derechos y garantías del SUJETO PASIVO

Artículo 39. Derechos generales de los sujetos pasivos. Constituyen derechos generales de los sujetos pasivos del timbre odontológico, en aplicación supletoria del artículo 171 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por disposición expresa del  numeral 1° del mismo Código,  y conforme con lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Costa Rica, los siguientes:

1) Derecho al debido proceso y al derecho de defensa de los sujetos pasivos en los procedimientos ante la Administración Tributaria y la Junta Directiva del Colegio.

 

2) Derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria en el ejercicio de sus derechos o en relación con el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios, así como su contenido y alcance.

 

3) Derecho a obtener, de forma pronta, las devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio, más los intereses que correspondan, de conformidad con la normativa aplicable.

 

4) Derecho a consultar, en los términos previstos por la normativa aplicable, a la Administración Tributaria y a obtener respuesta oportuna, de acuerdo con los plazos legales establecidos. Tratándose de solicitudes que consisten en un mero derecho a ser informado, la respuesta debe ser obtenida dentro del plazo de diez días hábiles desde su presentación.

 

5) Derecho a una calificación única de los documentos que sustenten sus peticiones y a ser informado por escrito de los requisitos omitidos en la solicitud o el trámite o que aclare la información.

 

6) Derecho a conocer, cuando así lo solicite, el estado de tramitación de los procedimientos en que sea parte.

 

7) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas del servicio de la Administración Tributaria, bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos de gestión, fiscalización y recaudación tributaria, en los que tenga la condición de interesados.

 

8) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y recibidos, que deberían encontrarse en poder de la Administración actuante, salvo razones justificadas.

 

9) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter confidencial de los datos, informes y antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, que solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación del timbre odontológico, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos expresa y específicamente en las leyes.

 

10) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración Tributaria del Colegio de Cirujanos Dentistas.

 

11) Derecho a formular, en los casos en que sea parte, alegaciones y aportar documentos que deberán ser tomados en cuenta por los órganos competentes en la redacción de las resoluciones y los actos jurídicos en general.

 

12) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo al dictado de la resolución o acto que tendrá efectos jurídicos para los sujetos pasivos, de conformidad con la ley.

 

13) Derecho a ser informado de los valores y los parámetros de valores que se empleen para fines tributarios.

 

14) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación y fiscalización llevadas a cabo por la Administración Tributaria del Colegio, acerca de su naturaleza y alcance, a que no puedan ser modificados sus fines sin previo aviso, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones, y a que se desarrollen mediante los procedimientos y plazos previstos en la ley.

 

15) Derecho a que la Administración Tributaria le advierta de manera explícita, concluida la actualización fiscalizadora y antes de dictado el acto final, de las consecuencias jurídicas y económicas que conlleva la aceptación de la determinación de oficio o de las infracciones cometidas, tanto en cuanto al tributo a pagar, como a los accesorios y sanciones.

 

16) Derecho de hacerse acompañar por un profesional competente en materia tributaria, para que le aconseje y asesore en el proceso, sin que ello constituya una obligación del contribuyente.

Artículo 40. Derecho de acceso al expediente administrativo.

  1. Los contribuyentes tienen derecho a conocer el expediente administrativo y a obtener copia a su costo de los documentos que lo integren en el trámite de puesta de manifiesto de este, en los términos previstos por la ley.
  1. Por su parte, la Administración Tributaria está obligada a facilitar al interesado el expediente administrativo. El servidor público que se niegue a facilitar el expediente o se niegue a permitir el fotocopiado incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes, sancionado en el artículo 332 del Código Penal.
  1. Como garantía del derecho del contribuyente al acceso del expediente, éste deberá mantenerse identificado, foliado de forma consecutiva en su numeración, completo y en estricto orden cronológico. La citada numeración podrá hacerse mediante sistemas electrónicos o digitales, si procede, a fin de garantizar su consecutividad, veracidad y exactitud. 
  1. Ningún documento o pieza del expediente debe separarse de él, por ningún motivo, a fin de que esté siempre completo. El contenido del expediente así conformado, así como el expediente accesorio referido en el párrafo siguiente, si lo hay, constituyen los únicos elementos probatorios en que puede fundamentar la Administración su resolución o actuación. Los documentos o elementos probatorios que no estén en el expediente principal o en el accesorio, no surtirán efecto jurídico alguno en contra del contribuyente.

 

  1. Si el expediente principal se encuentra sustentado en sus probanzas en otro legajo, compuesto por hojas de trabajo u otros elementos probatorios, dicho legajo se denominará expediente accesorio, que deberá reunir las mismas formalidades y requisitos que el principal. En el expediente principal se indicará la existencia del accesorio y el número de folios que contiene.

 

  1. Cuando se hace referencia al expediente administrativo se alude al expediente principal y al expediente o a los expedientes accesorios, los cuales forman parte integral e indivisible de aquel para todos los efectos, tanto internos de la Administración, como a los derechos derivados a favor del contribuyente a que se ha hecho referencia.

 

Artículo 41.- Derecho de defensa.

 

  1. El derecho de defensa del contribuyente deberá ser ejercido dentro de los limites razonables establecidos en el ordenamiento jurídico.

 

  1. La Administración Tributaria está obligada a evacuar la prueba ofrecida en tiempo y forma, so pena de incurrir en nulidad absoluta; salvo la prueba impertinente. Caerá en abandono la prueba ofrecida y no evacuada por culpa del interesado, si transcurre un plazo de treinta días hábiles, contado desde la fecha en que la Administración instó su diligenciamiento, sin que lo haya hecho, según resolución motivada que así lo disponga.

 

  1. El contribuyente puede invocar para su defensa todos los medios de prueba indicados en el Código Procesal Civil, a excepción de la confesión a los servidores de la Administración Tributaria.

 

  1. El contribuyente podrá hacerse representar en los términos del presente Reglamento y conforme a otras normas legales que así lo establezcan.

 

  1. A efectos de que el contribuyente pueda ejercer, de manera efectiva, el derecho de defensa en contra de los actos jurídicos y las actuaciones materiales de la Administración Tributaria, esta debe pronunciarse sobre todos los alegatos y valorar las pruebas aportadas de manera razonable.

 

Artículo 42. Carga de la prueba. La carga de la prueba incumbe a la Administración Tributaria del Colegio respecto de los hechos constitutivos de la obligación tributaria material, mientras que incumbe al contribuyente respecto de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la obligación tributaria.

 

Artículo 43.- Motivación de los actos. Los actos jurídicos y las actuaciones materiales de la Administración Tributaria deben ser motivados, cuando establezcan deberes u obligaciones a cargo de los contribuyentes. La motivación consistirá en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la decisión. La falta de motivación de un acto o de una actuación material de la Administración, en los términos expresados, causa su nulidad.

 

Toda resolución de la Administración Tributaria debe reunir los requisitos que contempla el artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, aplicado de forma supletoria, por disposición expresa del numeral 1° del mismo cuerpo normativo, así como indicar, si es del caso, las infracciones cometidas, las sanciones y los recargos que procedan.

 

Capítulo III DE LA DETERMINACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS

Artículo 44- Formas de determinación. La determinación del tributo se debe realizar aplicando el siguiente método:

Sobre base cierta, tomando en cuenta las facturas originales de las transacciones; y si no fuere posible, sobre base presunta, tomando en cuenta la información con que cuente la Administración Tributaria del Colegio que permitan estimar la existencia y cuantía de la obligación.

CAPITULO IV: DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN

Artículo 45.- Determinación por comprobación abreviada o comprobación formal. La Administración del Colegio podrá efectuar las actuaciones de comprobación abreviada que sean necesarias, entendiéndose como tales aquellas que se realizan utilizando los datos y elementos de prueba que obren ya en poder de la Administración o que solicite al obligado tributario (facturas), sin que se puedan extender al examen de la documentación contable de actividades empresariales o profesionales. En la preparación de esta determinación, la Administración podrá requerir información a terceros, sea mediante requerimiento individualizado o en virtud de un convenio de intercambio de información.

Cuando se efectúe esta determinación, debe hacerse constar de forma precisa los hechos y elementos comprobados, los medios de prueba concretos utilizados y el alcance de las actuaciones.

Si el sujeto pasivo incumplió el deber de declarar y pagar el timbre odontológico, se le concederá un plazo de diez días hábiles para que proceda a presentar prueba del pago del mismo, transcurrido este sin que se haya subsanado el incumplimiento o justificado debidamente la inexistencia de la obligación, se podrá proceder a una comprobación abreviada.

En las determinaciones por comprobación formal, la comprobación consistirá en la mera constatación de la existencia de los errores aritméticos o de derecho.

Artículo 46.- Inicio del procedimiento y contenido de la propuesta de regularización. El procedimiento comienza con la notificación del inicio de actuaciones de comprobación abreviada o formal, cuyo contenido mínimo será el siguiente:

  1. a) Indicación del carácter abreviado o formal de la comprobación.
  2. b) Tributo (timbre odontológico) y períodos a que se refiere el alcance de la comprobación.
  3. c) Aspectos concretos a que se refiere la comprobación.
  4. d) Tratándose de una comprobación abreviada, se indicarán los elementos de prueba que obran en poder de la Administración y, si fuera necesario, se solicitarán datos o justificantes al sujeto pasivo y se indicará otras actuaciones a practicar, con precisión de los plazos y fechas respectivas.
  5. e) Tratándose de una comprobación formal, se indicará el error de derecho que se considere cometido o bien, el error de hecho o aritmético en que se incurrió.
  6. f) Indicación del aumento del tributo derivado de los elementos de prueba que obran en poder de la Administración o de la corrección de los errores de derecho, de hecho o aritméticos, en su caso.
  7. g) Formular la propuesta de regularización e indicar el plazo para regularizar y/o para alegar las razones de su disconformidad. Asimismo, debe adjuntarse el formulario oficial para manifestar la conformidad con la propuesta de regularización.

Artículo 47.- Procedimiento cuando se solicite información o se practiquen actuaciones adicionales. De haberse solicitado datos o justificantes al sujeto pasivo o, bien, de haberse programado actuaciones adicionales a practicar, una vez vencido el plazo para el aporte de dichos datos o justificantes, o una vez practicadas las actuaciones correspondientes, se notificará al sujeto pasivo los resultados de la comprobación y se le extenderá una propuesta de regularización para que en el plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación, proceda a manifestar su conformidad o disconformidad con la propuesta de regularización. Se entenderá puesta de manifiesto la disconformidad, cuando no comparezca dentro del plazo fijado.

En caso de disconformidad con la propuesta de regularización, el sujeto pasivo podrá alegar por escrito las razones de su disconformidad y adjuntar la prueba que considere oportuna, dentro del plazo de los treinta días hábiles siguientes a partir de la notificación del inicio de las actuaciones, las cuales serán analizadas en el acto administrativo de liquidación de oficio.

La manifestación de conformidad con la propuesta de regularización, el sujeto pasivo la hará constar en el formulario oficial que se le adjuntó para tal efecto.

Artículo 48.- Procedimiento cuando no se ha solicitado información ni programado actuaciones adicionales. De no haberse solicitado información al obligado tributario ni programado actuaciones adicionales a practicar, éste cuenta con un plazo de treinta días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación del inicio de actuaciones de comprobación abreviada o formal, para que proceda a manifestar su conformidad o disconformidad con la propuesta de regularización. Se entenderá puesta de manifiesto la disconformidad, cuando no comparezca dentro del plazo fijado en este Reglamento.

En caso de disconformidad con la propuesta de regularización, el obligado tributario podrá alegar por escrito las razones de su disconformidad y adjuntar las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de los treinta días hábiles siguientes a partir de la notificación del inicio de la actuación, las cuales serán analizadas en el acto administrativo de liquidación de oficio.

La manifestación de conformidad del obligado tributario la hará constar en el formulario oficial que se le adjuntó para tal fin.

Artículo 49.- Rectificación de las declaraciones. Cuando los sujetos pasivos rectifiquen sus declaraciones tributarias después de notificado el inicio de un procedimiento de liquidación previa, el funcionario tributario deberá proceder a verificar que los montos de la nueva declaración presentada guarden relación con la información en poder de la Administración Tributaria,  en cuyo caso procederá a dar el caso por concluido.

Si la nueva declaración presentada no cumple con lo indicado, el funcionario deberá informarlo al contribuyente y requerirle que rectifique su declaración.

En caso de que los sujetos pasivos que persistan en no rectificar las declaraciones, cuyos montos sean diferentes a los informados, ni aporten prueba para justificar las diferencias, se deberá continuar con el procedimiento hasta la emisión correspondiente del Acto de Liquidación de Oficio.

Artículo 50.- Conclusión de las actuaciones de comprobación abreviada o comprobación formal. Las actuaciones de comprobación se darán por concluidas con la regularización efectuada dentro del plazo conferido o, en su defecto, con la emisión del acto administrativo de liquidación de oficio.

  1. a) Regularización. La conformidad del sujeto pasivo con la propuesta de regularización constituye una manifestación voluntaria de aceptación de los resultados de la actuación y de las diferencias establecidas. El formulario oficial mediante el cual el sujeto pasivo manifiesta su conformidad con la propuesta de regularización constituye el acto administrativo que liquida de oficio la obligación tributaria, para todos los efectos.

Contra este acto no cabe ningún recurso, pero ello no impide que ante manifiesto error de hecho pueda plantearse la solicitud respectiva, conforme al artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el plazo máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la aceptación de la regularización.

Se entenderá por error de hecho, aquel que versa sobre un suceso, dato aritmético o circunstancia de la realidad, independiente de toda opinión, apreciación o interpretación jurídica.

Una vez aceptada la propuesta de regularización se procederá al registro de la deuda en la cuenta tributaria del contribuyente.

  1. b) Acto administrativo de liquidación de oficio. En el supuesto de disconformidad con la propuesta de regularización se continuará con la emisión del acto administrativo de liquidación de oficio, debidamente motivado. Cuando se hayan alegado por escrito las razones de la disconformidad con la propuesta de regularización, estas deberán serán analizadas para determinar la procedencia o no de las mismas. El acto administrativo de liquidación de oficio debe notificarse dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado para la regularización o del vencimiento del plazo para alegar las razones de disconformidad y aportar prueba.

Contra este acto, el sujeto pasivo puede interponer los recursos ordinarios de revocatoria o apelación. Asimismo, en dicho acto le prevendrá que debe señalar un lugar o número de fax para recibir notificaciones.

Artículo 51. Recurso de Revocatoria y de apelación. Contra el acto administrativo de liquidación de oficio, emitido con la disconformidad del sujeto fiscalizado, cabrá los recursos de revocatoria y de apelación para ante la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas, que se regirán por las siguientes disposiciones:

  1. Es potestativo usar ambos recursos o sólo uno de ellos, pero será inadmisible el que se interponga pasado el término de treinta días hábiles.
  2. Si se interponen ambos recursos a la vez, se tramitará la apelación una vez declarada sin lugar la revocatoria.
  3. El recurso de revocatoria será conocido por la propia Administración que emitió el acto.
  4. La revocatoria somete a conocimiento del órgano competente, para su resolución, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, planteadas en el recurso.
  5. La resolución que lo resuelva ha de emitirse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.
  6. El recurso de revocatoria interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos, que volverán a contarse, inicialmente, desde la fecha en que se haya practicado la notificación de la resolución que lo resuelva.

Artículo 52.- Recurso de apelación para ante la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas. En lo aplicable, el recurso de apelación se rige por las mismas normas que el de revocatoria, pero será conocido por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 53.- Requisitos de la resolución. Toda resolución administrativa debe llenar los siguientes requisitos:

  1. a) Enunciación del lugar y fecha;
  2. b) Indicación del tributo, del período fiscal correspondiente y, en su caso, del avalúo practicado;
  3. c) Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas;
  4. d) Fundamentos de la decisión;
  5. e) Elementos de determinación aplicados, en caso de estimación sobre la base presunta;
  6. f) Determinación de los montos exigibles por tributos.
  7. g) Firma del funcionario legalmente autorizado para resolver.

La ausencia de cualquiera de estos requisitos vicia de nulidad el acto.

CAPITULO V

DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 54.- Domicilio para notificaciones. En la primera actuación después de comunicado el inicio de actuaciones de comprobación, el interesado deberá señalar un lugar, número de fax o correo electrónico para recibir notificaciones.

Artículo 55.- Contenido de las notificaciones. La notificación contendrá el texto íntegro de la resolución y, además, la indicación de los recursos que quepan contra ella, el plazo para interponerlos, ante quien se han de interponer, quienes los resolverán, de conformidad con el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 56.- Formas de notificación. En todo lo relativo al trámite de determinación del tributo el Colegio utilizará las normas establecidas en el artículo 137 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y, supletoriamente, las establecidas en la Ley de Notificaciones Judiciales, número 8687 del 4 de diciembre del 2008.

CAPÍTULO VI

DE LOS INSPECTORES

Artículo 57.- Nombramiento de inspectores. La Junta Directiva del Colegio nombrará uno o más inspectores, según lo considere necesario, cuya función será verificar el fiel cumplimiento de la Ley del Timbre Odontológico por parte de odontólogos, depósitos dentales, establecimientos comerciales, importadores y, en general, por cualquier persona física o jurídica, en la importación, compra y venta de materiales, medicinas o instrumentos necesarios para el ejercicio de la odontología.

El acuerdo de su nombramiento se publicará en el Diario Oficial “La Gaceta”.

Artículo 58.- Requisitos de los inspectores. Los inspectores deberán ser contadores públicos incorporados al colegio respectivo.

Artículo 59.- Facultades y deberes de los inspectores. Los inspectores sujetarán su actuación a las facultades y deberes inherentes a la Administración Tributaria, previstos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en cuanto fueren aplicables.

Capítulo vii

Procedimiento para aplicar la sanción del articulo 22 inciso 5 sub inciso d) de la  24 Y SUS REFORMAS, LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS

Artículo 60.- Principios generales. En todos los casos, a la Administración Tributaria del Colegio le corresponde acreditar, según el principio de libre valoración de la prueba y mediante el procedimiento sancionador referido en esta sección, que el sujeto pasivo es el autor de las infracciones. Siempre deberá respetarse el derecho de defensa.

Artículo 61.- Órgano competente para sancionar. Las sanciones administrativas tributarias serán impuestas por la Junta Directiva del Colegio que dicte los actos administrativos mediante los cuales se determine el Timbre Odontológico.

Artículo 62.- Procedimiento para sancionar. El expediente sancionador, se iniciará mediante una propuesta motivada de los funcionarios de la Administración Tributaria del Colegio, cuando en las actas o las diligencias consten las acciones o las omisiones constitutivas de esta sanción. Notificada la propuesta al sujeto a sancionar y concediéndole treinta días hábiles para alegatos y pruebas, el titular del órgano de la Administración Tributaria dictará resolución imponiendo la sanción o desestimando la propuesta, dentro de los diez días hábiles siguientes. La resolución debe estar debidamente motivada y cumplir los requisitos que le sean aplicables del artículo 48 de este Reglamento.

Contra esa resolución cabrán los recursos de revocatoria y apelación que se regirán por las mismas normas de los artículos 46 y 47 de este Reglamento.

CAPÍTULO VIII

PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR LA SANCIONES DISCIPLINARIAS PROFESIONALES DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS

Artículo 63.- Procedimiento común. Para aplicar las sanciones de multa y de suspensión del ejercicio profesional que establece la Ley número 24 y sus reformas, Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas, se seguirá el procedimiento ordinario previsto en el Libro Segundo, Título Sexto, Capítulo Primero, de la Ley General de la Administración Pública, número 6227 del 2 de mayo de 1978.

Artículo 64.- Designación de un órgano director. La Junta Directiva designará un órgano director del procedimiento.

Artículo 65.- Trámite. En todo lo relativo a la comparecencia se aplicará la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 66.- Dictado del acto final. Terminada la comparecencia, el asunto quedará listo para dictar el acto final, lo cual deberá hacer la Junta Directiva dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de la comparecencia.

Artículo 67- Comunicación del acto final. El acto final se comunicará al interesado siguiendo las disposiciones del artículo 51 de esta Reglamento.

Artículo 68.- Recursos contra el acto final. La resolución a que se refiere el artículo anterior tendrá los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria para ante la Asamblea General, que deberán interponerse ante el órgano director del procedimiento, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación.

Artículo 69.- Trámite de los recursos. El órgano director emplazará a las partes ante la Junta Directiva, a la cual remitirá el expediente. Ésta resolverá el recurso de revocatoria y si lo denegare remitirá el expediente a la Asamblea General.

El trámite y resolución de los recursos se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, con la salvedad de que deben añadirse los plazos que estipula la Ley Orgánica del Colegio para la celebración de la Asamblea General.

Artículo 70.- Ejecución de la suspensión del ejercicio profesional. Cuando esté firme el acto final, la suspensión se publicará una vez en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación; la sanción comenzará a cumplirse el día siguiente de la publicación.

Artículo 71.- Normas supletorias. En lo no previsto en este Reglamento se aplicarán supletoriamente el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Ley General de la Administración Pública y Reglamento de Procedimiento Tributario, en lo que sean aplicables.

Artículo 72.- Vigencia. Rige diez días después de su publicación.

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta en el Alcance Digital N°1968 del miércoles 21 de setiembre del 2016.

Reglamento de servicio social obligatorio para los profesionales en ciencias de la salud

Descargar aquí este reglamento

PODER EJECUTIVO

DECRETO No. 25068-S

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE SALUD

En uso de la facultades que confieren los artículo 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política; 28 párrafos segundo inciso b) de la Ley No.6227 de 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”, y la Ley No.7559 de 9 de noviembre de 1995 “Ley de Servicio Social Obligatorio para los Profesionales en la Ciencias de la Salud”.

Considerando:

1° Que la Ley No. 7559 de noviembre de 1995, en su artículo 2 estipula que para los efectos del Servicio Social Obligatorio, se consideran profesiones en ciencias de la salud las siguientes: Medicina, Odontología, Microbiología, Farmacia, Enfermería y Nutrición.

2° Que la prestación del Servicio Social Obligatorio es un requisito indispensable para ejercer las profesiones enumeradas en el considerando anterior, salvo las excepciones que la misma Ley establece.

3° Que la supra citada Ley establece una nueva normativa en lo que se refiere a la realización del Servicio Social Obligatorio, y en su artículo 15, faculta al Poder Ejecutivo para emitir el Reglamento respectivo. Por tanto:

 

DECRETAN

El siguiente

 

REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

 

Artículo 1

Créase la Comisión de Servicio Social Obligatorio, denominada en adelante “La Comisión”, para asesorar y asistir al Ministro de Salud en todo lo relacionado con el cumplimiento del Servicio Social Obligatorio para los Profesionales en Ciencias de la Salud, conforme a la Ley No.7559 y a las presentes disposiciones reglamentarias. Tendrá las facultades establecidas en este reglamento y estará integrada por:

a) El Director General de Salud o su representante, quien la presidirá.

b) El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social o su representante.

c) El Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros o su representante.

d) El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o su representante.

e) Un representante del Consejo Nacional de Rectores.

f) Un representante del Consejo Nacional de Educación Superior.

g) Un representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

h) Un representante del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

i) Un representante del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica.

j) Un representante del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.

k) Un representante del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.

l) Un representante del Colegio de Profesionales en Nutrición.

Los representantes de los Colegio Profesionales aquí citados, serán designados por sus Juntas Directivas o de Gobierno, y durarán en sus cargos dos años, pudiendo ser nombrados por períodos sucesivos.

Asistirá en calidad de asesor de la Comisión, con voz pero sin voto, el Director de la Asesoría Legal del Ministerio de Salud.

 

Artículo 2

Para efectos de la organización de los sorteos, la Comisión de Servicio Social estará dividida en seis Subcomisiones:

1. Subcomisión de Médicos, integrada por los representantes a que se refieren los incisos a), b), c), e), f) y g) del artículo anterior.

2. Subcomisión de Odontólogos, integrada por los representantes a que se refieren los incisos a), b), c), e), f) y h) del artículo anterior.

3. Subcomisión de Microbiólogos, integrada por los representantes a que se refieren los incisos a), b), c), e), f) e i) del artículo anterior.

4. Subcomisión de Farmacéuticos, integrada por los representantes a que se refieren los incisos a), b), c), e), f) y j) del artículo anterior.

5. Subcomisión de Enfermeras, integrada por los representantes a que se refieren los incisos a), b), c), e), f) y k) del artículo anterior.

6. Subcomisión de Nutricionistas, integrada por los representantes a que se refieren los incisos a), b), c), e), f) y l) del artículo anterior.

Los representantes institucionales en cada una de las Subcomisiones a que se refiere el presente artículo, en la medida de sus posibilidades, podrán delegar su participación en las mismas en un miembro que pertenezca a la disciplina a la que se refiere la Subcomisión.

 

Artículo 3

La comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar el proceso de asignación de las plazas de servicio social, según las necesidades institucionales, sociales y docentes del Sistema de Salud.

b) Participar activamente en la realización del sorteo para la asignación de las plazas.

c) Coordinar la planificación, revisión, regulación, y aprobación, junto con las instituciones involucradas, los programas de investigación, capacitación y acción comunitaria que se asignen a los profesionales de servicio social.

d) Recomendar al Ministerio de Salud la aprobación o desaprobación del cumplimiento del Servicio Social Obligatorio.

e) Analizar y recomendar sobre los traslados del personal remunerado en plazas de servicio social.

f) Recomendar o no recomendar un régimen de equiparación de oportunidades considerando las necesidades particulares de quienes presenten alguna discapacidad severa que pueda interferir con las funciones de su Servicio Social, a juicio de la Comisión.

g) Rendir al Ministro de Salud, por lo menos un informe semestral sobre el control del proceso de reclutamiento, selección, distribución geográfica e institucional de los profesionales que se encuentren prestando el Servicio Social Obligatorio.

h) Las demás que le correspondan por la reglamentación vigente y las que debe realizar por encargo del Ministro de Salud.

 

Artículo 4

La Comisión se reunirá cuando sea convocada por su presidente o a solicitud escrita de cuatro de sus miembros. El quórum para sesionar válidamente será de siete de sus miembros.

Las Subcomisiones se reunirán cuando sean convocadas por el Presidente y el quórum para sesionar válidamente lo conformarán la mitad más uno de sus miembros.

 

Artículo 5

Las resoluciones de la Comisión se tomarán por mayoría simple de votos de los miembros presentes, en caso de empate el Presidente tendrá doble voto. Las resoluciones de la Comisión serán apelables ante el Ministro de Salud. Dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación.

 

Artículo 6

El Servicio Social Obligatorio, se llevará a cabo en áreas geográficas y programas donde por la naturaleza de su actividad, ubicación, grado de desarrollo, bajos índices socioeconómicos y de salud y condiciones generales, el servicio de los profesionales a que se refiere la ley No. 7559, sea difícil de proporcionar a la población mediante los procedimientos normales de contratación, tanto para las instituciones del sector público, como para las del sector privado y los organismos no gubernamentales.

Las plazas que no reúnan las condiciones establecidas no calificarán para Servicio Social Obligatorio, por lo que serán excluidas del sorteo por la Comisión.

 

Artículo 7

Las plazas de Servicio Social Obligatorio para cada clase profesional se adjudicarán por sorteo, que será convocado por el Ministerio de Salud. Habrá dos sorteos ordinarios al año, uno en enero y otro en agosto. En caso necesario, el Ministerio de Salud convocará a sorteos extraordinarios, previa recomendación de la Comisión.

 

Artículo 8

En caso de Especialidades consideradas críticas, debidamente declaradas así por las instituciones involucradas y el Colegio Profesional respectivo, previa autorización de éstos, y a solicitud del interesado, la Comisión podrá autorizar como equivalente al año de Servicio Social Obligatorio, los dos primeros años aprobados de su curso de postgrado de especialidades.

La autorización de la Comisión deberá ser previa al inicio del curso de postgrado de especialidad, y el certificado de cumplimiento del Servicio Social Obligatorio, se otorgará hasta que el interesado demuestre su aprobación del segundo año del curso de postgrado de especialidad.

 

Artículo 9

Los interesados en la prestación del Servicio Social Obligatorio, deben solicitar por escrito ante la Dirección General de Salud, su inclusión en la lista oficial de participantes al próximo sorteo, adjuntando los siguientes requisitos:

a) Fotocopia de la cédula de identidad o de pasaporte, en caso de ser extranjero.

b) Certificación de la universidad correspondiente de haber cumplido con el récord académico para esa clase de profesión. Cuando se trate de estudios realizados en el extranjero, las certificaciones deberán seguir los trámites de autenticación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, así como su respectiva certificación de reconocimiento extendido por la Escuela o Facultad correspondiente de la Universidad de Costa Rica.

c) Autorización del colegio profesional respectivo.

d) Los médicos graduados en universidades nacionales, deberán aportar certificación de haber realizado un año de internado rotatorio universitario. Los graduados en el extranjero, deberán aportar certificación de reconocimiento del internado extendido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Médicos Cirujanos.

e) Lugar o número de fax donde oír notificaciones.

f) Si el participante ha cursado alguna especialidad y desea ejercerla durante el año de Servicio Social Obligatorio, deberá aportar la autorización del colegio profesional respectivo, siempre que exista interés de las instituciones involucradas y a juicio de la Comisión.

 

Artículo 10

La Comisión publicará un aviso en un diario de circulación nacional, con un mínimo de un mes calendario de antelación al sorteo correspondiente. La publicación contendrá el anuncio del próximo sorteo, la fecha, hora y el lugar donde se efectuará, por lo que a más tardar, dentro de los 10 días naturales posteriores a la citada publicación, los profesionales aspirantes a la realización del servicio social obligatorio, deberán solicitar su inclusión en el Sorteo. Así también, la publicación comunicará a las instituciones interesadas para que aporten la lista de plazas a que se refiere el artículo 12 del presente reglamento.

 

Artículo 11

Solamente los profesionales interesados, que presenten su solicitud dentro del plazo aquí previsto, podrán ser incluidos en la lista de participantes al sorteo. Vencido el plazo dicho, no podrá agregarse a las listas ningún otro participante.

 

Artículo 12

Con quince días naturales de anticipación al sorteo, las instituciones interesadas, deberán comunicar por escrito, al a Dirección General de Salud, la lista de plazas que ofrecen para cubrir el Servicio Social Obligatorio. Deberán indicar el programa o centro-sede de trabajo al que pertenecen las plazas, así como cualquier otra información solicitada por la Comisión. En caso de que las instituciones no entreguen las listas de plazas dentro del plazo establecido, el sorteo no se efectuará.

 

Artículo 13

Recibidas las listas de plazas y las solicitudes de los participantes, la Comisión o su respectiva Subcomisión, se reunirá para confrontar el número de plazas ofrecidas y el número de solicitantes que se inscribieron al sorteo. Si la cantidad de plazas fuera insuficiente, la Comisión gestionará ante las instituciones el aporte complementario de plazas.

 

Artículo 14

De persistir la insuficiencia de plazas, los aspirantes que no obtuvieron plaza en el Sorteo, previa certificación extendida en tal sentido por la Comisión, podrán incorporarse a sus respectivos colegios profesionales sin cumplir con el requisito de Servicio Social Obligatorio.

Si el número de solicitantes fuere menor al número de plazas disponibles, serán excluidas del sorteo por la Comisión y a su juicio, las plazas que exceden, dando prioridad a las plazas del Sector Público en áreas de difícil acceso.

 

Artículo 15

El sorteo se realizará en el lugar, día y hora indicados, con la presencia de por lo menos del Presidente de la Comisión o su delegado. El sorteo deberá ser fiscalizado por un abogado designado por la Dirección de la Asesoría Legal del Ministerio de Salud, quien levantará acta del resultado, la cual firmarán los miembros presentes de la Comisión, así como los participantes en el sorteo.

 

Artículo 16

La actividad será exclusiva para la realización del sorteo y solo participarán e ingresarán a recinto, los profesionales que habiendo completado satisfactoriamente la inscripción, se hagan presente, sea en forma personal o por medio de un tercero con autorización escrita debidamente autenticada por un abogado.

 

Artículo 17

Cuando existan suficientes plazas para todos los aspirantes, los participantes costarricenses tendrán prioridad de sortear con respecto a los participantes extranjeros, aunque estos sean graduados o egresados de las facultades o escuelas de las universidades del país. Cuando por la cantidad de participantes, y a juicio de la Comisión se considere necesario, se procederá a realizar una sesión para el sorteo de plazas con los participantes nacionales, y otra posterior con los extranjeros. Igual sucederá cuando existan varios participantes para ejercer alguna especialidad.

 

Artículo 18

El procedimiento para la asignación de plazas en el sorteo, será el siguiente:

a) Se procederá a comprobar la asistencia de los participantes al sorteo, mediante la lectura de la lista oficial. Posterior a este acto, no se permitirá el ingreso al recinto de más participantes.

b) Si el número de plazas ofrecida para el sorteo es menor que el número de aspirantes, se procederá a realizar de previo al sorteo, una rifa entre los aspirantes, tanto nacionales como extranjeros, para determinar quienes participarán en el Sorteo. Posteriormente, se realizará el Sorteo con los aspirantes nacionales, y por último otro con los aspirantes extranjeros. Sin embargo, antes del Sorteo, los aspirantes que obtuvieron derecho a escogencia podrán cambiar su calidad o situación con aquellos que quedaren excluidos, si así lo desearen y lo solicitaren es ese mismo acto ambas partes ante representantes de la Subcomisión.

c) Los que quedaran excluidos, procederán a firmar el acta respectiva y se retirarán del recinto. Dentro de los cinco días hábiles posteriores al sorteo, la Comisión les otorgará una certificación haciendo constar su situación, documento que presentarán al colegio profesional respectivo para su incorporación.

d) En el momento de presentarse al sorteo, la Comisión tendrá en el recinto y en exhibición, un listado de las plazas disponibles para sortear, las cuales estarán debidamente enumeradas.

De ser posible, la Comisión hará entrega a cada participante dicho listado con información dada por las instituciones involucradas sobre cada una de las plazas.

e) En el momento del sorteo, de acuerdo con lista alfabética de os participantes, éstos procederán a retirar una ficha con un número, el cual corresponderá al orden de escogencia de la plaza.

f) Después de adjudicada la plaza y la firma del acta correspondiente, los participantes deberán retirarse y permanecer fuera del recinto, sin ausentarse, hasta tanto no se dé por concluido el sorteo en su totalidad.

 

Artículo 19

A más tardar durante el día hábil siguiente al sorteo, los participantes podrán hacer cambios entre sí, apersonándose a la Asesoría Legal del Ministerio de Salud, donde se levantará el acta correspondiente, debiendo remitirla de inmediato a la Comisión con copia a los departamentos e instituciones involucradas. Vencido ese término, las plazas quedarán definitivamente asignadas.

 

Artículo 20

Dentro de los ocho días hábiles posteriores al sorteo, los profesionales que obtuvieron plaza, deberán formalizar contratos laborales con la institución respectiva, el cual deberá contener el compromiso del profesional de participar en un programa de investigación o acción comunitaria cuyo contenido lo asignará la Comisión en conjunto con la institución respectiva y una representación de las universidades en caso de que la Comisión lo considere necesario.

 

Artículo 21

Las instituciones deberán contratar las plazas de servicio social por el tiempo determinado de un año y la jornada laboral ordinaria no podrá ser menor de ocho horas diarias Al finalizar el término del contrato, la relación laboral se tendrá por concluida.

 

Artículo 22

Los profesionales que efectúen su Servicio Social Obligatorio, recibirán una remuneración en concordancia con el salario del profesional que inicia sus labores, de conformidad con el Ordenamiento Jurídico vigente en la materia.

 

Artículo 23

Los permisos para la educación continua u otras actividades de capacitación o formación, no impartida por las instituciones empleadoras, estarán limitados dependiendo del interés de cada institución al respecto y de que el servicio que se presta en la comunidad no se vea afectado.

 

Artículo 24

El profesional que habiendo solicitado la inscripción al sorteo y no se presenta al mismo, sea personalmente o por medio de una tercera persona debidamente autorizada para tal acto, no podrá participar en otro sorteo, sino hasta un años después, contado a partir de la fecha del sorteo para la cual se inscribió. Se exceptúa de lo anterior los casos debidamente justificados y presentados ante la Comisión dentro del día hábil siguiente al sorteo, quedando la validez de la justificación a juicio de la Comisión, la que en un plazo de quince días naturales comunicará su resolución.

Artículo 25

El profesional que habiendo asistido al sorteo y se le hubiese asignado plaza y no lo ocupa o la renuncia sin justa causa solamente presentada y avalada por la Comisión, o la abandona, no podrá participar en otro sorteo sino hasta dos años después del sorteo en el cual se le asignó la plaza. Las instituciones interesadas podrán realizar un nombramiento interino de un profesional debidamente incorporado al colegio profesional respectivo, en esa plaza, hasta su adjudicación en sorteo.

 

Artículo 26

En casos calificados de que un profesional deba suspender su Servicio Social Obligatorio, deberá de previo solicitar la autorización a la Comisión, la que deberá emitir su resolución dentro de los siguientes quince días naturales.

En caso de contar con la autorización para suspender el Servicio Social Obligatorio, para el cumplimiento del tiempo faltante, deberá el Profesional solicitar su participación en un nuevo sorteo, según los procedimientos establecidos en el presente reglamento, excepto en los casos de estudios de postgrado en especialidad, en los que deberán completarse los dos años a que se refiere el artículo 8 del presente Reglamento.

 

Artículo 27

Derogase el decreto ejecutivo No.23735-S del 5 de octubre de 1994, publicado en “La Gaceta” No.206 del 31 de octubre de 1994 y cualquier disposición que se oponga al presente Reglamento.

 

Artículo 28

Rige a partir del 1 de mayo de 1996.

Dado en la Presidencia de la República. –San José, a los veintiún días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis. JOSE MARIA FIGUERES OLSEN. –El ministro de Salud, Dr. Herman Weinstok W. – 1 vez –C-23250. –(18982).

Reglamento de Recertificación Profesional en Odontología

Reglamento de Modalidades Cuota de Colegiatura

Descargar aquí este reglamento

Artículo 1

El presente reglamento tiene la finalidad de asegurar que todos los odontólogos incorporados al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica que se encuentran fuera del país por motivo de estudio o de residencia permanente se mantengan pagando una cuota menor mientras residen en el extranjero. Asimismo el beneficio se aplicará a los odontólogos que realicen estudios de postgrado de tiempo completo en universidades en Costa Rica.

Artículo 2

Para efectos de establecer un pago justo de las cuotas de los odontólogos que residen en el exterior, se establecen las siguientes modalidades de pago de la cuota de colegiatura:

  1. Modalidad de pago de colegiatura Número Uno
  2. Modalidad de pago de colegiatura Número Dos
  3. Modalidad de pago de colegiatura Número Tres

Artículo 3

La Modalidad de pago de Colegiatura Número Uno corresponde al odontólogo colegiado menor de 65 años, cuya cuota es la que establece la Asamblea General.

Artículo 4

La Modalidad de pago de colegiatura Número Dos corresponde al odontólogo colegiado que se encuentre al día en el pago de sus cuotas de Colegiatura y que realizará estudios de post-grado en una de las especialidades inscritas en el registro de Especialidades del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, con un tiempo semanal mínimo de 40 horas. La duración de los estudios, será la que indique el Reglamento de Especialidades  Odontológicas o los criterios que al respecto emita la Comisión de Registro de Especialidades y que sean debidamente avalados por la Junta Directiva del Colegio.

 

Artículo 5

El odontólogo que se acoja a la Modalidad Número Dos, pagará una cuota mensual correspondiente a la suma del aporte al Fondo de Retiro Odontológico y al Fondo de Mutualidad y Subsidios, establecido por la Asamblea General para el Fondo de Retiro Odontológico y Fondo de Mutualidad y Subsidios. Los derechos que se adquieran al obtener esta modalidad no son retroactivos.

Artículo 6

Para obtener el beneficio de la Modalidad Número Dos, el interesado deberá estar al día con la cuota de colegiatura y en el pleno uso de sus derechos de colegiado y deberá presentar a la Junta Directiva con suficiente antelación a la salida del país, la siguiente documentación:

  1. Solicitud escrita dirigida a la Junta Directiva solicitando ingresar a la Modalidad Número Dos, en la cual debe incluir el nombre de la especialidad, años de duración del estudio de la misma, teléfono móvil, Teléfono de la casa de habitación, y correo electrónico para notificaciones.
  2. Carta de la universidad donde hace constar que fue admitido y adjuntar el plan de estudios.
  3. Declaración Jurada autenticada por un notario público en donde se compromete al regreso de sus estudios informar al Colegio para realizar el cambio de la Modalidad Número Dos  a la Modalidad Número Uno.
  4. Al regreso de sus estudios debe presentar una copia del pasaporte que  indique la última entrada a Costa Rica.
  5. Estar al día con las cuotas de colegiatura.

 

Artículo 7

Si no se obtiene la consecución del título, diploma o certificación que dio origen a este beneficio deberá pagar la cuota de la Modalidad 1, desde el momento en que se le otorgó la Modalidad Número Dos, hasta la fecha de su regreso definitivo al país.

Artículo 8

La Modalidad de pago de cuotas de colegiatura Número Tres corresponde al odontólogo que se encuentre al día en el pago de sus cuotas de Colegiatura y que se ausente del país permanentemente y desee  mantener su inscripción en el Colegio, este pagará una cuota equivalente a la suma de los montos correspondientes a los aportes al Fondo de Retiro Odontológico y al Fondo de Mutualidad y Subsidios y a un 25 % del aporte al Fondo Común del Colegio, según cuota establecida anualmente por la Asamblea General de Presupuesto.

Artículo 9

Para obtener el beneficio de la Modalidad Número Tres, el interesado deberá estar al día en el pago de la cuota de la colegiatura y en el pleno uso de sus derechos de colegiado y deberá presentar a la Junta Directiva con un plazo de un mes de antelación a la salida del país, la siguiente documentación:

a)    Carta dirigida a la Junta Directiva solicitando la Modalidad Número Tres, indicando el lugar donde va a residir,  teléfono, correo electrónico para  notificar. Además debe incluir  la fecha exacta en que se va a ausentar del país. De no hacerlo deberá continuar pagando la cuota correspondiente a la Modalidad Número Uno.

b)   Copia del pasaporte y del boleto de pasaje.

c)    Declaración Jurada autenticada por un notario público en donde se compromete al regreso de su estadía en el exterior, informar al Colegio para realizar el cambio de la Modalidad Número Tres  a la Modalidad Número Uno.

d)   Al regreso de su estadía fuera del país, presentar al Colegio una copia del pasaporte que indique la última entrada a Costa Rica.

e)    Estar al día con las cuotas de colegiatura.

 

Artículo 10

Se respetan las disposiciones contenidas en los Reglamentos del Fondo de Retiro Odontológico, Fondo de Mutualidad y Subsidios en lo relativo a exenciones de aportes a cuota de colegiatura.

Artículo 11

El colegiado que se traslade a estudiar o a residir en el exterior que no se haya acogido a las disposiciones de este Reglamento, cuando regrese al país y desee mantener inscripción en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, deberá hacer el pago de la totalidad de cuotas de colegiatura que ha dejado de pagar desde su salida del país hasta su fecha de regreso, más los intereses y gastos que haya ocasionado al Colegio.

Aprobado en la Asamblea General  Extraordinaria celebrada a las dieciocho días del mes de abril del dos mil trece.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Reglamento de Filiales

Descargar aquí este reglamento

*Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 02 de noviembre del 2010

 

REFORMA INTEGRAL
REGLAMENTO DE FILIALES ODONTOLOGICAS

CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Se crean las Filiales Odontológicas, como organizaciones regionales adscritas al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, formadas por odontólogos  y odontólogas debidamente incorporados.

Artículo 2. Las Filiales Odontológicas tendrán como objetivo principal colaborar estrechamente con la Junta Directiva del Colegio para el cumplimiento, en cada una de las regiones, de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Colegio.

Artículo 3. La Junta Directiva del Colegio podrá señalar a todas y cada una de las Filiales acciones específicas a realizar, sin que las directrices específicas que emita hacia una Filial sean obligatorias para las otras.

Artículo 4. Las Filiales tienen la obligación de cumplir con toda la legislación y normas jurídicas vigentes que rigen al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y a la profesión odontológica, así como todas las normas que dicte la Asamblea General y la Junta Directiva del Colegio. El incumplimiento de lo aquí indicado producirá la disolución de la Filial por parte de la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 5. Las Filiales actuarán como órganos representativos y de asesoría de la Fiscalía del Colegio por medio del fiscal de la Filial y siempre que lo disponga la Junta Directiva o la Asamblea General, ambas del Colegio, y actuarán también como órganos representativos o auxiliares del Tribunal Electoral cuando así lo disponga el indicado Tribunal Electoral. Cuando actúen en cualquiera de los dos casos aquí indicados, siempre deberán proceder conforme a las instrucciones que le giren la Fiscalía o del Tribunal Electoral, ambos del Colegio, según corresponda.

Artículo 6. La Filial tendrá su sede en el lugar que al momento de su inscripción en el Colegio ella misma señale; o en su defecto, la que indique la Junta Directiva del Colegio.

CAPITULO II
DE LA CREACIÓN DE UNA FILIAL

Artículo 7. Se podrá formar Filiales Odontológicas únicamente en las regiones que establezca y apruebe la Junta Directiva del Colegio en su Regionalización Nacional. Para dicha regionalización la Junta Directiva deberá tomar en cuenta tanto la ubicación geográfica como la densidad de odontólogos regentes en la zona.

Artículo 8. Antes de la creación de una nueva región, ya sea por iniciativa de Junta Directiva del Colegio o por iniciativa de los odontólogos de la zona, deberá publicase la propuesta en la página web del Colegio, para recibir oposiciones en el plazo de quince días hábiles. Una vez transcurrido ese plazo, la Junta Directiva resolverá conforme corresponda.

Artículo 9. Se admite la creación solamente de una única Filial en cada una de las Regiones establecidas.

Artículo 10. Para la creación de una Filial en una nueva región, se debe enviar solicitud por escrito a la Junta Directiva del Colegio solicitando la creación de una nueva región y la aprobación para formar una Filial en la nueva región. Dicha solicitud deberá venir acompañada de la firma y copia de la cédula de identidad de no menos de 25 odontólogos u odontólogas regentes de la zona, e inscritos ante el Colegio como tales. La Junta Directiva del Colegio rendirá dictamen de dicha solicitud en un plazo menor a los dos meses calendario de la fecha en que dicha solicitud haya sido conocida en sesión de Junta Directiva del Colegio.

Artículo 11. Una vez notificado el dictamen de Junta Directiva, si éste es positivo, se debe realizar los trámites de formación de la filial.

Artículo 12. Son requisitos para la formación de una filial:

  1. Solicitud por escrito a la Junta Directiva para la creación de una Filial, indicando la región en la cual va a funcionar la Filial, de conformidad con lo establecido por los artículos 6 y 7 del presente reglamento.
  2. Listado con firmas y copias de las cédulas de identidad de no menos de 25 odontólogos regentes en la región donde se formará la filial, quienes se han encargado del nombramiento de la Junta Directiva Filial y serán los miembros fundadores de la Filial.
  3. Señalar sede de la Filial y lugar y frecuencia de las reuniones de Junta Directiva de Filial.
  4. Indicar los nombres de los integrantes de la Junta Directiva de Filial, acompañado de un número de fax, dirección física u otro medio válido para recibir notificaciones, así como el puesto que cada uno desempeñará.
  5. Indicar el nombre del Fiscal de la Filial, acompañado de un número de fax, dirección física u otro medio válido para ser notificado, quien actuará en estricto apego a las directrices de la Fiscalía del Colegio.

Artículo 13. El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica deberá llevar un registro completo y actualizado de la cantidad de filiales existentes, según la Regionalización a nivel Nacional aprobada, nombres y número de miembros de cada una, nombres de miembros de Junta Directiva Filial y del Fiscal, así como las fechas exactas de vigencia de sus puestos y fechas programadas de elección según lo dispuesto por los artículos 20, 45, 52, 70, 71 y 73 del presente reglamento.

Artículo 14. La documentación completa de solicitud para la formación de una Filial será presentada ante la Secretaría de Junta Directiva, quien la presentará a la Junta Directiva del Colegio en la sesión  ordinaria inmediata, para su conocimiento. La Junta Directiva del Colegio deberá aprobar o rechazar la solicitud en un plazo menor a los dos meses calendario de la fecha en que fue recibida en la sede central y comunicar por escrito su decisión a los interesados.

Artículo 15. Son miembros de la Filial en forma automática los odontólogos y odontólogas que ejercen la profesión en la región que funciona la Filial, a excepción de quienes manifiesten lo contrario por escrito a la Junta Directiva de la Filial. En el caso de los profesionales que ejercen ocasionalmente en varias regiones del país, deberán expresamente y por escrito solicitar la pertenencia a alguna de las filiales de una de las regiones donde ejercen. Dicha solicitud deberá venir acompañada de una copia de la cédula de identidad y será conocida y resuelta por la Junta Directiva de la Filial.

Artículo 16. Cada Filial deberá llevar un registro de los odontólogos y odontólogas que ejercen en su región y que, por tanto, son miembros de la Filial.

Artículo 17. No se puede pertenecer simultáneamente a dos o más Filiales.

CAPITULO III
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FILIAL

Artículo 18. La Filial tendrá una Junta Directiva que será la autoridad ejecutiva, directora y representativa de la Filial ante el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 19. La Junta Directiva tendrá como miembros a quienes se presente como tales en la documentación de inscripción de la Filial o, posteriormente, quienes sean electos en Asamblea Filial. Sus puestos serán ad honorem y no devengarán ningún tipo de dieta. No podrán ser miembros de Junta Directiva Filial los miembros de Junta Directiva del Colegio, el Fiscal General o empleados del Colegio.

Artículo 20. La Junta Directiva estará conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal, quienes permanecerán cuatro años en sus puestos y podrán ser reelectos por períodos sucesivos.

Artículo 21. Son atribuciones de la Junta Directiva de Filial:

  1. Representar a la Filial ante la Junta Directiva y/o el Tribunal Electoral, ambos del Colegio, o ante cualquier Tribunal, Comisión o funcionario dentro y fuera del colegio en que solicite la representación de la Filial. Dicha representación puede recaer en el presidente de la Filial para asuntos específicos cuando exista un acuerdo para ello.
  2. Presentar un Plan de Trabajo anual a la Junta Directiva del Colegio.
  3. Levantar un acta de cada una de sus sesiones y de las Asambleas Filiales, y llevar un registro de acuerdos adoptados. Copias de sus actas deberán enviarse a la Junta Directiva del Colegio, para que ésta las conozca en sus sesiones.
  4. Examinar el cumplimiento de los deberes que a cada miembro de Junta Directiva de la Filial le corresponde.
  5. Ejecutar y hacer un uso racional de los recursos para Filiales que se establezca en el presupuesto anual del Colegio, de acuerdo a la normativa que para este caso creará la Junta Directiva del Colegio.
  6. Gestionar ante la Dirección Académica del Colegio y coordinar con la misma la organización y realización de actividades académicas que permitan a sus miembros cumplir con la Recertificación Profesional.
  7. Determinar el lugar, fecha, temas y conferencistas de las actividades académicas de la región, de acuerdo a las directrices generales emanadas por el Colegio.
  8. Formar comités de apoyo para el cumplimiento de las acciones específicas que la Junta Directiva le encomiende.
  9. Remover a alguno de sus miembros cuando deje de asistir injustificadamente  a tres sesiones consecutivas o cinco sesiones en forma no consecutiva en un período menor a un año.
  10. Admitir o rechazar las solicitudes de odontólogos para incorporarse como miembros de la Filial, según lo descrito en los artículos 12 y 13 del presente reglamento.
  11. Conocer la renuncia de sus miembros y nombrar un sustituto, siempre y cuando la renuncia no sea la del Presidente de la Filial.
  12. Proponer al Tribunal Electoral del Colegio los candidatos para Presidente y Suplente de las Juntas Receptoras de votos en los procesos electorales, para que sean acreditados.
  13. Organizar actividades científicas, culturales, sociales y/o profesionales para los miembros de la Filial.
  14. Solicitar unánimemente a la Junta Directiva del Colegio la disolución de la Filial.
  15. Convocar a Asamblea Filial.

Artículo 22. Son atribuciones del Presidente:

  1. Presidir las sesiones tanto de Junta Directiva como de la Asamblea Filial.
  2. Proponer el orden del día  y dirigir la discusión.
  3. Decidir las votaciones en caso de empate tanto en la Asamblea filial como en junta Directiva de Filial, en cuyo caso su voto se contabilizará doble.
  4. Firmar, junto al secretario, las actas de las sesiones.
  5. Conceder permiso a los miembros de Junta Directiva Filial para ausentarse  de las sesiones.
  6. Convocar a sesión extraordinaria de Junta Directiva.
  7. Convocar a Asamblea Filial.
  8. Asumir la representación de la filial para algún asunto específico, cuando exista un acuerdo de Junta Directiva para ello.
  9. Presentar a la Junta Directiva del Colegio y a la Asamblea Filial un informe anual de labores al cumplirse cada año de su gestión.
  10. Cumplir funciones específicas que le encomiende la Junta Directiva o la Asamblea Filial.

Artículo 23. Son atribuciones del Vicepresidente:

  1. Sustituir en sus funciones al Presidente, cuando este se ausente.
  2. Cumplir funciones específicas que le encomiende la Junta Directiva o la Asamblea Filial.

Artículo 24. Son atribuciones del Tesorero:

  1. Solicitar al Colegio el desembolso de recursos económicos del Presupuesto Anual del Colegio para Filiales, contra gastos, según la normativa  que para este caso creará la Junta Directiva del Colegio.
  2. Recibir los cheques emitidos por el Colegio para el pago de los compromisos económicos que generen las actividades de la Filial.
  3. Custodiar y entregar los cheques emitidos por el Colegio a los proveedores de bienes y servicios en las actividades realizadas por la Filial.
  4. Custodiar los recibos y facturas originales de los gastos que generen las actividades de la Filial y entregarlos al departamento de contabilidad del colegio en el plazo de siete días después de emitidos dichos recibos o facturas.
  5. Presentar un informe económico  a la Junta Directiva del Colegio y a la Asamblea filial al cumplirse cada año de su gestión.
  6. Cumplir funciones específicas que le encomiende la Junta Directiva o la Asamblea Filial.

Artículo 25. Son atribuciones del secretario:

  1. Redactar las actas de las sesiones y firmarlas junto al presidente.
  2. Llevar toda la correspondencia de la Filial.
  3. Custodiar el Libro de Actas, sellos, papelería y todos los documentos que la Filial conserve en su archivo.
  4. Elaborar las convocatorias a Asamblea Filial
  5. Llevar por escrito el control del uso de la palabra tanto en las sesiones de Junta Directiva de Filial como en la Asamblea Filial.
  6. Cumplir funciones específicas que le encomiende la Junta Directiva o la Asamblea Filial.

Artículo 26. Son atribuciones del vocal:

  1. Sustituir a los miembros de Junta Directiva en su ausencia, siempre y cuando no sea el puesto de presidente.
  2. Sustituir al presidente de Junta Directiva en su ausencia, cuando dicha representación no pueda ser asumida por el vicepresidente.
  3. Cumplir funciones específicas que le encomiende la Junta Directiva o la Asamblea Filial.

Artículo 27. Los acuerdos de Junta Directiva quedarán firmes al aprobar el acta de la respectiva sesión en la sesión inmediata posterior, salvo que en la misma se hayan declarado firmes. Todos sus acuerdos se tomarán por mayoría simple (voto afirmativo de tres de sus miembros).

Artículo 28. La Junta Directiva sesionará ordinariamente  una vez al mes, excepto que al momento de inscribir la Filial en el Colegio se establezca una frecuencia mayor de sesiones. Podrá reunirse extraordinariamente, pero la firmeza de los acuerdos tomados en forma extraordinaria se dará al aprobarse las actas extraordinarias en la sesión ordinaria inmediata posterior.

Artículo 29. Los acuerdos tomados en forma unánime por todos los miembros de la Junta Directiva tendrán el carácter de firmes. También serán firmes los acuerdos que así quieran declararse siempre y cuando sean aprobados por al menos cuatro de los miembros de la Junta Directiva y no haya ausencia de ninguno de ellos.

Artículo 30. Los acuerdos de Junta Directiva de Filial podrán ser revocados por la Junta Directiva del Colegio, cuando ésta así lo estime pertinente, en cuyo caso se deben detener todas las acciones para el cumplimiento de dicho acuerdo en forma inmediata.

Artículo 31. A los acuerdos de Junta Directiva de Filial les cabe recurso de revocatoria ante la misma Junta Directiva Filial y pueden ser apelados ante la Asamblea Filial en los ocho días hábiles posteriores a la  firmeza del acuerdo. Los asuntos no resueltos los resolverá en última instancia la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 32. Para sesionar, será necesaria la presencia de al menos tres de los miembros de la Junta Directiva. En ausencia de al menos uno de sus miembros, no podrá tomarse acuerdos firmes.

Artículo 33. Las convocatorias a sesión extraordinaria las hará el presidente siempre y cuando le sea comunicado a los restantes integrantes de la Junta Directiva por medio de fax o notificación escrita con al menos cinco días naturales de antelación. Se tendrá por lugar y número de fax para notificar los que se encuentren en la base de datos del Colegio.
También podrá convocarse a sesión extraordinaria si la notificación está firmada por al menos tres de los miembros de la Junta cumpliendo el mismo plazo de notificar con al menos cinco días de antelación.

Artículo 34. La renuncia de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva de la Filial al puesto que ocupa será presentada por escrito a la misma Junta, con copia a la Junta Directiva del Colegio. Cuando se trate del presidente se debe convocar a Asamblea filial para su escogencia, en el caso de los otros miembros el nombramiento recaerá en la misma Junta.

CAPITULO IV
DE LA ASAMBLEA FILIAL

Artículo 35. La Asamblea Filial es el organismo máximo de la Filial, formada por todos los miembros de la Filial. En ella podrá participar como observador el Coordinador Nacional de Filiales Odontológicas nombrado por la Junta Directiva del Colegio y un representante de la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 36. La Asamblea Filial se reunirá ordinariamente una vez al año para la elección de la Junta Directiva Filial o Fiscal, si corresponde, y conocer los informes de Tesorería y Presidencia. También podrá reunirse extraordinariamente, cuando sea convocada para algún asunto específico.

Artículo 37. Son atribuciones de la Asamblea Filial:

  1. Nombrar a la Junta Directiva Filial y al Fiscal de la Filial.
  2. Remover o ratificar a alguno de los miembros de Junta Directiva o el Fiscal cuando haya sido convocada para tal efecto.
  3. Conocer los informes anuales del Presidente y el Tesorero.
  4. Conocer y aprobar los Planes de Trabajo y Presupuesto Anual de la Filial para el año siguiente.
  5. Establecer cuotas de contribución voluntarias de sus miembros, para el mantenimiento y la ejecución de los fines de la Filial.
  6. Conocer las apelaciones a los acuerdos de Junta Directiva de la Filial interpuestos por miembros de la Filial.
  7. Solicitar la disolución de la Filial a la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 38. La convocatoria a Asamblea Ordinaria la hará la Junta Directiva Filial,  se deberá realizar con al menos quince días naturales de antelación y el anuncio deberá publicarse en la página web del colegio y algún medio de información escrito de circulación local. La Asamblea Ordinaria deberá celebrarse al cumplirse un año calendario de la formación de la Filial.

Artículo 39. La convocatoria a Asamblea extraordinaria se podrá hacer de la siguiente manera:

  1. Ante la Junta Directiva Filial con solicitud escrita de la mitad más uno del total de los miembros de la Filial, con copia a la Junta Directiva del Colegio, con al menos treinta días naturales previos a la fecha solicitada para su realización. La Junta Directiva dará curso a esta solicitud y publicará  la Convocatoria en la página web del Colegio y un medio de información escrito de circulación local con al menos quince días naturales antes de la fecha de realización de la Asamblea.
  2. Por voluntad del presidente de la Filial, comunicando por escrito la Convocatoria a la Junta Directiva Filial y la Junta Directiva del Colegio con al menos treinta días naturales de antelación. La Convocatoria deberá publicarse en  según el plazo y medios del inciso a.
  3. Por solicitud escrita ante el presidente de la Filial, con copia a la Junta Directiva del Colegio, de al menos tres de los miembros de la Junta Directiva, cumpliendo los plazos y medios  indicados en el inciso a de este artículo.

Artículo 40. Se formará quórum para la realización de la Asamblea Filial a la hora de convocatoria con la presencia de  no menos de quince de los miembros que conforman la Filial. Si lo anterior no ocurre, se hará segunda convocatoria quince minutos después con los odontólogos miembros de la Filial que se encuentren presentes.

Artículo 41. Cualquier acuerdo que adopte la Asamblea Filial se tomará por mayoría simple del total de miembros presentes a la hora de la votación. Dichos acuerdos deberán ser comunicados en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 42. Los acuerdos de Asamblea de Filial podrán ser revocados por la Junta Directiva del Colegio, cuando ésta así lo estime pertinente, en cuyo caso se deben detener todas las acciones para el cumplimiento de dicho acuerdo en forma inmediata.

Artículo 43. Los acuerdos de Asamblea Filial pueden ser apelados ante la Junta Directiva del Colegio en los ocho días hábiles posteriores a la realización de la Asamblea.

Artículo 44. Los acuerdos de Asamblea quedarán firmes en la sesión que son aprobados.

CAPITULO V
DE LA ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FILIAL

Artículo 45. La Junta Directiva de la Filial será renovada cada cuatro años en Asamblea Ordinaria, como último punto del orden del día.

Artículo 46. La votación será dirigida por el fiscal de la Filial, quien deberá garantizar la transparencia del proceso.

Artículo 47. Se someterán  a elección los puestos uno por uno en el siguiente orden: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal.
Primero se reciben los nombres propuestos por los asambleístas, una vez asegurado que no hay más nombres, se procede a votación pública para cada uno de los nombres, empezando por las candidaturas que se hayan recibido primero. Resultará electo quien reciba la mayor cantidad de votos.
Si sólo hay un candidato para un  puesto, éste resultará automáticamente electo.
En caso de empate se repetirá la votación solo con la participación de los candidatos empatados. De persistir el empate, éste se resolverá con el lanzamiento de una moneda.

Artículo 48. Una vez realizada la elección de la nueva junta directiva, el fiscal juramentará a sus miembros, e informará a la Junta Directiva del Colegio, quien en su sesión inmediata dará su aprobación o no a lo actuado.

Artículo 49. Si por fuerza mayor la Asamblea Filial no se realiza, o en ella no es nombrada la Junta Directiva Filial, dicha designación la hará la Junta Directiva del Colegio.

CAPITULO VI
DEL FISCAL DE LA FILIAL

Artículo 50. La Filial tendrá un Fiscal, independiente en accionar y pensar de la Junta Directiva Filial, quien actuará en coordinación con la Fiscalía del Colegio. El Fiscal de Filial no recibirá ningún tipo de dieta. No podrá ser Fiscal de Filial los miembros de Junta Directiva del Colegio, el Fiscal General o empleados del Colegio.

Artículo 51. Son atribuciones del Fiscal:

  1. Examinar el accionar de los miembros de la Junta Directiva Filial y presentar denuncia ante las instancias del Colegio que correspondan por actos indebidos de sus miembros.
  2. Denunciar, ante la Fiscalía del Colegio, el incumplimiento al Código de ética y a las normas que rigen la profesión que se den  en la región de la Filial.
  3. Elaborar, junto a la Fiscalía del Colegio, las denuncias basadas en hechos relacionados con el ejercicio ilegal de la profesión en la región de la Filial.
  4. Actuar como parte en dichos procesos en representación de la filial, así como procurarse, por medio de la fiscalía del colegio, la asesoría legal que corresponda.

Artículo 52. El fiscal será elegido en Asamblea Filial Ordinaria  que se celebre dos años después de haberse nombrado los puestos de Junta Directiva Filial y durará en su puesto cuatro años, pudiendo reelegirse en forma consecutiva por periodos similares.

Artículo 53. La elección del fiscal será el último punto en el orden del día y será dirigida por el presidente de filial, quien deberá garantizar la transparencia del proceso, siguiendo el procedimiento similar al de la escogencia de los miembros de junta, según el artículo 36 del presente reglamento.

Artículo 54. Una vez realizada la elección, el Presidente juramentará al candidato electo y comunicara el resultado a la Junta Directiva del Colegio, quien en su sesión inmediata dará su aprobación o no a lo actuado.

Artículo 55. Si por fuerza mayor la Asamblea Filial no se realiza, o en ella no es nombrado el Fiscal, dicha designación la hará la Junta Directiva del Colegio.

CAPITULO VII
DEL FINANCIAMIENTO DE LA FILIAL Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS

Artículo 56. Las Filiales Odontológicas financiarán su funcionamiento y sus actividades por medio del presupuesto que para tal fin apruebe la Asamblea General en su Presupuesto anual.

Artículo 57. Los miembros de la Filial podrán contribuir económicamente y en forma voluntaria para sufragar los gastos de ella, previo acuerdo de la Asamblea Filial. También podrá realizar actividades científicas, culturales, sociales y/o profesionales que le permitan allegar fondos, siempre que hayan sido aprobadas por la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 58. La Junta Directiva de la Filial será la responsable del manejo  y administración de los fondos, debiendo rendir cuenta de ello a la Junta Directiva del  Colegio y a la Asamblea Filial cada año.

Artículo 59. El desembolso de los recursos, que será siempre contra gastos, se hará por medio del Tesorero de la filial. Éste se encargará de todas las gestiones en este sentido, cumpliendo la Normativa que para tal fin deberá aprobar la Junta Directiva del Colegio.

Artículo 60. Será obligación de la Junta Directiva de la Filial elaborar una Propuesta de Plan de Trabajo  así como un Presupuesto Anual, que deberá ser conocido y aprobado por la Asamblea Filial. Ambas propuestas, una vez aprobadas por la Asamblea, deberán remitirse a conocimiento de la Junta directiva del Colegio en el mes de setiembre, para su inclusión en los Planes de Trabajo y presupuesto Anual del Colegio del año siguiente, siempre que haya recursos económicos para ello.

CAPITULO VIII
DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA FILIAL

Artículo 61. Son deberes de los miembros de la Filial:

  1. Cumplir con las Leyes, Reglamentos y Códigos que rigen el ejercicio de la profesión odontológica.
  2. Asistir a las Asambleas de Filial.
  3. Aceptar los puestos representativos para los que sea nombrado por la Asamblea.
  4. Formar parte de los Comités específicos en los que sea integrado por la Junta Directiva Filial.
  5. Cumplir las normativas que se implementan para el funcionamiento de las Filiales.
  6. Mantenerse al día con las cuotas de colegiatura, préstamos y cualquier otra obligación económica con el Colegio.
  7. Presentar iniciativas para el fortalecimiento de su Filial y el desarrollo de la profesión odontológica en su región.
  8. Denunciar ante la Junta Directiva del Colegio cualquier anomalía que detecte en el funcionamiento de su Filial.
  9. Todos los demás inherentes a su condición de colegiado.

Artículo 62. Son derechos de los miembros de la Filial:

  1. Asistir a las Asambleas de Filial.
  2. Elegir a los miembros de Junta Directiva Filial y Fiscal.
  3. Ser electo como miembro de Junta Directiva o como Fiscal.
  4. Conocer en forma transparente del funcionamiento de su filial.
  5. Participar de las actividades que organice el colegio en su Filial.
  6. Todos los demás inherentes a su condición de colegiado.

Artículo 63. El Odontólogo podrá participar de todas las actividades que organice el Colegio en su región o las que organice propiamente su Filial siempre y cuando se encuentre al día con las cuotas de colegiatura, préstamos o cualquier otra obligación económica con el Colegio. Tampoco podrá participar si sobre él pesa algún tipo de sanción, inhabilitación o  suspensión en el ejercicio de la profesión, independientemente de las causa por las que se haya establecido dicha suspensión.

Artículo 64. Las actuaciones de los miembros de la Filial y de su Junta Directiva no comprometen en forma alguna al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, ni en lo civil, ni en lo penal, ni en lo económico.

Artículo 65. Los odontólogos que, siendo miembros de Junta Directiva o fiscal de la Filial, sean sancionados por la Comisión de Fiscalía, el Tribunal de Honor o la Junta Directiva del Colegio, deberán abandonar sus puestos para que sean ocupados por otro colega.

CAPITULO IX
DE LA EXTINCION DE LA FILIAL

Artículo 66. La Filial tendrá duración permanente, pero podrá ser disuelta de las siguientes maneras:

  1. Por un acuerdo de Asamblea Filial solicitando la disolución que cuente con el respaldo de las dos terceras partes de los asambleístas presentes y ratificado posteriormente por la Junta Directiva del Colegio.
  2. Por iniciativa unánime propia de la Junta Directiva Filial, en cuyo caso también deberá acordarse  su disolución por parte de la Junta Directiva del Colegio.
  3. Por iniciativa de la junta Directiva del Colegio, en cuyo caso deberá darse audiencia previa a la Junta directiva de la Filial, donde se ventilarán las razones de la disolución.

Artículo 67. Son causas de disolución de Filial:

  1. Incumplimiento de Normas, Códigos, reglamentos y Leyes vigentes que rigen el ejercicio de la profesión odontológica y el funcionamiento de las Filiales por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Filial.
  2. Administración de los recursos de la Filial contraria a los intereses del gremio odontológico.
  3. Fusión de regiones en la Regionalización Nacional aprobada por la Junta Directiva del Colegio, en cuyo caso no podrán coexistir dos filiales en una misma región por lo que deberá disolverse una de ellas.
  4. Inactividad de la Filial.

Artículo 68. En caso de disolución todos los archivos, bienes y fondos de la Filial pasarán a propiedad del Colegio.

CAPITULO X
TRANSITORIOS Y OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 69. Se reforman los siguientes artículos del Código Electoral:

  1. El artículo 6 para que el inciso b se lea así: “… Para las juntas receptoras la sede de la Filial Odontológica de cada región.” Concluye el artículo.
  2. El artículo 15 para que se lea así: “Habrá juntas receptoras de votos en todas aquellas regiones en las que funcione una Filial Odontológica, en la sede del Colegio o en los lugares que el Tribunal designe.” Concluye el artículo.
  3. El artículo 16 para que su frase oración se lea así: “… En las regiones habrá designado un Presidente y un Suplente propuestos por la Junta Directiva de la Filial, si la hubiere, para ese proceso electoral.” Concluye el artículo.
  4. El artículo 21 para que su segundo párrafo se lea así: “… Dicha persona no podrán ser quien en ese momento sea Presidente de alguna Filial Odontológica, y deberá estar nombrada el día de la inscripción de la papeleta.” Concluye el artículo.

Artículo 70. Los actuales miembros de Junta Directiva Filial, excepto el Fiscal, al momento de aprobación de este reglamento permanecerán en sus puestos automáticamente por un periodo de cuatro años. Al finalizar ese periodo se convocará a Asamblea Filial Ordinaria para realizar por primera vez elecciones y podrán aspirar a reelección en esa elección.

Artículo 71. Los  fiscales de filial al momento de aprobación de este reglamento  permanecerán en sus puestos automáticamente por un periodo de dos años. Al finalizar ese periodo se convocará a Asamblea Filial  ordinaria para elegir Fiscal y podrán aspirar a reelección en esa elección.

Artículo 72. Todas las Filiales existentes al momento de aprobación de este reglamento realizarán su primera Asamblea Filial Ordinaria al cumplirse un año de su promulgación, en esta Asamblea no habrá elecciones pero se conocerán los informes de Presidencia y Tesorería.

Artículo 73. Las Juntas Directivas de Filial actuales al momento de aprobarse este reglamento  deberán nombrar un vicepresidente y se regirá por lo dispuesto en el artículo 70 de este reglamento.

Artículo 74. Las Filiales ya existentes al momento de aprobar este reglamento deberán adjuntar la documentación que establece el artículo 10 incisos c),d) y e) de éste reglamento en un plazo máximo de tres meses.

Artículo 75. Las regiones que establezca la Junta Directiva del Colegio en la primera Regionalización Nacional que no tengan Junta Directiva Filial nombrada o en las cuales aun no funciona una Filial, deberán ser convocadas por la misma Junta Directiva del Colegio a Asamblea Filial para efectuar dicho nombramiento. Dicha Asamblea será presidida por el miembro que la Junta del Colegio designe para tal efecto. Esta convocatoria deberá hacerse en el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia de este reglamento.

Artículo 76. Este reglamento deroga cualquier otra disposición que se le oponga. Cualquier aspecto no contemplado en él será resuelto por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 77. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta

Reglamento de Especialidades

Descargar aquí este reglamento

REGLAMENTO SOBRE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Artículo 1°-El registro de Especialidades Odontológicas creado por Decreto Ejecutivo No. 6 del 30 de abril de 1970, publicado en “La Gaceta” No. 111 del 20 de mayo de 1970, seguirá vigente como dependencia del Colegio de Cirujanos Dentistas. En este Registro, serán inscritos, los Cirujanos Dentistas que así lo soliciten y cumplan con lo establecido en el presente Reglamento.

 

Artículo 2°-Para los efectos de este Reglamento se entiende por Especialidad Odontológica, laso estudios de postgrado, realizados por un Cirujano Dentista que reúna los requisitos que por este reglamento se establecen. Estos estudios deberán ser académicos, con programas de postgrado realizados en universidades o instituciones de enseñanza universitaria, debidamente acreditadas por el ente estatal en el país donde se efectuaron dichos estudios, para extender títulos, diplomas, certificados o grados académicos. Tales títulos deberán ser reconocidos y equiparados mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

En uso de las facultades que le confieren el artículo 140, incisos 3) y 18) de La Constitución Política; 28 de la Ley Número 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública, 1° y 2° de la Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973” Ley General de Salud. Considerando:

1°- Que mediante Decreto Ejecutivo No. 23254-S del 25 de abril de 1994, publicado el  Diario Oficial La Gaceta No. 97 del 20 de mayo de 1994, el Poder Ejecutivo promulgo el “Reglamento sobre Especialidades Odontológicas”

2°- Que la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, mediante oficio C.C.D.C.R.-440-11-01 ha sido solicitado al Ministerio de Salud reformar y adicionar algunos artículos de dicho reglamento.

3°- Que se ha considerado oportuno y necesario realizar la reformar solicitada. Por tanto,

DECRETAN:

Artículo 1°- Refórmese los artículos 3°, inciso B), adiciónese un nuevo inciso  e), y 8 del Decreto Ejecutivo No. 23254-S de 25 de abril de 1994, para que en lo sucesivo se lean así:

Artículo 3°-Créase la Comisión de Registro de Especialidades Odontológicas que tendrá las siguientes funciones:

a) Evaluar todos los documentos que presente el solicitante.

b) Una vez que la Comisión de Registro de Especialidades compruebe el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento, y los que la Comisión considere necesarios recomendará a la Junta Directiva, el reconocimiento, juramentación e inscripción del solicitante en el Registro de Especialidades Odontológicas.

c) La Junta Directiva deberá mantener un registro de especialidades actualizado de manera que esté a disposición de los miembros del Colegio y público en general.

(Así reformado este inciso por el artículo 1º del Decreto Ejecutivo Nº 30499 del 9 de mayo de 2002)

d) Informar a la Junta Directiva del Colegio sobre aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos.

e) Solicitar a la Junta Directiva del Colegio la aprobación de nuevas especialidades.

f) Establecer los perfiles académicos necesarios para dictaminar que los cursos efectuados pueden ser equiparados en cursos de especialidad.

(Así   adicionado el inciso e) por el artículo 1º del Decreto Ejecutivo Nº 30499 del 9 de mayo de 2002)

Artículo 4°- La Comisión estará integrada por siete miembros, quienes deberán estar inscritos en el Registro de Especialidades Odontológicas, y serán de nombramiento de la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas, dando preferencia a los miembros de las academias respectivas, si las hubiese.

La Comisión será coordinada por un miembro elegido dentro del propio seno de la Comisión, por votación simple de sus miembros, en la primera sesión celebrada por ésta.

Artículo 5°-Será inscrito como Especialista, el Cirujano Dentista que demuestre haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos exigidos en este Reglamento, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas.

Artículo 6°-Se reconocen como especialidades odontológicas las siguientes:

 

A)     Cirugía Oral  y Maxilofacial

B)     Endodoncia

C)    Implantología Oral

D)    Odontología General Avanzada

E)     Odontopediatría

F)     Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

G)    Patología Oral y Medicina Oral

H)     Periodoncia

I)       Prostodoncia

J)     Radiología

K)     Salud Pública

L)     Trastornos Temporo-Mandibulares y Dolor Orofacial

M)    Administración en Salud

 

 

Artículo 7°-Se faculta a la Junta Directiva del Colegio, para que debidamente asesorada por universidades o instituciones de educación superior, nacionales e internacionales y por la Comisión de Registro de Especialidades Odontológicas, establezca los requisitos mínimos específicos de nuevas especialidades odontológicas a incluir por decreto ejecutivo.

Artículo 8: Para el ejercicio de las actividades propias de las especialidades aquí establecidas o que se lleguen a establecer, es indispensable la inscripción en el Registro de Especialidades Odontológicas y contar con el correspondiente certificado expedido por la Junta Directiva.

Para obtener la inscripción se requiere estar incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, ser miembro activo y presentar solicitud escrita adjuntando los documentos que se dirán, ante la Junta Directiva, la que deberá conocerla en la sesión ordinaria siguiente a la fecha del recibo, tomar nota de ello y pasarla a conocimiento de la Comisión:

a) Título, Diploma o Certificado Universitario en que conste la especialidad efectuada. Los diplomas o certificaciones extendidas por colegios profesionales o entidades no universitarias no se consideraran como documentos de carácter universitario, excepto que sean refrendados por la universidad donde se efectuaron los estudios.

b) Lista de todos los cursos, teóricos, práctica clínica, de laboratorio, hospitalaria o comunitaria, efectuados anualmente, por semestres o cuatrimestres; indicando el número de horas y la aprobación de los mismos.

c) Descripción del contenido de cualquier curso, cuando a juicio de la Comisión así se requiera para aclarar dudas sobre el mismo.

d) Cuando el cirujano dentista haya efectuado sus estudios de especialización en el extranjero deberá presentar atestados de las universidades o instituciones académicas universitarias autorizadas para otorgar títulos, diplomas, certificados o grados académicos, del país donde se efectuaron los estudios, las firmas de los documentos deberán ser debidamente autenticadas por:

· Las autoridades correspondientes y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o similar del país donde se efectuaron los estudios.

· El Cónsul de Costa Rica en ese país. Si no lo hubiere, el Cónsul mas cercano que tenga la jurisdicción de ese país o Estado.

· El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.

e) Cuando el cirujano dentista haya efectuado sus estudios de especialización en Costa Rica, en una de las especialidades aprobadas por el Sistema de Estudios de Postgrado (SEP.) de la Universidad de Costa Rica o por las Instituciones de Educación Superior Universitaria, deberá presentar el diploma o título respectivo y los atestados señalados en los incisos b), y c), de este artículo.

Corresponde exclusivamente a la Comisión aceptar o rechazar especialidades otorgadas en Costa Rica que reconozcan créditos cursados o aprobados en el extranjero.

f) Recibo que compruebe el pago hecho al Colegio de los respectivos derechos por el valor establecido por la Junta Directiva. En caso de ser denegada la inscripción, el pago mencionado no será devuelto.

Una vez que la solicitud cumpla con todos los requisitos, la Comisión deberá solicitar dictamen a la academia de la especialidad de que se trate, si existiere, debiendo ésta dar su dictamen en un plazo no mayor de dos meses contados a partir de la fecha en que se le solicitó, vencido ese plazo no se oirá a la academia. Recibido el dictamen de la academia o vencido el plazo concedido para ello la Comisión deberá pronunciarse en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha del recibo del dictamen o del vencimiento del plazo. Vencido este plazo, la solicitud se tendrá por aprobada debiendo la Junta Directiva del Colegio, a solicitud del interesado no de oficio, proceder a la inscripción.

No obstante lo anterior en caso de duda la Comisión podrá remitir al Consejo de Educación Superior Universitaria Privada (CONESUP) toda la documentación cuando la especialidad haya sido otorgada en Costa Rica, cuando ha sido otorgada en el extranjero podrá hacer todas las investigaciones o averiguaciones que crea convenientes en ambos casos el plazo para que la Comisión se pronuncie se contará a partir de la fecha en que la Comisión reciba el informe del CONESUP, o termine la investigación en el extranjero.

Si la solicitud no cumple con todos los requisitos, dentro del mes siguiente a la fecha de recepción de la misma, la Comisión le indicara al interesado, que proceda a completarlos, otorgándose para ello un plazo de un mes, vencido este, sin tener respuesta del interesado, devolverá la solicitud a la Junta Directiva para que proceda a archivarla sin que sea necesario informar o notificar al interesado.

Todas las comunicaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores deberán hacerla la Comisión por medio de correo certificado dirigido a la dirección que el interesado haya puesto a su solicitud. Si no hubiere indicado dirección alguna, la Comisión no será responsable por no haber notificado.

Las resoluciones que dictare la Comisión, podrán ser apeladas dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación, ante la Junta Directiva del Colegio y las de esta ante la Asamblea General, dentro el mismo plazo.

(Asì reformado por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 30499 de 9 de mayo de 2002)

Artículo 9°-Requerirán de una duración mínima de veintiuno a veinticuatro meses de estudios de postgrado, las siguientes especialidades; Cirugía Oral, Endodoncia, Implantología Oral, Odontopediatría, Ortodoncia, Patología Oral y Medicina Oral, Periodoncia, Prostodoncia y Trastornos Temporo Mandibulares y Dolor Orofacial y Administración en Salud.

Artículo 10º -Requerirán de una duración mínima de doce meses de estudios de postgrado, las siguientes especialidades: Odontología General, Radiología y Salud Pública.

Artículo 11.-Una vez aprobado por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas el dictamen favorable rendido por la Comisión, el solicitante deberá ser juramentado en forma oficial y se le inscribirá en el Registro de Especialidades Odontológicas.

Artículo 12.-La Junta Directiva del Colegio sancionará, de acuerdo con lo dispuesto en la “Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas” y en el Código de Ética, a los profesionales no inscritos en este Registro, que traten de confundir o engañar al público haciéndose llamar “Especialista”, o que usando términos de determinada especialidad se hagan pasar como tales, corroborado lo anterior debidamente por la Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas.

Artículo 13.-Serán suspendidos del ejercicio profesional aquellos Cirujanos Dentistas que dentro de su especialidad no se ajusten a los reglamentos y a los cánones de la ética señalados en la “Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas” y en el Código de Ética.

Artículo 14.-Si se solicita información sobre quienes se dedican a la práctica de especialidades odontológicas en el país, el Colegio de Cirujanos Dentistas se referirá a los Cirujanos Dentistas Inscritos en el Registro de Especialidades Odontológicas.

Artículo 15.-El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, por medio de su Junta Directiva o el órgano que ésta designe, de acuerdo con las facultades que le otorga la legislación vigente, velará por que los tratamientos especializados, efectuados en las instituciones del país, sean realizados por Cirujanos Dentistas Especialistas en sus respectivas ramas, inscritos en el Registro de Especialidades Odontológicas.

Artículo 16.-El Cirujano Dentista, durante su período de entrenamiento universitario de las especialidades señaladas en este reglamento, podrá realizar procedimientos especializados bajo la supervisión del instructor especialista docente en la especialidad respectiva e inscrita en el Registro de Especialidades.

Artículo 17.-Derogase cualquier disposición que se oponga al presente decreto.

Artículo 18.-Rige a partir de su publicación.

Dado  en la Presidencia de la República. San José, a los veinticinco días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Publíquese.

RAFAEL ANGÉL CALDERON FOURNIER                      CARLOS CASTRO CHARPENTIER

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA                                MINISTRO DE SALUD

Publicado en la Gaceta del viernes 20 de mayo del 1994

Reglamento de Deliberaciones

Descargar aquí este reglamento

Artículo 1

La asamblea del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, está integrada por todos los odontólogos que están legalmente incorporados y se encuentran al día en cumplimiento de sus obligaciones económicas para con el Colegio.

REGLAMENTO DE DELIBERACIONES

Artículo 1

La asamblea del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, está integrada por todos los odontólogos que están legalmente incorporados y se encuentran al día en cumplimiento de sus obligaciones económicas para con el Colegio.

Artículo 2

Al inicio de cada Asamblea Ordinario y Extraordinaria, el Fiscal de Colegio, examinará la lista de los odontólogos asistentes y presentará su informe a la Mesa Directiva, para comprobar el quórum.

Artículo 3

El Presidente de la Junta Directiva del Colegio presidirá las sesiones de Asamblea General. En su ausencia o por delegación lo hará el Vicepresidente, y en ausencia de éste un Vocal. Actuará como Secretario, el titular del Colegio y en su ausencia un vocal designado por el Presidente.

Artículo 4

Los acuerdos de la Asamblea serán tomados por simple mayoría de votos de los colegiados asistentes y presentes en el momento de la votación. Es decir la mitad más uno. En caso de empate el voto del Presidente se tomará como doble.

Artículo 5

Las deliberaciones de la Asamblea se realizarán con base en:

a)     Informes.

b)     Mociones.

Los que se presentarán por escrito, cuando así lo ordenase la Presidencia o la Secretaría.

Las mociones deben contener un proyecto de acuerdo con la resolución que se ofrece a consideración de la Asamblea. Toda moción para se considerada, deberá secundarse con excepción de:

A-1 Solicitud de permiso para retirar una moción.

A-2 Presentar una moción de orden.

A-3 Requerir que se siga el orden del día.

A-4 Constatar el quórum-

Artículo 6

Puesta en consideración de la Asamblea una moción por parte de la Presidencia, no podrá conocerse otro asunto hasta no ser resuelta excepto en los siguientes casos:

a)     Cuando se plantee una moción de enmienda, la deberá se resuelta.

b)     Una moción secundada por dos terceras partes de los asistentes.

 

Artículo 7

La moción de enmienda tendrá por objeto lograr alguna modificación de la moción principal, pero deberá tratar sobre el mismo asunto que ésta. Las mociones que tratan sobre un asunto diferente de la principal, no podrán considerarse sino en el orden que le corresponde.

Puede presentarse una moción de sustitución, la cual será tratada previamente a la entrada.

Artículo 8

Las mociones de orden previas a las de cualquier otro asunto que está en debate, serán puestas a votación sin discusión, aunque exista oposición y deberán ser presentadas por escrito a la Presidencia de la Asamblea.

 

Artículo 9

Se consideran mociones de orden, las que tengan algunos de los siguientes objetivos:

a)     Que se establezca el quórum.

b)     Que se levante la sesión.

c)     Proponer un receso.

d)     Que se altere el orden del día.

e)     Que se cierre el debate, manteniendo la lista de oradores.

f)       Que se concrete la moción.

g)     Que se aplace la consideración de una moción por tiempo determinad o indeterminado.

h)     Que el asunto se envíe o devuelva a una comisión.

i)       Que la Asamblea se aparte de las prescripciones reglamentarias en los asuntos relativos a la forma

j)       de la discusión de los asuntos pendientes.

k)      Que la votación se haga secreta.

l)       Que la votación se haga nominal.

 

Artículo 10

Toda moción que tenga por objeto anticipar el momento en que se deba tratar un asunto, se considerará moción de preferencia.

Artículo 11

La Asamblea podrá dar el carácter de urgente a un asunto con el voto de mayoría simple, siempre que esté relacionado con los asuntos contemplados en el orden del día. El asunto declarado urgente será tratado de inmediato con relación a los otros asuntos de conocimiento de la Asamblea.

Artículo 12

El uso de la palabra será concedido a los Colegiados en el orden siguiente:

a)     Al relator de la comisión que haya informado sobre asuntos en consideración.

b)     Al miembro relator de la minoría de la Comisión, si hubiere informe de minoría.

c)     Al autor del asunto en discusión.

d)     A los colegiados que hubiesen solicitado hacer uso de la palabra en el orden de inscripción en la

e)     mesa directiva.

f)       A los asesores o gerente administrativo, cuando la Asamblea o la Presidencia los considere

g)     necesario.

h)     A los visitantes no Colegiados cuando la Asamblea lo autorice.

 

Artículo 13

Cada colegiado podrá intervenir sólo dos veces sobre el mismo punto en discusión. La Presidencia limitará el uso de la palabra a cinco minutos en la primera intervención. Si uno de los colegiados inscritos en la mesa directiva para hacer uso de la palabra, desea ceder su tiempo para que el que está en el uso de la palabra pueda extenderse más en su intervención, puede ceder únicamente los primeros cinco minutos.

Artículo 14

El Presidente o quien presida podrá suspender en el uso de la palabra a los colegiados, si considera que la intervención se sale del tema tratado o se alude a personas o entidades con palabras o frases ofensiva e inconvenientes.

Artículo 15

Todas las deliberaciones se harán a través de la Presidencia, la cuál no permitirá las discusiones directas entre los colegios.

Artículo 16

Toda decisión de la Presidencia, en relación con los procedimientos, pueden someterse en apelación para resolución inmediata de la Asamblea.

Artículo 17

Todos aquellos asuntos que no estuviesen contemplados en este Reglamentos, los decidirá el Presidente de la Asamblea de conformidad con la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 18

Todos los acuerdos de Asambleas Generales ordinarias o extraordinarias son firmes, haciéndolo constar así, en el acta respectiva.

Artículo 19

Aprobado en Asamblea General Extraordinaria del día Viernes 14 de Octubre de 1994.

Reglamento Procedimientos Administrativos Disciplinarios

Descargar aquí este reglamento

Reglamento de Procedimientos Administrativos Disciplinarios

 

Capítulo I: Disposiciones generales

Artículo 1- Finalidad: La presente normativa se dicta con la finalidad de asegurar el mejor cumplimiento de las potestades disciplinarias que se conceden al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica en su Ley Orgánica, así como regular los procedimientos a seguir cuando se presenten denuncias contra los miembros del Colegio o se actúe de oficio contra ellos.

Artículo 2- Ámbito de aplicación: Están sujetos a responsabilidad disciplinaria, todos los profesionales debidamente incorporados al Colegio que incurran en infracciones al Código de Ética, a la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica o a la Ley General de Salud, y cualquier otra normativa relacionada con el ejercicio de la profesión. No podrá instruirse ningún procedimiento administrativo si la conducta que motiva la queja no se encuentra expresamente prevista en alguna norma legal o reglamentaria aplicable desde el punto de vista disciplinario.

Artículo 3: Competencia de la Junta Directiva: Le corresponde a la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas:

  1. Una vez aceptada y conocida la admisibilidad de una denuncia, conformar al Tribunal de Honor como Órgano Director del Procedimiento, según las disposiciones del artículo 37 de la Ley Orgánica.
  2. Decretar la admisibilidad o inadmisibilidad de una denuncia de oficio planteada por el Fiscal del Colegio. En caso de ser admitida la denuncia, ordenar dar inicio al debido proceso.
  3. La Junta Directiva una vez que ha aceptado la admisibilidad de una denuncia, conforme lo indican los incisos a. y b. de este artículo, la remitirá al Tribunal de Honor, para lo que corresponda.
  4. En todos aquellos casos en los cuales se presuma la existencia de una conducta delictiva, deberá el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, hacerlo del conocimiento del Ministerio Público o las autoridades administrativas y gubernamentales correspondientes para lo de su cargo. El incumplimiento a esta obligación tendrá las consecuencias penales y civiles que el ordenamiento jurídico establece.

Artículo 4: Competencia del Tribunal de Honor: Le corresponde al Tribunal de Honor del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica:

  1. Sancionar y corregir disciplinariamente a los miembros del Colegio por infracciones a la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, al Código de Ética, o cualquier otra normativa vigente que esté relacionada con el ejercicio de la profesión, por faltas o abusos que cometan en el ejercicio de la profesión, por irregularidad en su conducta moral o por vicios que les hagan desmerecer en el ámbito público y privado o que comprometan el decoro de la profesión.
  2. Nombrar a la persona o las personas que se constituirán como Órgano Director, el cual se encargará de llevar a cabo toda la instrucción de los expedientes que se le asignen a su cargo.
  3. Acoger o rechazar la recomendación del Órgano Director después de finalizado el Debido Proceso.
  4. Dictar el acto final que declara sin lugar la queja o impone una sanción al colegiado, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica.
  5. Tratar de lograr en todos los casos, la conciliación entre las partes, empleando para ello los mejores métodos de diálogo, interlocución y convencimiento de que se disponga.
  6. Todas aquellas actividades no previstas en este reglamento referente al proceso sancionatorio.

Artículo 5: Competencia del Órgano Director: Le corresponde al Órgano Director del Colegio de Cirujanos Dentistas:

  1. Cumplir el Debido Proceso y verificar la verdad real de los hechos en los casos que le asigne el Tribunal de Honor para su debido trámite.
  2. Emitir una recomendación final y trasladar el expediente al Tribunal de Honor para que dicte el acto final.
  3. Intervenir cuando así se requiera ante una solicitud de conciliación y dar el correspondiente seguimiento.

Artículo 6- Integración del Tribunal de Honor: El Tribunal de Honor estará integrado según lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 7- Quórum del Tribunal de Honor: El quórum para que pueda sesionar válidamente el Tribunal de Honor será el de la mitad más uno de sus miembros.

Artículo 8- Creación e Integración del Órgano Director: El Tribunal de Honor tendrá facultades para ordenar la conformación de un Órgano Director, siguiendo alguno de los dos mecanismos siguientes:

  1. Podrá conformarse uno o varios de los miembros del Tribunal de Honor cómo Órgano Director, para el cumplimiento del debido proceso y verificar a la verdad real de los hechos en observancia del presente reglamento.

Podrá ordenar la conformación de un de Órgano Director, con el número de personas que considere conveniente, sean éstas miembros o no del Tribunal de Honor.

Para ser parte de un órgano se requiere ser miembro activo del Colegio, no pertenecer a la Junta Directiva, ni ser empleado administrativo del Colegio. Las resoluciones de mero trámite dentro del procedimiento podrán ser firmadas por quien coordine el Órgano Director. La recomendación final del Órgano Director en el marco de la instrucción de un procedimiento deberá ser firmada por el o los miembros de dicho órgano que participen en esa instrucción.

Artículo 9- Incompetencia sobre asuntos patrimoniales: No podrá tramitarse ninguna denuncia que verse sobre aspectos patrimoniales, sin perjuicio de los acuerdos conciliatorios de cualquier tipo a los que las partes lleguen relacionados con el expediente en estudio.

Artículo 10- Motivos de impedimento y recusación: Serán motivos de impedimento y recusación los mismos previstos en el Código Procesal Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los motivos de abstención serán aplicables a los miembros de la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Órganos de Instrucción del Procedimiento.

Capítulo II: De la admisibilidad de las denuncias y el trámite del procedimiento

Sección I: Admisibilidad de las denuncias

Artículo 11- Contenido de la denuncia: Toda denuncia iniciada por un paciente, un colegiado y/o por el Fiscal debe cumplir los siguientes requisitos, bajo pena de inadmisibilidad:

Debe ser presentada ante la oficina del Fiscal, en los casos que el denunciante sea un particular o un colegiado, o ante la Junta Directiva, cuando se trate de una denuncia de oficio del Fiscal, de forma escrita, legible, clara y con tantas copias como partes haya.

La denuncia debe indicar:

  1. a) Nombre completo, dos apellidos, cédula de identidad y calidades completas del denunciante.
  2. b) Nombre completo y dos apellidos y de ser posible cédula identidad y calidades completas del o los colegiados   contra los cuales se interpone la denuncia.
  3. c) Un relato, lo más preciso posible de los hechos sobre los cuales se fundamenta la denuncia.
  4. d) Pruebas. La carga de la prueba le corresponde al interesado. Todo ofrecimiento de prueba debe indicar cuál o cuáles hechos de la denuncia pretende acreditar. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento podrá autorizar las pruebas anticipadas cuando la salud del paciente esté comprometida.

Si la prueba es testimonial, debe indicarse el nombre completo, dos apellidos, cédula de identidad de los testigos, así como dirección completa para la citación respectiva e indicar los hechos puntuales sobre los cuales declarará el testigo. El denunciante retirará del Colegio la correspondiente orden de citación. Podrá ofrecerse hasta un máximo de dos testigos para cada hecho que se pretende probar.

En caso de ofrecerse prueba pericial, el Colegio le ofrecerá a la parte proponente una lista de los profesionales capacitados para realizar dicha pericia, debiendo cubrir la parte interesada los gastos correspondientes.

Si se ofreciese prueba confesional, deberá el confesante comparecer en forma personal.

Si se ofrece prueba documental, esta debe ser original y aportar tantas  copias, como denunciados haya.

  1. e) Extremos legales en que fundamenta su denuncia, con mención precisa de los artículos correspondientes de la Ley Orgánica y Código de Ética del Colegio de Cirujanos Dentistas o cualquier otro cuerpo normativo que sea aplicable según la competencia disciplinaria del Colegio.
  2. f) Petitoria: Deberá indicarse en forma clara y precisa la pretensión así como cuál es la sanción que pretende para el denunciado, desde el punto de vista del régimen disciplinario del Colegio. Así como, si existe deseo o no de conciliar.
  3. g) Dirección exacta en donde se recibirán notificaciones, lugar, apartado postal, teléfono, fax y correo electrónico para notificar al denunciado y al denunciante el traslado de la denuncia.
  4. h) Fecha del escrito.
  5. i) Si el denunciante presenta la acusación personalmente y se identifica como tal con su cédula de identidad, se pondrá al pie del documento original la siguiente razón: “Presentada personalmente por el interesado quien firma el documento”, En caso que el denunciante no se haga presente su firma debe ser autenticada por un abogado con el timbre correspondiente del Colegio de Abogados de Costa Rica y el correspondiente sello de identificación.

Toda denuncia deberá contar con el sello de recibido del Departamento del Colegio que recibió la denuncia, en donde se indique la fecha y hora de recepción del documento, junto con el nombre de la persona que recibe.

Artículo 12- Estudio preliminar de la denuncia: Una vez recibida la denuncia, el Fiscal o la Junta Directiva, según corresponda, procederá a:

  1. Estudiar si la denuncia llena todos los requisitos que señala el artículo anterior.
  2. Anotarla en un Libro de Recibo de Quejas, que se llevará para tal efecto y que estará a cargo del Fiscal del Colegio de Cirujanos Dentistas. Este libro será de acceso restringido a terceros y sólo podrá ser consultado para efectos administrativos por parte de los órganos disciplinarios del Colegio, entendiendo por tales a la Junta Directiva, el Tribunal de Honor u Órganos.
  3. Levantar el expediente respectivo, numerándolo con numeración corrida y el año correspondiente.
  4. Si la denuncia no se ajusta a los requisitos del artículo anterior, se solicitará por escrito al interesado que proceda a llenar todos los requisitos, dándole para tales efectos el plazo de cinco días hábiles. Vencido ese plazo, y si no se han subsanado los vacíos u omisiones señalados en la prevención, se dictará una resolución ordenando el archivo de la denuncia.
  5. Si la denuncia cumple con todos los requisitos del artículo anterior, o éstos se han cumplido con base en la prevención que se señala en el inciso anterior, se dará inicio al procedimiento según corresponda.
  6. No se podrá iniciar la instrucción sobre ninguna denuncia que no haya cumplido todos los trámites que para ello se requiere.
  7. El Tribunal de Honor o el Órgano Director, cuando no se trate de una denuncia de oficio, deberá convocar a las partes a una audiencia de mediación o conciliación, salvo que alguna de las partes manifieste expresamente su deseo de no someterse a esta modalidad de solución de conflictos. De existir anuencia, se convocará a las partes con la mayor brevedad a fin de buscar la solución de la controversia, la cual puede ser parcial, con los efectos que dispone la Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Durante este procedimiento de conciliación o mediación, el trámite de la denuncia continuará, sin perjuicio de los acuerdos a los que puede llegarse.  Los acuerdo conciliatorios tendrán valor de cosa juzgada y las partes podrán hacer valer lo acordado en las vías legales correspondientes.

Artículo 13- Inicio de la instrucción: Presentada la denuncia y cumplidas las formalidades que se requieren, la Junta Directiva trasladará el expediente al Tribunal de Honor, para que siguiendo el debido proceso, ordene la conformación de un órgano.

Artículo 14- Traslado de la denuncia: Una vez recibido el expediente, el Órgano Director que haya sido conformado pondrá en conocimiento de la denuncia al colegiado (a) denunciado (a) y le concederá el plazo de ocho días hábiles a partir de la notificación para que se pronuncie sobre los hechos alegados y ofrezca prueba de descargo.

En la contestación, podrá aceptar los hechos contenidos en la denuncia, rebatir cada uno de ellos, formular las aclaraciones que considere. Toda prueba deberá ser ofrecida en el escrito de presentación de la denuncia por parte del denunciante y en la contestación de la denuncia por parte del colegiado (a) denunciado (a).

Artículo 15- Audiencia oral y privada: Se convocará a una audiencia oral y privada donde se escucharán los alegatos de cada una de las partes, se evacuará la prueba, se oirán las conclusiones de las partes y el Órgano Director procederá a dictar la recomendación final. Las partes deberán ser convocadas a la audiencia con un plazo mínimo de quince días hábiles de antelación.

Sección II: Trámite de la audiencia oral y privada

Artículo 16- Registro de la audiencia: La audiencia será, en lo posible, grabada. Las partes podrán solicitar la transcripción de la grabación con una solicitud escrita y cubriendo los costos respectivos.

Artículo 17- Asistencia: A la audiencia sólo podrán asistir las partes y sus abogados. En casos especiales en que las partes designen a sus asesores legales por medio de poderes especiales administrativos; en este caso no será necesaria la presencia de las partes en la audiencia salvo en los casos en que deba evacuarse prueba confesional.

Artículo 18- Desistimiento tácito: Es obligación de las partes asistir a la o las audiencias en que sean convocadas en el curso del procedimiento y en caso de ausencia, sin justa causa, de cualquiera de las partes, la audiencia se celebrará sin su presencia. Se tendrá por desistida tácitamente la denuncia si la parte que la interpuso no se presenta a la audiencia sin justa causa, la cual deberá acreditarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la realización de la audiencia, por los medios legalmente reconocidos. Comprobado el desistimiento se procederá con el archivo del expediente

Artículo 19- Dirección de la audiencia: La audiencia será dirigida por quien ejerza el cargo de Coordinador, por encargo de la Ley Orgánica o por quien haya sido designado como Coordinador por parte del Tribunal de Honor, según corresponda. En ausencia de éstos, dirigirá la audiencia la persona que los propios órganos designen.

Artículo 20- Juramentación de los testigos y del confesante: De previo al inicio de las audiencias que se desarrollen en el curso del procedimiento, se procederá a juramentar a los testigos y a los confesantes que hayan comparecido y a hacerles las advertencias de ley. Una vez juramentados, se retirarán de la sala los testigos. Se declarará inevacuable la prueba testimonial cuando los testigos no comparezcan a la audiencia sin justa causa.

Artículo 21-  Apertura de la audiencia y fase de conciliación:  Se declarará abierta la audiencia e invitará a las partes a conciliar, aun cuando con anticipación a la audiencia se haya llevado a cabo un proceso previo de resolución alternativa de conflictos y no haya habido acuerdo alguno. De haber anuencia, las partes formularán las respectivas propuestas y contrapropuestas. En el curso del procedimiento se dará los espacios necesarios para procurar una solución consensuada.

Artículo 22- Cuestiones incidentales: De fracasar la fase de conciliación, proseguirá la audiencia con el planteamiento y la resolución de las cuestiones incidentales que se presenten, las cuales deberán ser planteadas de manera oral en la audiencia.

Artículo 23- Evacuación de prueba: Una vez resueltos los incidentes, la prueba ofrecida será evacuada en el siguiente orden:

  1. Prueba confesional.
  2. Prueba testimonial.
  3. Prueba pericial
  4. Cualquiera otra que se haya presentado al expediente y que deba ser evacuada.

Una vez recibida en el expediente la prueba pericial, ésta deberá ser puesta en conocimiento de las partes por el plazo de tres días hábiles, y preferiblemente antes de la celebración de la audiencia.

Artículo 24- Valoración de la prueba: La prueba será valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica racional y en resguardo de los Derechos de las partes y la verificación de la verdad real de los hechos.

Artículo 25-  Conclusiones: Finalizada la fase probatoria, cada parte podrá plantear sus alegatos de conclusiones. Para ello, se concederá un término de diez a quince minutos a cada parte. Después de las conclusiones, se tendrá por concluida la audiencia. No obstante lo anterior, se podrá conceder a las partes un plazo para que presenten sus alegatos de conclusiones por escrito.

Artículo 26- Suspensión de la audiencia: Si por lo avanzado de la hora o por así requerirlo el caso, sea necesario suspender la audiencia, se programará la continuación para la fecha más cercana posible. La programación de una segunda audiencia no dará lugar a evacuar prueba que haya sido declarada inevacuable.

Artículo 27- Deliberación y resolución: Finalizada la audiencia o su continuación, en los casos en que se haya ordenado así, el órgano encargado procederá a resolver el asunto. Sea una recomendación en veinte días hábiles a partir de la finalización de la audiencia para tales efectos.

Capítulo III: Medios de impugnación y comunicación de los actos dictados dentro del procedimiento

Sección I: Medios de impugnación

Artículo 28- Principio de taxatividad de las resoluciones impugnables: Sólo serán impugnables las resoluciones dictadas en el curso del procedimiento contra las que se haya previsto algún recurso dentro de este Reglamento.

Artículo 29- Recurso contra los actos preparatorios del procedimiento: Además del supuesto previsto en el inciso d) del artículo 13, cabrá el recurso de revocatoria en contra de los actos preparatorios únicamente en los casos previstos por el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 30- Recurso contra el acto final: Contra el acto final dictado solo podrá interponerse recurso de revocatoria ante el mismo Órgano.

Sección II: Comunicación de los actos del procedimiento

Artículo 31- Obligatoriedad de señalamiento de lugar o medio para oír notificaciones: Será obligatorio para las partes señalar en su primer escrito un medio o lugar para recibir sus notificaciones. En el primer caso, será procedente señalar una dirección de correo electrónico o un número de fax. De señalarse una dirección física, deberá ubicarse dentro del perímetro del I Circuito Judicial de San José. Si se omite este señalamiento, toda resolución que se dicte en el curso de un procedimiento se tendrá por notificada automáticamente con el sólo transcurso de veinticuatro horas a partir de su dictado. En todos los casos, se agregará al expediente el respectivo comprobante de notificación que acredite la correcta recepción de la notificación.

Artículo 32- Notificación personal: Deberá notificarse personalmente o en casa de habitación el traslado de la denuncia al colegiado (a) denunciado (a), de lo cual se dejará constancia mediante la respectiva acta de notificación o por medio de correo postal certificado, notario público, o cualquiera de los medios autorizados en la Ley de Notificaciones Judiciales número 8687, del 04 de diciembre del 2008.

Artículo 33- Notificación en el lugar o medio señalado: Será absolutamente nula la notificación realizada en un lugar o medio distinto al señalado por las partes, salvo que dicha notificación se realice personalmente al interesado.

Capítulo IV: Disposiciones finales

Artículo 34- Vigencia del reglamento: Este reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

Artículo 35- Derogatoria: El presente Reglamento deroga el Reglamento de Procedimientos Administrativos Disciplinarios aprobado en Asamblea General extraordinaria No. 49, celebrada el 31 de mayo del 2011 y publicado en La Gaceta No. 134 del 12 de julio de 2011 y cualquier otra disposición que se le oponga.

Artículo 36- Aplicación supletoria de Leyes: En lo no dispuesto en este Reglamento, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública, del Código Procesal Civil, de la ley General de Salud y Ley de Notificaciones 8687 del 04 de diciembre del 2008 publicada en la Gaceta No.20 del 29  enero del 2009.

Artículo 37- Transitorio: Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento, serán tramitados con el anterior Reglamento y de acuerdo con sus disposiciones.

 Dr.  Rafael Porras Madrigal                 Dr. Alexis Hernández Montero

Presidente.                                         Secretario.

 

Aprobado en Asamblea General Extraordinaria No. 74, celebrada el 21 de abril del 2016.  Publíquese en el diario oficial La Gaceta.

Publicado en el Alcance Digital N°83 del miércoles 25 de mayo del 2016.

Normativa para exposiciones comerciales participantes en los congresos del Colegio

Descargar aquí este reglamento

“La Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, con sustento en las potestades que le confiere la ley Orgánica establece las siguientes normas para el desarrollo de las exposiciones comerciales participantes en los Congresos que organiza el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica”

1)Podrán participar como expositores comerciales en los congresos organizados por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, todas las entidades comerciales legalmente inscritas como tal, ya sea que se relacionen o no directamente con la profesión odontológica.  En este aspecto las asociaciones regionales, provinciales o cantorales pueden identificar y fungir como contacto con otros potenciales expositores interesados a nivel local.
2)El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica establecerá una tarifa por un área de dos (2) por dos (2) metros cuadrados, como medida regular de un compartimiento (stand) a alquilar.
3)El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica se compromete únicamente a colocar en este espacio, dos mesas de un metro de ancho cada una, para que los expositores comerciales coloquen sus productos.  Sí algún expositor comercial tiene sus propios instrumentos publicitarios (anuncios, banners, etc.), podrá colocarlos dentro del espacio que arrendó.  Las necesidades de instalaciones eléctricas deben ser suplidas por cada casa comercial participante.
4)Los expositores comerciales tendrán la libertad de alquilar el número de compartimientos (stands) que deseen de acuerdo a sus necesidades.
5)La participación de expositores comerciales en los congresos, mediante áreas de exhibición o impulso de productos, será definida, autorizada y negociada directamente por el Colegio. Se les brindarán los servicios de alimentación que brinda el colegio a sus agremiados a dos personas por stand durante el evento y además se les solicita a los expositores comerciales dos regalos para ser rifados entre los odontólogos participantes del congreso.  Estas personas deberán sufragarse sus gastos de hospedaje y deberán coordinar su participación y cancelación de los derechos respectivos, la semana antes de la realización del evento en la caja del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
6)En el caso de que existan expositores comerciales que estén patrocinando toda o parte de la actividad del congreso, tendrán prioridad en la localización de su compartimiento (stand) dentro del área comercial.
7)En caso de que las casas comerciales realicen ventas de sus productos durante el desarrollo de un congreso, tendrán igual obligación de cobrar el timbre odontológico, de lo contrario se le notificará y sancionará por medio de la Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas.
8)El Colegio de Cirujanos Dentistas ubicará el lugar de las exposiciones comerciales de acuerdo a las instalaciones de la sede del congreso.  Las casas comerciales tendrán la obligación de adaptarse a las condiciones que cada sede ofrezca, por lo que se libera al Colegio de Cirujanos Dentistas de cualquier tipo de inconveniente que se presente al  respecto.

Normativa para el uso del parqueo

Descargar aquí este reglamento

Artículo 1: Objeto

La presente normativa regula la prestación de servicios de guarda y custodia de vehículos en el estacionamiento propiedad del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, el cual ofrecerá sus servicios a odontólogos y público en general. Artículo 2: Capacidad del Parqueo
El parqueo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica tiene capacidad para albergar 28 vehículos y uno para motos. Estos tienen todas las medidas reglamentarias solicitadas por las autoridades competentes.

 

 

Artículo 3: Horarios de Servicio
El horario de atención al público será entre las 8 y 17 horas de lunes a viernes.

En caso de que haya alguna actividad relacionada con el gremio odontológico como por ejemplo: asambleas, reunión de comisiones, actividades sociales, etc. se abrirá las puertas del parqueo y se cerrarán hasta que se retire el último vehículo.

Artículo 4: Usuarios

Debido a que el parqueo es público, éste podrá ser usado por cualquier persona, en el caso de ser odontólogo tendrá una tarifa diferenciada.

Artículo 5: Tarifas

La tarifa podrá ser horaria, diaria, semanal o mensual y será determinada por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, de acuerdo con los costos reales que implique prestar el servicio, observando siempre los principios de equidad y razonabilidad entre el Colegio y el cliente.
La tarifa para automóviles al público será de ¢500 por hora y ¢250 por fracción de tiempo y para odontólogos que se encuentren al día en sus obligaciones con el Colegio se cobrará una tarifa diferenciada de ¢300 por hora y ¢150 por fracción de tiempo, de lo contrario pagarán la tarifa ordinaria.
La tarifa para motos al público será de ¢300 por hora y ¢150 por fracción de tiempo y para odontólogos que se encuentren al día en sus obligaciones con el Colegio se cobrará una tarifa diferenciada de ¢200 por hora  y ¢100 por fracción de tiempo, de lo contrario pagarán la tarifa ordinaria.
Para los odontólogos que se encuentren al día en sus obligaciones con el Colegio y que vengan a hacer algún trámite en que el tiempo de duración sea menor a media hora no se le cobrará por el uso del parqueo.

Artículo 6: Cobro

La tarifa que cobrará el encargado del parqueo lo hará con base en la indicación que se le ponga al reverso del tiquete de parqueo, en la recepción del Colegio como se indica a  continuación:
“Odontólogo”: El encargado del parqueo cobrará la tarifa de ¢300,00 cuando hayan transcurrido más de media hora. Cuando el tiempo sea menor de media hora el encargado no cobrará suma alguna.
“Gratis”: El encargado del parqueo no cobrará monto alguno. Los casos en que se de esta opción es:
Reunión de Junta Directiva,
Reunión de Comisiones,
Reuniones especiales,
Por disposición de Junta Directiva.
En el caso de que el tiquete del parqueo no tenga ninguna leyenda en el reverso el encargado del parqueo cobrará la tarifa regular de ¢500,00 por hora.
Artículo 7: Impuestos
Todas las tarifas incluyen el impuesto de ventas y los que la ley establezca.

Artículo 8: Alquiler
El parqueo puede alquilarse tanto a odontólogos como a particulares, de la siguiente forma:
Odontólogos:
1.Alquiler mensual entre las 7 y 17 horas                      ¢28.000,00
2.Alquiler para actividades sociales (aplica Artículo 5, párrafo segunto y tercero)
Particulares:
1.Alquiler mensual entre las 7 y 17 horas                   ¢30.000,00
2.Alquiler para actividades sociales (aplica Artículo 5, párrafo segundo y tercero)

Artículo 9: Uso de espacio

De los 28 campos con que cuenta el parqueo, el 50% se designará para alquilar ya sea por semana, quincena o mensualmente, el restante 50% quedará para el uso del público en general.

Normativa del Centro Recreativo

Descargar aquí este reglamento

NORMATIVA CENTRO RECREATIVO

 

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Corresponde a la Dirección Administrativa, conocer y otorgar los permisos para el uso ocasional, para actos culturales, sociales y deportivos de los edificios y las instalaciones, conforme al siguiente orden de prioridades:

a-      Actos oficiales del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

b-      Actos oficiales de las Academias y Filiales adscritas al Colegio

c-      Actos exclusivos de odontólogos.

d-     Actos familiares del (la) colegiado (la), entendiéndose por familia a su cónyuge, padres e hijos.

e-      Actos a juicio de la Junta Directiva.

Artículo 2: Las instalaciones se cederán gratuitamente para los actos indicados en los incisos a) y b) del artículo anterior. En los incisos siguientes, el Colegio las alquilará y cobrará las tarifas que establezca la Junta Directiva, las cuales deben cancelarse en el acto de la firma del contrato.

Artículo 3: Tendrán derecho al uso y disfrute en forma gratuita del Centro Recreativo quienes se detalla a continuación y dentro del siguiente orden de preferencia,  presentando el carne correspondiente vigente.

a-      El (la) colegiado(a)

b-      Su cónyuge.

c-      Los padres del  colegiado (a)

d-     Los hijos del (la) colegiado (a) hasta los 25 años de edad.

e-      Los casos especiales a quienes la Junta Directiva o la Dirección Administrativa conceda autorización por medio de acuerdo en los términos y bajo las condiciones que determine.

Las personas a las que se refieren los incisos  b), c) y d) deberán solicitar el carné respectivo, previo pago del mismo, y presentarlo para su ingreso a las instalaciones del Centro Recreativo. Únicamente los (las) colegiados (as) podrán ingresar con la presentación de su cédula de identidad previa corroboración de los encargados del Centro Recreativo.

CAPITULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL (LA) COLEGIADO (A) 

Artículo 4: Es requisito fundamental estar al día con todas las obligaciones que establece la Ley Orgánica del Colegio y los reglamentos para que el colegiado y sus beneficiarios puedan hacer uso de las instalaciones del Centro Recreativo. El (la) colegiado (a) que mantenga deudas pendientes con el Colegio, NO podrá hacer uso de las instalaciones mientras la cancelación total de esas deudas no se haya efectuado. Se le suspende su derecho y el de sus familiares a visitar y utilizar las instalaciones del Centro Recreativo mientras la situación de morosidad se mantenga.
Artículo 5: Para poder utilizar las instalaciones del Centro Recreativo tendrán la obligación de obtener un carné, previo pago del valor correspondiente las siguientes personas:

a-      El (la) cónyuge

b-      Los hijos mayores de 5 años hasta 25 años, siempre que conserven el estado de soltería.

c-      Los padres del (la) colegiado (a)

En todos los casos el carné tendrá una vigencia máxima de cinco años. Este carné será completamente diferente del (de la) colegiado (a) y deberá decir “Uso exclusivo para ingresar al Centro Recreativo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica”

Artículo 6: El (la) colegiado (a) tiene derecho al uso de las instalaciones con que cuenta el Centro Recreativo que comprende áreas deportivas, piscinas y áreas verdes de acuerdo con las normas establecidas en la presente Normativa. También tendrán derecho al uso del salón multiuso y del rancho para actividades cuando no se encuentre previamente comprometido en alguna otra actividad.
El uso tanto del rancho, como el salón multiuso deberá ser solicitado en forma escrita con antelación no menor a quince días naturales ante la Dirección Administrativa del Colegio para garantizar su correcta reservación.

Artículo 7: El (la) colegiado (a) podrá ingresar a las instalaciones del Centro Recreativo, previa identificación mediante su carné al día o cédula de identidad, con un grupo de hasta diez (10) invitados incluyendo a su grupo familiar. Pagarán derecho de admisión por el uso de las instalaciones todos los que no porten el carné como beneficiarios del (la) Colegiado (a), según el artículo 5 de esta normativa. Se exime del pago de la cuota de admisión a los niños menores de cinco (5) años. Queda establecido que para el ingreso de este tipo de grupos se requiere la presencia del ( de la) Colegiado (a) o alguna de las personas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 3 de la presente normativa siempre y cuando tengan mayoría de edad.

Artículo 8: Los funcionarios del Colegio, podrán ingresar al Centro Recreativo con la presentación del carné de funcionario extendido por el Colegio. Podrán hacerse acompañar de un máximo de cinco (5) invitados quienes pagarán la cuota de admisión establecida. Se exime del pago de la cuota de admisión a los niños menores de cinco (5) años.

Artículo 9: En los casos en que el (la) colegiado (a) quiera hacer uso de las instalaciones con un grupo de más de diez (10) invitados deberá presentar solicitud escrita a la Dirección Administrativa del Colegio,  indicando el número de personas que lo acompañarán.

En los casos que también se haga alquiler de  las instalaciones, para que la reservación sea efectiva el (la) Colegiado (a) deberá cancelar la totalidad del monto del alquiler. En caso de suprimirse el evento por cualquier causa no imputable al Colegio se hará el reintegro del monto de alquiler ya cancelado de acuerdo a la tabla de penalización por cancelación aprobado por la Junta Directiva.

Artículo 10: Los colegiados son responsables de la utilización de las instalaciones del Centro Recreativo y lo serán económicamente en cuanto a los daños que éstas sufran por su causa, la de sus familiares o la de sus invitados.

Artículo 11: Por sanidad de las instalaciones y los visitantes se prohíbe el ingreso y la permanencia de cualquier tipo de mascota dentro de las instalaciones del Centro Recreativo.

Artículo 12: El colegiado, sus familiares e invitados, deben respetar el horario de uso de las instalaciones que se abrirán a las 9:00 a.m. y se deberán desalojar a las 5:00 p.m., hora en que se cierran los portones del Centro Recreativo. Este horario regirá para todos los días de la semana. El día lunes las instalaciones del Centro estarán cerradas por mantenimiento general.

La realización de cualquier actividad fuera de este horario deberá ser previamente autorizada por la Dirección Administrativa y suscribirse los contratos pertinentes.

CAPÍTULO  III
DE LA OBSERVACIÓN DE ESTA NORMATIVA 

Artículo13: Todo visitante tiene el derecho y el deber de denunciar ante cualquier miembro de la Junta Directiva, la Dirección Administrativa o el personal responsable de las instalaciones, aquellos actos que en su concepto hayan ofendido las reglas convencionales de la moral, o que hayan dañado las instalaciones físicas del Centro Recreativo.  Toda falta comprobada a la moral en que incurra un (a) colegiado (a), familiar o invitado, dentro de las instalaciones del Centro Recreativo será sancionada por la Junta Directiva.

Artículo 14: Cuando se cometa alguna falta que se considere grave por parte de algún visitante, colegiado o no, cualquier miembro de la Junta Directiva o del personal asignado al Centro Recreativo tiene autorización para que el o los causantes sean desalojados de las instalaciones sin perjuicio de cualquier otra sanción que se les pueda imponer.

Artículo 15: Los (las) colegiados (as) y sus familiares e invitados, deben acatar y respetar las sugerencias de los miembros de la Junta Directiva o del personal del Centro Recreativo. El ser colegiado no faculta para exigir servicios aduciendo que es dueño de parte de las instalaciones.
CAPÍTULO IV
USO DE LAS PISCINAS E INSTALACIONES 

Artículo 16: El horario para uso de las piscinas es de 9 am 4 pm  horas con el propósito de que a las 5 pm horas se cierren los portones del Centro Recreativo.

Artículo 17: Queda terminantemente prohibido introducirse a las piscinas con algún tipo de bronceador y se deben utilizar previamente las duchas externas para quitarse tierra, residuos, sudor y los bronceadores del cuerpo con el fin de no contaminar las piscinas ni atascar los filtros y baños.

Artículo 18: Por la seguridad de sus bañistas y con el afán de evitar la contaminación del agua de las piscinas se prohíbe jugar con bolas, neumáticos y otro tipo de artículos dentro de la piscina; o realizar otros tipos de juegos en sus alrededores. Esta prohibición no incluye flotadores y otros artículos que utilizan los niños para su seguridad en las piscinas.

Artículo 19: Queda terminantemente prohibido llevar o utilizar cualquier tipo de recipientes o envases de vidrio a las piscinas y a sus alrededores en un área no menor a los diez metros alrededor.

Artículo 20: Es terminantemente prohibido el uso de armas de fuego, de aire comprimido, o flechas de cualquier tipo dentro de las instalaciones del Centro Recreativo, al igual que el uso de pólvora o juegos pirotécnicos de cualquier naturaleza, a no ser que la Junta Directiva o la Dirección Administrativa lo autoricen para eventos.

Artículo 21: El uso de radios, radio grabadoras, caseteras, y otros está permitido siempre y cuanto el sonido de las mismas sea para ser escuchado por su propietario o sus acompañantes en forma moderada.

Artículo 22: Es deber de todo colegiado (a), familiar o invitado, recoger, señalar y llamar la atención sobre todos aquellos objetos como latas abiertas, objetos punzo cortantes, vidrios y otros que por su naturaleza sean capaces de ocasionar un accidente y depositarlos en los basureros.

Artículo 23: Es terminantemente prohibido el uso en la piscina de vestimenta que no sea vestidores de baño.

Artículo 24.- La piscina redonda es de uso exclusivo para niños menores de cinco años
Es deber del Colegiado velar por el cuidado de las instalaciones y activos en general por lo que esta Normativa autoriza al administrador del Centro Recreativo a llamar la atención a cualquier persona que este infringiendo dicha normativa.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 25: La Junta Directiva del Colegio nombrará una Comisión de Desarrollo de la Sede del Centro Recreativo, que estará conformada por cinco miembros, quienes tendrán la responsabilidad de preparar proyectos, recibir inquietudes y canalizarlas adecuadamente así como promover el mantenimiento y mejoramiento constante de las instalaciones del Centro Recreativo.

Artículo 26: Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será resuelto mediante acuerdo de la Junta Directiva.
Esta normativa rige a partir del  09 de abril del 2015 aprobada en la sesión ordinaria de Junta Directiva No. 1589.

Norma para la Habilitación de una Clínica Odontológica

Descargar aquí este reglamento

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD DE HABILITACION

CODIGO MS – DSS – UH – B 202

Norma para la Habilitación de Establecimientos Odontológicos


VERSIÓN 1

Marzo del 2000
San José, Costa Rica INDICE

Participantes en la elaboración de la norma

0 Introducción
1 Objetivo y ámbito de aplicación
2 Definiciones generales y símbolos
3 Clasificación y designación
4 Especificaciones
4.1 Establecimientos odontológicos que brindan atención directa
a los usuarios y las usuarias a saber Clínicas Dentales del TIpo
4.2 Anexos.
Anexo A: Requisitos para solicitar la habilitación
Anexo B: Información requerida al realizarla evaluación

0. Introducción

La necesidad de mejorar la calidad de atención en los servicios de salud y afines y la redefinición de las funciones del Ministerio de Salud como ente rector del Sector de Salud, han generado acciones para normalizar las condiciones de operación de los establecimientos que actúan o prestan servicios, directa o indirectamente, en materias ligadas con la salud y el bienestar de las personas. Es así que se establece la Norma para la Habilitación de los establecimientos odontológicos, a saber Clínicas Dentales Tipo B2.

Los requisitos establecidos en esta norma se basan en lo dispuesto en la Ley General de la Salud, Nº 5395, el Decreto Ejecutivo, sobre el Reglamento General para la Habilitación de Establecimientos de Salud y afines, Nº 30571, otras disposiciones vinculantes.

Además se establecen los requisitos para realizar el trámite de solicitud de habilitación, los cuales se presentan en el Anexo A. Así mismo en el Anexo B, se presentan los requisitos de información requerida al realizar la evaluación del establecimiento, (portada del documento; cuestionario de evaluación del establecimiento).

1. Objetivo y ámbito de aplicación.

Esta norma tiene como objeto especificar las condiciones y requisitos mínimos para Recurso Humano, Planta Física, Recurso Material y Equipo que deben cumplir los establecimientos que brindan atención en odontología. Estas especificaciones deben ser cumplidas para obtener la habilitación de parte del Ministerio de Salud lo cual faculta al funcionamiento de estos establecimientos.

El ámbito de aplicación de esta normativa es nacional y aplica para todos los establecimientos odontológicos de acuerdo a las definiciones ya sean públicos, privados, ONG o mixtos.

2. Definiciones generales y símbolos

@ (arroba) : hace alusión a ambos sexos, masculino y femenino.

Área clínico operativo: espacio donde se ubica una unidad dental, cuyas dimensiones aumentan proporcionalmente si aumenta la cantidad de unidades adicionales.

Cubículo: es el espacio físico delimitado en un establecimiento odontológico en donde se ubica una unidad dental.

Consultorio de atención odontológica con especialidad en cirugía buco-dento-cráneo-maxilo-facial: establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento quirúrgico buco-dento-cráneo-maxilo-facial en tejidos duros y blandos e implantes dentales.

Consultorio de atención odontológica dedicado a la docencia: establecimiento odontológico que dedica sus actividades a la enseñanza de la odontología y proporcionar tratamiento odontológico con fines de docencia.

Consultorio de atención odontológica con especialidad en endodoncia: establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento de endodoncia

Consultorio de atención odontológica con especialidad en implantología dental: establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento de implantología dental.

Consultorio de atención odontológica con especialidad en odontología general avanzada: establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento en odontología general avanzada.

Consultorio de atención odontológica con especialidad en odontopediatría: establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento en niños y adolescentes.

Consultorio de atención odontológica con especialidad en ortodoncia: establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento de ortopedia funcional y ortodoncia

Consultorio de atención odontológica con especialidad en periodoncia: establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento de periodoncia e implantes.

Consultorio de atención odontológica con especialidad en prostodoncia: establecimiento odontológico que dedica sus actividades proporcionar tratamiento de rehabilitación funcional y cosmética dental.

Consultorio, clínica, centro de atención odontológica transportable o fija: establecimiento odontológico que dedica sus actividades a proporcionar tratamiento odontológico de índole general.

Consultorio de atención odontológica con especialidad en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial: establecimiento odontológico que se dedica a proporcionar tratamiento en trastorno temporomandibular y dolor orofacial.

Establecimiento odontológico, clínica dental, consultorio dental, cubículo, centro de especialidades odontológicas, centro de estética dental, consultorio de atención odontológica con… : Es un establecimiento en donde se proporciona servicios en promoción, educación y prevención en el área de la salud integral y brinda tratamiento odontológico clínico preventivo, interceptivo y de rehabilitación.

Estándar: un estado de la calidad esperada, considerada por una autoridad o por consenso general como una base de comparación, un modelo probado que es usado como base para emitir un juicio.

Módulo dental portátil: es aquel equipo dental que por sus características se puede transportar e instalar en diferentes espacios autorizados por el Ministerio de Salud.

Sobre piso: material de madera recubierta, metal o plástico que se utiliza para proteger el sistema de desagüe, eléctrico y aire comprimido.

Unidad dental transportable: es aquel equipo dental que se utiliza para proporcionar tratamiento odontológico general o especializado y que por sus características puede ser transportado.

3. Clasificación y designación

En esta norma los estándares se dividen de acuerdo con el tipo de establecimiento a saber tipo B2 para el cual se aplican según grado de dificultad y complejidad de las prestaciones que se brindan

3.1 Primer nivel de clasificación:

En el primer nivel de clasificación de la norma es de acuerdo con el tipo de servicio que brindan los establecimientos en:

3.1.1 Establecimientos odontológicos de atención directa a los usuarios y usuarias.

3.2 Segundo nivel de clasificación:

En el segundo nivel de clasificación, la norma se clasifica de acuerdo con las áreas que intervienen al brindar los

servicios, en :

a)Recurso humano
b)Planta física
c)Recurso material
d)Equipo
e)Documentación
f)Gestión

4. Especificaciones
4.1 Establecimientos odontológicos de atención directa a los y las usuarios y usuarias a saber del Tipo B.
4.1.1 Recurso humano

4.1.1.1 El establecimiento debe estar a cargo de un@ odontólog@ activ@ e incorporad@ al Colegio de Cirujanos Dentistas de

Costa Rica.

4.1.2 Planta física:

4.1.2.1 El espacio en el área clínico operativo para una unidad dental, debe permitir la movilización del personal y el

 

usuario, las dimensiones mínimas debe ser 2.4 metros de alto x 2 metros de ancho x 4 metros de largo ó 2 metros x 3 metros.

 

Debe quedar un 15% libre del espacio total, para cada unidad dental. En caso de establecimiento para docencia el espacio aumenta proporcionalmente con el aumento del personal.

4.1.2.2 Debe contar con entradas, salidas y pasillos amplios, con espacio de circulación establecido por las normas y leyes vinculantes en la materia.

4.1.2.3 En las paredes del establecimiento se deben utilizar pinturas que se pueda asear fácilmente y permanecer limpias.

4.1.2.4 Los pisos del área clínico operativa deben ser lisos y de fácil aseo y no deben tener alfombras.

4.1.2.5 El establecimiento debe tener salidas por áreas o por densidad de usuarios debidamente demarcadas y deben permanecer libres de obstáculos.

4.1.2.6 La ventilación del área clínico operativo del establecimiento debe tener las siguientes condiciones: ventilación directa, a través de ventanas fáciles de abrir. También se puede contar con ventilación indirecta, a través de un sistema mecánico.

4.1.2.7 La sala de espera de un establecimiento odontológico debe contar con la cantidad y calidad de asientos que permitan la comodidad del usuario.

 

4.1.2.8 Entre la sala de espera y el área clínico operativa debe existir privacidad para el usuario. En caso de centros de docencia superior y consultorios con dos o más unidades dentales, los módulos o cubículos deben garantizar la privacidad de los usuarios.

4.1.2.9 La zona de ubicación del compresor debe contar con ventilación directa para la circulación del aire garantizando la no contaminación sónica.

4.1.2.10 El servicio sanitario debe tener ventilación directa o mecánica, limpio y libre de humedad, y debe estar separado del área clínico operativa y con acceso al usuario y debe contar con lavatorio.

4.1.2.11 El establecimiento odontológico debe contar con iluminación preferiblemente natural, además iluminación artificial.

4.1.2.12 El establecimiento odontológico debe contar con suministro de agua, apta para el consumo humano. En caso de tener un tanque de captación o almacenamiento de agua, para abastecer a las unidades dentales, se debe presentar constancia de la autoridad competente de que el agua es apta para el consumo humano.

4.1.2.13 El establecimiento odontológico tiene que poseer un lavatorio en el área clínico operativo para el lavado de manos del personal.

4.1.2.14 El área de lavado de instrumentos tiene que contar con una pila de acero inoxidable o material no poroso exclusiva para esta actividad.

 

4.1.2.15 El sistema eléctrico del compresor, debe seguir las normas vigentes y debe cumplir con las siguientes especificaciones:

4.1.2.15.1 Seguir la normas del Código eléctrico
4.1.2.15.2 Ser de uso dental o industrial con producción de aire libre de aceite
4.1.2.15.3 Poseer un cabezote
4.1.2.15.4 Poseer un tanque
4.1.2.15.4.1 Con manómetro indicador de presión del tanque
4.1.2.15.4.2 Con purga automática o manual
4.1.2.15.4.3 Con válvula de seguridad para sobre-presiones
4.1.2.15.4.4 Con regulador de presión
4.1.2.15.5 Filtro automático de precipitado de agua a la salida del compresor
4.1.2.15.6 Filtro de aire en la entrada del sistema
4.1.2.15.7 Filtro de aceite y agua
4.1.2.15.8 Aislado para ocultar ruido
4.1.2.15.9 Ventilado
4.1.2.15.10 Con conexión eléctrica específica y de acuerdo al fabricante o al código eléctrico
4.1.2.16 El establecimiento odontológico debe contar un área de lavado y almacenamiento de utensilios de limpieza.(4)
4.1.3 Equipo
4.1.3.1 Unidad dental fija
4.1.3.1.1 Unidad fija del odontólogo
4.1.3.1.1.1 Mesa amplia para instrumental
4.1.3.1.1.2 Bandeja de instrumentos montada en un brazo articulado o un módulo rodable
4.1.3.1.1.3 Negatoscopio
4.1.3.1.1.4 Acople para pieza de mano de alta velocidad
4.1.3.1.1.5 Acople para pieza de mano de baja velocidad
4.1.3.1.1.6 Jeringa triple esterilizable
4.1.3.1.1.7 Bomba de succión de saliva debe de contar de:
4.1.3.1.1.7.1 Con uno o dos frascos para el depósito de residuos
4.1.3.1.1.7.2 Con mangueras de recolección limpias
4.1.3.1.1.7.3 Con control regulación de presión
4.1.3.1.2 Sillón dental debe poseer la siguientes características:
4.1.3.1.2.1 Anatómico
4.1.3.1.2.2 Con cabezal ajustable
4.1.3.1.2.3 Diseñado para el trabajo a cuatro manos
4.1.3.1.2.4 De manejo manual o
4.1.3.1.2.5 O de manejo Hidráulico
4.1.3.1.2.6 Con control para los siguientes movimientos
4.1.3.1.2.6.1 Sentado
4.1.3.1.2.6.2 Acostado
4.1.3.1.2.6.3 Posición antishock
4.1.3.1.2.7 Tapicería sin costuras o de material de esin esinfección y limpieza
4.1.3.1.3 Lámpara dental
4.1.3.1.3.1 Con bombillo de halógeno
4.1.3.1.3.2 Iluminación de colores naturales
4.1.3.1.3.3 Con luz fría focalizada
4.1.3.1.3.4 Sin sombras
4.1.3.1.3.5 Con brazo articulado
4.1.3.1.4 Taburete del odontólogo
4.1.3.1.4.1 Respaldo de soporte lumbar
4.1.3.1.4.2 Altura ajustable
4.1.3.1.4.3 Con movimientos de reclinación
4.1.3.1.4.4 Material resistente y de fácil limpieza
4.1.3.1.4.5 Montada en rodines
4.1.3.1.5 Unidad dental de la auxiliar dental si la tuviera
4.1.3.1.5.1 Incorporada al sillón dental
4.1.3.1.5.2 Con dispensador de agua
4.1.3.1.5.3 Jeringa triple
4.1.3.1.5.4 Bomba de eyección de saliva
4.1.3.1.6 Taburete de la auxiliar si lo tuviera
4.1.3.1.6.1 Con soporte de brazo con altura y posición ajustable
4.1.3.1.6.2 Material resistente y de fácil limpieza
4.1.3.1.6.3 Altura ajustable
4.1.3.1.6.4 Montada en rodines
4.1.3.1.6.5 Con apoyo de pie
4.1.3.1.7 Pieza de mano de alta y baja velocidad
4.1.3.1.7.1 Para insertar en acople rápido
4.1.3.1.7.2 Esterilizable en autoclave o de fácil desinfección
4.1.3.1.8 Amalgamador eléctrico
4.1.3.1.8.1 Con tapa
4.1.3.1.8.2 Control de tiempo
4.1.3.1.8.3 Fácil limpieza
4.1.3.1.9 Autoclave
4.1.3.1.9.1 Usar según indicaciones del fabricante
4.1.3.1.9.2 Revisión periódica mediante indicadores biológicos o químicos
4.1.3.1.10 Unidad dental de la auxiliar si la tuviera
4.1.3.1.10.1 Incorporada al sillón dental
4.1.3.1.10.2 Con dispensador de agua
4.1.3.1.10.3 Jeringa triple
4.1.3.1.10.4 Bomba de succión de saliva
4.1.3.1.11 Escupidera
4.1.3.1.11.1 Flujo constante de agua, mientras se atienda a un usuario
4.1.3.1.11.2 De acero inoxidable o de material resistente
4.1.3.1.11.3 De fácil limpieza y preferiblemene desmontable
4.1.3.1.11.4 De una profundidad suficiente para evitar salpicaduras
4.1.3.1.11.5 Con filtro para desechos sólidos preferiblemente
4.1.3.1.12 Equipo adicional si lo tuviera
4.1.3.1.12.1 Lámpara de fotocurado
4.1.3.1.12.1.Usar según indicaciones del fabricante
4.1.3.1.12.1.De fácil desinfección
4.1.3.1.12.2 Escarificador
4.1.3.1.12.2.1 Usar según las indicaciones del fabricante
4.1.3.1.12.2.2 De fácil desinfección
4.1.3.1.12.3 Equipo de Rayos X
4.1.3.1.12.3.1 Debe cumplir con las especificaciones de Programa de Radiaciones Ionizantes del Ministerio de Salud 4.1.3.1.13 Equipo de electrocirugía
4.1.3.1.13.1 Usar según indicaciones del fabricante
4.1.3.1.13.2 De fácil desinfección
4.1.3.1.14 Extintor de incendios
4.1.3.1.14.1 por área y densidad de usuarios
4.1.3.1.14.2 de tipo ABC
4.1.3.2 Unidad Dental transportable
4.1.3.2.1 Sillón dental transportable
4.1.3.2.1.1 Plegable
4.1.3.2.1.2 Respaldar graduable
4.1.3.2.1.3 Diseñado para el trabajo a cuatro manos
4.1.3.2.1.4 De manejo manual
4.1.3.2.1.5 Control para movimiento sentado
4.1.3.2.1.6 Control para movimiento acostado
4.1.3.2.1.7 Control para posición antiishock
4.1.3.2.1.8 Material de fácil desinfección y limpieza
4.1.3.2.1.9 Estructura metálica
4.1.3.2.1.10 Descansa pies
4.1.3.2.2 Módulo dental portátil
4.1.3.2.2.1 Acoples rápidos
4.1.3.2.2.2 Jeringa triple
4.1.3.2.2.3 Accesorios para colocar las piezas de mano
4.1.3.2.2.4 Control de pie
4.1.3.2.2.5 Válvula reguladora de flujo de agua
4.1.3.2.2.6 Depósito de agua
4.1.3.2.2.7 Llave selectora de agua
4.1.3.2.2.8 Filtros de agua
4.1.3.2.2.9 Filtros de aire
4.1.3.2.2.10 Reguladores de presión de aire
4.1.3.2.2.11 Manómetros necesarios
4.1.3.2.2.12 Pieza de mano de alta y baja velocidad:
4.1.3.2.2.12.1 Para insertar en acople rápido
4.1.3.2.2.12.2 Esterilizable en autoclave o de fácil desinfección
4.1.3.2.3 Taburete del odontólogo
4.1.3.2.3.1 Respaldo de soporte lumbar, plegable o desmontable
4.1.3.2.3.2 Altura ajustable
4.1.3.2.3.3 Estructura metálica
4.1.3.2.3.4 Material resistente y de fácil limpieza
4.1.3.2.3.5 Montada en rodines
4.1.3.2.4 Amalgamador Eléctrico
4.1.3.2.4.1 Montada en rodines
4.1.3.2.4.2 Con tapa
4.1.3.2.4.3 Control de tiempo
4.1.3.2.4.4 Fácil limpieza
4.1.3.2.5 Lámpara Dental
4.1.3.2.5.1 Bombillo de halógeno
4.1.3.2.5.2 Iluminación de colores naturales
4.1.3.2.5.3 Luz fría focalizada
4.1.3.2.5.4 Sin sombras
4.1.3.2.5.5 Con brazo articulado
4.1.3.2.5.6 Contar con una extensión eléctrica de 6 metros mínimo.
4.1.3.2.6 Taburete de la auxiliar si lo tuviera
4.1.3.2.6.1 Con soporte de brazo con altura y posición ajustable, plegable o desmontable
4.1.3.2.6.2 Material resistente y de fácil limpieza
4.1.3.2.6.3 Altura ajustable
4.1.3.2.6.4 Montada en rodines
4.1.3.2.6.5 Estructura metálica
4.1.3.2.7 Compresor
4.1.3.2.7.1 Seguir las normas del Código eléctrico
4.1.3.2.7.2 Ser de uso dental o Industrial, con producción de aire libre de aceite
4.1.3.2.7.3 Cabezote
4.1.3.2.7.4 Tanque debe poseer lo siguiente:
4.1.3.2.7.4.1 Manómetro indicador de presión del tanque
4.1.3.2.7.4.2 Purga automática o manual
4.1.3.2.7.4.3 Válvula de seguridad para sobrepresiones
4.1.3.2.7.4.4 Con regulador de presión
4.1.3.2.7.4.5 Filtro automático de precipitado de agua a la salida del compresor
4.1.3.2.7.4.6 Filtro de aire en la entrada del sistema
4.1.3.2.7.4.7 Filtro de aceite y agua
4.1.3.2.7.4.8 Ventilado
4.1.3.2.7.4.9 Aislado para ocultar ruido y prevenir accidentes
4.1.3.2.7.4.10 Con conexión eléctrica específica y de acuerdo al fabricante o al código eléctrico
4.1.3.2.8 Autoclave
4.1.3.2.8.1 Usar según indicaciones del fabricante
4.1.3.2.8.2 Revisión periódica mediante indicadores biológicos o químicos
4.1.3.2.9 Equipo de Rayos X si lo tuviera
4.1.3.2.10 Equipo adicional si lo tuviera
4.1.3.2.10.1 Lámpara de fotocurado opcional
4.1.3.2.10.1.1 Usar según indicaciones del fabricante
4.1.3.2.10.1.2 De fácil desinfección
4.1.3.2.11 Extintor de incendios
4.1.3.2.11.1 Por área y densidad de usuarios
4.1.3.2.11.2 de tipo ABC
4.1.3.2.12 Bomba eyección de saliva
4.1.3.2.12.1 Uno o dos frascos para el depósito de residuos
4.1.3.2.12.2 Manguera de recolección no menor de 1.5 metros largo
4.1.3.2.12.3 Control de regulación de presión
4.1.3.2.12.4 Contar con una extensión eléctrica de 6 metros mínimo
4.1.4 Recurso Material
4.1.4.1 El establecimiento debe contar al menos con el siguiente recurso material:
4.1.4.1.1 Un sistema de archivo de historias clínicas
4.1.4.1.2 Materiales de limpieza y de uso para el servicio sanitario.
4.1.5 Documentación
4.1.5.1 El establecimiento debe disponer de un expediente clínico individual.
4.1.5.2 El establecimiento debe asegurar que toda la información clínica que se derive de la atención brindada al usuario se incorpore a la historia clínica individual, en forma legible, con identificación exacta del odontólogo tratante y con la hora correspondiente en que se realiza el procedimiento
4.1.5.3 Los establecimientos deben disponer de normas escritas para el manejo y disposición de deshechos peligrosos producto de los servicios prestados en el establecimiento de acuerdo a la legislación vigente y debidamente avaladas por la Dirección de Protección al Ambiente Humano.
4.1.5.4 Los establecimientos deben contar con papelería apropiada en cantidad y según normas para el registro de actividades y elaboración de estadísticas.
4.1.5.5 Los establecimientos deben contar con un protocolo de limpieza para cada una de las áreas
4.1.5.6 Los establecimientos deben contar con un programa escrito de mantenimiento (preventivo y correctivo) de los equipos que se utilizan.
4.1.6 Gestión
4.1.6.1 El establecimiento debe asegurar revisión periódica al autoclave por medio de indicadores.

ANEXO A
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA HABILITACION

( Este anexo forma parte integrante de la norma)

Para solicitar la habilitación de un establecimiento que brinde servicios de odontología, la persona interesada debe presentar la documentación al Area de Salud. según su ubicación geográfica . Los siguientes documentos deben estar debidamente llenos y completos :

1. Formulario de habilitación de establecimientos de salud y afines, debidamente lleno con tres copias.
Este formulario se retira y entrega en el Área de Salud del Ministerio Salud.
2. Certificación con copia del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, haciendo constar que las personas responsables técnica del establecimiento son miembro activo e incorporado del mismo..

ANEXO B:
REQUISITOS DE INFORMACIÓN AL REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

( Este anexo forma parte integrante de la norma)
I. Identificación del establecimiento
1. Nombre
2. Código
II. Ubicación
1. Región
2. Área de Salud
3. Provincia
4. Cantón
5. Distrito
6. Dirección
7. Dirección postal
8. E. Mail
9. Teléfono
10. Fax

III. Información sobre la persona responsable técnica del establecimiento
1. Nombre
2. Cédula
3. Código profesional

IV. Otra información cuando aplique
1. Tipo de establecimiento

Ley Orgánica

Descargar aquí este reglamento

LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA

No. 5784

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

Artículo 1
El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica es una Corporación formada por todos los profesionales en Odontología, autorizados legalmente para ejercer esta profesión en el territorio nacional.
Esta Corporación, para el cumplimiento de sus fines, se regirá de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

Artículo 2
Para ejercer la profesión de cirujano dentista o sus especialidades se necesita estar incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 3
El Colegio de Cirujanos Dentistas tiene personería jurídica plena y ejerce sus funciones por medio de la Asamblea General y de la Junta Directiva. La representación judicial y extrajudicial corresponde al presidente de ésta, con las facultades del artículo 1255 del Código Civil.

Artículo 4

Los objetivos del Colegio de Cirujanos Dentistas son:

  1. Defender los derechos de sus miembros y hacer todas las gestiones que fueren necesarias, para facilitar y asegurar su labor profesional y su bienestar socio-económico;
  2. Promover nexos científicos y estrechar más los lazos de amistad, respeto y cooperación con los otros colegios profesionales, ya sea directamente o a través de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios;
  3. Cooperar con las universidades en el desarrollo de la odontología cuando aquellas lo soliciten o la ley lo ordene;
  4. Promover y defender el decoro y realce de la profesión;
  5. Cooperar con las autoridades e instituciones de salud pública para el cumplimiento de sus fines,
  6. Mantener y estimular el espíritu de unión de los profesionales en la ciencia de la salud oral;
  7. Representar a sus miembros en los organismos nacionales, en la Federación Odontológica de Centro América y Panamá y demás organismos internacionales que tengan relación con la profesión; y
  8. Auspiciar las asociaciones gremiales, científicas y culturales que formen sus miembros para proteger el ejercicio de la profesión y promover el mejoramiento tanto individual como colectivo de los colegiados.

Artículo 5
Forman el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, a saber:

  1. Los cirujanos dentistas actualmente, inscritos; y
  2. Aquellos profesionales que cumplan con los requisitos de inscripción, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II de esta ley y bajo las siguientes condiciones:
  1. Los nacionales graduados por una universidad costarricense;
  2. Los costarricenses que hayan estudiado en una universidad extranjera y cuyos títulos hayan sido reconocidos por una universidad costarricense y que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos; y
  3. Los extranjeros cuyos títulos hayan sido convalidados por una universidad costarricense y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y en los reglamentos.

Artículo 6
No pueden ser miembros del Colegio, los cirujanos dentistas que por sentencia estuvieren inhabilitados para ejercer cargos públicos, los profesores extranjeros que contrate una universidad para la docencia de la odontología, ni aquellos que cumplan contratos anuales con alguna institución estatal. Para que dichos profesionales puedan ejercer su profesión sin restricciones, deberán llenar los requisitos de esta ley.

CAPITULO II

DE LA INSCRIPCIÓN

Artículo 7
Los requisitos de inscripción en el Colegio de Cirujanos Dentistas para los costarricenses graduados en la Facultad de Odontología de una universidad costarricense son:

  1. Presentar ante la Secretaría del Colegio solicitud escrita en idioma oficial, en papel sellado de cincuenta céntimos, con diez colones de timbre odontológico;
  2. Certificación del acta de nacimiento extendida por el Registro Civil;
  3. Certificación del Registro de Delincuentes en que se declara que el solicitante no ha sido inscrito en dicho registro. Sin embargo, cuando se certifique que existe inscripción en contra del solicitante éste podrá ser inscrito como cirujano dentista, cuando demuestre, a juicio de la Junta Directiva del Colegio, que es persona moralmente solvente y apta para el ejercicio de la odontología;
  4. Certificación de una universidad costarricense en que conste que el solicitante se graduó en la Facultad de Odontología respectiva;
  5. Certificación de haber desempeñado, durante un año, el servicio social odontológico obligatorio de acuerdo con las leyes respectivas;
  6. Satisfacer los derechos o requisitos complementarios que pudiera señalarle la Junta Directiva;
  7. Suministrar la información que solicite la Secretaría del Colegio; y
  8. Constancia de pago de la cuota de inscripción y de mutualidad extendida por la Tesorería del Colegio.

Artículo 8
Los requisitos de inscripción en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, para los costarricenses graduados en universidades extranjeras son:

  1. Presentar ante la Secretaría del Colegio solicitud escrita en el idioma oficial en papel sellado de cincuenta céntimos, con diez colones de timbre odontológico;
  2. Certificación del acta de nacimiento extendida por el Registro Civil;
  3. Certificación del Registro de Delincuentes en que se declare que el solicitante no ha sido inscrito en dicho registro. Sin embargo, cuando se certifique que existe inscripción en contra del solicitante éste podrá ser inscrito como Cirujano Dentista, cuando demuestre, a juicio de la Junta Directiva del Colegio, que es persona moralmente solvente y apta par el ejercicio de la odontología;
  4. Certificación de una universidad costarricense en que conste que la Facultad de Odontología respectiva convalidó el título del solicitante;
  5. Certificación de haber desempeñado, durante un año, el servicio social odontológico obligatorio de acuerdo con las leyes respectivas;
  6. Satisfacer los derechos o requisitos complementarios que pudiera señalarle la junta directiva;
  7. Información completa pedida en el formulario que proporcione la Secretaría del Colegio; y
  8. Constancia del pago de la cuota de inscripción y de mutualidad extendida por la Tesorería del Colegio.

Artículo 9
Los requisitos de inscripción en el Colegio de Cirujanos Dentistas para los extranjeros son:

  1. Presentar ante la Secretaría del Colegio, solicitud escrita en idioma oficial en papel sellado de cincuenta céntimos, con diez colones de timbre odontológico;
  2. Certificación del acta de nacimiento de su país de origen o algún otro documento probatorio de su identidad, debidamente autenticado;
  3. Certificación del Registro de Delincuentes de su país de origen o del país donde hubiere residido los últimos tres años, en que se declare que el solicitante no ha sido inscrito en dicho registro. Sin embargo, cuando se certifique que existe inscripción en contra del solicitante éste podrá ser inscrito como cirujano dentista, cuando demuestre, a juicio de la Junta Directiva, que es persona moralmente solvente y apta para el ejercicio de la odontología;
  4. Certificación de una universidad costarricense en que conste que la Facultad de Odontología respectiva convalidó el título del solicitante;
  5. Certificación de haber desempeñado durante un año el servicio social odontológico obligatorio de acuerdo con las leyes respectivas;
  6. Satisfacer los derechos o requisitos complementario que pudiera señalarle la junta directiva;
  7. Suministrar la información que le solicite la Secretaría del Colegio;
  8. Constancia de pago de la cuota de inscripción y de mutualidad extendida por la Tesorería del Colegio.
  9. Los odontólogos extranjeros, además de llenar los requisitos anteriores, deberán comprobar que en su país de origen los costarricenses pueden ejercer su profesión en análogas circunstancias, mediante certificación actualizada.

Artículo 10
No será aplicable lo dispuesto en el inciso c) del artículo quinto y los incisos d), i) y j) del artículo noveno anterior, a los cirujanos dentistas extranjeros que sean contratados por instituciones del Estado para prestar servicios en el país, estos odontólogos no podrán ejercer la profesión fuera de lo establecido en sus contratos anuales, los cuales deberán ser renovados anualmente hasta por un máximo de cinco años, pero una vez terminado el contrato con esas instituciones deberán llenar los requisitos del artículo noveno, si desean pertenecer al Colegio de Cirujanos Dentistas.
Los cirujanos dentistas extranjeros sólo podrán ser contratados cuando no hubieren cirujanos dentistas costarricenses dispuestos a prestar sus servicios en las condiciones exigidas por esas instituciones. En todo caso, debe hacerse previamente revisión de atestados y capacitación por el Colegio de Cirujanos Dentistas o por la Facultad de Odontología de una universidad costarricense.

Artículo 11
Una vez aprobada la solicitud de inscripción, por la junta directiva, el presidente juramentará al candidato y lo declarará incorporado como miembro del Colegio de Cirujanos Dentistas de la República.

Artículo 12
Los incorporados en el Colegio recibirán un certificado en el que conste el folio de inscripción. Los derechos de certificación correrán por cuenta del interesado y se fijan en la suma de cien colones.
Este certificado llevará las firmas del presidente y secretario del Colegio y la del interesado.

Artículo 13
El Colegio de Cirujanos Dentistas comunicará a las instituciones administradoras de salud y demás entidades las suspensiones que la junta directiva apruebe y la de aquellos profesionales que dejaren de ser miembros del Colegio.

CAPÍTULO III

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS COLEGIADOS.

Artículo 14
Tendrán el carácter de cirujanos dentistas, ante las autoridades de la República, los incorporados al Colegio. Para el ejercicio de las especialidades odontológicas deberá cumplirse con las disposiciones del reglamento correspondiente. Asimismo, aquellos odontólogos que obtengan un permiso para realizar el servicio social obligatorio en odontología o que tengan un contrato anual renovable con una institución.

Artículo 15
Las funciones públicas para las cuales la ley exija la calidad de cirujanos dentista sólo pueden ser desempeñadas por los miembros incorporados al colegio.

Artículo 16
Los cirujanos dentistas están obligados a:

  1. Concurrir a las asambleas generales;
  2. Desempañar los cargos y funciones que se les encomienden;
  3. Pagar las contribuciones que el Colegio imponga;
  4. Acatar y cumplir con todos los deberes que el Código de Ética establece; y
  5. Someterse al régimen disciplinario del Colegio

CAPÍTULO IV

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DEL COLEGIO

Artículo 17
Son atribuciones de la asamblea general:

  • Dictar los reglamentos necesarios para que el Colegio cumpla debidamente su cometido;

  • Conocer el informe económico anual y aprobar el presupuesto de gastos para el año siguiente;

  • Examinar los actos de la junta directiva y conocer de las quejas que se presenten contra la misma, por infracciones a la ley y a los reglamentos del Colegio.

  • Conocer en apelación de las resoluciones de la junta directiva;

  • Establecer las cuotas obligatorias para sus miembros;

  • Elegir anualmente la junta directiva, total o parcialmente, en la forma dispuesta por el reglamento respectivo. Cuando se presente la renuncia de un solo miembro, que no sea el presidente, la elección la hará la junta directiva; y

  • Fijar las dietas que devengarán los miembros de la junta directiva o las comisiones especiales que se nombren.

 

Artículo 18
La asamblea general ordinaria se reunirá el primer domingo de diciembre de cada año, con el objeto de nombrar los miembros de la junta directiva, de acuerdo con el reglamento de votaciones. Las asambleas extraordinarias se celebrarán siempre que la directiva o el diez por ciento de los miembros del colegio lo soliciten por escrito. La nueva junta directiva se instalará durante el mes de enero inmediato siguiente.

Artículo 19
Para que se verifique válidamente una asamblea ordinaria o extraordinaria es preciso que se convoque, mediante aviso que se publicará durante dos días consecutivos en los diarios de mayor circulación, debiendo mediar por los menos cinco días naturales entre la primera publicación y el día señalado e indicar en el aviso el objeto de la convocatoria. Formarán quórum veinte miembros del Colegio. En caso de no formarse quórum para esa reunión, podrá celebrarse una hora después y en ese caso formarán quórum, doce miembros siempre y cuando al hacer la convocatoria se indique esa circunstancia. Toda asamblea debe verificarse en el salón de actos del Colegio.

Artículo 20
Las resoluciones de las asambleas generales en matera de su competencia, conforme a la presente ley, tendrán fuerza de sentencia ejecutoria.

CAPITULO V

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 21
La junta directiva estará integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un fiscal, un tesorero y dos vocales. Los miembros durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por un período o múltiples alternos y se renovarán por mitades.

Artículo 22
La junta directiva celebrará un sesión ordinaria cada dos semanas y extraordinariamente cada vez que la convoque el presidente o la soliciten tres de sus miembros.

Artículo 23
Para que la junta directiva pueda sesionar se necesita que concurran no menos de cuatro de sus miembros. Todo acuerdo o resolución se tomará por simple mayoría de los presentes. En caso de empate, el voto del presidente se computará como doble. Las decisiones de la junta directiva podrán ser revisadas en la siguiente sesión y serán apelables ante la asamblea general.

Artículo 24
Las atribuciones de la junta directiva son:

  • Acordar las convocatorias de la asamblea general ordinaria y de las asambleas extraordinarias conforme a la ley.

  • Representar al Colegio de Cirujanos Dentistas en las asambleas universitarias conforme a la ley;

  • Elegir las materias que han de ser objeto preferente de estudio, investigación y debate en las reuniones académicas del Colegio;

  • Dirigir las publicaciones periódicas que se hagan por cuenta del Colegio y subvencionar las que estime conveniente para el desarrollo de la odontología;

  • Examinar las cuentas de la tesorería;

  • Acordar todo gasto extraordinaria que no pase de dos mil colones;

  • Promover congresos nacionales y centroamericanos de odontología. Favorecer el intercambio profesional entre los cirujanos dentistas nacionales y extranjeros e invitar a profesores universitarios, conferenciantes nacionales y extranjeros;

  • Administrar el Fondo de Mutualidad y Subsidios en la forma en que establece esta ley;

  • Presentar a la asamblea general el informe económico anula y el presupuesto de gastos del año siguiente, para su examen y aprobación;

  • Conocer de las faltas de los miembros del Colegio y de las que cometan los empleados y demás funcionarios del mismo y aplicar las sanciones correspondientes;

  • Nombrar y remover los funcionarios y empleados del Colegio, no pudiendo recaer esos nombramientos en miembros de la propia junta directiva;

  • Examinar la memoria anual de la directiva que elaborará el secretario para ser presentada a la asamblea general;

  • Resolver los asuntos de orden interno que no estén reservados a la asamblea general;

  • Remover al miembro que sin causa justificada, no asista a cuatro sesiones ordinarias o extraordinaria en un período de seis meses; y

  • Las demás atribuciones que la ley y los reglamentos le señalen.

Artículo 25
Son atribuciones del Presidente:

  • Presidir las sesiones tanto de la asamblea general, como de la junta directiva;

  • Proponer el orden en que deben tratarse los asuntos y dirigir los debates;

  • Levar la correspondencia con los funcionarios de su misma jerarquía;

  • Decidir la votación, tanto en las asambleas generales, como en las de junta directiva, cuando hubiere empates;

  • Conceder licencia a los miembros de la junta directiva, hasta por dos sesiones, cuando existiere causa justa.

  • Nombrar a los miembros del Colegio que han de integrar las diferentes comisiones;

  • Autorizar los gastos que no pasen de quinientos colones, de lo que dará cuenta a la junta directiva en su próxima sesión;

  • Firmar en unión del secretario las actas de las sesiones,

  • Firmar conjuntamente con el tesorero los cheques que se emitan en pago de gastos autorizados por la junta directiva;

  • Firmar los títulos profesionales, junto con el secretario;

  • Revisar, junto con el fiscal, el sistema contable, dejando constancia en los libros del Colegio del resultado obtenido, y

  • Convocar a la junta directiva a sesiones extraordinarias; y presidir todos los demás actos del Colegio.

Artículo 26
Las ausencias del presidente serán suplidas por el vicepresidente y en ausencia de éste, por los vocales en el orden de su nombramiento.

Artículo 27
Son atribuciones del fiscal:

  • Velar por el fiel cumplimiento de estos estatutos, de los reglamentos, así como del movimiento económico del Colegio.

  • Presidir las reuniones de la junta administrativa del Colegio;

  • Dirigir y orientar las funciones de los delegados de fiscalía a nivel de asociaciones provinciales;

  • Dar parte a las autoridades respectivas de las faltas o delitos, que llegaren a su conocimiento por ejercicio indebido o ilegal de la profesión o por falsificación y adulteración de medicamentos,

  • Registrar los nombres de las personas que fueran juzgadas por los hechos a que se refiere el inciso anterior, en un libro que se llevará para tal efecto;

  • Revisar, junto con el presidente, el sistema contable y dejar constancia en los libros del Colegio del resultado obtenido, y

  • Velar por el cumplimiento de las leyes de la República que rigen el ejercicio profesional

Artículo 28
Son atribuciones del tesorero:

  • Custodiar los fondos del Colegio y mantenerlos depositados en los bancos del Sistema Bancario Nacional,

  • Velar por la recaudación de los ingresos del Colegio;

  • Firmar, conjuntamente con el presidente, los cheques que se emitan por concepto de gastos autorizados por la junta directiva.

  • Presentar mensualmente a la junta directiva los estados financieros;

  • Presentar a la junta directiva el informe económico anual y someterlo a fin de año al proyecto de presupuesto;

  • Revisar los libros de contabilidad del Colegio, y

  • Suscribir una póliza de fidelidad con el Instituto Nacional de Seguros. El pago de la prima correspondiente correrá por cuenta del Colegio.

Artículo 29
Son atribuciones de secretario:

  • Redactar las actas de las sesiones y firmarlas junto con el presidente;

  • Llevar la correspondencia del Colegio que no fuere exclusiva del presidente;

  • Firmar, junto con el presidente, los títulos profesionales,

  • Extender las certificaciones solicitadas;

  • Custodiar el archivo del Colegio;

  • Hacer las convocatorias y citaciones que la junta directiva o el presiente disponga, y

  • Elaborar la memoria anual del Colegio, la cual será leída en la sesión inaugural de cada año.

Artículo 30
En caso de impedimento o falta accidental del fiscal, del tesorero o del secretario, el presidente designará un vocal que sustituya al directivo ausente.

CAPITULO VI

DE LOS FONDOS DEL COLEGIO

Artículo 31
Constituirán los fondos del Colegio:

  • El patrimonio actual del Colegio;

  • Las sumas que se pagan por inscripción;

  • Las cuotas que deben satisfacer sus miembros;

  • Las contribuciones y multas que se impongan a los miembros del Colegio.

  • Las donaciones y subvenciones que se acuerden a su favor;

  • Los ingresos por concepto del timbre odontológico,

  • Los intereses provenientes del fondo de Préstamos del Colegio; y

  • Los alquileres y cualquier otro ingreso proveniente de otras fuentes.

Artículo 32
Los inmuebles que pertenezcan al Colegio quedan exentos del pago del impuesto territorial.

CAPITULO VII

DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS

Artículo 33
Los miembros del Colegio estarán obligados a pagar una cuota cuyo monto, forma de pago y distribución fijará la Asamblea General. Lo recaudado por dicha cuota será destinado al Fondo de Mutualidad y Subsidios, Fondo común del Colegio y al Fondo de Retiro Odontológico.

Artículo 34
La administración de los fondos del Colegio corresponde a la junta directiva, conforme a las disposiciones de este capítulo y de los reglamentos que al respecto aprueba la asamblea general.

Artículo 35
El cirujano dentista que se atrase más de dos meses en el pago de la cuota de Mutualidad, será apercibido, dándosele un mes de plazo para el pago en caso de incumplimiento será suspendido en el ejercicio de sus funciones por resolución de la junta directiva y se publicará en el Diario Oficial. La revocatoria de la suspensión se publicará en el mismo Diario, cuando el interesado haya cancelado las cuotas que a esa fecha deba.

Artículo 36
Estarán exentos de contribución para el Fondo de Mutualidad, conservando todos los derechos, los mutualistas mayores de sesenta y cinco años y, temporalmente, los miembros a quienes la junta directiva conceda esa gracia en atención a dificultades económicas.

CAPITULO VIII

DEL TRIBUNAL DE HONOR

Artículo 37
El Tribunal de Honor será integrado por el presidente o vicepresidente del Colegio o en su defecto por el vocal quien actuará como coordinador; por el secretario y dos odontólogos designados por la junta directiva. El Tribunal llevará sus actas en el libro respectivo.

Artículo 38
El fallo del tribunal es de acatamiento obligatorio por los interesados, su pena de que se les suspenda, hasta por un año, del goce de todas las prerrogativas que tienen los colegiados. Si el renuente fuese persona extraña al Colegio y el caso lo amerita, se ordenará acción judicial contra él.

Artículo 39
Cuando se presente queja por incumplimiento del Código de Ética y la queja sea pertinente, a juicio de la junta directiva, ésta ordenará que se reúna el Tribunal de Honro en la forma prevista en el artículo treinta y siete de esta ley. Una vez concluida la investigación secreta por el Tribunal y demostrada la falta, podrán imponerse las penas siguientes:

  • Amonestación confidencial;

  • Advertencia a los colegiados;

  • Advertencia pública;

  • Multa hasta de mil colones;

  • Suspensión temporal de todos los deberes y derechos inherentes a los cirujanos dentistas inscritos en esta institución; y Expulsión definitiva

Artículo 40
La deliberación y la votación del Tribunal serán secretas. El Tribunal dará audiencia a las partes, previo al fallo. La sentencia se mandará a publicar cuando se estime conveniente.

CAPITULO IX

DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 41
La presente ley deroga a todas las que se le opongan.

Artículo 42
Esta ley rige a partir de su publicación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo
Asamblea Legislativa.-San José a los treinta días del mes de julio de mil novecientos setenta y cinco

ALFONSO CARRO ZÚÑIGA RAFAEL ANGEL ROJAS JIMÉNEZ

Presidente Primer Secretario

CARLOS LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

Segundo Secretario

Casa Presidencial.- San José, a los diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos setenta y cinco.

Ejecútese y Publíquese

DANIEL ODUBER

El Ministro de Salud.

HERMAN WEINSTOK WOLFOWICZ.

Alcance No. 138 del 30 de agosto

Ley General de Salud

Descargar aquí este reglamento

ARTÍCULOS SELECCIONADOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD
De los deberes y restricciones en el ejercicio de las profesiones y oficios en ciencias de la salud

Articulo 40.-

Se consideran profesiones en Ciencias de la Salud: la Farmacia, la Medicina, la Microbiología Química Clínica, la Odontología, la Veterinaria y la Enfermería. Sin perjuicio de las exigencias a que leyes especiales y los colegios o asociaciones profesionales hagan a sus afiliados respecto a los requisitos para ejercer esas profesiones o cualquiera otras u oficios relacionados de manera principal, incidental o auxiliar con la salud de las personas y sobre la forma honorable y acuciosan que deben ejercerlos, limitándose al área técnica que el título legalmente conferido o la autorización pertinente les asigna, tales profesionales se entienden obligados colaboradores de las autoridades de la salud, particularmente en aquellos períodos en que circunstancias o de peligro para la salud de la población requieran de medidas extraordinarias dictadas por esa autoridad.

Articulo 41.-

En todo caso los profesionales a quienes se refiere el artículo anterior, deberán colaborar dentro de su área de acción, en las campañas y programas del Ministerio cumpliendo y haciendo cumplir las medidas que l autoridad disponga y denunciando hecho o práctica que atente en contra de la salud pública.

Artículo 42.-

Todo médico, en caso de epidemia, de emergencia o de desastre nacional, hasta tanto no intervenga la autoridad de salud, estará investido de autoridad suficiente para tomar las primeras medidas y requerir la colaboración obligada de las autoridades locales para hacerlas cumplir.

Artículo 43.-

Sólo podrán ejercer las profesiones a que se refiere el artículo 40, las personas que tengas el título o licencia que los habilite para ese ejercicio y que estén debidamente incorporados al correspondiente colegio o inscritos en el Ministerio si ése no hubiese constituido para la profesión.

Artículo 44.- Quedan exceptuadas de la prohibición Anterior Las personas que estén realizando, de conformidad a las disposiciones reglamentarias, el servicio obligatorio médico y los servicios obligatorios que se establezcan para otras profesiones de común acuerdo con los colegios respectivos, la Universidad y el Ministerio como requisito previo para la habilitación en el ejercicio de alguna de las profesiones en ciencias de la salud.

Artículo 45.-

Se entiende que una persona ejerce ilegalmente una profesión u oficio en ciencias de la salud cuando provista de un título o certificado que lo habilita legalmente para su ejercicio excede las atribuciones que el correspondiente colegio profesional o el Ministerio según corresponda, hayan fijado para ese ejercicio.

Artículo 46.-

Los profesionales debidamente especializados e inscritos como tales en sus respectivos colegios, podrán ejercer actividades propias de su especialidad.

Artículo 47.-

Se presume de derecho que una persona ejerce ilegalmente las profesiones a que se refiere el artículo 40 cuando sin estar incorporado al respectivo colegio o careciendo de la licencia, en su caso, tenga en su poder instrumental, equipo o material requerido para el ejercicio de las profesiones aludidas, salvo que pruebe con las correspondientes patentes o permisos vigentes que se dedica al comercio legal de tales bienes. Se presume de derecho, asimismo, que una persona ejerce ilegalmente las profesiones citadas cuando careciendo del correspondiente título se anuncie o se haga pasar ostensiblemente como profesional en ciencias de la salud.

Artículo 48.-

Los profesionales en Ciencias de la Salud, a que se refiere el artículo 40, solo podrán delegar, o asociarse para delegar algunas de sus funciones a personas debidamente capacitadas, lo cual harán en todo caso bajo su responsabilidad, y conforme a los reglamentos de esta ley y el del respectivo colegio.

Artículo 49.-

Queda prohibido a todo profesional, comerciante distribuidor, suministrar o vender aparatos, equipos, instrumental o sustancias materiales que sean de uso exclusivo para el ejercicio de las profesiones, a que se refiere esta sección, o que están incluidos en listas restrictivas del Ministerio a personas no habilitadas legalmente para este ejercicio.

Artículo 50.-

Los profesionales o personas autorizadas para ejercer en ciencias de la salud responsables, en razón de su profesión, por la dirección técnica científica de cualquier establecimiento de atención médica, farmacia y afines, serán responsables solidariamente con el propietario de dicho establecimiento, por las infracciones legales o reglamentarias que se cometieren en dicho establecimiento.

Artículo 51.-

Se declara incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más de las profesiones de la salud mencionadas en el artículo 40.

Artículo 52.-

Solo los médicos y los odontólogos, en ejercicio legal de sus profesiones podrán certificar el estado de salud de las personas, siempre que les conste personalmente en virtud de ese ejercicio.

Artículo 54.-
Sólo podrán prescribir medicamentos los médicos. Los odontólogos, veterinarios y obstétricas, solo podrán hacerlo dentro del área de su profesión.

Artículo 55.-

Los profesionales autorizados legalmente para prescribir medicamentos y los autorizados para despacharlos, deberán atenerse a los términos de las farmacopeas declaradas oficiales por el poder Ejecutivo y quedan, en todo caso, sujetos a las disposiciones reglamentarias y a las órdenes especiales que dicho poder dicte, para el mejor control de los medicamentos y el mejor resguardo de la salud y seguridad de las personas.

Artículo 60.-

Los odontólogos y veterinarios, podrán recetar estupefacientes dentro del ejercicio de su profesión en dosis terapéuticas oficiales y para ser usadas en las setenta y dos horas siguientes como máximo.

Artículo 61.- Los mecánicos dentales limitaran su trabajo profesional a las solicitudes e instrucciones del odontólogo con quien trabajen, quedándoles prohibido ejecutar otros trabajos de odontología.

Artículo 64.-

Los profesionales en ciencias de la salud que intervengan en investigaciones experimentales científicas que tengan como sujeto a seres humanos, deberán inscribirse en el Ministerio declarado la naturaleza y fines de la investigación y el establecimiento en que se realizara.

Artículo 65.-

La investigación experimental científica que tenga como sujeto a seres humanos, sólo podrá ser realizada por profesionales especialmente calificados, quienes asumirán la absoluta responsabilidad de las experiencias, en establecimientos que el Ministerio haya autorizado para tales efectos.

Artículo 67.-

Ningún profesional podrá someter a un enfermo a experimentación clínica terapéutica sin informar debidamente sobre la necesidad, interés y riesgos que el experimento tiene para el paciente a fin de que éste, o la persona llamada a dar legalmente el consentimiento, lo otorguen previamente con debido conocimiento de causa.

Artículo 69.-

Son establecimientos de atención médica, para los efectos legales y reglamentarios, aquellos que realicen actividades de promoción de salud, prevención de enfermedades o presten atención general o especializada, en forma ambulatoria o interna, a las personas para su tratamiento y consecuente rehabilitación física o mental. Se incluyen en esta consideración, las maternidades, las casas de reposo para convalecientes y ancianos, las clínicas de recuperación nutricional, los centros para la atención de toxicómanos, alcohólicos o pacientes con trastornos de conducta y los consultorios profesionales particulares.

(Reformado por el artículo 74 de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600 de 2 de mayo de 1996).

Articulo 70.-

Todo establecimiento de atención médica deberá reunir los requisitos que dispongan las normas generales que el Poder Ejecutivo dicte para cada categoría de éstos, en especial, normas técnicas de trabajo y organización; tipo de personal necesario; planta física; instalaciones; equipos; sistemas de saneamiento y de eliminación de residuos y otras especiales que procedan atendiendo a la naturaleza y magnitud de la operación del establecimiento.

Ley del Timbre Odontológico

Descargar aquí este reglamento

LEY DEL TIMBRE

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Nº 3752

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

Articulo 1

Reformase el inciso 5) del artículo 22, Capítulo V de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. Nº 24 de 19 de Noviembre de 1941, para que se lea así:

INCISO 5)

a. El Colegio de Cirujanos Dentistas emitirá un timbre denominado “Timbre Odontológico” que deberá adherirse a cualquier factura que se expida por la venta de toda clase de materiales o instrumentos para el ejercicio de la Odontología.

b. Toda factura por venta de contado o crédito deberá llevar timbres Odontológicos según la tabla siguiente:

De ¢ 00.5 a ¢10.00 pagarán ¢ 0.50 de timbres.

De ¢10.05 a ¢ 20.00 pagarán ¢ 1.00 de timbres.

De ¢20.05 a ¢ 30.00 pagarán ¢ 1.50 de timbres.

De ¢ 30.05 a ¢ 40.00 pagarán ¢ 2.00 de timbre.

De ¢40.05 a ¢ 50.00 pagarán ¢ 2.50 de timbres.

De ¢50.05 a ¢ 60.00 pagarán ¢ 3.00 de timbres.

De ¢ 60.05 a ¢ 70.00 pagarán ¢ 3.50 de timbre.

De ¢70.05 a ¢ 80.00 pagarán ¢ 4.00 de timbres.

De ¢80.05 a ¢ 90.00 pagarán ¢ 4.50 de timbres.

De ¢ 90.05 a ¢ 100.00 pagarán ¢ 5.00 de timbre.

Las facturas mayores de ¢ 100.00 pagarán el 5%.

c. El Colegio de Cirujanos Dentistas hará imprimir los timbres que considere necesarios para la mecánica de esta ley, en los siguientes valores: ¢ 0.50, ¢ 1.00, ¢ 2.00, ¢ 5.00 y ¢ 10.00; y los entregará para su expendio a un Banco del Sistema Bancario Nacional. Deducidos los gastos de administración y comisión que corresponden al Banco Administrador, el saldo integro de la venta de esos timbres pasará a la cuenta respectiva del Colegio de Cirujanos Dentistas en el Banco Recaudador, y será única y exclusivamente para llenar las necesidades económicas del Colegio, debiendo apartarse anualmente una suma para Fondo de Mutualidad y Subsidios, que nunca podrá ser menor del 10% de la entrega global.

d. Las casas comerciales o personas que ocasionalmente hagan importaciones de materiales, medicamentos o equipos dentales, que no sean capaces para la venta al detalle, deberán cubrir el impuesto respectivo poniendo los timbres correspondientes a los documentos de desalmacenajes y de acuerdo con la tabla señalada en el inciso b) ad-valorem.

Los depósitos dentales y establecimientos comerciales que burlen esta ley haciendo ventas de las materias específicas sin la respectiva factura timbrada, pagarán diez veces el valor del timbre que dejaron de agregar a la factura, de acuerdo con la tabla establecida en el inciso b) de este artículo. Los timbres que lleven las facturas deberán ser cancelados o matados por el vendedor de los materiales o instrumentos odontológicos. El Colegio de Cirujanos Dentistas podrá suspender hasta por un mes en el ejercicio de su profesión, al odontólogo que adquiera materiales o instrumentos sin el pago de los timbres correspondientes.

Artículo 2

Estarán exentas del pago de este timbre todas las instituciones de beneficencia, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salubridad Pública y la Universidad de Costa Rica.

Artículo 3

Esta ley rige treinta días después de su publicación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa, San José, a los diecinueve días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y seis.

Rodrigo Carazo Odio

Presidente

José Rafael Vega Rojas

Armando Araúz Aguilar

Primer Secretario

Segundo secretario

Casa Presidencial, San José, a los cuatro días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y seis.

Ejecútese y Publíquese,

J.J. TREJOS FERNÁNDEZ

El Ministerio de Policía, Justicia y Gracia. C.TATTENBACH:

Ley de Servicio Social

Descargar aquí este reglamento

LEYES No. 7559 DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS PROFESIONALES EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

Artículo 1

-Principios

Esta ley se fundamenta en principios de solidaridad, justicia social e igualdad, para lograr los objetivos básicos de un servicio social cuya prestación se realizará por medio del sistema nacional de salud. Este servicio satisfará necesidades sociales, institucionales y docente, extendiendo los servicios de salud a la comunidad, como una forma de retribución del profesional a la sociedad. Artículo 2

– Creación del Servicio Social Obligatorio

Se crea el servicio social obligatorio para los profesionales en ciencias de la salud, como requisito indispensable para ejercer la profesión. Para tales efectos, se consideran profesiones en ciencias de la salud las siguientes:

a) Medicina.

b) Odontología.

c) Microbiología.

d) Farmacia.

e) Enfermería.

f) Nutrición.

Artículo 3

– Requisito para el ejercicio profesional

La prestación del servicio social será requisito indispensable para ejercer las profesiones enumeradas en el artículo anterior, costarricense o extranjero, los profesionales graduados en universidades nacionales o del exterior, que soliciten autorización para ejercer su profesión en Costa Rica en forma permanente.

Artículo 4

– Cobertura

El servicio socia se prestará en e territorio nacional, con preferencia en las zonas de bajos índices socioeconómicos y de salud. Se cumplirá en los establecimientos del sistema nacional de salud, según se establezca en el reglamento respectivo.

Artículo 5

– Remuneración

Quienes deban prestar el servicio social recibirán una remuneración en concordancia con el salario del profesional que inicia sus labores en la Administración Pública.

Artículo 6

– Prioridad de los costarricenses

En igualdad de condiciones, los profesionales costarricenses tendrán prioridad respecto de los extranjeros para cumplir con el servicio social.

Artículo 7

– Duración del Servicio Social

El servicio social tendrá una duración equivalente a la jornada laboral ordinaria de un año de prestación efectiva y continua, sin perjuicio del número de carreras en que se haya graduado el interesado, salvo que haya realizado el servicio social en otra carrera de las ciencias de la salud, a juicio de la Comisión de Servicio Social Obligatorio, creada en esta ley.

Artículo 8

– Suspensión del Servicio Social

Cuando, en casos calificados, un profesional deba suspender su servicio social obligatorio, deberá solicitar previamente la autorización a la Comisión de Servicio Social. Para completar el tiempo faltante de servicio social, deberá cumplir con lo que estipula el reglamento respectivo.

Artículo 9

– Coordinación del Servicio Social

Con el objeto de brindar oportunidad a todos los aspirantes al servicio social, la Comisión de Servicio Social Obligatorio deberá coordinarlo con las entidades universitarias y del sistema nacional de salud, para procurar un balance entre los postulantes y el número de plazas disponibles.

El estado deberá asegurar las plazas necesarias para realizar el servicio social obligatorio. No obstante, si por causas debidamente justificadas no se obtiene el total de plazas requerido, ello no constituirá impedimento para incorporar al profesional al colegio respectivo.

Artículo 10

– Solicitud para prestar el servicio

Los profesionales postulantes deberán formular su solicitud para prestar el servicio social ante la Comisión del Servicio Social Obligatorio, de conformidad con el reglamento de esta ley. Los solicitantes deberán acreditar su récord académico ante la Comisión.


Artículo 11

– Creación de la Comisión de Servicio Social Obligatorio

Se crea la Comisión de Servicio Social Obligatorio, para asesorar y asistir al Ministro de Salud en todo lo relacionado con el cumplimiento del servicio a que se refiere esta ley. Estará integrada por los siguientes miembros:

a) El Director General de Salud o su representante, quien la presidirá.

b) El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social o su representante.

c) El Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros o su representante.

d) El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o su representante.

e) Un representante del Consejo Nacional de Rectores.

f) Un representante del Consejo Nacional de Educación Superior.

g) Un representante de cada uno de los colegios profesionales, que reúna a los profesionales de las ciencias citadas en el artículo 2 de esta ley.

Los miembros de la Comisión no devengarán dietas y contaran con una unidad administrativa de apoyo facilitada por el Ministerio de Salud.

Artículo 12

– Funciones de la Comisión

La Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar el proceso de asignación de las plazas de servicio social, según las necesidades institucionales, sociales y docentes del sistema.

b) Realizar el sorteo para la asignación de plazas.

c) Proponer, planear, revisar, regular y aprobar, junto con las instituciones involucradas, los programas de investigación, capacitación y acción comunitaria que se asignen a los profesionales de servicio social.

d) Recomendar al Ministro de Salud la aprobación o desaprobación del cumplimiento del servicio social obligatorio.

e) Recomendar los traslados del personal nombrado en plazas de servicio social. Cuando se trate de profesionales con estudios de postgrado de especialidad, previamente deberá contarse con la autorización del colegio profesional respectivo.

f) Recomendar o no recomendar un régimen de equiparación de oportunidades considerando las necesidades particulares de quienes presenten alguna discapacidad.

g) Rendir, ante el Ministro de Salud, por lo menos un informe semestral sobre el control de proceso de reclutamiento, selección, distribución geográfica e institucional de los profesionales que se encuentren prestando el servicio social.

Artículo 13

– Códigos Presupuestarios

Se autoriza la creación de los códigos presupuestarios que requieran las instituciones interesadas por cumplir con esta ley.

Artículo 14

– Órganos ejecutores

Correspondiente al Ministro de Salud y a la Comisión de Servicio Social Obligatorio la aplicación y cumplimiento de la presente ley.

Artículo 15

– Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley, en un plazo máximo de noventa días hábiles a partir de su publicación.

Artículo 16

– Derogaciones

Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley.

Artículo 17

– Vigencia

Rige a partir del 1 de mayo de 1996.

COMISION LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA.—Aprobado el anterior proyecto el día veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

Rolando González Ulloa. Presidente – Humberto Fuentes González. Secretario.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. – San José, a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Comuníquese al Poder Ejecutivo

Antonio Álvarez Desanti. Presidente. – Álvaro Azofeifa Astúa. Primer Secretario. – Manuel Antonio Barrantes Rodríguez. Segundo Secretario.

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los nueve días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Ejecútese y publíquese

JOSE MARÍA FIGUERES OLSEN. – El Ministro de Salud, Herman Weinstok W. – 1 vez. – C.10.-(64906).

Publicado en La Gaceta, el jueves treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Ley 7600

Descargar aquí este reglamento

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 112, del 29 de mayo de 1996)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Interés público

Se declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes.

ARTÍCULO 2.- Definiciones

Se establecen las siguientes definiciones:

Igualdad de oportunidades: Principio que reconoce la importancia de las diversas necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la planificación de la sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias.

Equiparación de oportunidades: Proceso de ajuste del entorno, los servicios, las actividades, la información, la documentación así como las actitudes a las necesidades de las personas, en particular de las discapacitadas.

Discapacidad: Cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o más de las actividades principales de un individuo.

Organización de personas con discapacidad: Son aquellas organizaciones dirigidas por personas con discapacidad o por sus familiares cuyos fines y objetivos están dirigidos a la promoción y defensa de la igualdad de oportunidades.

Ayuda técnica: Elemento requerido por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y garantizar su autonomía.

Servicio de apoyo: Ayudas técnicas, equipo, recursos auxiliares, asistencia personal y servicios de educación especial requeridos por las personas con discapacidad para aumentar su grado de autonomía y garantizar oportunidades equiparables de acceso al desarrollo.

Necesidad educativa especial: Necesidad de una persona derivada de su capacidad o de sus dificultades de aprendizaje.

Estimulación temprana: Atención brindada al niño entre cero y siete años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso lógico de la maduración.

 

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 3.- Objetivos

Los objetivos de la presente ley son:

a) Servir como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los derechos y deberes establecidos en nuestro sistema jurídico.

b) Garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos.

c) Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.

d) Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad costarricense adoptar medidas necesarias para la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 4. Obligaciones del Estado

Para cumplir con la presente ley, le corresponde al Estado:

a) Incluir en planes, políticas, programas y servicios de sus instituciones, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios que, con base en esta ley, se presten; así como desarrollar proyectos y acciones diferenciados que tomen en consideración el menor desarrollo relativo de las regiones y comunidades del país.

b) Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las instalaciones de atención al público sean accesibles para que las personas los usen y disfruten.

c) Eliminar las acciones y disposiciones que, directa o indirectamente, promueven la discriminación o impiden a las personas con discapacidad tener acceso a los programas y servicios.

d) Apoyar a los sectores de la sociedad y a las organizaciones de personas con discapacidad, con el fin de alcanzar la igualdad de oportunidades.

e) Garantizar el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad de participar en las acciones relacionadas con la elaboración de planes, políticas, programas y servicios en los que estén involucradas.

f) Divulgar esta ley para promover su cumplimiento.

g) Garantizar, por medio de las instituciones correspondientes, los servicios de apoyo requeridos por las personas con discapacidad para facilitarles su permanencia en la familia.

h) Garantizar que las personas con discapacidad agredidas física, emocional o sexualmente, tratadas con negligencia, que no cuenten con una familia o se encuentren en estado de abandono, tengan acceso a los medios que les permitan ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna.

ARTÍCULO 5.- Ayudas técnicas y servicios de apoyo

Las instituciones públicas y las privadas de servicio público deberán proveer, a las personas con discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridos para garantizar el ejercicio de sus derechos y deberes.

ARTÍCULO 6.- Concienciación

Cuando, por cualquier razón o propósito, se trate o utilice el tema de la discapacidad, este deberá presentarse reforzando la dignidad e igualdad entre los seres humanos. Ningún medio de información deberá emitir mensajes estereotipados ni menospre-ciativos en relación con la discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad deberán ser consultadas sobre este tema.

ARTÍCULO 7.- Información

Las instituciones públicas y las privadas que brindan servicios a personas con discapacidad y a sus familias deberán proporcionar información veraz, comprensible y accesible en referencia a la discapacidad y los servicios que presten.

ARTÍCULO 8.- Programas y servicios

Los programas y servicios que cuenten con el financiamiento total o parcial o con el beneficio del Estado o las Municipalidades y los programas privados, tendrán la obligación de cumplir con las normas establecidas en la presente ley.

ARTÍCULO 9.- Gobiernos locales

Los gobiernos locales apoyarán a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 10.- Comunidad

Las personas con discapacidad tendrán la misma oportunidad para involucrarse en la definición y ejecución de las actividades que se desarrollan en las comunidades.

ARTÍCULO 11.- Familia

Todos los miembros de la familia deben contribuir a que la persona con discapacidad desarrolle una vida digna y ejerza plenamente sus derechos y deberes.

Las personas con discapacidad que no disfruten del derecho de vivir con su familia, deberán contar con opciones para vivir, con dignidad, en ambientes no segregados.

La Procuraduría General de la República solicitará, de oficio, la curatela para la persona con discapacidad en estado de abandono de hecho, cuando así lo solicite un particular o un ente estatal. En este caso, el tribunal comprobará, de previo, el estado de abandono.

ARTÍCULO 12.- Organizaciones de personas con discapacidad

Las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben:

a) Ejercer su derecho a la autodeterminación y a participar en la toma de decisiones que les afecten directa o indirectamente.

b) Contar con una representación permanente, en una proporción de un veinticinco por ciento (25%), en el órgano directivo de la institución pública rectora en materia de discapacidad.

c) Disponer de recursos para reunir, reproducir, traducir y transmitir información ágil y oportuna sobre la discapacidad, con el fin de informar y asesorar a las instituciones, empresas y público en general sobre la eliminación de barreras, ayudas técnicas y servicios de apoyo. Para ello, se contará con un comité constituido por representantes de esas organizaciones.

Los recursos para este fin serán asignados por la institución pública rectora en materia de discapacidad o por cualquier fuente de ingresos que proporcionen las entidades públicas o privadas.

ARTÍCULO 13.- Obligación de consultar a organizaciones de personas con discapacidad

Las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben ser consultadas por parte de las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la discapacidad.

TÍTULO II
CAPÍTULO I
ACCESO A LA EDUCACIÓN

ARTÍCULO 14.- Acceso

El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas, independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Esta disposición incluye tanto la educación pública como la privada en todas las modalidades del Sistema Educativo Nacional.

ARTÍCULO 15.- Programas educativos

El Ministerio de Educación Pública promoverá la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas especiales y velará por ella, en todos los niveles de atención.

ARTÍCULO 16.- Participación de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad participarán en los servicios educativos que favorezcan mejor su condición y desarrollo, con los servicios de apoyo requeridos; no podrán ser excluidas de ninguna actividad.

ARTÍCULO 17.- Adaptaciones y servicios de apoyo

Los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y proporcionarán los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las personas a la educación sea efectivo. Las adaptaciones y los servicios de apoyo incluyen los recursos humanos especializados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, metodología, recursos didácticos y planta física. Estas previsiones serán definidas por el personal del centro educativo con asesoramiento técnico-especializado.

ARTÍCULO 18.- Formas de sistema educativo

Las personas con necesidades educativas especiales podrán recibir su educación en el Sistema Educativo Regular, con los servicios de apoyo requeridos. Los estudiantes que no puedan satisfacer sus necesidades en las aulas regulares, contarán con servicios apropiados que garanticen su desarrollo y bienestar, incluyendo los brindados en los centros de enseñanza especial.

La educación de las personas con discapacidad deberá ser de igual calidad, impartirse durante los mismos horarios, preferentemente en el centro educativo más cercano al lugar de residencia y basarse en las normas y aspiraciones que orientan los niveles del sistema educativo.

ARTÍCULO 19.- Materiales didácticos

Los programas de estudio y materiales didácticos que incluyan textos o imágenes sobre el tema de discapacidad, deberán presentarlos de manera que refuercen la dignidad y la igualdad de los seres humanos.

ARTÍCULO 20.- Derecho de los padres de familia

A los padres de familia o encargados de estudiantes con discapacidad, se les garantiza el derecho de participar en la selección, ubicación, organización y evaluación de los servicios educativos.

ARTÍCULO 21.- Períodos de hospitalización o convalecencia

El Ministerio de Educación Pública garantizará que los estudiantes que, por causa de hospitalización o convalecencia, se encuentren imposibilitados para asistir temporalmente a un centro educativo, cuenten con las opciones necesarias para continuar con su programa de estudios durante ese período. Estos estudios tendrán el reconocimiento oficial.

ARTÍCULO 22.- Obligaciones del Ministerio de Educación Pública

Para cumplir con lo dispuesto en este capítulo, el Ministerio de Educación Pública suministrará el apoyo, el asesoramiento, los recursos y la capacitación que se requieran.

CAPÍTULO II
ACCESO AL TRABAJO

ARTÍCULO 23.- Derecho al trabajo

El Estado garantizará a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales.

ARTÍCULO 24.- Actos de discriminación

Se considerarán actos de discriminación el emplear en la selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su discapacidad, a un trabajador idóneo.

También se considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos.

ARTÍCULO 25.- Capacitación prioritaria

Será prioritaria la capacitación de las personas con discapacidad mayores de dieciocho años que, como consecuencia de su discapacidad, no hayan tenido acceso a la educación y carezcan de formación laboral.

ARTÍCULO 26.- Asesoramiento a los empleadores

El Estado ofrecerá a los empleadores asesoramiento técnico, para que estos puedan adaptar el empleo y el entorno a las condiciones y necesidades de la persona con discapacidad que lo requiera. Estas adaptaciones pueden incluir cambios en el espacio físico y provisión de ayudas técnicas o servicios de apoyo.

ARTÍCULO 27.- Obligación del patrono

El patrono deberá proporcionar facilidades para que todas las personas, sin discriminación alguna, se capaciten y se superen en el empleo.

ARTÍCULO 28.- Afiliaciones

Las personas con discapacidad que realicen una labor lucrativa, independientemente de su naturaleza, estarán incorporadas en los regímenes de riesgos del trabajo, enfermedad y maternidad e invalidez, vejez y muerte.

ARTÍCULO 29.- Obligaciones del Estado

Cuando una persona asegurada por el Estado presente una discapacidad como consecuencia de una enfermedad o lesión, la Caja Costarricense de Seguro Social le proporcionará atención médica y rehabilitación, así como las ayudas técnicas o los servicios de apoyo requeridos. Asimismo, el Estado le otorgará una prestación económica durante el período de hospitalización, si es necesario, hasta por un año, y esta no podrá ser inferior a la pensión mínima del régimen contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Estado garantizará la capacitación laboral de las personas que, como consecuencia de una enfermedad o lesión, desarrollen una discapacidad que les impida continuar con el trabajo que realizaban. Esta capacitación procurará que se adapten a un cargo de acuerdo con las nuevas condiciones.

El Estado deberá tomar las medidas pertinentes, con el fin de que las personas con discapacidad puedan continuar en sus funciones o en otra acorde con sus capacidades.

ARTÍCULO 30.- Obligación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantendrá un servicio con profesionales calificados para brindar el asesoramiento en readaptación, colocación y reubicación en el empleo de las personas con discapacidad. Para facilitar sus acciones, este servicio deberá mantener contacto con las organizaciones de personas con discapacidad.

 

CAPÍTULO III
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

ARTÍCULO 31.- Acceso

Los servicios de salud deberán ofrecerse, en igualdad de condiciones, a toda persona que los requiera. Serán considerados como actos discriminatorios, en razón de la discapacidad, el negarse a prestarlos, proporcionarlos de inferior calidad o no prestarlos en el centro de salud que le corresponda.

ARTÍCULO 32.- Procedimientos de coordinación y supervisión

La Caja Costarricense de Seguro Social establecerá los procedimientos de coordinación y supervisión para los centros de salud públicos que brinden servicios especializados de rehabilitación, con el fin de facilitar el establecimiento de políticas congruentes con las necesidades reales de la población.

ARTÍCULO 33.- Servicios de rehabilitación

La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros deberán ofrecer servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios. Estos deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos y servicios de apoyo necesarios para garantizar la atención óptima.

ARTÍCULO 34.- Disponibilidad de los servicios

Las Instituciones públicas de salud responsables de suministrar servicios de rehabilitación, deberán garantizar que los servicios a su cargo estén disponibles en forma oportuna, en todos los niveles de atención, inclusive la provisión de servicios de apoyo y las ayudas técnicas que los usuarios requieran.

ARTÍCULO 35.- Medios de transporte adaptados

Las instituciones públicas que brindan servicios de rehabilitación deberán contar con medios de transporte adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.

 

 

 

ARTÍCULO 36.- Responsabilidad del Ministerio de Salud

Es responsabilidad del Ministerio de Salud certificar la calidad y el estricto cumplimiento de las especificaciones de las ayudas técnicas que se otorguen en las instituciones estatales o se distribuyan en el mercado.

ARTÍCULO 37.- Imposibilidad de negar seguros de vida o pólizas

No podrá negarse la adquisición de un seguro de vida o una póliza de atención médica, basándose exclusivamente en la presencia de una discapacidad.

ARTÍCULO 38.- Condiciones de la hospitalización

Cuando una persona con discapacidad sea hospitalizada, no se le podrá impedir el acceso a las ayudas técnicas o servicios de apoyo que, rutinariamente, utiliza para realizar sus actividades.

ARTÍCULO 39.- Normas específicas

Los centros de salud o servicios en los cuales se brinda atención de rehabilitación, deberán establecer para los usuarios y sus familias, normas específicas para promover y facilitar el proceso de rehabilitación.

ARTÍCULO 40.- Medidas de seguridad, comodidad y privacidad

Con el fin de no lesionar la dignidad y facilitar el logro de los objetivos establecidos, los servicios de rehabilitación deberán garantizar que sus instalaciones cuentan con las medidas de seguridad, comodidad y privacidad que los usuarios requieren.

CAPÍTULO IV
ACCESO AL ESPACIO FÍSICO

ARTÍCULO 41.- Especificaciones técnicas reglamentarias

Las construcciones nuevas, ampliaciones o remodela-ciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios y otros espacios de propiedad pública, deberán efectuarse conforme a las especificaciones técnicas reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados de la materia.

Las edificaciones privadas que impliquen concurrencia y brinden atención al público deberán contar con las mismas características establecidas en el párrafo anterior.

Las mismas obligaciones mencionadas regirán para los proyectos de vivienda de cualquier carácter, financiados total o parcialmente con fondos públicos. En este tipo de proyectos, las viviendas asignadas a personas con discapacidad o familias de personas en las que uno de sus miembros sea una persona con discapacidad deberán estar ubicadas en un sitio que garantice su fácil acceso.

ARTÍCULO 42.- Requisitos técnicos de los pasos peatonales

Los pasos peatonales contarán con los requisitos técnicos necesarios como: rampas, pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y táctiles con el fin de garantizar que sean utilizados sin riesgo alguno por las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 43.- Estacionamientos

Los establecimientos públicos y privados de servicio al público, que cuenten con estacionamiento, deberán ofrecer un cinco por ciento (5%) del total de espacios destinados expresamente a estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten. Pero, en ningún caso, podrán reservarse para ese fin menos de dos espacios. Esos vehículos deberán contar con una identificación y autorización para el transporte y estacionamiento expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Esos espacios deberán estar ubicados cerca de la entrada principal de los locales de atención al público. Las características de los espacios y servicios expresamente para personas con discapacidad serán definidas en el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 44.- Ascensores

Los ascensores deberán contar con facilidades de acceso, manejo, señalización visual, auditiva y táctil, y con mecanismos de emergencia, de manera que puedan ser utilizados por todas las personas.

CAPÍTULO V
ACCESO A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 45 .- Medidas técnicas

Para garantizar la movilidad y seguridad en el transporte público, deberán adoptarse medidas técnicas conducentes para adaptarlo a las necesidades de las personas con discapacidad; asimismo, se acondicionarán los sistemas de señalización y orientación del espacio físico.

Los medios de transporte colectivo deberán ser totalmente accesibles y adecuados a las necesidades de todas las personas.

ARTÍCULO 46.- Permisos y concesiones

Para obtener permisos y concesiones de explotación de servicios de transporte público, será requisito que los beneficiarios de este tipo de contrato presenten la revisión técnica, aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que compruebe que cumplen con las medidas establecidas en esta ley y su reglamento.

ARTÍCULO 47.- Taxis

En el caso del transporte público en su modalidad de taxi, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes estará obligado a incluir, en cada licitación pública de concesiones o permisos, por lo menos un diez por ciento (10 %) de vehículos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 48.- Terminales y estaciones

Las terminales y estaciones de los medios de transporte colectivo contarán con las facilidades requeridas para el ingreso de usuarios con discapacidad, así como para el abordaje y uso del medio de transporte.

ARTÍCULO 49.- Facilidades de estacionamiento

Las autoridades policiales administrativas facilitarán el estacionamiento de vehículos que transporten a personas con discapacidad, así como el acceso a los diversos medios de transporte público.

CAPÍTULO VI
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 50.- Información accesible

Las instituciones públicas y privadas deberán garantizar que la información dirigida al público sea accesible a todas las personas, según sus necesidades particulares.

ARTÍCULO 51.- Programas informativos

Los programas informativos transmitidos por los canales de televisión, públicos o privados, deberán contar con los servicios de apoyo, inclusive intérpretes o mensajes escritos en las pantallas de televisión, para garantizarles a las personas con deficiencias auditivas el ejercicio de su derecho de informarse.

ARTÍCULO 52.- Teléfonos

El ente encargado de las telecomunicaciones deberá garantizar a todas las personas el acceso a los aparatos telefónicos. Los teléfonos públicos deberán estar instalados y ubicados de manera que sean accesibles para todas las personas.

ARTÍCULO 53.- Bibliotecas

Las bibliotecas públicas o privadas de acceso público, deberán contar con servicios de apoyo, incluyendo el personal, el equipo y el mobiliario apropiados, para permitir que puedan ser efectivamente usadas por todas las personas.

CAPÍTULO VII
ACCESO A LA CULTURA, EL DEPORTE Y
LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS

ARTÍCULO 54.- Acceso

Los espacios físicos donde se realicen actividades culturales, deportivas o recreativas deberán ser accesibles a todas las personas. Las instituciones públicas y privadas que promuevan y realicen actividades de estos tipos, deberán proporcionar los medios técnicos necesarios para que todas las personas puedan disfrutarlas.

ARTÍCULO 55.- Actos discriminatorios

Se considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, se le niegue a una persona participar en actividades culturales, deportivas y recreativas que promuevan o realicen las instituciones publicas o privadas.

TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO
ACCIONES

ARTÍCULO 56.- Medidas presupuestarias

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta de Protección Social de San José, los centros públicos de educación superior y las demás instituciones del Estado, deberán tomar las medidas presupuestarias para adquirir las ayudas técnicas y prestar los servicios de apoyo, tratamientos médicos, equipo y prótesis que se requieran para cumplir lo dispuesto por la presente ley.

ARTÍCULO 57.- Ayuda estatal a los centros de educación superior

El Estado promoverá los centros de educación superior y los apoyará para que impartan carreras de formación específica en todas las disciplinas y niveles, a fin de que la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad esté efectivamente garantizada.

ARTÍCULO 58.- Temática sobre discapacidad

Para garantizar el derecho de todos al desarrollo, los centros de educación superior deberán incluir contenidos generales y específicos sobre discapacidad pertinentes a las diferentes áreas de formación, en la currícula de todas las carreras y niveles, .

ARTÍCULO 59.- Programas de capacitación

Las instituciones publicas y las privadas de servicio público, incluirán contenidos de educación, sensibilización e información sobre discapacidad, en los programas de capacitación dirigidos a su personal.

ARTÍCULO 60.- Medidas institucionales para evitar la discriminación

Los educadores, patronos o jerarcas tendrán la responsabilidad de mantener condiciones de respeto en el lugar de trabajo o estudio, mediante una política interna que prevenga la discriminación por razón de una discapacidad, no la promueva y la evite.

Por esta ley, las instituciones públicas y de servicio público están obligadas a elaborar y divulgar esa política, la cual deberá comunicarse por escrito a directores, jefes, supervisores, asesores, representantes, educadores, empleados, estudiantes y usuarios de esos organismos.

Para los efectos de esta ley, esas instituciones adoptarán las medidas y sanciones pertinentes en sus reglamentos internos, convenios colectivos, arreglos directos, circulares y demás actos administrativos.

ARTÍCULO 61.- Divulgación

Los educadores, patronos o jerarcas serán responsables de divulgar el contenido de la presente ley.

 

TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

ARTÍCULO 62.- Multa

Será sancionada con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido en la Ley NE 7337, del 5 de mayo de 1993, la persona física o jurídica que cometa cualquier tipo de discriminación determinada por distinción, exclusión o preferencias, por una discapacidad, que limite la igualdad de oportunidades, en cuanto a la accesibilidad o el trato en materia de trabajo, educación, salud, transporte u otros campos.

ARTÍCULO 63.- Sanciones por irregularidades en el reclutamiento y selección de personal

En el Estado, sus instituciones y corporaciones, será anulable, a solicitud de la parte interesada, todo nombramiento, despido, suspensión o traslado, permuta, ascenso, descenso o reconocimientos que se efectúen en contra de lo dispuesto en esta ley .

Los procedimientos para reclutar y seleccionar personal carecerán de eficacia en lo que resulte violatorio contra esta ley.

Los funcionarios causantes de la acción en contra de lo dispuesto en esta ley serán, personalmente, responsables y responderán con su patrimonio por los daños y perjuicios que resulten.

ARTÍCULO 64.- Legislación aplicable

Para determinar la verdad real de los hechos y aplicar lo establecido en el artículo anterior, se seguirá el procedimiento ordinario contenido en la Ley General de la Administración Pública y los artículos correspondientes de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa.

ARTÍCULO 65.- Multa de tránsito

Se le impondrá una multa de cinco mil colones conforme lo establecido en el artículo 131 de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, No. 7331, al vehículo que sea estacionado en lugares exclusivos para el estacionamiento de vehículos debidamente identificados para transportar a personas con discapacidad.

ARTÍCULO 66.- Multa a los concesionarios de transporte público

Serán sancionados con una multa no menor de diez mil colones ni mayor a los treinta mil colones, los concesionarios de transporte público que incumplan las regulaciones establecidas en esta ley sobre el derecho de toda persona de utilizar el transporte público.

Deberán corregir el problema en un lapso no mayor de tres meses; de lo contrario, la situación será justificante para suprimir la unidad hasta que se le efectúen las adaptaciones que correspondan para no conceder o prorrogar concesiones de esa clase.

ARTÍCULO 67.- Sanción por desacato de las normas de accesibilidad

Los encargados de construcciones que incumplan las reglas de accesibilidad general establecidas en esta ley o su reglamento, podrán ser obligados, a solicitud del perjudicado, a realizar a costa de ellos las obras para garantizar ese derecho. No se tramitarán permisos de construcción ni se suspenderán los ya otorgados hasta que se realicen las remodelaciones.

 

TÍTULO V
CAPÍTULO I
REFORMAS
SECCIÓN I

Reformas del Código de Comercio

ARTÍCULO 68.- Reformas de la Ley No. 3284

Se reforma el Código de Comercio, Ley No. 3284, del 30 de abril de 1964 y sus reformas, en sus artículos 411, 412 y 413, cuyos textos dirán:

“Artículo 411.- Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma, el lenguaje o idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con este Código o con leyes especiales, deban otorgarse en escritura pública o requieran forma o solemnidades necesarias para su eficacia.”

“Artículo 412.- Cuando la ley exija consignar por escrito un contrato, esta disposición incluirá también el braille y se aplicará igualmente a todas las modificaciones del contrato.”

“Artículo 413.- Los contratos que por disposición de la ley deban consignarse por escrito, llevarán las firmas originales de los contratantes. Si alguno de ellos no puede firmar, lo hará a su ruego otra persona, con la asistencia de dos testigos a su libre elección. La persona ciega o con deficiencias visuales que lo requiera firmará por sí misma en presencia de dos testigos a su libre elección. Las cartas, telegramas o facsímiles equivaldrán a la forma escrita, siempre que la carta o el original del telegrama o facsímil estén firmados por el remitente, o se pruebe que han sido debidamente autorizados por este.”

SECCIÓN II

Reformas del Código Penal

ARTÍCULO 69.- Reformas de la Ley No. 4573

Se reforma el Código Penal, Ley No.4573, del 4 de mayo de 1970 y sus reformas, en las siguientes disposiciones: el artículo 101, el inciso a) del artículo 102, los artículos 144, 184, 185 y 237, el inciso 2) del artículo 395, el inciso 5) del artículo 403, los artículos 406, 407, 408 y 409. Los textos dirán:

“Artículo 101.- Son medidas curativas:

1) El ingreso en un hospital psiquiátrico.

2) El ingreso en un establecimiento de tratamiento especial educativo.

3) Someterse a un tratamiento psiquiátrico.”

“Artículo 102.- Las medidas de seguridad se aplicarán así:

a) En servicios psiquiátricos idóneos o establecimientos de tratamiento especial educativo, se internarán los enfermos mentales, toxicómanos habituales, alcohólicos y sujetos de imputabilidad disminuida que hayan intentado suicidarse.[…]”

“Artículo 123.- Se impondrá prisión de tres a diez años a quien produzca una lesión que cause una disfunción intelectual, sensorial o física o un trastorno emocional severo que produzca incapacidad permanente para el trabajo, pérdida de sentido, de un órgano, de un miembro, imposibilidad de usar un órgano o un miembro, pérdida de la palabra o pérdida de la capacidad de engendrar o concebir.”

“Artículo 144.- Quien encuentre perdido o desamparado a un menor de diez años o a una persona herida o amenazada de un peligro cualquiera y omita prestarle el auxilio necesario según las circunstancias, cuando pueda hacerlo sin riesgo personal, será reprimido con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley NE 7337, del 5 de mayo de 1993. El juez podrá aumentar esta sanción hasta en el doble, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción.”

“Artículo 184.- Será reprimido, con prisión de seis meses a dos años, quien sustraiga a un menor de doce años o a una persona sin capacidad volitiva o cognoscitiva, del poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas o el que lo retenga contra la voluntad de estos; pero si ha prestado consentimiento y es mayor de doce años rebajará la pena prudencialmente. Igual pena tendrá quien sirva de intermediario para que un menor de edad salga de la patria potestad de sus padres sin llenar los requisitos de ley. La pena se aumentará en un tercio cuando la intervención se haga con ánimo de lucro.”

“Artículo185.- Se impondrá prisión de un mes a dos años o una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, al padre, adoptante, tutor o guardador de un menor de dieciocho años o de una persona que no pueda valerse por sí misma, que deliberadamente, mediando o no sentencia civil, omita prestar los medios indispensables de subsistencia a los que está obligado.

El juez podrá aumentar esa pena hasta en el doble, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y gravedad de la acción.

La misma pena se les impondrá a los obligados a brindar alimentos. La responsabilidad del autor no queda excluida por el hecho de que otras personas hayan proveído medios de subsistencia.

Igual pena se impondrá al hijo respecto de los padres desvalidos y al cónyuge respecto del otro cónyuge, separado o no, o divorciado cuando esté obligado, y al hermano respecto del hermano incapaz.”

“Artículo 237.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años quien con ánimo de lucro y abusando de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de una persona con deficiencias de su capacidad cognoscitiva o volitiva, lo induzca a realizar un acto que importe efectos jurídicos perjudiciales a él o a un tercero.”

“Artículo 393.- Será castigado con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, la cual podrá ser aumentada hasta en el doble a criterio del juez, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción o a tres meses de privación de libertad.[…]

2) El facultativo que, habiendo asistido a una persona que se encuentre en una situación que represente peligro para sí misma o para los demás, omita avisar a la autoridad.[…]”

“Artículo 401.- Serán reprimidos con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, la cual podrá ser aumentada hasta en el doble a criterio del juez, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción, además de efectuar las reformas pertinentes:

[…]

5) El que viole los reglamentos de construcción sobre ornato público y accesibilidad para todas las personas.”

“Artículo 404.- Será penado, con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, el encargado de una persona declarada en estado de interdicción o con evidente falta de capacidad volitiva y cognoscitiva, que descuide su vigilancia, si ello representa un peligro para sí misma o para los demás, o el encargado que no avise a la autoridad cuando la persona en mención se sustraiga a su custodia.

El juez podrá aumentar hasta en el doble la sanción, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y gravedad de la acción.”

“Artículo 405.- Será penado, con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, quien, sin dar inmediatamente aviso a la autoridad o sin autorización, cuando sea necesaria, reciba para su custodia personas con discapacidad intelectual o trastornos emocionales severos o las ponga en libertad.

El juez podrá aumentar hasta en el doble la sanción, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción.”

“Artículo 406.- Se impondrá una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, a quien ponga en manos de una persona con discapacidad cognoscitiva o volitiva cualquier arma, objeto peligroso, material explosivo o sustancia venenosa o los deje a su alcance.

El juez podrá aumentar la pena hasta en el doble, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción.”

“Artículo 407.- Será penado con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, y además con suspensión de su cargo por un mes, el culpable de las infracciones previstas en los tres artículos anteriores, si es el director de un hospital psiquiátrico o un centro para el desarrollo de personas que no gozan de capacidad cognoscitiva y volitiva.

El juez podrá aumentar la sanción hasta en el doble, considerando las condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción de inseguridad.”

SECCIÓN III

Reformas del Código de Procedimientos Penales

ARTÍCULO 70.- Reformas de la Ley No. 5377

Se reforma el artículo 241 del Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377, del 19 de octubre de 1973, y sus reformas, cuyo texto dirá:

“Artículo 241.- No podrán ser peritos los menores de edad, los declarados en estado de interdicción, quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos o quienes hayan sido citados como tales, los condenados ni los inhabilitados.”

 

SECCIÓN IV
Reformas del Código Procesal Civil

ARTÍCULO 71.- Reformas de la Ley No. 7130

Se reforma el Código Procesal Civil, Ley No. 7130, del 17 de agosto de 1989, en sus artículos 115 y 844, así como los incisos 1) y 4) del artículo 824. Los textos dirán:

“Artículo 115.- Si la parte no sabe firmar o si pese a saber no puede hacerlo por una discapacidad, firmará a su ruego otra persona, en presencia de dos testigos de libre escogencia de la primera. La persona ciega o con deficiencias visuales que lo requiera, firmará por sí misma, en presencia de dos testigos a su libre elección.”

“Artículo 824.- La solicitud de declaratoria de interdicción de una persona deberá reunir los siguientes requisitos:

1)El nombre y las calidades del solicitante y de la presunta persona cuya declaratoria en estado de interdicción se solicita.

4)El dictamen médico en el que se diagnostique la falta de capacidad cognoscitiva o volitiva.”

“Artículo 844.- La Procuraduría General de la República podrá pedir el nombramiento o la remoción de un curador para una persona declarada en estado de interdicción.”

 

 

 

SECCIÓN V
Reformas de la Ley Orgánica del Notariado

ARTÍCULO 72.- Reformas de la Ley No. 39, del 5 de enero de 1943

Se reforman los artículos 16 bis, 18, 59, 60 y 86 de la Ley Orgánica del Notariado, NE 39, del 5 de enero de 1943, cuyos textos dirán:

“Artículo 16 bis.- Están absolutamente impedidos para ser testigos instrumentales:

1) Los declarados en estado de interdicción.
2) Las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos.
3) Quien haya sido condenado por perjurio o falso testimonio o por delito contra la propiedad.

Están relativamente impedidos:

1) Quienes estén directamente interesados en el acto o contrato a que se refiere la escritura.
2) El ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano, tío o sobrino, por consanguinidad o afinidad, y el empleado del notario.
3) Quienes estén ligados por matrimonio o por cualquiera de los otros vínculos especificados en el inciso anterior, con el otorgante que adquiera derechos en virtud del acto o contrato objeto de la escritura.”

“Artículo 18.- Están legalmente impedidos para ejercer el notariado:

1) El que tenga impedimento para dar fe.
2) El declarado en estado de interdicción.”

“Artículo 59.- Cuando quienes concurran como interesados al otorgamiento de una escritura o alguno de ellos, no comprenda el idioma o el lenguaje de que se trate, intervendrá un intérprete oficial o un intérprete designado o aceptado por las partes. Si el notario comprende el idioma extranjero o el lenguaje de que se trate, no habrá necesidad de intérprete y, en tal caso, el notario, bajo su responsabilidad, traducirá en forma verbal la escritura, a fin de que se enteren debidamente del contenido las partes que no comprenden el idioma o lenguaje.

Para su capacidad, condiciones y prohibiciones, se considerará al intérprete como un testigo instrumental.”

“Artículo 60.- En los casos del artículo anterior, se consignará en la escritura quién de los interesados no comprende el idioma o lenguaje, cuál es el idioma o lenguaje que comprende, si el notario comprende ese idioma o lenguaje, en qué idioma o idiomas fue leída la escritura por el intérprete o por el notario en su caso; también se consignarán el nombre, los apellidos y las generales del intérprete cuando intervenga.”

“Artículo 86.- Los testimonios serán extendidos en papel común o papel para escritura en braille, pero los que contengan operaciones destinadas a inscribirse en el Registro Público, se extenderán en papel de oficio. El funcionario que los expida deberá tasar, al pie de ellos, el valor del papel sellado, los timbres y los derechos de inscripción que hayan de pagarse.”

SECCIÓN VI
Reformas de la Ley Fundamental de Educación

ARTÍCULO 73.- Reformas de la Ley No. 2160

Se modifica la Ley Fundamental de Educación, No. 2160, del 25 de setiembre de 1957, en sus artículos 27 y 29, cuyos textos dirán:

“Artículo 27.- La educación especial es el conjunto de apoyos y servicios a disposición de los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea que los requieran temporal o permanentemente.”

“Artículo 29.- Los centros educativos deberán suministrar a sus alumnos y a los padres, la información necesaria para que participen, comprendan y apoyen el proceso educativo.”

SECCIÓN VII
Reformas de la Ley General de Salud

ARTÍCULO 74.- Reformas de la Ley No. 5395

Se reforma la Ley General de Salud, No. 5395, del 30 de octubre de 1973, en sus artículos 13, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 69, cuyos textos dirán:

“Artículo 13.- Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad.

Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales gozarán de servicios especializados.”

“Artículo 20.- Las personas deben proveer al restablecimiento de su salud y la de los dependientes de su núcleo familiar y tienen derecho a recurrir a los servicios de salud estatales; para ello contribuirán económicamente, en la forma fijada por las leyes y los reglamentos pertinentes.”

“Artículo 29.- Las personas con trastornos emocionales severos así como las personas con dependencia del uso de drogas u otras sustancias, incluidos los alcohólicos, podrán someterse voluntariamente a tratamiento especializado ambulatorio o de internamiento en los servicios de salud y deberán hacerlo cuando lo ordene la autoridad competente, por estimarlo necesario, según los requisitos que los reglamentos pertinentes determinen.”

“Artículo 30.- Cuando la internación de personas con trastornos emocionales severos o deficiencias, toxicómanos y alcohólicos, no es voluntaria ni judicial, deberá ser comunicada por el director del establecimiento al juzgado de familia de su jurisdicción, en forma inmediata y deberá cumplir con las obligaciones y los requisitos de la curatela.”

“Artículo 31.- Las personas con trastornos emocionales severos, los toxicómanos y los alcohólicos que no se encuentren internados en un hospital por orden judicial, podrán salir del establecimiento de conformidad con las disposiciones reglamentarias pertinentes, por egreso médico o por alta exigida a petición del paciente o de sus familiares, cuando su salida no involucre peligro para la salud o la vida del paciente o de terceros.”

“Artículo 32.- Queda prohibido mantener a personas con trastornos emocionales severos y a toxicómanos en establecimientos públicos o privados que no estén autorizados para tal efecto por el Ministerio.”

“Artículo 33.- Los familiares de la persona con trastornos emocionales severos o con deficiencia intelectual, física y sensorial o los familiares del toxicómano sometido a tratamiento, podrán requerir atención médico-social de los servicios de salud, con sujeción a las normas reglamentarias para los miembros del hogar del paciente.”

“Artículo 34.- Se prohíbe a las personas comerciar con los medicamentos y otros bienes que las instituciones entreguen.”

“Artículo 69.- Son establecimientos de atención médica, para los efectos legales y reglamentarios, aquellos que realicen actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades o presten atención general o especializada, en forma ambulatoria o interna, a las personas para su tratamiento y consecuente rehabilitación física o mental.

Se incluyen en esta consideración, las maternidades, las casas de reposo para convalecientes y ancianos, las clínicas de recuperación nutricional, los centros para la atención de toxicómanos, alcohólicos o pacientes con trastornos de conducta y los consultorios profesionales particulares.”

SECCIÓN VIII
Reformas de la Ley de impuesto sobre la renta

ARTÍCULO 75.- Reformas de la Ley No. 7092

Se reforma el segundo párrafo del inciso b) del artículo 8 de la Ley de impuesto sobre la renta, No. 7092, del 21 de abril de 1988, cuyo texto dirá:

“ARTÍCULO 8.- Gastos deducibles

[…]

Además, podrá deducirse una cantidad igual adicional a la que se pague por los conceptos mencionados en los párrafos anteriores de este artículo a las personas con discapacidad a quienes se les dificulte tener un puesto competitivo, de acuerdo con los requisitos, las condiciones y normas que se fijan en esta ley. Asimismo, los costos por las adecuaciones a los puestos de trabajo y en las adaptaciones al entorno en el sitio de labores incurridas por el empleador.

[…]”

 

SECCIÓN IX
Reformas de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres

ARTÍCULO 76.- Reformas de la Ley No. 7331

Se reforma el inciso c) del artículo 67 y se adiciona el artículo 67 bis a la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, No. 7331, del 13 de abril de 1993, cuyos textos dirán:

“Artículo 67.-

[…]

c) Presentar un examen médico que verifique la idoneidad del conductor para el manejo de vehículos o del vehículo específico que se pretende conducir.”

“Artículo 67 bis.- En el caso de una persona con discapacidad, el procedimiento para obtener el certificado de idoneidad para conducir un vehículo, no podrá ser diferente del que utilice el resto de los conductores.”

SECCIÓN X
Reformas de la Ley de Migración y Extranjería

ARTÍCULO 77.- Reformas de la Ley No. 7033

Se reforma el inciso 6) del artículo 60 de la Ley de Migración y Extranjería, No. 7033, del 4 de agosto de 1986, cuyo texto dirá:

“Artículo 60.-

[…]

6) Los reconocidos internacionalmente como traficantes de drogas y que lucren con la prostitución.”

SECCIÓN XI
Reformas de la Ley de Pensiones Alimenticias

ARTÍCULO 78.- Se reforman los artículos 10 y 11 de la Ley de Pensiones Alimenticias, No. 1620, del 5 de agosto de 1953 y sus reformas, cuyos textos dirán:

“Artículo 10.-: Tienen personería para demandar alimentos en favor de menores de edad o de mayores que por su discapacidad no tienen acceso a la presentación personal de los trámites judiciales, tanto sus representantes legales como sus simples guardadores; en tal caso, estas circunstancias deberán probarse junto con la demanda.”

“Artículo 11.- En caso de menores y de personas con discapacidad abandonadas que no tengan acceso a la presentación personal de los trámites judiciales los agentes judiciales podrán actuar de oficio o a instancia o denuncia del Patronato Nacional de la Infancia, de sus juntas provinciales, la Procuraduría de la Familia o los jefes de los establecimientos que tengan la guarda, custodia o protección de los demandantes.”

SECCIÓN XII
Reformas del Código Civil

ARTÍCULO 79.- Reformas de la Ley XXX del 28 de setiembre de 1887 y sus reformas

Se reforman los artículos 41, 47, 48, 36, 545 y 595 del Código Civil, Ley XXX del 28 de setiembre de 1887 y sus reformas; asimismo los incisos 1) y 2) de su artículo 587. Los textos dirán:

“Artículo 41.- Los actos o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva serán relativamente nulos, salvo que la incapacidad esté declarada judicialmente, en cuyo caso serán absolutamente nulos.”

“Artículo 47.- La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna.”

“Artículo 48.- Si la imagen o fotografía de una persona se publica sin su consentimiento y no se encuentra dentro de alguno de los casos de excepción previstos en el artículo anterior, aquella puede solicitarle al Juez como medida cautelar sin recursos, suspender la publicación, exposición o venta de las fotografías o de las imágenes, sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva. Igual medida podrán solicitar la persona directamente afectada, sus representantes o grupos de interés acreditados, en el caso de imagen o fotografías que estereotipen actitudes discriminantes.”

“Artículo 63.- La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia de un modo absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se limita conforme a la ley por su estado civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva o su incapacidad legal. En las personas jurídicas, por la ley que las regula.”

“Artículo 545.- No podrán ser albaceas:

1) Quienes no puedan obligarse

2) Quien tenga domicilio fuera de la República y quien haya sido condenado una vez o haya sido removido por dolo en la administración de cosa ajena.”

“Artículo 587.- El testamento cerrado puede no estar escrito por el testador, pero siempre ha de estar firmado por él. Lo presentará después, cerrado y sellado, al cartulario quien extenderá en la cubierta del testamento una escritura en la cual conste:

1) Que el testamento encerrado en la cubierta le fue presentado por el mismo testador.

2) Las declaraciones de este en cuanto al número de hojas del testamento y sobre si está escrito y firmado por él; además, constará si el testamento contiene algún borrón, enmienda, entrerrenglonadura o nota marginal. Esta escritura será firmada por el cartulario, el testador y tres testigos presenciales de todo el acto. Si el testador, en el acto de extender la cubierta, se halla impedido para firmar, el cartulario lo hará constar. Concluida la diligencia, deberá devolverse el testamento al testador.

Quien no sepa escribir no podrá hacer testamento cerrado.”

“Artículo 595.- El testador podrá disponer libremente de sus bienes, con tal de que deje asegurados los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor y por toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse por sí mismo; además, deberá asegurar la manutención de sus padres y la de su consorte mientras la necesiten.

Si el testador omite cumplir con la obligación de proveer alimentos, el heredero solo recibirá de los bienes lo que sobre, después de dar al alimentario, previa estimación de peritos, una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos.

Si los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir el testador, bienes suficientes, el testador no estará obligado a dejarles alimentos.”

SECCIÓN XIII
Reformas del Código de Familia

ARTÍCULO 80.- Reformas de la Ley No. 5476

Se reforma el Código de Familia, Ley No. 5476, del 21 de diciembre de 1973 y sus reformas, en las siguientes disposiciones: el inciso 2) del artículo 15, el artículo 18, el inciso b) del artículo 65, el inciso 3) del artículo 169, los incisos 1) y 2) del artículo 187, el inciso 2) del artículo 189 y el artículo 230. Los textos dirán:

“Artículo 15.- Es anulable el matrimonio:

[…]

2) De quien carezca, en el acto de celebrarlo, de capacidad volitiva o cognoscitiva.”

“Artículo 18.- El matrimonio celebrado por las personas a quienes se refieren los incisos 1) y 2) del artículo 15, quedará revalidado sin necesidad de declaratoria expresa por el hecho de que los cónyuges no se separen durante el mes siguiente al descubrimiento del error, al cese del miedo grave o la violencia, o a que la persona recupere su capacidad volitiva o cognoscitiva.”

“Artículo 65.- La nulidad de los matrimonios a la que se refiere el artículo 15 podrá ser demandada:

[…]

b) Al celebrarse el matrimonio de cualquier persona que carezca de capacidad volitiva o cognoscitiva, por el cónyuge que no la carezca y por los padres o el curador de la persona que carezca de capacidad volitiva o cognoscitiva.”

“Artículo 169.- Deberá proveer alimentos:

[…]

3) Los hermanos a los hermanos menores o a los que padezcan una discapacidad que les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos menores y a los que por tener una discapacidad, no puedan valerse por sí mismos; y los bisabuelos a los bisnietos menores y a los que, por una discapacidad no puedan valerse por sí mismos, cuando los parientes más inmediatos del alimentario antes señalado no puedan darles alimentos o en el tanto en que no puedan hacerlo; y los nietos y bisnietos a los abuelos y bisabuelos, en las mismas condiciones indicadas en este párrafo.”

“Artículo 187.- No podrá ser tutor:

1) El menor de edad y la persona declarada en estado de interdicción.

2)La persona que presente una discapacidad que le dificulte tratar personalmente los negocios propios.”

“Artículo 189.- Será separado de la tutela:

[…]

2) El declarado en estado de interdicción, el inhábil o impedido para ejercer la tutela, desde que sobrevenga su incapacidad o impedimento.

[…]”

“Artículo 230.- Están sujetos a curatela, los mayores de edad que presenten una discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que les impida atender sus propios intereses, aunque en el primer caso tengan intervalos de lucidez.”

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES DEROGATORIAS

ARTÍCULO 81.- Derogaciones

Se deroga la siguiente normativa:

a) El artículo 415 del Código de Comercio, Ley No. 3284, del 30 de abril de 1964 y sus reformas.

b) Los incisos 2), 3), 4), 5) y 7) del artículo 60 de la Ley de Migración y Extranjería, N? 7033, del 4 de agosto de 1986.

c) El inciso c) del numeral 2 del artículo 378 del Código Penal, Ley No. 4573, del 4 de mayo de 1970 y sus reformas.

d) El artículo 42 del Código Civil, Ley No. XXX, del 28 de setiembre de 1887.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 82.- Reglamento
En el lapso de un año a partir de la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará su operacionalización.

ARTÍCULO 83.- Aplicación
La presente ley es de orden público.

ARTÍCULO 84.- Vigencia
Esta ley rige a partir de su publicación en el diario oficial.

 

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.- El Ministerio de Educación Pública iniciará, de inmediato y con los recursos existentes, la ejecución de las obligaciones señaladas en la presente ley y la completará en un plazo que no exceda de siete años.

TRANSITORIO II.- El espacio físico construido, sea de propiedad pública o privada, que implique concurrencia o atención al público, deberá ser modificado en un plazo no mayor a diez años a partir de la vigencia de esta ley. Estas modificaciones quedarán estipuladas en el contrato de arrendamiento y correrán a cargo del propietario, o del arrendatario cuando se trate de oficinas públicas o establecimientos comerciales.

TRANSITORIO III.- La Dirección General de Servicio Civil adaptará los procedimientos y mecanismos de reclutamiento y selección de personal, en un plazo máximo de dos años, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 24 de esta ley.

TRANSITORIO IV.- La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros iniciarán, de inmediato y con los recursos existentes la ejecución de las obligaciones señaladas en la presente ley y la completará en un plazo máximo de siete años.

TRANSITORIO V.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 41de esta ley, las instituciones públicas y privadas de servicio público iniciarán, de inmediato y con los recursos existentes, la ejecución de sus obligaciones y la completará en un plazo máximo de siete años.

TRANSITORIO VI.- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes iniciará, de inmediato y con los recursos existentes, la ejecución de las obligaciones señaladas en la presente ley y la completará en un plazo máximo de siete años.

TRANSITORIO VII.- Se otorgará un plazo de cinco años para que las telefonías existentes sean adaptadas para cumplir con lo dispuesto en el artículo 52.

Dada en la Sala de la Comisión Permanente Especial de Redacción a los dieciocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.

Carmen Ma. Valverde Acosta María Luisa Ortiz Meseguer
Presidenta Secretaria

Mary Albán López Alberto Cañas Escalante
Diputados

Código de Ética

Descargar aquí este reglamento
Capítulo I 
Disposiciones generales

Artículo I

Todo profesional inscrito en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica está en la obligación de respetar el presente Código de Ética cualquiera que sea la modalidad profesional en la que presta sus servicios, incluyendo las instituciones del Estado. En caso de que se denuncie la violación de alguna de sus normas, y se compruebe la responsabilidad del denunciado, se aplicará la sanción correspondiente, de acuerdo con la gravedad de la falta.

Artículo II

Ante el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, el cirujano dentista está sujeto únicamente a responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad penal o patrimonial por hechos cometidos en el ejercicio de la profesión será competencia exclusiva de los tribunales de justicia o de la autoridad competente correspondiente.
Ningún colegiado podrá alegar desconocimiento de la Ley, de las disposiciones del presente Código, ni de las Leyes y Reglamentos del  Colegio, ni práctica o uso en contrario.

Artículo III

El cirujano dentista en el ejercicio de su profesión debe aplicar todos los conocimientos técnico-científicos que haya adquirido para ello, y se abstendrá de toda conducta perjudicial hacia la vida o la salud de sus pacientes. La protección de la salud de los pacientes estará por encima de cualquier otro interés.
El cirujano dentista deberá procurar una permanente actualización de sus conocimientos técnicos y científicos mientras se mantenga activo profesionalmente.

Artículo  IV

El cirujano dentista debe atender con la misma probidad y diligencia a todos los pacientes, independientemente de su condición individual, sin tomar en cuenta situación socio-económica, raza, sexo, religión, opinión, naturaleza del problema de salud o cualquier otra situación o circunstancia personal o social. Asimismo no se debe hacer ninguna distinción en la calidad de la atención ya sea en práctica privada, institucional o de beneficencia.

Artículo V

Corresponde al paciente la libre elección en cuanto a los servicios odontológicos que requiera. En el trabajo institucional se respetará, en lo posible, este derecho.
El cirujano dentista respetará igualmente la libertad del paciente para prescindir de sus servicios.
Será obligación del odontólogo hacer constar por escrito en el expediente  cuando el paciente haga abandono total o parcial del tratamiento dental, liberando de responsabilidad al odontólogo ante el paciente sobre el abandono comprobado.

Artículo VI

Como profesional en una ciencia de la salud, el cirujano dentista estará obligado  a  colaborar  con   las autoridades sanitarias del país, especialmente en aquellos períodos en que circunstancias de emergencia o de peligro para la salud de la población requieran de la aplicación de medidas extraordinarias dictadas por dichas autoridades.

Artículo VII

Siendo la salud un bien de interés público tutelado por el Estado, el cirujano dentista debe brindar su colaboración en toda actividad o iniciativa cuyo fin primordial sea mejorar la salud bucodental de la población, sin que ello le permita incurrir en violaciones a lo previsto en este Código de Ética y cualquier norma que rige el ejercicio profesional.

Artículo VIII

El cirujano dentista tiene derecho a aceptar o rechazar la responsabilidad de atender y tratar a un paciente, salvo cuando éste se encuentre en una situación de emergencia que justifique la atención inmediata y el cirujano dentista esté en posibilidades de brindar el servicio.
Una vez que el cirujano dentista acepte la atención del paciente, queda comprometido a asegurarle la continuidad de sus servicios profesionales.
En caso de que un cirujano dentista se niegue a atender o continuar con la atención de un paciente, deberá tener una causa justa que amerite tal decisión, tales como la falta de capacitación o destreza para atender un determinado problema  ó la incompatibilidad con el paciente. El colegiado deberá entregar las sumas de dinero que por concepto de abonos o adelantos haya percibido, siempre y cuando no hayan sido utilizados parcial o totalmente en el tratamiento, lo  cual deberá demostrar cuando así lo solicite el paciente. En  caso de que el paciente haga abandono del tratamiento sin una justa causa se libera de toda responsabilidad al colegiado y el paciente perderá el derecho de cualquier reclamo patrimonial.
Cuando un paciente suficientemente informado, rechazara los tratamientos o se negare a seguir las instrucciones que el cirujano dentista le dé, éste último deberá consignarlo en el expediente clínico.

Artículo IX

El cirujano dentista debe cobrar honorarios por sus servicios profesionales, respetando las tarifas mínimas decretadas por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
Será permitida la prestación de servicios de forma gratuita o el ofrecimiento de descuentos siempre y cuando se ajusten a lo establecido en el tarifario aprobado anualmente por la Junta Directiva. Se faculta al cirujano dentista para no cobrar o realizar descuentos en sus honorarios profesionales a sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o a cualquier colega.
La atención de pacientes en obras de caridad, bien social, ferias de la salud o cualquier otra similar deberá darse bajo la supervisión del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, quien verificará entre otras cosas que el servicio prestado no responde a estrategias para captar clientela de manera desleal, o cobrar tarifas inferiores a las autorizadas por el Colegio.
La participación de cirujanos dentistas en campañas publicitarias y ofertas de casas comerciales podrá darse respetando los lineamientos establecidos por este Código de Ética.

Artículo X

Para establecer sus honorarios, el cirujano dentista se basará en el principio de razonabilidad, teniendo en cuenta, entre otros factores, la importancia de los servicios prestados, las circunstancias particulares del caso, la infraestructura y tecnología empleadas en la clínica, así como su propia especialización profesional. Es un derecho del paciente conocer la tarifa de los tratamientos antes de que se le practiquen y los deberá aceptar por escrito antes de que el cirujano dentista pueda iniciar algún tratamiento.
En el caso de que sean varios colegas los que intervienen en el tratamiento, se especificarán los honorarios correspondientes a cada uno de ellos.
Los cirujanos dentistas, aún cuando presten servicios profesionales como asalariados de personas físicas o jurídicas, deberán oponerse a todo anuncio publicitario en cualquier medio, o actividad  que irrespete los honorarios mínimos establecidos por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Ningún profesional en odontología podrá laborar en establecimientos comerciales o clínicas sean éstas fijas, móviles, institucionales o de índole privado que en forma demostrada incumplan con las tarifas mínimas establecidas por el Colegio para la profesión odontológica, independientemente de la modalidad en la que presta sus servicios. La violación a lo anterior será considerado una falta ética muy grave y cumplido el Debido Proceso, se le impondrán las sanciones correspondientes según lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo XI

Toda clínica dental deberá cumplir para la atención de pacientes con las normas mínimas de bioseguridad (correcta esterilización, control de infecciones, utilización de barreras de protección), además deberá contar con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud al día.

Artículo XII

El cirujano dentista no podrá delegar en ningún personal auxiliar los servicios e intervenciones reservados a los profesionales debidamente incorporados al Colegio, aún cuando esos servicios o intervenciones no presenten ningún grado de dificultad a criterio suyo o del paciente.
Los mecánicos y asistentes dentales deberán limitar su trabajo a las instrucciones y solicitudes del cirujano dentista, sin que les sea posible ejecutar por su cuenta ningún tipo de procedimiento clínico.
La violación a este artículo será considerada falta grave para todos los efectos y deberá ser puesta en conocimiento de las autoridades administrativas, judiciales y penales competentes para determinar la posible comisión del delito de ejercicio ilegal de la profesión odontológica.

Artículo XIII

Conforme a las disposiciones de la Ley No. 7476 de 3 de febrero de 1995, denominada LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA, y en especial su artículo 11 que obliga a todos los colegios profesionales, se tendrá como violación al presente código cualquier actuación de un miembro de este Colegio, que violente dicha Ley.

Artículo XIV

Es obligación del cirujano dentista registrar todo acto clínico en el expediente de los pacientes que atienda.

Se entiende por expediente clínico  la ficha donde el cirujano dentista realiza su diagnóstico y registro diario de tratamiento efectuado, y debe incluir radiografías, modelos, fotografías, diapositivas, y otros elementos que complementen el diagnóstico

El paciente tendrá derecho de solicitar una copia de su expediente al cirujano dentista, incluyendo todos los elementos diagnósticos indicados en el párrafo anterior, siempre y cuando cubran el costo de dichas copias

Cuando se hagan copias de los expedientes clínicos y se entreguen al paciente, el cirujano debe hacer la anotación respectiva en el expediente original y solicitar la firma de aceptación del paciente.

El cirujano dentista está obligado a conservar el expediente clínico y documentos o materiales que lo completen por un mínimo de cinco años, aún cuando el paciente manifieste su deseo de ser atendido en otra clínica dental. La transmisión de una parte o del total del contenido del expediente se hará en forma escrita, de manera inteligible y bajo las reglas del secreto profesional.

En caso de que un cirujano dentista preste sus servicios en las modalidades de relación laboral asalariada, relación de servicios profesionales con una determinada clínica o acuerdos contractuales por porcentajes, el expediente pertenecerá a la clínica donde se presten las labores o los servicios profesionales y deberá permanecer en ella aún cuando la relación termine.

El cirujano dentista que preste el servicio y no sea el dueño de la clínica, tendrá el derecho de solicitar copia del expediente y de los elementos diagnósticos de los pacientes atendidos por este.

El paciente mencionado en este caso tendrá el derecho de escoger libremente con cual cirujano dentista continuara el tratamiento.

En casos de arrendamiento de clínicas que pertenecen a otros odontólogos o convenios para utilizar una determinada clínica para un tratamiento concreto, mediando o no retribución económica, el expediente pertenecerá al cirujano dentista tratante.

Artículo XV

El cirujano dentista está en la obligación de suministrar al paciente información veraz sobre el diagnóstico, pronóstico y las alternativas y posibilidades terapéuticas según su condición.
Si los efectos y consecuencias derivados de las intervenciones clínicas propuestas por el cirujano dentista pudieran suponer un riesgo importante para el paciente, el cirujano dentista deberá proporcionar información suficiente a fin de obtener el consentimiento por escrito para practicarlas.
El consentimiento informado debe ser explicado en una terminología clara, entendido y firmado por el paciente y es individual para cada paciente según el tratamiento a realizarse. Deberá adjuntarse siempre al expediente clínico y en aquellas circunstancias en que el paciente no estuviere en condiciones de prestar su consentimiento a la intervención profesional por minoría de edad, incapacidad o urgencia de la situación, deberá solicitarlo a su representante legal, y si no le resultara posible, ante una situación de urgencia deberá prestar los cuidados que le dicte su conciencia profesional.
Siempre que sea posible, el consentimiento informado deberá ser manifestado frente a un testigo.

Artículo XVI

Las relaciones entre cirujanos dentistas deben estar inspiradas por el respeto mutuo, por los principios deontológicos y por la solidaridad colegial. Las diferencias académicas e interprofesionales que no sea posible resolver directamente, serán sometidas a la consideración de la Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.
Será sancionado el comentario, insinuación o crítica maliciosa respecto a las actuaciones profesionales de otros compañeros sin fundamento, la cual se verá agravada si se da en presencia de pacientes o terceros

Artículo XVII

Cuando el cirujano dentista necesite consultar para formular un diagnóstico o ejecutar un tratamiento, recomendará a su paciente los servicios profesionales de un especialista o de un colega de mayor experiencia o bien se asociará con este para ejecutarlo. Si el odontólogo no está muy claro en cuanto al diagnóstico, tratamiento o ejecución del mismo, es necesario que se realice la interconsulta con el especialista en el área.
Artículo XVIII

El cirujano dentista consultado, mantendrá los detalles de una interconsulta con carácter confidencial y no asumirá la responsabilidad del tratamiento, sin previa autorización del cirujano dentista consultante.

Artículo XIX

El cirujano dentista que acepte un paciente referido, deberá limitar su intervención estrictamente a lo indicado. El paciente deberá ser restituido al colega una vez concluido el tratamiento para el cual fue referido respetando la libertad del paciente en la elección del profesional.

Artículo XX

Cuando se trate de errores clínicos evidentes en el tratamiento de un paciente, es obligatorio llamar al colega y explicárselo, previa su atención. Cuando el problema sea repetitivo, es deber ético ponerlo en conocimiento de la Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica para lo que corresponda. Quien recibe un paciente en estas circunstancias debe llamar al colega para verificar que no existan saldos pendientes por concepto de honorarios con el anterior cirujano dentista.
Solo se podrá atender un paciente que se encuentre en un tratamiento transitorio  o que tenga algún error clínico evidente,  cuando este renuncie expresamente y por escrito a someterse nuevamente a tratamiento con el profesional anterior, eximiendo esto de responsabilidad al nuevo odontólogo.

Artículo XXI

Ningún cirujano dentista, aún actuando en una posición de jefe, supervisor o director de un centro de atención odontológica de pacientes, público o privado, podrá emitir criterio sobre un procedimiento clínico que efectúe otro cirujano dentista sino le ha sido solicitado expresamente. Si esta es la situación, puede emitirse dictamen u opinión sobre tratamientos efectuados por un cirujano dentista cuando ello sea solicitado por dicho profesional, el paciente, la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, autoridad competente o por la Comisión de Fiscalía del Colegio.
En caso de ser solicitado por el paciente o autoridad competente, se debe enviar copia del dictamen u opinión al cirujano dentista que efectuó el tratamiento en mención y el informe debe circunscribirse concretamente al estado actual de los tratamientos efectuados y la descripción de los hallazgos clínicos y radiográficos, establecer un pronóstico, posibles consecuencias de dichos tratamientos y recomendaciones. Es obligación del cirujano dentista dictaminante informarse sobre los antecedentes y circunstancias previas que mediaron en un determinado tratamiento. No proceder de esta manera será considerado una violación ética para los efectos del artículo XXI.
Artículo XXII

El cirujano dentista podrá negarse a emitir su opinión o dictamen cuando se lo solicite un cirujano dentista o el paciente, haciendo constar las razones por las cuales se niega. En el caso de solicitudes de autoridad competente, de la Junta Directiva, de la Fiscalía o Comisión de Fiscalía del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica no podrá negarse, salvo en aquellos casos en que haya participado en el tratamiento o tenga relación de parentesco o afinidad con el cirujano dentista que efectuó dicho tratamiento, debiendo en estos casos comunicarlo así a la autoridad competente, quien tendrá la facultad de pedirlo nuevamente aun conociendo esas razones.
En cuanto a los peritajes que soliciten las instancias disciplinarias del Colegio o cualquier autoridad judicial, el perito debe limitarse exclusivamente a la consulta sobre la cual se ha requerido su criterio.
Queda prohibido a todo cirujano dentista que sea nombrado como perito continuar con la atención profesional del paciente referido.

Artículo XXIII

Es obligación del cirujano dentista prestar sus servicios profesionales a un paciente cuando éste los requiera por ausencia o por impedimento temporal del cirujano dentista que lo ha escogido previamente para sustituirlo. Estos servicios tienen carácter de emergencia y deben ser considerados transitorios, y el cirujano dentista que los presta debe informar oportunamente al colega sobre el tratamiento suministrado. Se considerará falta grave que un cirujano dentista se valga de tácticas desleales para atraer pacientes atendidos por otro colega sin que este último sea advertido por el colega o por el paciente.

Artículo XXIV

Ningún cirujano dentista debe confiar trabajos de prótesis a laboratorios cuando éstos sean regentados por técnicos de laboratorios dentales que a su vez ejerzan clandestinamente actividades propias del Cirujano Dentista.
Al conocer este hecho el cirujano dentista tendrá la obligación de denunciarlo ante el Fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas, con el fin de que éste disponga lo pertinente y a la vez al Ministerio Público por el delito de ejercicio ilegal de la profesión.

Artículo XXV

Incurrirá en falta grave a la ética profesional el cirujano dentista que facilite la clínica e instalaciones para el ejercicio ilegal de la profesión o el que encubra estas actividades.

Artículo XXVI
Los artículos y conferencias para el público se limitarán exclusivamente a divulgar conocimientos científicos y clínicos.
Al dirigirse al público no odontológico por cualquier medio, se deberá tener en todo momento apego al presente código.

Artículo XXVII

La publicidad de profesionales y clínicas dentales deberá basarse en el principio de veracidad hacia el paciente y hacia los colegas, de manera que lo que se anuncie se ajuste a la realidad de las cosas.

Todos los anuncios y rótulos deberán llevar el nombre del o los cirujanos dentistas que laboren en la clínica, cada nombre debe ir yuxtapuesto del título del cirujano dentista o de la especialidad en la que se encuentre inscrito en el Registro de Especialidades del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Los anuncios de clínicas cuyos nombres incluyan los términos Clínica de Especialidades o alguna especialidad odontológica deberán indicar el nombre del o de los especialistas debidamente registrados como tales ante el Colegio de Cirujanos Dentistas que atienden en ella. En caso de que no haya especialistas registrados, deberá abstenerse de anunciar especialidades dentro del nombre de la clínica.

Se permite el uso de recursos accesorios como eslóganes comerciales, participación en promociones u ofrecimiento de garantías por los servicios prestados que se ajusten a lo establecido en el presente Código.

Está prohibido, el uso del Logo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Toda publicidad relacionada con tarifas deberá ajustarse a lo establecido en el listado de tarifas Mínimas aprobado anualmente por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y respetando los principios éticos y morales que rigen la profesión odontológica.

Cualquier violación a lo mencionado en cuanto a publicidad faculta una intervención de la Fiscalia del Colegio de Cirujanos Dentistas mediante una  prevención,  una denuncia de oficio y la apertura de un expediente al colegiado que la cometa en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de la evidencia.

Artículo XXVIII
Es obligación de todo cirujano dentista cumplir con lo establecido en la Ley  del Timbre Odontológico en las compras de materiales dentales, equipo e instrumental especifico para el ejercicio de la Odontología.
La violación a este artículo será sancionada de acuerdo a lo que establece la Ley del Timbre Odontológico y como una falta grave al presente Código.

Artículo XXIX

Toda clínica dental deberá contar con un regente responsable de hacer cumplir las leyes y reglamentos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, y quien deberá responder ante las instancias correspondientes del Colegio por las violaciones a este Código de Ética y demás leyes y reglamentos relacionados con la materia.

Es obligación del regente odontológico estar al día con sus obligaciones económicas y profesionales ante el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y deberá estar inscrito en el registro que para tal fin tendrá la institución.
Ningún odontólogo podrá laborar en clínicas donde no exista un regente odontológico inscrito en el Colegio.
Para efectos de referencia transcribimos textualmente el  Artículo 50 de la Ley General de Salud, relacionado con la responsabilidad solidaria de las Empresas y los odontólogos: “Los profesionales o personas autorizadas para ejercer en ciencias de la salud responsables, en razón de su profesión, por la dirección técnica o científica de cualquier establecimiento de atención médica, farmacia y afines, serán responsables solidariamente con el propietario de dicho establecimiento, por las infracciones legales o reglamentarias que se cometieren en dicho establecimiento.”

Artículo XXX

Se considera la docencia como parte integral del ejercicio de la profesión odontológica, de manera tal que sólo podrán ejercerla aquellos cirujanos dentistas que se encuentren debidamente incorporados y al día con sus obligaciones gremiales.

Capítulo II 
Bioética 

Artículo XXXI

El cirujano dentista deberá estar consciente que no todo lo que es  técnica y científicamente posible,  es éticamente admisible o permitido.

Artículo XXXII

Todos los resultados de la investigación científica serán utilizados para el servicio de la humanidad.

Artículo XXXIII

El cirujano dentista deberá analizar, de manera particular; todos y cada uno de los estudios que propone, y realizar la investigación correspondiente para evitar lesionar la dignidad humana. Deberá especialmente tener rigor científico en el diseño de protocolos, el análisis de resultados, así como en la interpretación de éstos.

Artículo XXXIV

El cirujano dentista nunca deberá manipular de manera fraudulenta los datos de una investigación.

Artículo XXXV

El cirujano dentista nunca deberá manipular resultados para favorecer materiales o equipos propios o de fabricantes, aún cuando estos apoyen la investigación con incentivos económicos.

Artículo XXXVI

El cirujano dentista no deberá figurar como autor de artículos en los que no ha participado, ni tampoco presentarlos públicamente atribuyéndose su autoría.

Artículo XXXVII

En artículos o cualquier otro trabajo científico, se deberán respetar los derechos de autor.
Cuando se utilizan metodologías tomadas de otra investigación previa, deberán ser reconocidas con su correspondiente bibliografía.

Artículo XXXVIII

Toda investigación en seres humanos, debe ser aprobada por la respectiva Comisión de Bioética del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica respetando la legislación vigente.
Capítulo III 

Sanciones

Artículo XXXIX

Cuando se presente queja y/o denuncia contra un cirujano dentista por incumplimiento del Código de Ética se trasladará el caso a la Comisión de Fiscalía ó al Tribunal de Honor,  para que proceda a la instrucción total del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, según lo indican las Leyes y Reglamentos vigentes del Colegio y supletoriamente la Ley General de la Administración Pública en su Libro II.

Al finalizar la instrucción del caso, la Comisión de Fiscalía ó el Tribunal de Honor, emitirán una resolución final, que incluirá los hechos probados y no probados, la valoración de las pruebas ofrecidas y la sanción para el infractor o la posible absolutoria en los casos que proceda.

Analizada la recomendación de la Comisión de Fiscalía ó del Tribunal de Honor, la Junta Directiva podrá acogerla en todos sus extremos o bien apartarse de manera razonada del criterio de aquella y procederá a imponer la sanción respectiva según lo indica el artículo 24 de la Ley Orgánica, ó en su defecto a dictar la absolutoria correspondiente según el caso.

Cuando la Junta Directiva así lo estime oportuno, dependiendo de cada caso concreto, ésta podrá asumir de forma directa la sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo.

Artículo XL

En caso de que un cirujano dentista sea reincidente en la violación de este Código, la sanción aplicada la segunda vez, no podrá ser igual o menor a la sanción anteriormente impuesta.

Para tal efecto sólo se tomarán en cuenta, las faltas por las que haya sido sancionado durante los últimos cinco años.

Artículo XLI

Será obligatorio para todo cirujano dentista comparecer cuando sea citado por alguno de los órganos disciplinarios del Colegio, sea en el curso de un procedimiento administrativo o de forma preventiva, salvo que una causa justa se lo impida.

No será calificada como causa justa la distancia entre el lugar de trabajo o de residencia del citado y la sede del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, siempre y cuando la citación se haya hecho con al menos ocho días hábiles de antelación.

Artículo XLII

El presente código rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Publicado en el diario oficial la Gaceta No. 246 del día 22 de diciembre de 2011.